14 marzo, 2025

Procesaron por evadir impuestos al hijo del diputado ultra K, Leopoldo Moreau

El doble procesamiento por evasión impositiva "agravada" lo consideró participé necesario de una maniobra para no pagar impuestos a través de facturas truchas.
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El doble procesamiento por evasión impositiva “agravada” lo consideró participé necesario de una maniobra para no pagar impuestos a través de facturas truchas.

El juez en lo penal económico, Juan Galván Greenway, procesó a Leopoldo Raúl Moreau, hijo del diputado ultra K, en dos casos de evasión impositiva agravada relacionados con facturas falsas, embargándolo, junto con otros imputados, por más de $60 millones.

En diciembre, estas medidas se aplicaron inicialmente a la causa contra la empresa Delfino Magnus S.R.L. Moreau fue procesado como partícipe en la evasión de impuestos a las Ganancias y el IVA durante el periodo 2015. Él y otros 7 implicados enfrentan un embargo conjunto de $34 millones cada uno.

Simultáneamente, en el caso de Etertín S.A., Moreau fue procesado por colaborar en la evasión de impuestos a las ganancias, bienes personales y el IVA durante el año 2016. Nuevamente, también sin prisión preventiva, se estableció un embargo colectivo de $26.500.000 para los acusados.

“Todas las transferencias que fueron realizadas el mismo día en que se acreditaron en la cuenta de PLANETA MARKETING S.A.”, los pagos efectuados por F.G. MEDIOS S.A., consignó. Planeta Marketing es una firma sin actividad económica real y usada para emitir facturas falsas.

En su declaración indagatoria, Moreau señaló que no conocía el motivo de su convocatoria; que no conocía a ninguna de las personas o empresas mencionadas; que no entiende por qué esta causa se inició en el año 2017, y él tiene una quiebra desde fines del año 2016, principios del año 2017, que es personal, no de una sociedad, con un síndico, “puesto por un juez, que lleva toda la información bancaria, y de facturas, y de todo; que no fue una convocatoria, fue a la quiebra directamente”.

Luego, manifestó que necesitaba conocer las pruebas que obraban en su contra para saber cómo fue el procedimiento, para saber la procedencia de esos fondos, porque debido a que su actividad comercial incurría en ventas de gran cantidad de vinos, y bebidas, ya sea a empresas, supermercados, catering, donde se les abonaban vía transferencias, cheques, de distintas empresas, y cuentas. Su quiebra la tramitó en el Juzgado Comercial N° 27 —Secretaría N° 54, expediente N° 29.064/2016, de la jueza Villarroel—.

Una vez que fue consultado por el tribunal para que explique cuál era la actividad comercial respondió que “consistía en dos partes: por un lado, la empresa L&J AGROPECUARIA S.R.L. donde se dedicaba al alquiler, siembra y comercialización de los granos”.

Después, la segunda actividad “era una vinoteca, donde por su otra actividad no estaba todo el tiempo, se dedicaba a la comercialización de bebidas a supermercados, catering, restaurants y particulares”. Luego, puntualizó que “la actividad agropecuaria fue desde el 2013 a fines del 2015, y la vinoteca desde el año 2014 hasta la quiebra a fines del 2016, principios del 2017 y que de la contabilidad no se encargaba personalmente, sino que se encargaban las personas que manejaban la vinoteca, y después también a un contador” para cada actividad. El juez consideró a varios implicados como partícipes necesarios, sin confirmar una asociación ilícita. Respecto a la quiebra, el magistrado indicó que la transferencia de fondos se realizó en 2016, antes de la quiebra en 2017.

En 2017, la AFIP presentó una denuncia relacionada con evasión de impuestos, involucrando al hijo de Leopoldo Moreau en un caso que empleaba facturas falsas a través de empresas fantasma. El presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, desestimó la información en su momento.

El juez aclaró que, según el resumen del Banco Galicia S.A., la transferencia de dinero a Moreau se realizó en 2016, antes de su quiebra en 2017. La suma total fue de aproximadamente 5 millones de pesos cuando el dólar tenía un valor de 1,40 pesos.

Dada la gravedad del caso, los acusados podrían enfrentar penas de 3 a 9 años de prisión, dependiendo de su nivel de participación en la maniobra, según fuentes judiciales.

Redacción

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SIGEN denuncia el uso irregular de $50.000 millones en viviendas inconclusas durante la gestión de Alberto

Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló una malversación en la ejecución de los programas habitacionales Reconstruir y Reactivar durante el gobierno de Alberto Fernández. Entre 2021 y 2023 se destinaron $52.920 millones a la construcción de viviendas sociales que nunca se terminaron, con retrasos de hasta el 80% en las obras y fondos públicos que desaparecieron sin rendición de cuentas. La auditoría expuso cómo 6.583 familias quedaron sin techo mientras las obras se paralizaban.

Los programas Reconstruir y Reactivar nacieron como respuesta política a la crisis habitacional heredada del gobierno de Mauricio Macri. El presidente del Frente de Todos los presentó en mayo del 2021 como “la obra de Néstor y Cristina que vengo a terminar”, prometiendo entregar 55.000 viviendas antes de finalizar su mandato.

“Esto es algo que ideó Néstor, ejecutó Cristina y que yo vengo a terminar la obra de ellos dos, y eso a mí me llena de alegría”, fue la frase que utilizo.

El Programa Reconstruir concentró el 88% del presupuesto total de $46.421 millones, con el objetivo de construir 20.829 viviendas nuevas.

Sin embargo, la realidad demostró ser muy diferente. Únicamente 14.246 unidades llegaron a etapa de construcción, mientras 6.583 permanecían en evaluación burocrática sin avances concretos. Peor aún: de las obras iniciadas, el 35,5% (22 de 62 proyectos) presentaban retrasos críticos entre el 30% y 80% respecto a los plazos pactados.

Los anticipos entregados a contratistas tuvieron un gran costo económico, perdiendo hasta el 82% de su valor real por la inflación acumulada en la gestión de Alberto Fernández, según cálculos de la SIGEN. El caso más emblemático ocurrió en Monte Grande (Buenos Aires), donde 240 viviendas al 99% de avance físico acumulan $604 millones sin justificar desde 2021.

El Programa Reactivar por su parte, con un presupuesto de $6.498 millones, se inició con la finalidad de terminar 1.416 viviendas abandonadas. Pero la auditoría halló obras con el 100% de los fondos ejecutados de un total $2.123 millones, sin registro de rendiciones en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

En 16 de los 30 proyectos por comenzar, las obras demoraron entre 45-90 días en arrancar tras firmar los convenios. Cuando finalmente comenzaron, los costos ya habían aumentado 143% por la inflación acumulada, haciendo inviable su finalización.

El informe de 27 páginas de la SIGEN dibuja un sistema habitacional colapsado por fallas estructurales, constituyendo pruebas clave en tres causas federales iniciadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La propia Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda admitió ante los auditores que únicamente tenía capacidad para supervisar el 17% de las obras activas, dejando el 83% restante en un vacío de control.

Ocho expedientes del Reconstruir carecen totalmente de documentación contable, incluyendo tres casos donde las obras estaban teóricamente terminadas. La SIGEN identificó $1.812 millones en pagos sin respaldo documental, equivalentes al 3.4% del presupuesto total, estos fondos “fantasma” se concentran en cuatro provincias: Buenos Aires (37%), Santa Fe (28%), Córdoba (19%) y Mendoza (16%).

Los convenios firmados con provincias y municipios incluían cláusulas permisivas que facilitaban el incumplimiento. El 78% de los contratos analizados permitían prórrogas automáticas de 180 días sin penalidades. Además, el 63% de las actas de inicio de obra se firmaron con hasta 90 días de retraso, aprovechando vacíos legales para evitar multas.

La SIGEN estima que hay unas 22.000 personas que siguen esperando soluciones habitacionales por los fallos en estos programas. A pesar del 99% de avance físico, como sucede en Monte Grande, las familias no pueden ocuparlas porque falta completar conexiones eléctricas y de gas. Mientras tanto, $604 millones asignados a estos trabajos finales permanecen sin justificar desde 2022. Vecinos organizados denuncian que el municipio usa las casas vacías como depósito de materiales de otras obras.

En 2022, la Secretaría de Hábitat contaba con solo 12 inspectores para supervisar 620 obras en curso, lo que equivale a un promedio insuficiente de 52 proyectos por cada uno. Esta escasez de personal de control se vio agravada por disputas burocráticas entre Nación, provincias y municipios, responsables del 68% de los retrasos al no definirse claramente quién debía asumir los costos.

Además, se detectaron fallas en el GDE, ya que el 23% de los expedientes digitales presentaban errores o estaban incompletos, lo que impidió rastrear el destino de $1.420 millones en transferencias. Todo esto se enmarca en un contexto en el que el déficit habitacional afecta a 3,5 millones de argentinos.

Redacción

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El Gobierno denunció desvío de fondos del INAI para financiar litigios contra el Estado

Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), presentó ante la Justicia una denuncia penal con el objetivo de “determinar las responsabilidades en el otorgamiento de subsidios no reintegrables a comunidades y/o grupos autoidentificados como organizaciones indígenas”. La demanda hace referencia a los fondos del Programa de Fortalecimiento Comunitario, creado en 2003.

Las irregularidades fueron detectadas tras dos auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y revelan que parte de los 1.200 millones de pesos otorgados fueron destinados al pago de abogados que litigaron contra el Estado por conflictos relacionados con ocupaciones de tierras. Entre los señalados se encuentran organizaciones mapuches, algunas de las cuales fueron calificadas como “terroristas” por el gobierno de Javier Milei.

– Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Las auditorías realizadas por la SIGEN pusieron de manifiesto casos específicos con deficiencias en los controles. El Lof Che Buenuleo, en Río Negro, recibió $1.770.000 en 2023; el Lof Kinxikew, en Neuquén, obtuvo $1.950.000; y Newen Mapu, en Río Negro, recibió $4.480.000. En total, fueron varios subsidios que suman siete millones de pesos “sin control” y sin haber logrado el objetivo esperado: la regularización territorial.

Uso de los fondos transferidos por el INAI a comunidades indígenas

El Informe de Auditoría N° 08/2024 de la UAI-INAI revela que los fondos transferidos a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario tenían como objetivo principal financiar servicios jurídicos para las comunidades indígenas. Este programa, creado por la Resolución INAI N° 235/04, durante la gestión de la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en el gobierno de Néstor Kirchner, permitía a las comunidades acceder a subsidios para:

  • Defensas judiciales y asesoramiento legal, especialmente en litigios por territorios indígenas.
  • Pago de honorarios de abogados, escribanos y agrimensores.
  • Gestión de la propiedad comunitaria de las tierras ocupadas por las comunidades.
  • Capacitación legal y asesoramiento contable.
  • Elaboración e inscripción de mensuras.

Aunque Avruj no menciona nombres específicos en la denuncia penal, espera que la Justicia identifique a los responsables. En su denuncia, señala a los responsables del INAI durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

Las auditorías también evidencian irregularidades en los millonarios subsidios otorgados a integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), considerada como organización “terrorista”. Se destaca que estos fondos también fueron destinados a pagar abogados involucrados en conflictos por usurpación de terrenos e incendios en predios.

Por otro lado, Avruj calificó al Programa de Fortalecimiento Comunitario como una “obscenidad” y lo dio de baja mediante la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial. El funcionario denunció que los subsidios fueron utilizados “para litigar contra el Estado” y afirmó que el esquema “se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para defenderse en causas por diversos delitos”.

Redacción

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Inició el juicio a seis mapuches por usurpación de tierras en Villa Mascardi

Los acusados, Betiana Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Jésica Bonnefoi, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana, están imputados por diversos hechos relacionados con la ocupación ilegal de tierras en la zona, en particular, de terrenos que forman parte del Parque Nacional Nahuel Huapi y otras propiedades privadas.

Las audiencias comienzan hoy, continuarán mañana y el 27 de febrero. Se retomarán en abril, cuyas fechas establecidas son el 10, 12 y 13, 20 y 31 de ese mes, según las previsiones iniciales y si no se desiste de testigos.

La causa que se sigue contra los miembros de la lof Lafken Winkul Mapu tiene como eje hechos ocurridos entre 2018 y 2022, es decir, posteriores a los incidentes de la irrupción inicial en 2017. En esa época, la comunidad había comenzado a ocupar terrenos de Parques Nacionales y propiedades privadas, lo que derivó en la intervención del Estado y el desalojo de tierras en 2022. 

Entre los múltiples cargos por usurpación se encuentran la ocupación del exhotel de Mascardi, en el predio de Parques Nacionales y la toma de la estancia Los Radales, perteneciente a una empresa privada. 

Además, algunos de los imputados son señalados por un ataque armado contra un tráiler de la Gendarmería Nacional en la misma zona, hecho que ocurrió durante un operativo de seguridad en la región.

El juicio se desarrolla bajo la supervisión del juez federal, Alejandro Silva, quien ya había presidido el juicio por la muerte del joven mapuche, Rafael Nahuel, en 2017. La causa cuenta con la presencia de los fiscales, quienes llevarán adelante las imputaciones, mientras que los acusados son defendidos por un grupo de abogados encabezados por Gustavo Franquet. Este último, que también estuvo al frente de la defensa de la comunidad mapuche en el juicio por la muerte de Nahuel, tendrá un papel central en este proceso judicial.

– El predio Los Radales había sido atacado por la comunidad mapuche en 2022

La comunidad Lafken Winkul Mapu ha rechazado la acusación y sostiene que las tierras en disputa les pertenecen históricamente. En un comunicado público, los mapuches reafirmaron su reclamo territorial y argumentaron que las tierras de Villa Mascardi son parte de su ancestral “Wallmapu”, el territorio originario que ocuparon sus ancestros antes de la llegada de los colonos y la posterior creación de los parques nacionales. Además, afirman que el Estado argentino “no ha cumplido con los acuerdos” y que las tomas de tierras “responden a un derecho histórico y legítimo del pueblo mapuche”.

Los incidentes de violencia, las tomas de tierras y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se han convertido en una constante en esta zona, y la judicialización de estos casos ha sido uno de los ejes principales de la gestión de la actual administración.

Redacción

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Wolff denunció a la candidata de Karina en CABA por espionaje y le recordó su pasado kirchnerista

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, denunció tareas de espionaje dentro de su cartera y apuntó directamente contra la presidente del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez. Según el funcionario, la legisladora, mano derecha de Karina Milei, publicó en redes sociales información reservada sobre su custodia y la seguridad de su familia.

“La diputada Ramírez exhibe y hace pública diversa información confidencial respecto a mi custodia y al Ministerio en general, que no son de acceso público. Lo más grave de todo es que lo hace en redes y se jacta de hacerlo”, explicó Wolff. Por este motivo, presentó una denuncia formal y solicitó que Ramírez sea citada a declarar para esclarecer el origen de la información. En sus declaraciones, el ministro enfatizó la gravedad del asunto, señalando que la filtración de datos sensibles podía comprometer su seguridad personal y también la de otros funcionarios del ministerio.

En su presentación judicial, Wolff habló de una “violación de secretos en el marco de tareas de espionaje dentro del Ministerio de Seguridad” y advirtió que la filtración de datos puso en peligro su vida y la de su familia. “Desconozco la identidad del autor y/o autores de los hechos denunciados. Sin perjuicio de que tal extremo será esclarecido con el devenir de la investigación”, sostuvo. 

LA DENUNCIA DE WOLFF

Denuncia-Waldo-Wolff-Ramirez

Asimismo, aclaró que la decisión sobre la cantidad de custodios que le son asignados no depende de él, sino de la División Custodia de la Policía de la Ciudad, que determina el nivel de seguridad necesario ante las amenazas que ha recibido. Wolff también recordó que ha sido víctima de amenazas de diversas organizaciones, incluidas “Hamás, Hezbollah y el kirchnerismo”, lo que justificaba la rigurosa protección con la que contaba.

El cruce entre ambos ya había escalado durante una reunión de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, realizada hoy jueves, donde se analizaban las fugas de presos en la Ciudad. Allí, Wolff le recordó a Ramírez su pasado kirchnerista: “Mientras usted estaba en el kirchnerismo, a mí el kirchnerismo ya me estaba persiguiendo”. También la señaló como parte de un entorno que “rodea muy mal a Javier Milei”. En su intervención, Wolff hizo un repaso de los antecedentes de persecución que sufrió por parte de la gestión anterior, incluyendo investigaciones en su contra que, según él, buscaban perjudicarlo políticamente.

La Justicia podría citar a Ramírez en el marco de la investigación por espionaje. La legisladora, sin embargo, insistió con sus críticas y ratificó su pedido de renuncia del ministro de Seguridad. “Si usted no se siente capacitado para desarrollar la tarea de ministro, como le dije el otro día, váyase a su casa y deje a un buen ministro que lleve adelante la tarea que hoy nos ocupa, que es la fuga de presos”, expresó Ramírez. Wolff, por su parte, desestimó el reclamo y reafirmó su compromiso con la seguridad de la Ciudad.

Redacción

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Denunciaron a Gildo Insfrán por comprar vehículos de alta gama con dinero del Estado

La provincia de Formosa enfrenta un nuevo escándalo de corrupción tras la denuncia presentada por la diputada provincial Gabriela Neme contra el gobernador, Gildo Insfrán, por la compra de camionetas de alta gama.

“No es como dice, que los denunciadores tenemos ideas de que ellos roban nomás. Él, su familia, sus amigos y sus privilegiados, les roban al pueblo de Formosa”, expresó en su video, a modo de reclamó.

Tras el fallo de la Corte Suprema en diciembre, que restringió las aspiraciones de reelección de Insfrán, y en medio de investigaciones previas por irregularidades en el manejo de fondos públicos en Formosa, nuevos documentos expuestos revelan un mayor fraude. Las pruebas indicarían un patrón de desviación de recursos estatales destinados a áreas esenciales como salud y seguridad, que habrían sido utilizados para la adquisición de bienes de uso personal por parte del mandatario.

La investigación impulsada por la funcionaria Gabriela Neme apunta a dos operaciones: la compra de una Toyota Land Cruiser 300, modelo 2022, y otra unidad idéntica adquirida en 2023. Según la documentación presentada, ambas transacciones, con un valor estimado de 300 millones de pesos cada una, habrían sido financiadas mediante transferencias provenientes del Fondo Fiduciario Provincial para Salud, Seguridad y Tecnología, algo que contravendría la Ley Provincial 1180 que regula el uso de fondos fiduciarios, según la legisladora.

El fondo investigado disponía de 3.800 millones de pesos al momento de las compras. Registros bancarios revelan transferencias sucesivas que redujeron el saldo en 600 millones de pesos durante el período en que se adquirieron los vehículos. La legisladora denuncia que estas operaciones se realizaron sin licitación pública y mediante contratación directa con concesionarias automotrices vinculadas a funcionarios provinciales.

“Tendrán que rendir cuentas, Gildo Insfrán y cada uno de sus cómplices por el mayor robo de la historia de Formosa, el mayor robo de la historia de Argentina”, agregó en su posteo en Instagram.

Este hecho forma parte de la investigación “Ruta del Dinero G”, impulsada por Neme y presentada en Comodoro Py, que reúne pruebas sobre presuntas malversaciones a través de empresas fantasma creadas para adjudicarse obras públicas que nunca se concretaron. Según la acusación, el esquema incluiría sobreprecios, facturación de servicios inexistentes y triangulación de pagos mediante cuentas offshore.

Organizaciones de derechos humanos han documentado reiteradamente las precarias condiciones del “recrudecimiento” del sistema sanitario formoseño. Neme también hizo otras denuncias como el “envío de fondos al Partido Justicialista por más de 1.660 millones, en 5 órdenes de pago en concepto de haberes” el pasado 7 de febrero, quedando radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Cabe recordar que en 2010, durante las negociaciones para refinanciar una deuda de 312 millones de pesos que Formosa mantenía con la Nación, la provincia contrató servicios de consultoría de The Old Fund por 7.6 millones de pesos, conectando a Insfrán con el entramado del entonces vicepresidente Amado Boudou, quien habría utilizado testaferros para controlar la empresa a través de la sociedad The Old Fund en la “Causa Ciccone”, donde se rastrearon transferencias desde el Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro) hacia la firma panameña North Automotive Inc., cuyos directivos incluían familiares de altos cargos provinciales.

Siendo este uno de los escándalos más emblemáticos de la Argentina contemporánea y cuyo epicentro se situó en las operaciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este mecanismo permitió emitir bonos por 312.9 millones de pesos para saldar obligaciones con el Estado nacional, proceso donde The Old Fund actuó como supuesta consultora, hasta que en noviembre de 2021 se dictó el fallo absolutorio, afirmando que “no existía vinculación entre los decretos de Insfrán y la contratación de The Old Fund”.

Redacción

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ENTRE RÍOS | Diputados avanzan en la reforma del Consejo de la Magistratura

La Cámara de Diputados de Entre Ríos continúa el debate para modificar la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la provincia. El objetivo principal de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, es perfeccionar el sistema de selección de jueces, fiscales y defensores, otorgando mayor eficiencia y estabilidad a los cargos judiciales.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Gabriela Lena, profundizó este miércoles el análisis del articulado propuesto: “Hay avances importantes, aunque hay artículos en los que no hay consenso y hay que seguir debatiendo. Pero creo que es importante poder conversar, plantear cada uno su punto de vista e intentar que el Consejo de la Magistratura y que la selección de los jueces funcionen en la provincia. Necesitamos una modificación de esta ley y necesitamos hacerla bien, para que no se tenga que cambiar dentro de dos años”.

La legisladora destacó que la comisión ha escuchado a especialistas y a integrantes del Consejo de la Magistratura, al tiempo que se ha reservado espacio para que los diputados discutan internamente. Asimismo, resaltó la urgencia de agilizar los procedimientos de selección de magistrados, ya que “hay que darle mayor celeridad. Hay más de 90 cargos que no son efectivos. Cuando quienes ejercen de jueces, fiscales o defensores han pasado por el Consejo de la Magistratura y tienen la estabilidad que otorga este sistema institucional, sus decisiones tienen esa independencia que establece la Constitución nacional y provincial”.

Redacción

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