¿OTRO CHOCOBAR? | La Justicia condenó a un policía que le disparó a un delincuente que estaba drogado y amenazando con un arma de juguete

La "Justicia" condenó a un policía de la Federal por perseguir a un delincuente y dispararle. El prófugo lo apuntó con una pistola que resultó ser falsa.
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Otro fallo engrosa los anales jurídicos de la sección “zaffaronista” de los Tribunales. El caso, “similar” al sufrido por Luis Chocobar, inquieta a la Policía Federal: con estos argumentos planteados sobre la mesa, los uniformados dudan sobre su accionar, ya que tratar de intervenir en una situación peligrosa, podrían ser desprotegidos por la Justicia.

El Cabo Primero de la Policía Federal (Seccional Sexta), Juan Pablo Robles, durante la madrugada del día 13 de marzo del 2016, se encontraba patrullando las calles del barrio porteño de Monserrat, sin saber que su vida cambiaría para siempre, por el simple hecho de cumplir su deber.

Robles observó que un individuo se alejó nerviosamente del grupo de personas con la que charlaba cuando se percató de la presencia del patrullero de mencionada fuerza policial. Los individuos habían sido denunciados por disturbios. En este marco, decidió seguir al sujeto, luego, le pidió que se detenga. Sin embargo, el masculino empezó a correr para después darse vuelta, sacando desde sus ropas, un arma de fuego con la que apuntó a Robles. Para repeler la acción, el Cabo efectuó un disparo con su arma reglamentaria desde el vehículo. El proyectil rozó la cabeza del sujeto en cuestión, por lo que afortunadamente, no perdió la vida.

La condena de Robles, emitida por el TOC 18

Durante el proceso judicial, quien recibió el disparo mintió sobre sus antecedentes. Dijo que no había tenido problemas con la Justicia, más adelante se comprobó que sí había incurrido en delitos y, durante los allanamientos, descubrieron más copias de armas falsas. Lo lógico es concluir que el efectivo policial jamás hubiese podido diferenciar a la réplica de un arma original durante la madrugado y en ese contexto.

Pistola Beretta falsa (imagen ilustrativa). En los allanamientos se secuestró también una Glock 9 x 19, también falsa

Por lo sucedido, el Tribunal Oral en lo Criminal 18 de CABA condenó al policía en octubre de 2018, aunque actualmente se encuentra preventivamente sobreseído, cumpliendo funciones en la Policía Federal.

Fuentes judiciales de la causa explicaron a Data24.com.ar que uno de los grandes problemas que atravesó Robles es la pésima defensa que tomó el caso: “Fue pésimo el accionar del primer abogado con el que trató. Por ejemplo, ese letrado explicó en un momento que si esto hubiese pasado en una finca abandonada o en una casa privada, lo hubiesen absuelto. Y no tenía nada que ver, ocurrió en la vía pública. Es una indefensión. Robles termina condenado más que nada por una mala defensa. Básicamente pasó otro caso, y se rechazó lo que mandó por cuestiones formales”.

La defensa actual de Robles le consultó cuánto le había pagado a ése abogado por su trabajo. “Nos dijo algo así como $20 mil, una cifra irrisoria. Es como si yo te digo que, no sé, que compres un auto con ese mismo monto. No existe”.

Segmento del fallo judicial

Sobre el caso en cuestión, argumentaron que no existe una defensa legítima de Robles, sino un estado de necesidad. “La Justicia critica que Robles haya seguido al individuo sospechoso. Y la realidad es que él lo sigue desde el patrullero porque cuando lo vio empezó a correr”. Los magistrados argumentan además que rompió el protocolo con razones, como mínimo, polémicas.

Básicamente, el argumento es que nada hubiese pasado si Robles hubiese cumplido el protocolo. ¿Es parte del protocolo dejarse disparar y no perseguir a un delincuente?

Los jueces que condenaron al policía: Domingo Luis Altieri y Lucas Augusto Cassina

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Investigan al hermano de Adorni por rectificar dos veces su patrimonio y cancelar un crédito millonario en menos de un año

Francisco Adorni es diputado provincial bonaerense por La Libertad Avanza y hermano del actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni. Recientemente rectificó por segunda vez su patrimonio y cambió el valor de su casa de City Bell.

“No fue un error, fue una omisión que ya fue subsanada. Es algo que le pasa a cualquier ciudadano”, dijo el abogado Marcelo Peña a TN.

El caso se entiende mejor si se sigue la secuencia de hechos. A comienzos de 2026, Francisco Adorni presentó su declaración jurada original al dejar su cargo en el Ministerio de Defensa. El 19 de mayo hizo una primera rectificación en la que incorporó una herencia de $21 millones de su padre, que no había informado, y también modificó datos vinculados a un crédito hipotecario con el Banco Provincia.

Luego, el 8 de junio, presentó una segunda corrección, en la que redujo el valor de su casa en City Bell, de $67.5 millones a $52.6 millones, y sumó cinco cajas de ahorro con poco más de $2 millones que tampoco figuraban en la declaración inicial.

En apenas tres semanas, Francisco Adorni cambió sus bienes declarados al menos dos veces. Su patrimonio total, que en mayo había quedado en $102.750.000, bajó a $89.894.610 tras la segunda corrección.

Sin embargo, la inconsistencia más grave que generó la apertura de la investigación penal luego de conocerse estos números, no fue el valor de la casa, sino la cancelación de un crédito hipotecario con el Banco Provincia por $60 millones en menos de un año. Cancelar ese monto en tan poco tiempo, con los ingresos declarados de un funcionario y diputado provincial, es lo que encendió las alarmas del fiscal Guillermo Marijuán.

— El fiscal federal, Guillermo Marijuan

La denuncia original fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano (monobloque Coherencia), quien tiene un largo historial de denuncias contra figuras del oficialismo, incluyendo al propio Manuel Adorni. La defensa de Francisco caracteriza la denuncia como parte de “una interna política” dentro del espacio de LLA, destinada principalmente a dañar al Jefe de Gabinete.

El problema es que un crédito hipotecario del Banco Provincia es una deuda importante y de largo plazo. Si se cancela de golpe en menos de doce meses, surge la pregunta lógica; ¿de dónde salió ese dinero?

La defensa de Francisco Adorni, a cargo del abogado Peña, tiene una respuesta diferente, afirmando que el crédito nunca fue cancelado y que sigue vigente, tratándose de un préstamo UVA (ajustado por inflación) cuya deuda en realidad creció. Según Peña, lo que ocurrió en la declaración fue una “omisión” de carga, no un encubrimiento de un acto ilícito.

Hay dos movimientos en la segunda declaración que abren interrogantes políticos y judiciales. Por un lado, Francisco Adorni no corrigió al alza el valor de su propiedad, como suele ocurrir cuando alguien omite declarar un bien por error, sino que ahora sostiene que su casa vale menos que lo que había informado semanas antes.

El inmueble pasó de $67.5 millones a $52.6 millones, una diferencia cercana a los $15 millones, que atribuye a una variación en la valuación fiscal. Por otro lado, incorporó cinco cajas de ahorro con $2 millones que no habían aparecido en versiones anteriores, cuando solo había declarado dinero en efectivo.

Los hermanos Adorni bajo la lupa

El caso de Francisco parece ser algo de familia. Su hermano Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, también enfrenta una investigación paralela y días antes de la segunda rectificación de Francisco, Manuel admitió públicamente que ocultó aproximadamente medio millón de dólares en sus declaraciones juradas, atribuyéndolos a ahorros acumulados en el sector privado e inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. La justicia también analiza vínculos patrimoniales y posibles bienes compartidos dentro del entorno familiar.

Antes de ser legislador, Francisco se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo que administra el sistema de jubilaciones militares. Es decir, fue funcionario público de alto rango antes de asumir su banca provincial, lo que lo obliga legalmente a presentar declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción.

El fiscal Marijuán ya tiene levantado el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, lo que significa que puede revisar todas sus cuentas, movimientos y transacciones desde el 2020. La Justicia también solicitó información al Banco Provincia específicamente sobre el crédito hipotecario y pidió datos a más de 30 organismos y entidades financieras. Si las explicaciones de la defensa no coinciden con los registros bancarios reales, la imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero podría consolidarse. Si coinciden, la causa probablemente sea archivada.

Una ONG de Santa Fe recibía fondos del Estado para comedores comunitarios y se los gastaba en McDonald’s

El Gobierno de Santa Fe presentó una denuncia penal contra la asociación civil Movimiento Mahatma Gandhi, con sede en la ciudad de Santa Fe, y le dio de baja la asistencia financiera tras detectar presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a través del Programa Tarjeta Institucional. Los recursos debían destinarse a la compra de alimentos para un comedor comunitario, pero habrían sido utilizados en consumos en locales de comida rápida, restoranes céntricos y kioscos.

La Tarjeta Institucional es una herramienta creada para fortalecer el funcionamiento de comedores y espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad social. La cuenta asociada al programa solo admite depósitos del Estado provincial, único habilitado a cargar fondos, por lo que todos los movimientos deberían corresponder a compras para los beneficiarios.

Las inconsistencias surgieron durante las auditorías que realiza de manera habitual el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Allí se advirtió que las rendiciones presentadas por la organización para justificar los gastos no coincidían con los movimientos registrados en la tarjeta. Entre los consumos observados figuraron gastos en cadenas de hamburguesas como McDonald’s, además de bares, restoranes y kioscos que no guardan relación con el objeto del programa alimentario.

A partir de estas observaciones, y con el fin de resguardar los recursos públicos destinados a la asistencia alimentaria, la Provincia resolvió suspender la entrega de fondos, avanzar con la denuncia penal y poner toda la documentación relevada a disposición de la Justicia para que investigue los hechos.

El caso se vincula a la figura de Luciano “Chano” Rossi, dirigente social que condujo la organización hasta abril de 2024. En julio de 2025, Rossi fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) luego de una investigación administrativa que determinó un elevado nivel de ausentismo laboral: de los últimos 2.103 días registrados, había asistido a trabajar en 651 jornadas y se había ausentado en 1.452.

– El video que publicó Rossi en sus redes tras la denuncia

Rossi había ingresado a la EPE en julio de 2015, cuando el acceso del personal era “hereditario” o por “derecho de sangre”, es decir que los empleados ocupaban el lugar que dejaba vacante un familiar directo. La actual gestión modificó ese mecanismo y estableció el ingreso por concurso público, según capacidad.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que los mecanismos de auditoría y control forman parte de una política permanente de seguimiento de los fondos públicos que se transfieren a organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.

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