Ordenan dar de baja 3.000 pensiones de personas que no viven en el país | Le cuestan al Estado $5.842.000.000
El fiscal Marijuan envió una solicitud oficial a Pettovello para que proceda con la baja de 2.954 beneficiarios irregulares que implican un gasto mensual de casi $450 millones.
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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió ayer la solicitud del fiscal federal Guillermo Marijuán para dar de baja unos 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se cobra a través de ANSES, porque incumplen con la normativa de mantener residencia en Argentina. Según los datos de Migraciones, lo que sucedió fue que se inscribieron en el registro como persona mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad y regresaron a su país de origen.
Cada mes, esos 3.000 beneficiarios significaron al Estado un gasto de $449.341.802, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.
Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, investiga a otros 7.512 casos de titulares PUAM que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también infringe la normativa.
El oficio enviado por el fiscal Marijuan a la ministra Pettovello detalla los procedimientos de la investigación preliminar, solicitando la suspensión inmediata de la pensión para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante su vigencia, con el objetivo de frenar posibles conductas delictivas.
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Un megaoperativo conjunto entre la Prefectura Naval Argentina y el municipio de General Pueyrredón desmanteló “La Saladita de la Bristol”, una feria informal que funcionó durante más de 25 años sobre la Rambla de Playa Bristol en Mar del Plata.
“Están allanando la feria ilegal en la Rambla gracias a la denuncia penal que presentamos. En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”, celebró el operativo en sus redes sociales el senador provincial y exintendente Guillermo Montenegro, quien impulsó la denuncia original.
El procedimiento implicó el allanamiento de seis puntos de la ciudad, el secuestro de más de 8.000 productos valuados en 500 millones de pesos, y la demolición en la madrugada de más de 170 puestos con topadoras y maquinaria pesada.
El operativo dejó entre 200 a 300 familias sin su fuente de trabajo, abrió un debate político y judicial sobre los límites del procedimiento, y generó posiciones encontradas en la sociedad marplatense.
“La Saladita” era el nombre con el que los marplatenses y turistas conocían al paseo de compras informal instalado en el Boulevard Marítimo, entre las calles Rivadavia y la Peatonal San Martín, frente a la popular Playa Bristol. El lugar funcionó durante más de dos décadas como un mercado a cielo abierto donde se vendía principalmente ropa, calzado, accesorios, artículos de bazar y productos electrónicos a precios muy por debajo de los comercios formales.
La feria no surgió como un negocio ilícito desde el comienzo, sino como una respuesta social a la desocupación. A fines de los años 90’s, en plena crisis del menemismo, el Concejo Deliberante habilitó en 1999 —durante la gestión del intendente radical Elio Aprile— un espacio precario sobre la vereda de la Unidad Turística Fiscal de Playa Bristol para los vendedores ambulantes. La autorización era limitada en el tiempo y buscaba contener una emergencia laboral que desbordaba las capacidades del Estado.
Lo que comenzó con artesanías y productos sencillos fue mutando con los años hacia un paseo cada vez más nutrido, donde la indumentaria que imitaba marcas internacionales fue ganando terreno. Los permisos municipales —siempre transitorios— se extendieron entre 2003 y 2009 sin un marco normativo claro, y desde 2010 en adelante la feria funcionó directamente sin respaldo legal.
El operativo y su procedimiento
El proceso judicial que desembocó en el operativo comenzó formalmente en noviembre de 2025, cuando el municipio presentó una denuncia ante la Justicia Federal basada en informes elaborados por varias áreas municipales, entre ellas la Secretaría de Seguridad, Obras Sanitarias y la Subsecretaría de Inspección General.
La denuncia sostenía que la feria representaba “un riesgo cierto y serio en la seguridad y la salubridad pública”, además de señalar posibles delitos de violación a la Ley de Marcas y problemas de contaminación.
La causa quedó a cargo del juez federal Santiago Inchausti del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de Mar del Plata, y de la Fiscalía Federal N° 2 conducida por Santiago Eyherabide. Tras 15 meses de investigación que incluyeron medidas de prueba durante 2024 y 2025, el magistrado ordenó el allanamiento.
“Orden sí, pero no a costa de destruir el trabajo de la gente”, pronunció sobre el hecho Mariana Berbeglia, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Feriantes (SUTFRA).
Cerca de 100 efectivos de la Prefectura Naval Argentina se desplegaron simultáneamente en seis puntos distintos de Mar del Plata. El operativo incluyó el predio principal de la feria y también tres locales vinculados al Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), además de domicilios particulares. El titular del sindicato, Walter Rivero, estuvo detenido durante algunas horas y fue luego liberado.
Los agentes identificaron a 91 personas entre propietarios, empleados y cuatro miembros del sindicato.Durante el procedimiento se incautaron 400 bultos con mercadería en infracción —ropa, calzado, accesorios, artículos de bazar y electrónicos—. Al menos 80 de los 100 puestos activos en ese momento ofrecían productos con logotipos de marcas internacionales en violación a la Ley 22.362
Además de la mercadería, se secuestraron tres vehículos, dinero en efectivo en pesos y moneda extranjera por más de 12 millones, y elementos informáticos como computadoras y teléfonos. La Justicia detectó que el SIVARA utilizaba transferencias y alias bancarios para mover importantes sumas de dinero, y registró en una sola transacción un movimiento de 15.123.288 pesos para el pago de un canon.
Una vez concluido el allanamiento, durante la noche y la madrugada, el municipio desplegó maquinaria pesada y procedió a la demolición total de los puestos. El trabajo incluyó topadoras, camiones de la empresa municipal de servicios, y personal de la Patrulla Municipal e Infantería. Al amanecer, la Rambla de la Bristol mostraba solo chapas, maderas esparcidas y huellas de maquinaria donde durante décadas había funcionado la feria.
La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata también respaldó el procedimiento, argumentando que la feria representaba una forma de competencia desleal que perjudicaba a los comerciantes formales que pagan impuestos y respetan las normas.
El rol entre la organización y la ilegalidad
Detrás del crecimiento de la feria operó durante años el SIVARA. La referencia histórica del gremio en la Bristol fue César “Indio” Lencina, quien desde la Mutual 18 de Enero organizó —y también capitalizó— la actividad, en articulación con la estructura nacional del gremio. Bajo su conducción, el espacio fue mutando desde una salida colectiva hacia un esquema más concentrado, con control sobre la asignación de puestos y el funcionamiento interno del predio.
Tras la muerte de Lencina en 2022, la conducción del SIVARA en Mar del Plata pasó por varias manos hasta que, a fines de 2025, Rivero asumió como principal referente local. La investigación judicial posterior revelaría que el sindicato gestionaba la feria recaudando sumas millonarias a cambio de permisos informales de operación. Un feriante relató que pagaba 3 millones de pesos en enero, montos similares en febrero y 2 millones en marzo y abril, siempre “en negro, sin recibo, sin comprobante”.
Los trabajadores de la feria y sus representantes presentaron una visión radicalmente diferente. El SIVARA calificó la demolición de los puestos de ilegal, argumentando que el municipio avanzó con maquinaria pesada “sin ningún tipo de orden judicial” —ya que la única medida autorizada por la Justicia era el allanamiento, no la demolición del predio.
El sindicato también acusó al Ejecutivo municipal de ejecutar una “campaña de publicidad política de mano dura” y señaló que la feria funcionaba con el conocimiento y el aval de las autoridades durante casi 20 años.
El gremio denunció que el operativo dejó a casi 300 familias marplatenses sin su fuente de trabajo, y anunció presentaciones penales y acciones legales a través del estudio jurídico Robbio-Bernat & Asociados. Los feriantes convocaron marchas frente al municipio con la consigna “Nos dejaron en la calle”.
Tras el desalojo, decenas de feriantes comenzaron a reinstalarse en las inmediaciones de Plaza Rocha, en el corazón del centro de Mar del Plata, generando una nueva tensión por el uso del espacio público.
Con el terreno liberado, el municipio estaría en posición de avanzar con la licitación de la Unidad Turística Fiscal (UTF) “Paseo de Compras Bristol”, un proyecto que Montenegro había enviado al Concejo Deliberante en 2021 y que fue aprobado en 2022 pero quedó paralizado por los conflictos con los feriantes. Según trascendidos, ya asoman interesados —capitales locales y foráneos— en la concesión del espacio.
La causa federal sigue abierta. La Justicia investiga la estructura organizada para la comercialización ilegal, el papel del SIVARA en la recaudación de cobros informales y la posible evasión fiscal. Los abogados de los feriantes presentaron presentaciones legales cuestionando la legalidad del desalojo y exigiendo la devolución de la mercadería incautada.
La Justicia boliviana dio un paso en el proceso judicial más resonante de los últimos años. Hoy lunes, el Tribunal de Sentencia Primero de Tarija declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales luego de que no se presentara al inicio del juicio oral por el presunto delito de trata agravada de personas. Como consecuencia directa el juez Carlos Oblitas suspendió la audiencia y ratificó una orden de aprehensión y arraigo en su contra que le impide salir del país.
La audiencia se instaló a las 8:30 de la hora local en la ciudad sureña de Tarija. Morales no asistió. Tampoco lo hicieron sus abogados.
“El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados” fue la categórica respuesta de Luis Gutiérrez, el fiscal del caso. Gutiérrez también aclaró que la ejecución de la orden de captura contra el expresidente corresponde a la Policía Boliviana y “no es una atribución” del Ministerio Público.
Desde la Fiscalía Departamental de Tarija se precisó que los abogados de Morales no presentaron “ninguna clase de justificativo” por su ausencia.
El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, subrayó el peso del expediente acumulado por la acusación: más de 170 pruebas de cargo y 39 testigos.
La causa tiene su origen en la presunta vinculación del exmandatario con una adolescente durante su presidencia. Según la acusación formal Morales mantuvo una relación con la menor de edad en 2016. Ese año tuvo con ella una hija y habría otorgado beneficios a la familia de la joven.
La mujer (ya es mayor de edad) declaró ante algunos medios locales que reside actualmente en Argentina junto a la niña.
La defensa de Morales respondió con una lectura completamente distinta. Wilfredo Chávez, uno de sus abogados, sostuvo en La Paz que el expresidente no fue notificado personalmente para concurrir al inicio del juicio, sino mediante un “edicto” judicial, lo que, a su juicio, constituye un “vicio causal de fondo”. Chávez también calificó el proceso como un asunto político, al señalar que el juicio fue “desempolvado” en un momento en el que existen varias protestas sociales contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Por su parte, el abogado Nelson Cox había adelantado la semana pasada que Morales no se presentaría porque considera que el caso se desarrolla de manera ilegal y que no existen garantías para la instalación del juicio. “El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (…) no corresponde que se presente”, afirmó.
No es la primera vez que Morales desafía una convocatoria judicial. La acusación formal fue presentada en octubre de 2024. Durante la fase preliminar de investigación, a principios de 2025, el juez NelsonRocabado ya lo había declarado en rebeldía luego de que no compareciera en dos oportunidades a una audiencia destinada a resolver la acusación en su contra, con el argumento de problemas de salud. En esa misma instancia se le dictó arraigo y la anotación preventiva de sus bienes.
La orden de aprehensión emitida hoy es la segunda que pesa sobre el exgobernante. La primera nunca se ejecutó. Desde octubre de 2024, Morales permanece en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba (región cocalera del centro del país considerada su bastión político y sindical) bajo la custodia permanente de cientos de sus seguidores.
– Lauca Ñ, el lugar en el que se refugia Evo Morales
En los alrededores de su domicilio, esos militantes montaron una guardia que lo vigila las 24 horas del día y levantaron barricadas para impedir el acceso de las fuerzas de seguridad. En octubre y noviembre de 2024, sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días consecutivos para impedir el ingreso de agentes policiales a la zona.
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados verificó el avance del trabajo del Ministerio Público, que, según el fiscal Mogro, “ha actuado con transparencia y celeridad dentro de este proceso”, al cumplir con los procedimientos y los plazos establecidos por la norma.
Morales denunció en múltiples oportunidades que el proceso judicial en su contra buscaba impedir su candidatura en las elecciones de noviembre de 2025, comicios a los que pretendía presentarse por primera vez después de romper con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que fundó y lideró durante casi treinta años. Sin embargo, y pese a sus alegatos de persecución política, nunca negó la vinculación con la menor.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) dio a conocer en abril de 2026 su informe semestral “Composición de Precios”, elaborado con datos de febrero de 2026, en el que analizó cómo se forman los precios de tres alimentos esenciales de la canasta básica: la carne vacuna, el pan francés y la leche entera en sachet.
La conclusión central del trabajo es que uno de cada cuatro pesos que los consumidores destinan a esos productos va a parar a las arcas del Estado (ya sea nacional, provincial y municipal) en concepto de impuestos.
“En otras palabras, cada 4 bollitos de pan, nos comemos uno de impuestos y nos tomamos un vaso de leche por cada sachet”, precisó María Luz Silvetti, economista de la entidad.
La carne, el alimento con mayor carga impositiva
En el caso de la carne vacuna, el kilo tuvo un precio promedio de $16.780 en febrero de 2026. De ese total, el 51% corresponde a costos de producción, el 28% a impuestos y el 21% a ganancias de la cadena. Según FADA, los impuestos se ubican como el segundo componente de mayor peso en el precio final, por detrás únicamente del criador, que representa el 35%. Le siguen la carnicería con el 20%, el feedlot con el 16%, y el frigorífico con apenas el 1%.
Del total de impuestos en la cadena cárnica, el 75% son nacionales, el 20% provinciales y el 5% municipales. Los tributos de mayor participación son el IVA (que representa el 33% del total impositivo) y el Impuesto a las Ganancias (30%), seguidos por Ingresos Brutos (18%). En conjunto, esos tres gravámenes suman el 81% de la carga impositiva total.
Cabe señalar que la carne tributa un IVA reducido del 10,5%, menor al que soporta la leche.
“Para llegar a los bifes que compramos es necesario un proceso que lleva años, con costos importantes como la tierra donde se crían los animales, la sanidad, la alimentación, el transporte, el personal”, explicó la economista de FADA Fiorella Savarino.
En el período comprendido entre agosto de 2025 y febrero de 2026, el precio de la hacienda registró subas por encima de la inflación acumulada del 16,5%: el ternero aumentó 78%, el novillito 46%, la carne al gancho 42% y el precio al consumidor 38%. Si se compara con un año atrás (con una inflación del 33,1%) el ternero se incrementó 106%, el novillito 66% y la carne al consumidor 64%.
Los altos precios de la carne vacuna tuvieron un efecto directo sobre las mesas de nuestro país. El consumo per cápita anual de carne bovina cayó cinco kilos: pasó de 49,5 kilos en 2025 a 44,5 kilos en 2026. En contraste, el consumo de carne porcina creció un kilo y medio y superó los 19,3 kilos per cápita anuales.
Pan y leche | Impuestos también por encima del 20%
En el pan francés, con un precio promedio de $3.538 el kilo en febrero de 2026, los costos representaron el 61%, los impuestos el 24% y las ganancias de la cadena el 15%. El precio tuvo marcadas diferencias regionales: en el Gran Buenos Aires se vendió a $4.202 el kilo, mientras que en la región noreste el promedio fue de $2.230, según datos del INDEC. Por eslabones, la panadería concentró el 65% del precio final, seguida por los impuestos (24%), el trigo (7%) y el molino (4%). En todo el recorrido del campo a la góndola, el precio del trigo se multiplicó por 13,5.
En la leche entera en sachet de 1 litro, con un precio promedio de $1.750, el 71% correspondió a costos, el 26% a impuestos y apenas el 3% a ganancias de la cadena. La distribución por eslabones fue: tambo 27%, industria 24%, comercio 23% e impuestos 26%. A diferencia de la carne y el pan, la leche afronta una alícuota del IVA del 21%, lo que eleva considerablemente su carga impositiva: ese tributo explica el 67% de todos los impuestos de esa cadena. El precio del sachet se multiplicó por 3,6 desde el campo hasta la góndola.
Los granos no son los culpables
Ante los frecuentes señalamientos sobre el rol de los precios agrícolas en la inflación alimentaria, FADA precisó la participación real de los granos en los productos finales. El maíz representa el 12% del precio final de la carne de cerdo, el 13% en carne aviar, el 6% en carne bovina y el 4% en leche. El trigo, por su parte, participa con el 10% del precio final del pan francés.
“De esta forma, se deduce que los granos no influyen tan fuertemente, ya que alrededor del 90% de los costos son otros“, expresó Semadeni. Entre esos otros factores se encuentran los costos de insumos, alquileres, salarios, energía, transporte, comercialización y administración.
El conflicto en Medio Oriente presiona a las góndolas
El informe de FADA incluyó además un análisis sobre el impacto del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, que derivó en el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, el 25% del gas y cerca de la mitad de los fertilizantes, en particular la urea, utilizada de manera intensiva en la producción agrícola y especialmente en el cultivo de trigo.
En ese contexto, la inflación de marzo de 2026 fue del 3,4%, con aumentos significativos en los rubros Transporte (4,1%) y Vivienda, electricidad, gas y combustibles (3,7%), vinculados al fuerte incremento del precio internacional del petróleo —de hasta el 50%— y su traslado al mercado local de combustibles, donde los aumentos oscilaron entre el 20% y el 25% en marzo.
“Lo que pasa en Medio Oriente afecta nuestros bolsillos: en el actual contexto de guerra, el primer costo que va a subir es el de los fletes, principalmente por el aumento en los combustibles debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. El flete representa el 6% del precio del sachet de leche y es el 8% de los costos del productor de trigo”, subrayó Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa de FADA. “Los aumentos en la logística van a repercutir en precios y en las ganancias de los diferentes eslabones que producen estos alimentos”, concluyó.
Según la estimación de FADA, el impacto de los aumentos registrados en las tarifas de transporte (13,6% en marzo) sobre el precio final de los alimentos sería del 0,2% en el pan y del 0,8% en la leche. Otros eslabones que podrían verse afectados son el tambo, la cría y el feedlot, cuya operación depende en gran medida del combustible. En términos generales, la fundación estimó que el aumento de costos superará las mejoras en los precios de los commodities, con posibles efectos de traslado a precios cuya magnitud dependerá de la evolución y duración del conflicto.
Este jueves, López se presentó de manera presencial ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia para participar de la segunda audiencia del juicio oral en su contra y el de su núcleo familiar. Son investigados por integrar una organización dedicada al lavado de dinero, fraude a la administración pública y asociación ilícita. Antes de ingresar a la sala, brindó declaraciones a la prensa y dejó definiciones que generaron fuerte repercusión.
Cuando fue consultado sobre su relación con el exgobernador Jorge Capitanich, López fue directo: “Él es parte de esto”. Aunque no pidió su detención en términos explícitos, fue contundente: “No soy la ley para decir quién tiene que estar preso, pero es parte”.
Una de las frases que mayor repercusión generó fue su respuesta ante una pregunta sobre la percepción ciudadana de sus dichos: “¿Qué me importa la ciudadanía a mí? Yo no le debo nada a los ciudadanos comunes y corrientes. Yo le debo a mis compañeros”. Luego precisó: “Le debo a los que estuvieron conmigo en el frío y en el calor. Nunca fui candidato ni tuve cargo público”.
Sobre el origen de su patrimonio, uno de los ejes centrales de la acusación, negó irregularidades: “Yo recibí lo que dice la ley. Presenté proyectos como productor y me dieron lo que correspondía”. También cuestionó las cifras difundidas públicamente: “Dijeron que recibimos entre 76 y 96 millones de pesos, pero es mentira: fueron 31 millones”.
Cuando un cronista le preguntó si gran parte de los ingresos de su familia provenían de aportes del Estado, respondió de manera inmediata: “Tenés mucha razón en eso”.
Ante los medios, el dirigente rechazó las acusaciones en términos generales y afrontó el juicio con confianza: “Ahora que llegó el juicio estoy mejor, porque se va a saber la verdad de tantas mentiras que dijeron todos ustedes. Nosotros nunca le robamos un centavo a nadie”. Además, anunció que no presentará testigos: “No hace falta ningún testigo porque los papeles van a hablar. Voy a salir libre de culpa y cargo porque no tienen ni una sola prueba”.
Acusaciones cruzadas: fiscal, juez, Peppo, Zdero y Bullrich
Las críticas de López no se limitaron a Capitanich. Apuntó contra quienes no figuran como imputados: “Fíjense quiénes están en este juicio. Solamente mi familia, no están los empresarios ni ninguno del gobierno anterior”. En ese contexto, mencionó a Marta Soneira, exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible del Chaco, y a Raúl John Paris, fue presidente del Instituto de Colonización del Chaco entre 2011 y 2015. Ambos forman parte de la causa.
El fiscal federal Patricio Sabadini y el juez federal Ricardo Mianovich recibieron sus críticas más duras. López los acusó de integrar un supuesto “armado político y judicial” de la causa y los calificó, respectivamente, como “el drogadicto de Sabadini” y “el coimero del juez Mianovich”. Los acusó además de sustraer documentación durante los allanamientos: “Me robaron papeles. Sabadini hizo desaparecer un montón de papeles. Destrozaron mi casa y las de mis hijos”.
López fue detenido el 11 de septiembre de 2024 en la capital chaqueña, en un operativo que marcó un giro en la causa. Además de él, están imputados su esposa Librada Romero; sus hijos David, Walter y Daniel; y su nuera Débora Acosta.
Según el expediente, entre 2011 y 2023 el grupo accedió a unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales mediante adjudicaciones irregulares gestionadas ante el Instituto de Colonización. Esos terrenos, destinados a fines productivos y sociales, habrían sido utilizados en negocios inmobiliarios a través de fideicomisos, contratos de leasing y ventas a terceros, pese a las restricciones legales que impiden su enajenación durante diez años.
– López junto al oscuro Emerenciano Sena
La acusación sostiene que el entramado incluyó fundaciones y otras estructuras legales para canalizar las operaciones, con la intervención de escribanos y funcionarios públicos. Como resultado, se habría conformado un patrimonio que abarca campos, inmuebles urbanos, vehículos de alta gama, ganado y divisas.
Antes del inicio del debate, la defensa intentó frenar la causa al invocar la Ley de Blanqueo 27.743, con el argumento de que los bienes podían regularizarse bajo ese régimen. El planteo fue rechazado por el fiscal Sabadini y por el juez Ricardo Mianovich, quienes consideraron que el delito de lavado de activos queda fuera de ese marco por tratarse de una afectación al orden económico y financiero.
El presidente Javier Milei ordenó homologar un acuerdo con el empresario británico Joe Lewis y la empresa Hidden Lake S.A. para poner fin a una acción de lesividad iniciada por el Estado argentino en 2023, que buscaba anular la compra de más de 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera donde se ubica la estancia de Lago Escondido.
Patagonia, provincia de Río Negro, cerca de El Bolsón, en una zona de seguridad fronteriza… Desde la década del ’90, el magnate británico, conocido por su participación en fondos de inversión globales, se hizo propietario de dichas tierras bloqueando el acceso público al lago pese a existir fallos judiciales desde 2005 que garantizan ese derecho.
La adquisición de las tierras se realizó mediante maniobras con empresas “cáscara” y testaferros para eludir la legislación vigente que prohíbe a extranjeros adquirir tierras en zonas de frontera (decretos 411/80 y 1265/87).
La Procuración del Tesoro (ya en 2016, bajo Carlos Balbín) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas habían dictaminado que la operación fue fraudulenta.
Ricardo Nissen fue el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno del exmandatario Alberto Fernández (2020–2023), el organismo del Estado encargado de controlar y fiscalizar las sociedades comerciales que operan en Argentina. En mayo de 2022 tomó una decisión que lo metería en la mira del poder, al pedir la intervención judicial de Hidden Lake S.A.
El argumento de Nissen era que “Hidden Lake no era una empresa real”.No tenía actividad comercial registrada, no producía bienes ni servicios, no justificaba sus ingresos ni los gastos de construcción de una lujosa mansión en el predio, y se sostenía con aportes de accionistas y sociedades offshore no declaradas en Argentina.
La empresa fue representada ante la Justicia por allegados al expresidente Mauricio Macri, como Jaime Cibils Robirosa, presidente del Correo Argentino.
En octubre de 2023, durante la gestión kirchnerista del Frente de Todos, el Ministerio del Interior —vía la Resolución 1603— declaró las autorizaciones de compra como lesivas al interés nacional e instruyó a iniciar una acción judicial para anular definitivamente la transferencia de dominio. Una “acción de lesividad” es el mecanismo legal mediante el cual el propio Estado demanda la nulidad de un acto administrativo suyo anterior que considera dañino para el interés público. Es decir, el Estado reconocía que él mismo había cometido un error al aprobar esa compra y quería revertirlo.
El acuerdo secreto
El 15 de enero de este año, la administración libertaria presentó un convenio conciliatorio con Lewis, que fue homologado secretamente el 28 de enero en plena feria judicial por el juez federal Walter Lara Correa, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4. Con eso, el expediente 4511/2023 quedó cerrado sin avanzar en la nulidad de la transferencia de dominio. El acuerdo se mantuvo en reserva, hasta diciembre de 2025 el expediente era de acceso público, pero luego pasó a “acceso reservado” en el sistema del Poder Judicial, y hasta ahora no se conoce la letra chica del convenio.
El acuerdo se cerró dos meses antes de que Milei designara a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia (marzo de 2026) y enviara al Senado el pliego de su padre, Carlos Mahiques, para que continúe como juez en la Cámara de Casación Penal. El dato que enciende todas las alarmas sería que ambos Mahiques participaron del famoso viaje a Lago Escondido en octubre de 2022, el escándalo conocido como “Los huemules del lawfare”, donde jueces, fiscales y funcionarios viajaron con todos los gastos pagos —financiados por el Grupo Clarín— a la mansión de Lewis.
Hidden Lake S.A. denunció penalmente a Nissen por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, la causa tuvo un derrotero particularmente elocuente. En cuatro oportunidades, dos veces a través del juez Daniel Rafecas y otras dos mediante el juez Sebastián Casanello, Nissen fue sobreseído en la etapa de instrucción.
En todos los casos, ambos magistrados coincidieron en que el entonces funcionario de la IGJ se había limitado a cumplir con sus atribuciones legales, al fiscalizar sociedades, requerir documentación e impulsar acciones judiciales ante eventuales irregularidades. No obstante, cada uno de esos fallos fue revocado por la Sala II de la Cámara Federal, con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, que ordenó reencauzar la investigación.
Finalmente, en abril de 2026, luego del cuarto sobreseimiento, la Cámara decidió avanzar por su cuenta y dictó el procesamiento de Nissen, a quien le atribuyó haber “enarbolado el falso argumento” de que Hidden Lake incumplía sentencias firmes.
– Ricardo Nissen
El voto de Farah sostuvo que Nissen “abusó de las facultades que le confería su puesto” para labrar de oficio el expediente administrativo. El caso pasará ahora al juez Ariel Lijo —el mismo nominado por Milei para la Corte Suprema— para dictar los embargos y formalizar el procesamiento.
Beneficios adicionales
El acuerdo se inscribe en una serie de decisiones gubernamentales previas que ya evidenciaban un alineamiento favorable. En julio de 2025, la Secretaría de Energía autorizó el traspaso de la Central Hidroeléctrica Río Escondido a la firma Hidden Lake S.A., lo que consolidó aún más el control de Lewis sobre la zona. La construcción de esa represa, sin embargo, había sido previamente cuestionada por organismos de control, que la consideraban ilegal.
Las zonas de seguridad de frontera tienen una protección especial en la legislación argentina porque se consideran estratégicas para la defensa nacional. Que un ciudadano extranjero controle miles de hectáreas en esa zona —incluyendo el acceso a un lago y una central hidroeléctrica— representa una cesión de facto de territorio soberano. Al abandonar la demanda sin que se conozcan los términos del acuerdo, el Estado renunció a recuperar esas tierras sin ninguna explicación pública.
El expediente sobre el acceso público al lago por el camino Tacuifí, impulsado por la exsenadora Magdalena Odarda, todavía tramita ante la Corte Suprema, por lo que el conflicto judicial no está del todo cerrado.
La provincia de Santa Fe encontró una herramienta que funcionó: cobrarle a las familias de los menores que difundieron amenazas falsas de tiroteo en escuelas. Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad, desde que rigió la medida de enviar intimaciones económicas, las llamadas al 911 por este tipo de episodios cayeron de manera significativa.
Ahora, la familia de un menor que participó en la redacción de un mensaje intimidante se negó a pagar los más de seis millones de pesos que el Estado provincial le reclamó, y recurrió a la Justicia a través del abogado Rodolfo Mingarini, quien presentó el primer recurso administrativo formal contra este tipo de intimaciones. El nombre de Mingarini, para cualquier santafesino con memoria, no es nuevo. Y lo que ese nombre evoca no precisamente habla bien de su criterio jurídico.
El episodio que derivó en la multa tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe. Un grupo de adolescentes escribió un papel en el que se mencionaba un supuesto tiroteo. Luego, según relató el propio Mingarini, se arrepintieron, rompieron el papel y lo tiraron. Un padre lo encontró fuera del horario escolar, la imagen circuló por grupos de WhatsApp y generó alarma entre decenas de familias.
El menor, de entre 12 y 13 años según distintas versiones del caso, reconoció su participación ante sus padres y ante las autoridades del colegio, y pidió disculpas.
Mingarini salió a defenderse en varias radios locales. Allí, repitió sus argumentos con insistencia. El hecho, argumentó, no configura legalmente una amenaza porque le faltan los requisitos típicos del delito (daño concreto, persona determinada, coerción real); que el papel fue encontrado en un estacionamiento y no dentro del establecimiento; que no hubo un operativo de envergadura porque cuando se halló la nota ya no había clases; que el monto de seis millones de pesos carece de desglose y resulta imposible de justificar con la sola intervención de un patrullero; y que el Poder Ejecutivo no puede fijar y cobrar sanciones de manera unilateral sin que medie una sentencia judicial. “El poder administrador no puede decidir unilateralmente que alguien debe pagar millones. Eso debe determinarlo un juez”, sostuvo el letrado. También pidió que no se “criminalice a chicos de 12 o 13 años sin ningún tipo de fundamento”.
Antes de ser abogado defensor, Mingarini fue juez penal en Santa Fe.
Su paso por la magistratura terminó en mayo de 2022 de la peor manera posible: fue destituido por unanimidad, con los diez votos del Tribunal de Enjuiciamiento en su contra, tras el análisis de once fallos que el propio jurado calificó de “faltos de justicia y reñidos con los principios de los derechos humanos y la perspectiva de género”.
El caso que lo hizo tristemente célebre fue el de un albañil acusado de violación al que Mingarini le concedió la libertad porque el uso de preservativo durante el ataque le generó “duda” sobre si el hecho había sido forzado.
– En mayo de 2021, Mingarini liberó con restricciones a un imputado por abuso sexual porque utilizó el preservativo
Sus propias palabras, registradas en una audiencia y difundidas públicamente, grafican con precisión el nivel de su razonamiento: “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo, si va a tener relaciones forzadas, empujándola y sometiéndola, se toma el tiempo… no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctimaque, según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”.
Para llegar a esa conclusión Mingarini había desestimado exámenes de medicina legal que constataron lesiones compatibles con una violación, los restos de semen hallados en la ropa interior y en el cuerpo de la víctima, y las pericias psicológicas incorporadas al expediente.
El fallo fue revocado por la Cámara de Apelación Penal, el acusado fue encarcelado y la Fiscalía solicitó doce años de prisión.
Las militantesfeministas que por aquel entonces marcharon a las puertas del Tribunal durante el jury señalaron que el letrado “ha fallado de manera aberrante, ha descreído de informes que probaban delitos sexuales hasta de niños”, y que “atribuía claras señales de abuso de niños y niñas, que provenían de informes médicos, a secreciones de los pañales”.
No fue ese su único fallo cuestionado. El tribunal lo destituyó por once hechos en total, y la resolución dejó establecido un "patrón de conducta" que, según el diputado Maximiliano Pullaro (entonces integrante del jury, hoy gobernador de Santa Fe), evidenciaba "el menosprecio hacia el perjuicio sufrido por las víctimas" y "la tendencia a minimizar el impacto de delitos gravísimos".
Como consecuencia de la destitución, Mingarini no podrá volver a ocupar un cargo en el Poder Judicial. Conserva la posibilidad de ejercer como abogado mientras no exista una sanción disciplinaria específica sobre su matrícula.
Ese antecedente vuelve especialmente sensible su intervención actual en el debate público. Mingarini es ahora quien cuestiona el alcance jurídico del reclamo estatal, discute si el hecho puede ser considerado una amenaza y plantea objeciones sobre la forma en que la Provincia busca responsabilizar económicamente a las familias involucradas.
La respuesta oficial no tardó en llegar. Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, salió al cruce en diálogo con Cadena 3 Rosario y fue categórica. Primero, aclaró que el reclamo no es una multa sino que “esto es una deuda civil que persigue el Gobierno provincial para recuperar recursos públicos que fueron utilizados ante una amenaza".
Luego refutó el argumento de que no hubo operativo ya que cada patrullero que se moviliza hacia una escuela deja de recorrer las calles y de prevenir delitos en otros puntos de la ciudad:" Esto no puede banalizarse", aseguró. Finalmente reivindicó los resultados de la medida, dijo que fue “acertada” y que “permitió una desaceleración importante” de estas situaciones.
Orciani también cargó directamente contra Mingarini. Fue precisamente ella quien presidió la comisión que definió la destitución del polémico exjuez en 2022. "Fue removido por ignorancia manifiesta del derecho y vuelve a demostrarlo con sus declaraciones", lanzó la funcionaria de la cartera de Seguridad.
También VirginiaCoudannes, vocera del Gobierno provincial, cruzó a Mingarini y sostuvo que las amenazas escolares "no son una broma", que implican la movilización de recursos del Estado y que afectan a toda la comunidad educativa.
En los últimos meses, Santa Fe registró una escalada de amenazas falsas en escuelas, muchas de ellas impulsadas por "desafíos virales" (conocidos como trends) que circularon en redes sociales y apps de mensajería. Cada episodio activaba protocolos de seguridad, movilizaba patrulleros, generaba pánico entre padres y docentes, y vaciaba aulas. El Estado absorbió esos costos en silencio durante demasiado tiempo. La decisión del Ministerio de Seguridad de trasladar esa carga económica a las familias responsables fue, en términos prácticos, la única medida que logró torcer la curva: Tras las primeras intimaciones (comenzaron a mediados de abril) las amenazas bajaron “de 80 casos diarios a 15”, aseguran fuentes del Ministerio.
El dato de la merma fue reconocido por Mingarini. "El efecto fue logrado, pero no era la manera", admitió a Radio Mitre Santa Fe.
Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que las familias que reciben estas intimaciones pueden presentarse y manifestar voluntad de pago para acceder eventualmente a planes de financiación. "Si no hay respuesta administrativa, la deuda será perseguida judicialmente por Fiscalía de Estado", señaló Orciani.
La familia representada por Mingarini optó por el camino de la impugnación formal. Ahora será la Justicia la que resuelva si el mecanismo creado por la Provincia tiene o no sustento legal.
Sin hablar todavía de candidaturas, la vicepresidenta empieza a ordenar una construcción propia en territorio bonaerense, con base en Junín, conversaciones con concejales y el respaldo de dirigentes que quedaron heridos por el manejo de las listas libertarias.
Un tribunal de Bolivia lo declaró en rebeldía tras su ausencia sin justificativo. La acusación sostiene que durante su presidencia mantuvo una relación con una menor de edad y tuvo una hija con ella en 2016; la Fiscalía acumula más de 170 pruebas y 39 testigos contra el exmandatario.
El referente liberal arremetió contra la gestión de Riquelme tras la eliminación ante Huracán y cuestionó la falta de títulos, el armado del plantel y la conducción institucional del club.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
