Ordenan dar de baja 3.000 pensiones de personas que no viven en el país | Le cuestan al Estado $5.842.000.000

El fiscal Marijuan envió una solicitud oficial a Pettovello para que proceda con la baja de 2.954 beneficiarios irregulares que implican un gasto mensual de casi $450 millones.
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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió ayer la solicitud del fiscal federal Guillermo Marijuán para dar de baja unos 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se cobra a través de ANSES, porque incumplen con la normativa de mantener residencia en Argentina. Según los datos de Migraciones, lo que sucedió fue que se inscribieron en el registro como persona mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad y regresaron a su país de origen.

Cada mes, esos 3.000 beneficiarios significaron al Estado un gasto de $449.341.802, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.

Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, investiga a otros 7.512 casos de titulares PUAM que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también infringe la normativa.

El oficio enviado por el fiscal Marijuan a la ministra Pettovello detalla los procedimientos de la investigación preliminar, solicitando la suspensión inmediata de la pensión para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante su vigencia, con el objetivo de frenar posibles conductas delictivas.

Redacción

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Santilli apoyó la Ley Bases | “Es un punto de inflexión para generar un país distinto”

Diego “El Colo” Santilli defendió la Ley de Bases, proyecto del presidente Javier Milei. “¿Por qué necesitamos esta ley? ¿Quién va a discutir que no necesitamos modernización laboral? Esta ley laboral es del 75, donde no había teléfonos, no había fax, no había robótica, no había inteligencia artificial. Había televisión en blanco y negro”.

“Necesitamos una modernización laboral porque el 20% de los trabajadores formales son pobres y porque tenemos que sacar de la informalidad a los trabajadores. Necesitamos una reforma fiscal para terminar con la maraña de más de 150 tributos que tiene este país”, finalizó diciendo.

Redacción

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El Gobierno cerró casi la mitad de los registros automotores

Este mediodía, a través de un comunicado publicado en redes, el Gobierno anunció el cierre del 40% de los registros automotores de todo el país. Según argumentaron desde el Ministerio de Justicia, la medida se tomó para “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”. En ese marco, también se recortó en un 30% el personal de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), que depende la cartera comandada por Mariano Cúneo Libarona.

Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona

Los registros automotores son los organismos responsables de patentar y documentar todos los cambios en la titularidad de los vehículos que circulan en el país. Según la base de datos de la DNRPA, existen 1.558 registros automotores seccionales, que, durante el año 2023, realizaron un promedio de 254.940 trámites mensuales (3.059.285 a nivel nacional).

“A partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”, explicaron desde mencionado Ministerio.

¿Qué dice el comunicado del Gobierno?

  • Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.
  • Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
  • ⁠⁠Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
  • Se eliminará la “cédula azul”: A partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
  • Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.
  • Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
  • Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.
  • Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
  • Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
  • Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
  • Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.
  • Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
  • Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

Redacción

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Jubilaciones de privilegio: CFK, Alberto, Scioli y Macri son los que más caro le salen al Estado

Un reducido grupo de personas, compuesto por expresidentes, exvicepresidentes, viudas y una hija de un exmandatario, cobra el equivalente a 833 jubilaciones mínimas.

Mientras, la mayoría de los jubilados sufre una pérdida significativa en su poder adquisitivo: cayó 81% tan solo durante la gestión del gobierno precedente.

El listado

  • Cristina Kirchner: Recibe 28,1 millones de pesos mensuales en bruto entre su jubilación y la pensión ilegal que recibe de su exesposo y expresidente, Néstor Kirchner. Estos 28 millones equivalen a 147 jubilaciones mínimas, de 190.141 pesos cada una.
  • Daniel Scioli: Cobra 17,5 millones de pesos. Actual funcionario “ad honorem” del Gobierno Nacional.
  • Mauricio Macri: Recibe 13,5 millones de pesos.
  • Alberto Fernández: 13 millones de pesos.
  • Adolfo Rodríguez Saá: A pesar de haber sido presidente durante tan solo una semana, recibe 12,9 millones de pesos.
  • Zulema Yoma: Recibe 11,1 millones de pesos como exesposa de Carlos Menem.
  • Gabriela Michetti: Cobra 9,8 millones de pesos por haber sido vicepresidenta.
  • Julio Cobos: Recibe 9,7 millones de pesos por haber sido vicepresidente.
  • Amalia Guido: Recibe 9,5 millones de pesos como hija de José María Guido.
  • Inés Pertiné: Recibe 9,4 millones de pesos como exesposa de Fernando de la Rúa.
  • Bety Andrés: Recibe 8,7 millones de pesos como exesposa de Roberto Levingston.
  • Amado Boudou: Recibe 8,2 millones de pesos, a pesar de estar condenado judicialmente en el caso Ciccone.
  • María Estela Martínez de Perón: Recibe 7 millones de pesos.

Vale tener en cuenta que los montos, correspondientes a abril, se duplicaron si se los compara con los percibidos en febrero.

A principios de marzo, el presidente anunció ocho medidas durante su discurso en el Congreso. El paquete de leyes “anti casta” incluye la eliminación de las jubilaciones de privilegio

Además del proyecto de Milei que busca derogar estas jubilaciones de privilegio, la diputada Graciela Ocaña, solicitó que se adopte algún tipo de medidas respecto de quienes hoy cobran esos suculentos haberes, ya que “resulta inconcebible que las capas más encumbradas del país sigan disfrutando de sus prerrogativas, las que se mantienen incólumes en detrimento de los más necesitados”.

Redacción

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El Min. de Justicia detectó 100 expedientes truchos que cobraron indemnizaciones de víctimas de la dictadura

En base a declaraciones realizadas Mariano Cúneo Libarona, trascendió que hay 22.500 expedientes en revisión y se analizan “el respaldo documental, la veracidad y legalidad” de la documentación que se presentó en cada caso para cobrar las reparaciones.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80 millones y en total, según reveló el Ministro, la cifra reconocida por el kirchnerismo superó los $14.000 millones. Hasta el momento se detectaron 100 expedientes irregulares y pagos duplicados.

La Justicia investiga una supuesta asociación ilícita, que se dedicaba a falsificar documentación para cobrar las indemnizaciones y por este motivo, la Jueza María Eugenia Capuchetti ya ordenó notificar de procesamiento firme y embargo de bienes al abogado Omar Enrique Ramón García, que representa a varios de los solicitantes.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80 millones

Según la investigación, en muchos casos se simulaba ser hijos de desaparecidos o víctimas de la última dictadura.

Cúneo Libarona dio el ejemplo de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, donde se procesó por estafa al Estado a un grupo de personas. En el fraude al Estado, estarían involucrados familiares de personas que estaban viviendo en el exterior; es decir, que no fueron desaparecidos.

Redacción

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Condenaron a 7 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a intendente K, por robar planes sociales

El Tribunal Oral Penal de Mercedes condenó, la semana pasada, al intendente en funciones de la ciudad Correntina, Diego Martín Caram, a 7 años y 6 meses de prisión por haberse quedado con dinero de los planes sociales.

Caram obsequiando un poncho mercedeño a Cristina Fernández durante una reunión de dirigentes del Frente de Todos en el Instituto Patria, julio de 2019

La investigación inició en 2019 cuando el exintendente, Víctor Cemborain, acercó a un juzgado una fotocopia de una planilla con los nombres y documentos de los vecinos que supuestamente estaban percibiendo planes sociales nacionales sin saberlo.

LA CONDENA

El caso recayó en la fiscalía de Adrián Casarrubia, que pudo contactar a 56 de ellos y todos coincidieron en que nunca habían percibido dinero y tampoco habían gestionado ese tipo de beneficios. Además, negaron que las firmas estampadas en la planilla les pertenecieran. Para el fiscal, el dinero que tenía como destino personas desocupadas o de muy bajos recursos del municipio, terminó en poder de los funcionarios municipales, entre ellos el intendente Caram.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real son los montos punitivos del juicio en el que Caram, junto a otros seis funcionarios municipales, fue juzgado.

Además, el tribunal de juicio también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos y a devolver los fondos públicos sustraídos, pero no accedió a la detención preventiva, tal como había pedido la Fiscalía.

Junto al intendente, fue condenado el contador, Pedro Jorge Brun, quien se desempeña como secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Mercedes a cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Por otra parte, Claudio Javier Deimundo, quien cumplía funciones como Tesorero Municipal, deberá cumplir la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.

Redacción

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Casi el 70% de la población de Formosa recibe un beneficio social de los aportes jubilatorios de la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estima que el 65% de la población de la provincia norteña recibe algún tipo de beneficio o prestación del Estado a través del organismo.

En diálogo con Diario La Mañana, el jefe de Unidades De Atención Integral (UDAI) de Formosa de ANSES, Fabián Firmán, dio a conocer la cifra: “Sabemos por la situación económica que estamos pasando. Nosotros hemos recorrido (el municipio) Ramón Lista la semana pasada y la concurrencia de la gente a los operativos es impresionante. Hemos tenido prácticamente mil personas que consultaron esta semana”.

Fabián Firmán

Es teniendo en cuenta los datos de ANSES sobre quiénes reciben asistencia en la provincia que Firmán estima el porcentaje, “muy alto” dice, de beneficiarios: el 65%.

Tras 23 años de gestión ininterrumpida de Gildo Insfrán, la ciudad de Formosa cerró el 2023 en 41%, lo que afecta a casi 20 millones de personas. A nivel provincial, esa cifra roza el 50%.

Redacción

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