31 agosto, 2024

Milei demandó a Carrió y le reclama 3 millones de pesos por haberlo comparado con Hitler

"Me ha herido de manera muy profunda", expresó el candidato a presidente de La Libertad Avanza.
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El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue a la Justicia con una demanda civil contra la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, a quien le reclama 3 millones de pesos y derecho a réplica por haberlo comparado con el líder del nazismo durante una entrevista radial realizada en julio del 2022. En aquella oportunidad, la ex diputada dijo que “como presidente puede ser Adolf Hitler“.

Es la tercera demanda de este tipo que presenta el diputado nacional. Lo hizo también contra 5 periodistas por “un rally difamatorio”, de acuerdo a los términos de esas presentaciones, ya que habían rechazado en sus respectivos programas declaraciones en las que el economista aseguraba que los libertarios eran “superiores moralmente, estéticamente” a la izquierda.

El candidato a Presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Una de esas demandas está en el Juzgado Civil 33, donde pide un millón de pesos a los periodistas Fabián Doman, Débora Plager y Martín Candalaft. Además demandaba a Paulo Vilouta, con quien finalmente acordó. En tanto, en el Juzgado 103, está radicada la presentación contra el periodista Pablo Duggan, con quien también hubo un acuerdo días atrás, aún no plasmado ante la Justicia.

Ahora, Milei apuntó contra la dirigente aliada a Juntos por el Cambio, que en reiteradas ocasiones salió al cruzarlo públicamente. El candidato consideró que en una entrevista de julio del 2022 en Radio Mitre, Carrió “ha afectado” su “honor”, motivo por el que decidió impulsar la demanda por daños y perjuicios que tramita desde la semana pasada en el Juzgado Civil 22 de la ciudad de Buenos Aires.

Elisa "Lilita" Carrió
La conductora de la Coalición Cívica ARI y precandidata presidencial, Elisa “Lilita” Carrió.

En la entrevista en cuestión, Carrió manifestó respecto a Milei que: “El problema es que cuando la sociedad entra en ira se enferma, cuando se enferma vota enfermos. Entonces tengamos cuidado porque puede saber de economía, pero puesto a presidente esto puede ser Hitler y lo digo en serio. Peor todavía porque no tiene equilibrio emocional”.

La demanda contra Elisa Carrió recayó en el Juzgado Civil 22, subrogado por el juez Ignacio Rebaudi Basavilbaso, quien ya tomó intervención. Según publicó el sitio Perfil, que accedió al expediente, el miércoles pasado firmó una resolución de 3 carillas en las que dejó constancias del inicio de la demanda y trasladó a las partes para que comparezcan en el término de 15 días hábiles.

Redacción

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Diputados K blindaron a Espinoza ante la denuncia por abuso sexual y rechazaron su suspensión

La propuesta de la diputada del PRO, Silvia Lospennato, que instaba a los órganos competentes a apartar temporalmente al intendente, fue desestimada tras no conseguir el apoyo necesario en la Cámara Baja. La iniciativa requería tres cuartas partes de los votos para ser tratada, pero sólo obtuvo 103 votos a favor, frente a 79 en contra, y no hubo abstenciones. Esta situación impidió que el proyecto avanzara, dejando al caudillo matancero en su puesto mientras se desarrollan las investigaciones judiciales.

El proyecto presentado por la legisladora del PRO manifestaba su “preocupación ante el procesamiento del intendente de La Matanza” y pedía la “inmediata suspensión en el cargo, mientras se sustancian las investigaciones pertinentes”. Lospennato criticó duramente la decisión de Unión por la Patria de no apoyar la moción, acusándolos de brindar protección política a Espinoza. “Quieren decirse que defienden a las víctimas de violencia, pero no defienden a todas las víctimas, porque si las víctimas son de un poderoso como Espinoza, a Espinoza le dan protección política”, declaró.

El caso que rodea al intendente Espinoza se remonta a una denuncia presentada por Melody Rakauskas, una de sus secretarias, quien lo denunció en la Justicia por abuso sexual. Este procesamiento judicial se encuentra en una etapa clave, con la existencia de una semiplena prueba que, según Lospennato, justifica el pedido de suspensión para que Espinoza no interfiera en las investigaciones en curso.

La negativa de UxP a tratar el proyecto de suspensión generó una fuerte reacción en la oposición. María Eugenia Vidal, exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires y actual diputada, señaló: “Hoy 79 diputados kirchneristas votaron a favor de que Fernando Espinoza, procesado por ABUSO SEXUAL, siga en el poder. Por más que intenten despegarse de Alberto Fernández, una vez más demuestran lo que son: cómplices de machistas violentos”.

Redacción

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Alberto nombró en Atucha a una peluquera que conoció por Facebook

En un polémico nombramiento, Valeria Yolanda Araujo, peluquera de oficio, fue designada en 2021 en Nucleoeléctrica Argentina S.A. por expreso pedido del entonces presidente Alberto Fernández.

La empresa, encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, es conocida por exigir altos niveles de calificación académica y experiencia técnica a sus empleados, condiciones que Araujo no cumplía al momento de su incorporación.

Nucleoeléctrica, una empresa que requiere un currículum altamente especializado para acceder a sus puestos, parece haber hecho una excepción con Araujo. A pesar de no contar con la formación universitaria ni la experiencia técnica requerida para la mayoría de los puestos en la empresa, Araujo fue colocada en un cargo administrativo con un salario de $2 millones mensuales, una suma que supera incluso el piso salarial para empleados con mayor calificación.

El origen de esta controvertida designación parte de las redes sociales: Fernández habría conocido a Araujo a través de Facebook y, aprovechando su cercanía geográfica a la planta de Nucleoeléctrica en Lima, partido de Zárate, solicitó su contratación de manera directa. Esta acción no sería un caso aislado, ya que se ha señalado que el ex presidente solía realizar este tipo de nombramientos, colocando en cargos estatales a personas de su entorno o recomendadas por conocidos.

Desde su nombramiento, Araujo ha mantenido un perfil bajo, eliminando su presencia en redes sociales y evitando cualquier exposición pública. Según testimonios de empleados de la planta de Atucha, Araujo realiza tareas administrativas básicas, similar a las de cualquier empleado en su posición. Sin embargo, su salario y la forma en que accedió al cargo generó malestar entre quienes sí cumplen con los estrictos requisitos para trabajar en la empresa.

A pesar de la polémica, la peluquera continúa en su puesto, cumpliendo con el horario y las tareas asignadas. Sin embargo, el cambio de gestión en Nucleoeléctrica, ahora bajo control del nuevo gobierno, podría poner en revisión estas y otras designaciones realizadas durante el mandato anterior. Santiago Caputo, mano derecha del presidente Milei, junto con Alberto Lamagna y Luis Fasanella, quienes ocupan los cargos de presidente y vicepresidente respectivamente, se enfrentan a la tarea de reestructurar la empresa, lo que podría incluir una reducción significativa del personal, afectando a entre 500 y 1.000 empleados.

Redacción

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Empleados bonaerenses se movilizan contra las promesas incumplidas de Axel Kicillof

En el marco de la negociación colectiva sectorial, los trabajadores de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, agrupados bajo la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) -que incluyen Contaduría General, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Asesoría General y Junta Electoral-, han decidido convocar a una asamblea general el próximo martes 13 de agosto para discutir la falta de cumplimiento del decreto 1531/23 por parte del gobierno K.

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Este decreto, promulgado en 2023, estableció un nuevo régimen de cuarenta horas semanales para los trabajadores de estos organismos, incrementando sus bonificaciones del 9,9 por ciento. Sin embargo, a más de un año de su implementación, dicho incremento no se ha hecho efectivo en su totalidad, afectando a numerosos empleados, especialmente a aquellos en las categorías superiores a la 24, quienes han sido excluidos de manera injustificada de este beneficio.

UNA LUCHA POR LA JUSTA RETRIBUCIÓN

La situación ha generado un creciente malestar entre los empleados, quienes señalan que la ampliación de la carga horaria no ha sido acompañada por una compensación económica adecuada: falta el incremento del 3,3 por ciento, lo que sumaría un 13,2 total para el régimen de cuarenta horas. Ocurre que la retribución recibida es muy inferior a la que correspondería por ley, generando una situación de injusticia e ilegalidad.

Considerando el sueldo básico publicado en forma mensual por la provincia de Buenos Aires, hay un 33,3 por ciento de diferencia salarial entre el sueldo de un régimen de treinta horas con un régimen de cuarenta horas.

El abogado especialista en derecho administrativo, Gonzalo Permuy Vidal, ha estado liderando los reclamos administrativos y judiciales que buscan corregir esta situación. Los trabajadores exigen que se les pague el incremento del 3,3 por ciento adicional en sus bonificaciones, para alcanzar un total del 13,2, y que se les otorgue el 125 por ciento del salario básico, como corresponde al nuevo régimen de cuarenta horas, tal como se implementó en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), donde la mayoría del personal optó por el nuevo régimen debido a la significativa mejora salarial.

MEDIDAS DE FUERZA Y RECLAMOS JUDICIALES

La falta de respuesta por parte del gobierno de Axel Kicillof ha llevado a los trabajadores a iniciar una serie de reclamos formales. Los trabajadores ya han comenzado a presentar reclamos administrativos en la Contaduría General y se espera que otros organismos sigan el mismo camino. De no resolverse la situación, se tomarán medidas de fuerza que afectarán el normal funcionamiento de todos los organismos afectados por el decreto 1531/23.

Además, se ha señalado que las autoridades de la Contaduría General han preferido mantener una postura que ha sido interpretada como explotadora por los trabajadores, quienes sienten que su trabajo no está siendo debidamente valorado. La falta de consideración y respuesta a sus demandas ha generado un clima de descontento generalizado.

*Con información de REALPOLITIK

Redacción

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Interpol busca al diputado libertario prófugo denunciado por pedofilia

Germán Kiczka, diputado libertario por la provincia de Misiones, se encuentra en el centro de un escándalo internacional tras fugarse de la justicia. Acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil, el legislador, de 44 años, es ahora objeto de una intensa búsqueda por parte de la Interpol, después de que la justicia emitiera una orden de captura internacional.

El pasado jueves —horas después de que la Cámara de Diputados de Misiones aprobara su desafuero— Kiczka escapó de su domicilio. Las fuerzas de seguridad allanaron su vivienda, pero no lograron detenerlo. A raíz de esto, el juez penal de la localidad misionera de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, solicitó la intervención de Interpol, ante la sospecha de que Kiczka había cruzado la frontera de manera clandestina, posiblemente hacia Paraguay o Brasil, y podría estar en camino hacia Europa.

Junto a Germán, también se encuentra prófugo su hermano Sebastián, quien está implicado en los mismos delitos. Ambos enfrentan acusaciones graves que incluyen la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil, zoofilia e incesto.

La situación de los hermanos Kiczka se complicó aún más tras el análisis de una notebook incautada en uno de los allanamientos realizados en su domicilio. En el dispositivo, propiedad de Germán Kiczka, se encontraron 603 archivos de fotos y videos que contenían escenas de abuso sexual infantil y zoofilia, ( las víctimas son menores de 13 años). Las investigaciones revelaron que los archivos fueron descargados y distribuidos entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, utilizando aplicaciones de intercambio de archivos encriptados.

Los resultados de la investigación no se limitan a este material. También se descubrieron chats entre Sebastián Kiczka y presuntas víctimas menores de edad, en los que describía explícitamente encuentros sexuales con menores y manifestaba su interés en niñas de tan solo 12 años.

El caso causó un fuerte impacto en la política misionera y nacional. Germán Kiczka, quien ingresó a la Cámara de Diputados en 2021 como parte de Juntos por el Cambio, había pasado a formar parte del partido libertario Activar, liderado por Pedro Puerta, hijo del exgobernador y expresidente interino por tres días, en 2001, Ramón Puerta. Ante la gravedad de las acusaciones, la Legislatura de Misiones rechazó la renuncia presentada por Kiczka antes de su fuga y procedió a su desafuero, permitiendo así su arresto. De acuerdo al pedido presentado al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad: “Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado”.

El caso Kiczka no solo involucra a la política provincial y nacional, sino que trascendió fronteras. La investigación que condujo a la imputación de los hermanos se originó en Estados Unidos, donde las autoridades de cibercrimen detectaron la distribución de material de explotación sexual infantil desde dispositivos en Argentina. Esta operación, realizada en colaboración con agencias internacionales como la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC), incluyó allanamientos en varias provincias argentinas, siendo Misiones uno de los focos principales.

Con la activación de la alerta roja de Interpol, las autoridades de Paraguay, Brasil y otros países de la región han sido notificadas para colaborar en la captura de los hermanos Kiczka. La permeabilidad de las fronteras en la región de Misiones, caracterizada por pasos fronterizos clandestinos, complicó la tarea de localizarlos. A pesar de esto, las fuerzas de seguridad no cesan en su esfuerzo por encontrarlos y llevarlos ante la justicia.

El ministro de Seguridad de Misiones, Marcelo Pérez, confirmó que se están realizando operativos en zonas limítrofes y se mantiene la vigilancia en los domicilios de los Kiczka, en espera de cualquier movimiento que permita dar con su paradero. Sin embargo, hasta la fecha, no se han registrado salidas legales del país, lo que refuerza la teoría de una fuga clandestina.

Redacción

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Milei envió al Senado el DNU que sube en $100 mil millones el presupuesto de la SIDE

Una nueva polémica llega al Senado de la mano de otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, esta vez que incrementa el presupuesto de la nueva Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) en 100 mil millones de pesos.

Se trata del documento número 656/24 que llegó en el mediodía de este jueves al Congreso, para ser tratado por la Cámara alta y con el que el oficialismo busca la ratificación parlamentaria a partir del debate que se abrirá en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, a pesar de las posturas en contra que expresaron los líderes de varios bloques políticos.

La polémica inició con la reestructuración del servicio nacional de inteligencia, ya que la gestión libertaria, sobre todo la secretaria de Presidencia, Karina Milei y su asesor estrella, Santiago Caputo, que decidieron remplazar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) creada por Cristina Kirchner, durante su último mandato, por una SIDE que responda directamente al entorno de Milei.

Además se crearon otras tres áreas que pasaran a estar bajo la órbita de Karina Milei, el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, como organismos descentralizados.

Para ello, Milei firmó un DNU que sostiene que “resulta necesario asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran”. “Que tales fondos tendrán como principal destino el Sistema de Inteligencia Nacional para garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, señala el documento emitido por la Casa Rosada y que deberá obtener el aval del Congreso.


Redacción

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MORENO CONDENADO a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por manipular el INDEC

La Justicia encontró culpable al ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de la manipulación de datos estadísticos, abuso de autoridad y destrucción de registros públicos, por lo que lo condenó a tres años de prisión y a otros seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Así lo decidió el Tribunal Oral Federal Nro 2 de Comodoro Py, por los delitos cometidos cuando el ex funcionario de Cristina Kirchner, estaba al frente del Institutito Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 2007.

Además, de Moreno, el Tribunal condenó a la ex directora de Índices de Precio de Consumo, Beatriz Paglieri, a tres años de prisión condicional y a seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero absolvió a las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, las otras acusadas en la causa.

El fallo que lleva las firmas de los jueces federales Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel. Ahora pasará a la Cámara de Casación que debe ratificar la sentencia contra Moreno para que sea efectiva. Aunque no son de cumplimiento en una cárcel, se deberán someterse a reglas de conducta específicas, como fijar residencia y cumplir las normas del Patronato de Liberados.

Esta es la tercera condena que recibe el funcionario, ya que tiene una sentencia de dos años y seis meses de prisión por el caso del merchandising con la leyenda “Clarín Miente” y la otra, es a dos años de prisión en suspenso por el caso en el que invitó a pelear a los miembros de una asamblea en la empresa Papel Prensa en el año 2010.


Redacción

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