OlivosGate | El juez Casanello se declaró incompetente

Argumentó que los hechos deben tratarse en la jurisdicción donde se cometieron.
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Tras poco más de veinte días desde que inició el expediente, y tras la imputación firmada por el fiscal Ramiro González contra Alberto Fernández, Fabiola Yánez y los demás invitados a la fiesta de cumpleaños en la quinta de Olivos, el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente y decidió mandar la causa a San Isidro.

“Fue un baldazo de agua fría, nadie se la esperaba”, admitió uno de los abogados defensores en la causa por la Fiesta de Olivos minutos después de recibir la resolución del juez Casanello. De esta manera, la causa que investiga al Presidente y a su entorno podría terminar en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado o el de Lino Mirabelli.

“No me es posible encontrar un extremo fáctico que justifique la competencia territorial de este juzgado”, señaló el magistrado, quien advirtió que, por ley, corresponde que intervenga el juez del lugar donde se cometieron los hechos a investigar. De esta manera, al OlivosGate (como se le denomina a la causa popularmente) le corresponden los tribunales federales de San Isidro.


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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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