16 septiembre, 2025

Mariana Zuvic | “Cristina va a ser procesada como jefa de la asociación ilícita”

La diputada por la Coalición Cívica, advirtió que la actual vicepresidenta de la nación será procesada por las causas de corrupción.
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El juez federal Julián Ercolini amplió el procesamiento de Roberto Baratta (mano derecha de Julio de Vido) por la causa de los Cuadernos, causa en la cual está implicada Cristina Kirchner. Ante esta situación, Mariana Zuvic dio su opinión al respecto y aseguró que Cristina “va a ser procesada como jefa de la asociación ilícita”.

En declaraciones a LN+, la legisladora Mariana Zuvic remarcó que “la causa de los Cuadernos avanza todos los días para su elevación a juicio, todos los días se incorporan nuevos hechos y pruebas respecto a la obra pública, están todos procesados”.

El día miércoles el fiscal Carlos Stornelli amplió el procesamiento de Baratta por el delito de Cohecho pasivo en 12 hechos en calidad de coautor. También se amplió los procesamientos de los empresarios Hugo Alberto Dragonetti, Jorge Mauricio Balán y Claudio Glazman y se sumó la de Claudio Alberto De Lassaleta.

Recordemos que la causa principal en la que esta procesada la vicepresidenta fue elevada a juicio oral y público por el ya fallecido juez Claudio Bonadio en 2019.

Zuvic además cuestionó al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner quien en los últimos días intentó justificar bienes valuados en 2,5 millones de dólares: “Carlos Santiago Kirchner, denunciado por enriquecimiento ilícito, fue clave porque estaba al frente de la subsecretaría de Coordinación de la Obra Pública, un cargo hecho a medida”.

Siguiendo con la nota y luego de manifestarse en lo acontecido con el primo de Néstor Kirchner, aprovechó para decir que “Las causas están avanzando, sino no existiría esta embestida contra la Corte Suprema. El plan de impunidad está truncado. En tiempos históricos no van a poder concretarlo, pudieron suspender momentáneamente Hotesur y Los Sauces, pero hay herramientas para que se vuelva a reactivar”.

Sobre el final, Zuvic explicó que “hay conexidad entre todas las causas, que tiene que ver con el lavado de dinero”. “El origen fue la obra pública e indefectiblemente vamos a Hotesur y Los Sauces por donde lavaron el dinero ya que fue la estructura de servicio y hotelería que prestaban para lavar dinero” y denunció: “Tuvimos que enfrentarnos a situaciones bastante duras en nuestra vida personal, familiar y política persecuciones en manos de la actual vicepresidenta de la nación”.


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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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