27 julio, 2024

Procesaron por evadir impuestos al hijo del diputado ultra K, Leopoldo Moreau

El doble procesamiento por evasión impositiva "agravada" lo consideró participé necesario de una maniobra para no pagar impuestos a través de facturas truchas.
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El doble procesamiento por evasión impositiva “agravada” lo consideró participé necesario de una maniobra para no pagar impuestos a través de facturas truchas.

El juez en lo penal económico, Juan Galván Greenway, procesó a Leopoldo Raúl Moreau, hijo del diputado ultra K, en dos casos de evasión impositiva agravada relacionados con facturas falsas, embargándolo, junto con otros imputados, por más de $60 millones.

En diciembre, estas medidas se aplicaron inicialmente a la causa contra la empresa Delfino Magnus S.R.L. Moreau fue procesado como partícipe en la evasión de impuestos a las Ganancias y el IVA durante el periodo 2015. Él y otros 7 implicados enfrentan un embargo conjunto de $34 millones cada uno.

Simultáneamente, en el caso de Etertín S.A., Moreau fue procesado por colaborar en la evasión de impuestos a las ganancias, bienes personales y el IVA durante el año 2016. Nuevamente, también sin prisión preventiva, se estableció un embargo colectivo de $26.500.000 para los acusados.

“Todas las transferencias que fueron realizadas el mismo día en que se acreditaron en la cuenta de PLANETA MARKETING S.A.”, los pagos efectuados por F.G. MEDIOS S.A., consignó. Planeta Marketing es una firma sin actividad económica real y usada para emitir facturas falsas.

En su declaración indagatoria, Moreau señaló que no conocía el motivo de su convocatoria; que no conocía a ninguna de las personas o empresas mencionadas; que no entiende por qué esta causa se inició en el año 2017, y él tiene una quiebra desde fines del año 2016, principios del año 2017, que es personal, no de una sociedad, con un síndico, “puesto por un juez, que lleva toda la información bancaria, y de facturas, y de todo; que no fue una convocatoria, fue a la quiebra directamente”.

Luego, manifestó que necesitaba conocer las pruebas que obraban en su contra para saber cómo fue el procedimiento, para saber la procedencia de esos fondos, porque debido a que su actividad comercial incurría en ventas de gran cantidad de vinos, y bebidas, ya sea a empresas, supermercados, catering, donde se les abonaban vía transferencias, cheques, de distintas empresas, y cuentas. Su quiebra la tramitó en el Juzgado Comercial N° 27 —Secretaría N° 54, expediente N° 29.064/2016, de la jueza Villarroel—.

Una vez que fue consultado por el tribunal para que explique cuál era la actividad comercial respondió que “consistía en dos partes: por un lado, la empresa L&J AGROPECUARIA S.R.L. donde se dedicaba al alquiler, siembra y comercialización de los granos”.

Después, la segunda actividad “era una vinoteca, donde por su otra actividad no estaba todo el tiempo, se dedicaba a la comercialización de bebidas a supermercados, catering, restaurants y particulares”. Luego, puntualizó que “la actividad agropecuaria fue desde el 2013 a fines del 2015, y la vinoteca desde el año 2014 hasta la quiebra a fines del 2016, principios del 2017 y que de la contabilidad no se encargaba personalmente, sino que se encargaban las personas que manejaban la vinoteca, y después también a un contador” para cada actividad. El juez consideró a varios implicados como partícipes necesarios, sin confirmar una asociación ilícita. Respecto a la quiebra, el magistrado indicó que la transferencia de fondos se realizó en 2016, antes de la quiebra en 2017.

En 2017, la AFIP presentó una denuncia relacionada con evasión de impuestos, involucrando al hijo de Leopoldo Moreau en un caso que empleaba facturas falsas a través de empresas fantasma. El presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, desestimó la información en su momento.

El juez aclaró que, según el resumen del Banco Galicia S.A., la transferencia de dinero a Moreau se realizó en 2016, antes de su quiebra en 2017. La suma total fue de aproximadamente 5 millones de pesos cuando el dólar tenía un valor de 1,40 pesos.

Dada la gravedad del caso, los acusados podrían enfrentar penas de 3 a 9 años de prisión, dependiendo de su nivel de participación en la maniobra, según fuentes judiciales.

Redacción

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Vivía amenazado: reveló la existencia de la mafia de Manzur en Mendoza y apareció muerto en Luján de Cuyo

*Por Christian Sanz, director periodístico de Diario Mendoza Today

“Hola Christian! Soy Osvaldo Rofrano presidente de Gases Aconcagua SA”. El mensaje me llegó por mensaje directo de Twitter el pasado 23 de mayo de 2024.

Acto seguido, el hombre me explicó: “Hoy está entrando a Mendoza una empresa Cascia S.A. que son testaferros de Juan Manzur, senador Nacional, líder narco del norte”.

A su vez, me reveló que se tuvo que ir del país “por amenazas que llegaron de Tucumán (…) Estoy a más de 10 mil km de Argentina”.

Le respondí al día siguiente, el 24 de mayo, y acordamos que me pasaría una serie de documentos y datos sobre aquella corrupción que juraba conocer.

En realidad, ya lo habíamos entrevistado en octubre del año pasado, lo cual derivó en un par de notas que fueron publicadas por Diario Mendoza Today. Esta fue una de ellas.

Pero ahora la cosa era diferente, más densa: Rofrano me aseguró que lo venían amenazando de muerte luego de tener una fuerte discusión con una tal Suárez, quien estaba instalando una empresa de gases medicinales en el parque industrial de Luján de Cuyo. En la trama aparecía el tópico del narcotráfico.

Le recomendé hacer una denuncia en el Ministerio Público Fiscal, incluso le expliqué que podía hacerla desde internet. Sin necesidad de concurrir a la Justicia de manera presencial. No al menos en un principio.

En esos días advirtió en sus redes sociales: “Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro: NO ME VOY A SUICIDAR. Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad”.

Ello concluyó en el terrible hallazgo de este jueves: Rofrano apareció ahogado en la pileta de su vivienda, en Luján de Cuyo. Presuntamente con manos y pies atados con precintos.

Los investigadores persisten en decir que pudo haberse suicidado, ya que los mismos no estaban ajustados. Pero todo es muy extraño en estas horas. Demasiado.

Redacción

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VACUNATORIO VIP | Procesaron a Ginés González García por peculado y abuso de autoridad con embargo millonario

La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, procesó al ex ministro de Salud, Ginés González García, en la causa conocida como “Vacunatorio VIP”, por los delitos de abuso de autoridad y peculado. La resolución incluye un embargo sobre sus bienes por la suma de $130 millones. El procesamiento no contempla prisión preventiva.

El escándalo estalló a principios de 2021, durante la gestión de González García como ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. La investigación reveló que se habían destinado dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas que no cumplían con los criterios de prioridad establecidos por la normativa vigente. Entre los beneficiarios se encontraban el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, el operador K, Horacio Verbitsky, y los entonces legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.

Según la jueza Capuchetti, la imputación contra González García se basa en dos hechos específicos. En primer lugar, se le acusa de haber ordenado el retiro de diez dosis de la vacuna asignadas al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, y su traslado al Ministerio de Salud para vacunar a personas que no estaban habilitadas para recibirlas. En segundo lugar, se le atribuye haber ordenado el retiro de cinco dosis de la vacuna asignadas al Ministerio de Salud, para su administración en el domicilio particular de Eduardo Duhalde y su familia.

A lo largo de la investigación, se comprobó la existencia de un sistema paralelo de vacunación que operaba bajo la dirección del exministro. Este esquema implicaba la organización y logística para el traslado de dosis desde el Hospital Posadas al Ministerio de Salud, y la inoculación irregular de individuos que no formaban parte de las categorías prioritarias establecidas por la Resolución MSAL 2883/2020.

María Eugenia Capuchetti

Además de González García, fueron procesados otros funcionarios involucrados en el escándalo. Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias, Marcelo Ariel Guille, secretario privado del Ministro, Alberto Alejandro Maceira, director ejecutivo del Hospital Posadas, y María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del mismo hospital, también enfrentan cargos. En contraste, se dictó la falta de mérito para otras médicas indagadas en el caso.

Capuchetti subrayó que las vacunas eran un bien escaso y de vital importancia durante la pandemia, y que su desvío implicó una violación de los deberes inherentes a los cargos públicos de los implicados. En su fallo, destacó que las dosis asignadas al Hospital Posadas debían destinarse exclusivamente al personal de salud y, en casos excepcionales, al personal estratégico, según lo estipulado en la normativa vigente.

Redacción

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Juez federal ordena el cierre de tabacalera en Rosario, deja a 261 familias sin sustento y es denunciado por prevaricato

La comunidad de Rosario se encuentra en estado de conmoción tras la resolución del juez federal, Gastón Salmain, que ordenó el cierre de la fábrica de tabacos Bronway Technology SA, dejando a 261 trabajadores sin empleo directo y afectando a más de 1.200 familias de manera indirecta. La PYME —que produce los cigarrillos Dolchester y Pier— había sido objeto de una denuncia en 2021 por la multinacional Massalin Particulares, conocida por marcas como Marlboro y Philip Morris.

Salmain, quien asumió su cargo en Rosario en junio, revivió la denuncia de Massalin y emitió un fallo que no solo favorece a la multinacional, sino que además instruye a la AFIP a no otorgar a Bronway las estampillas necesarias para la comercialización de sus cigarrillos, una medida que forzó el cierre de la planta sin esperar el pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario.

Darío Ippolito, presidente del directorio de Bronway Technology SA, denunció penalmente a Salmain por el delito de prevaricato ante el juzgado penal federal N° 4. “Este juez llegó a Rosario con la instrucción de cerrar nuestra fábrica. Creemos en la Justicia, quiero a este país y por eso voy a seguir. Voy a ir a declarar a cuanto juzgado me convoquen para que se llegue a la verdad, ya que tengo todas las reuniones documentadas”, declaró Ippolito.

La situación de Bronway se agrava al considerar que la planta, ubicada en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario, había suspendido a 172 trabajadores en meses anteriores debido a la imposibilidad de comercializar sus productos por la falta de estampillas. La Cámara de Empresas Tabacaleras apuntó a la AFIP y a la Justicia Federal, sugiriendo que la decisión fue influenciada por intereses de la competencia, particularmente la empresa Sarandí.

Rodrigo Piaggio, del departamento de Ventas de Bronway, expresó la desesperación de los empleados: “Nos juntaron a todos y nos explicaron que la situación no da para más. Estamos muy preocupados. Son muchas familias, es terrible quedarse sin trabajo en esta época. No entendemos por qué en todas las provincias las tabacaleras funcionan con medidas cautelares para poder trabajar. Sólo en Rosario no nos dejan. Por favor pedimos una respuesta de la Justicia y de la AFIP para poder seguir trabajando”.

El nombre de Salmain no es nuevo en el ámbito judicial. Anteriormente, su candidatura a un puesto similar en Concordia fue objetada por irregularidades en sus exámenes y actividades vinculadas a reajustes jubilatorios. Además, Salmain trabajó en el estudio jurídico Servini y Asociados, vinculado a la jueza de Comodoro Py, Maria Servini de Cubría, lo que genera suspicacias sobre posibles influencias en sus decisiones.

Mientras tanto, diversas organizaciones gremiales han comenzado a realizar acciones para visibilizar la crisis laboral y en apoyo a los empleados de Bronway. Desde la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET), se denunció que los abogados de la AFIP acusaron falsamente a Bronway de abuso de medidas cautelares, argumento utilizado para revocar la inscripción de la empresa en el registro de tabacaleras.

Las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro de Bronway y sus empleados. Mientras tanto, Ippolito y otros afectados por la decisión de Salmain continúan buscando vías legales y de protesta para revertir el fallo. “Este jueves ingresamos a la Cámara Federal de Apelaciones un escrito donde le recordamos a los magistrados que lo sucedido ya había sido avisado. Rogamos que los jueces de un tribunal superior, que sabemos honrados, salven las fuentes de trabajo y coloquen las cosas en su lugar“, concluyó Ippolito.

Redacción

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Capitanich y Aníbal en el banquillo de acusados | Arranca el juicio por corrupción en Fútbol Para Todos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó el juicio contra 14 personas, incluidos exfuncionarios y dirigentes del fútbol, por irregularidades y desvío de fondos en el programa “Fútbol Para Todos”. Este programa, impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), buscaba televisar de manera pública y gratuita los partidos de fútbol entre 2009 y 2015. La próxima audiencia está fijada para el primero de julio.

En el banquillo de los acusados se encuentran figuras prominentes del kirchnerismo como los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto. Junto a ellos, también están acusados varios exdirectivos de la AFA, como Luis Segura y Miguel Ángel Silva, así como directivos de Futbolistas Argentinos Agremiados y representantes de entidades crediticias involucradas en el escándalo financiero.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Miguel Ángel Osorio y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Andrea Garmendia Orueta, acusa a los imputados de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. En particular, se señala a Fernández y Segura como autores de estos delitos, mientras que Capitanich está imputado por violación de los deberes de funcionario público.

Durante la primera audiencia, el tribunal integrado por Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, escuchó la acusación fiscal que detalla cómo los fondos públicos destinados al programa fueron desviados a cuevas financieras mediante maniobras fraudulentas. Según la fiscalía, estos desvíos resultaron en un significativo daño al patrimonio público, con fondos que debían fortalecer a los clubes de fútbol terminando en entidades crediticias.

El programa “Fútbol Para Todos” nació con la promesa de ofrecer acceso “libre y gratuito” a los partidos de fútbol y mejorar la situación económica de los clubes. Sin embargo, según la acusación, los objetivos no se cumplieron y los pasivos de los clubes aumentaron. Además, se cuestiona la legalidad de contratos de sponsoreo y la falta de auditorías en los clubes, lo que permitió maniobras de desvío de fondos a través del cobro de cheques en financieras.

Redacción

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La Bancaria llevará a la Justicia la restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría

Este lunes, el gobierno reglamentó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 652 que los trabajadores de la cuarta categoría volverán a pagar el Impuesto a las Ganancias. La medida generó una rápida reacción del gremio bancario, liderado por Sergio Palazzo, quien presentó una demanda judicial.

Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria, afirmó en una entrevista radial que el impuesto es “confiscatorio” y representa una “rebaja salarial encubierta”. Según sus cálculos, la medida afectará al 95% de los empleados bancarios, quienes verán cómo hasta el 16% de sus salarios es absorbido por el tributo, superando el 20% permitido para retenciones legales y no legales.

Sergio Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria

En su intervención, Palazzo ejemplificó la situación diciendo: “Imagínese una persona que, como tantas otras en Argentina, se separa y tiene que pagar una cuota alimentaria. Si su salario neto es de 1.200.000 pesos y debe pagar una cuota de 300.000 o 400.000 pesos, pagará impuestos sobre 800.000 pesos, lo que es menos de la canasta básica para no ser pobre. Es una cosa absolutamente ilógica, es alimentario el salario”.

El decreto establece que los trabajadores comenzarán a pagar el impuesto a partir de los $1.800.000 de ingreso bruto mensual para los solteros y desde $2.200.000 para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento. Además, las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto se ajustarán semestralmente a partir de 2025, en los meses de enero y julio, por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El líder de La Bancaria recordó que la denuncia estaba preparada desde la semana pasada, a la espera de la ratificación de los números sobre el piso para no pagar. “Estamos pidiendo la legitimación, es decir, que sea La Bancaria la que pueda litigar y no los trabajadores, porque es abarcativo casi el 95% de los trabajadores”, subrayó.

Palazzo concluyó resaltando la disposición del gremio para defender los derechos de sus afiliados ante lo que consideran una medida injusta y perjudicial para los trabajadores bancarios.

Redacción

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Río Negro: la Corte Suprema anuló la transferencia de tierras del Ejército a la comunidad mapuche

La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la controversial cesión de 180 hectáreas de tierras de un cuartel del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche, impulsada por el kirchnerismo.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, concluyó que la controversia legal no fue válida porque la provincia de Río Negro no fue consultada.

El conflicto judicial se originó cuando la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, jubilada desde entonces, dictaminó el 2 de febrero de 2022 a favor de un amparo presentado por la comunidad Millalonco Ranquehue. Este amparo solicitaba la entrega de 180 hectáreas del Batallón de Montaña del Ejército al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), para que sean transferidas a nombre de la comunidad mapuche.

El terreno en cuestión, ubicado en la ladera oeste del cerro Otto, está registrado a nombre del Ejército Argentino. La Corte Suprema determinó la anulación del caso debido a la omisión de citar a la provincia de Río Negro, la cual era necesaria para su participación en defensa en el juicio.

La comunidad mapuche había demandado al Estado Nacional para obtener el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que afirmaba ocupar de manera “actual, tradicional y pública”, reconocidas por una resolución del INAI en 2012, basada en un relevamiento técnico, jurídico y catastral.

En primera instancia, se había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que, en 60 días desde la firmeza de la resolución, transfiriera gratuitamente el dominio de las tierras al INAI. El Ejército Argentino apeló la decisión fuera de plazo, y la Cámara Federal de General Roca rechazó el recurso por presentarse fuera de los términos procesales establecidos.

En 2023, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general María Claudia Frezzini presentaron recursos extraordinarios contra la decisión judicial, los cuales fueron denegados, resultando en la presentación de quejas ante la Corte Suprema de Justicia. Este proceso también derivó en una causa penal contra los abogados estatales por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, proceso en el cual la Cámara Federal de Casación Penal anuló los procesamientos. Esta decisión está actualmente recurrida ante la Corte Suprema.

Recientemente, la Corte Suprema declaró la nulidad del trámite judicial relacionado con la transferencia de las tierras, ordenando que la Provincia de Río Negro sea incluida en el proceso judicial.

El fallo se fundamentó en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el cual establece competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en materia de adjudicación de tierras a comunidades indígenas.

La Corte destacó que las normativas reglamentarias específicamente prevén la participación de las provincias en los procedimientos de adjudicación de tierras y criticó que, en este caso particular, el INAI había excluido inicialmente a la Provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche, sin luego darle intervención en el proceso judicial para que pudiera ejercer sus derechos.

El caso ha tenido varias idas y vueltas, incluyendo decisiones previas de la Corte que suspendieron la entrega de las tierras con la intervención del procurador Eduardo Casal. Además, el fiscal Carlos Stornelli fue uno de los que impulsó las acciones legales contra los abogados que apelaron fuera de plazo, lo que impidió temporalmente la transferencia de parte del predio militar.


*FUENTE: Agencias

Redacción

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