18 septiembre, 2025

MAR DEL PLATA | Funcionaria municipal amenazó de muerte a un periodista que la investigó

El periodista marplatense Ulises Catriel Cuenca denunció haber recibido una amenaza de muerte luego de publicar una investigación que expone irregularidades, nepotismo y corrupción en el área de Tránsito.
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El periodista Ulises Catriel Cuenca, colaborador en varios medios, denunció que fue amenazado de muerte tras la publicación de una investigación que sacó a la luz un entramado de nepotismo y presuntas malversaciones en el área de Tránsito del municipio de General Pueyrredón, en Mar del Plata.

La amenaza, según comentó Cuenca, fue realizada por Ana Mariela Gómez, una de las principales implicadas en las irregularidades denunciadas en su investigación, quien contactó al comunicador para exigirle que retirara la nota.

– Ulises Catriel Cuenca entrevistando a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

El conflicto se desencadenó luego de que el medio digital NOVA publicara una investigación que expone el supuesto manejo irregular de las licencias de conducir en la mencionada área municipal, donde Gómez es acusada de utilizar su posición para favorecer a su entorno familiar y participar en la supuesta exigencia de sobornos. El trabajo de Cuenca reveló una compleja red de favores y corrupción, en la que se señala a varios funcionarios.

Tras la denuncia, funcionarios del gobierno marplatense se comunicaron con el periodista para solidarizarse y le informaron que empezarán una investigación contra Gómez.

“TE VOY A MANDAR A MATAR”

Cuenca informó que recibió dos llamadas telefónicas consecutivas ayer, 18 de octubre, en las que una mujer, posteriormente identificada como Gómez, lo amenazó directamente. En la primera comunicación, la voz femenina le advirtió: “Si no bajás la nota, te voy a mandar a matar”, y luego cortó la llamada sin más. Minutos después —desde otro número— la misma voz lo contactó de nuevo para preguntarle sobre las fuentes utilizadas en su artículo. Cuando el periodista se negó a retirar la publicación, la mujer se identificó como Ana Mariela Gómez y amenazó con presentar una denuncia penal.

Ante esta situación, Ulises Cuenca decidió radicar una denuncia por extorsión y amenazas de muerte en la Comisaría 13 de Playa Serena, bajo el expediente PP-08-00-042102-24/00. Ahora, la resolución del caso queda en manos de la justicia local.

– La denuncia realizada por el periodista tras la amenaza

La publicación que motivó las amenazas de Gómez expone una serie de irregularidades en el área de Tránsito, un departamento que está bajo la lupa de la Justicia por casos de corrupción que involucran el manejo de las licencias de conducir. Según la investigación periodística, la dependencia fue escenario de un creciente nepotismo, donde Ana Mariela Gómez, quien se presenta como “vicedirectora” del área, favorece a su círculo familiar cercano.

Entre los implicados se encuentran su hijo Matías Lovato, que según la publicación de Cuenca habría intentado obtener beneficios laborales a pesar de un sumario administrativo en su contra por solicitar sobornos. Lovato habría exigido 300 mil pesos a cambio de retirar multas, un hecho por el que se pidió un sumario administrativo el 5 de junio bajo el expediente EX-2024-00136096-MUNIMDP-DGLT#SLTH, aunque hasta el momento el proceso permanece “dormido”. La investigación también apunta a que Gómez utilizó su influencia para garantizar que Lovato sea efectivizado en la Municipalidad, evitando consecuencias por sus actos.

– Ana Mariela Gómez

El nepotismo no termina con Matías. El otro hijo de Gómez, Julián Lovato, también habría ingresado al Municipio gracias a la influencia de su madre, al igual que la pareja de este, Ana Lucero, que actualmente trabaja en el área de licencias de conducir, presuntamente buscando también asegurarse una posición fija en la administración pública.

Además de las denuncias por nepotismo, Gómez fue acusada de maltratos y persecución laboral, con reportes de una orden de restricción en su contra, relacionada no solo con sus compañeros de trabajo, sino también con vecinos del barrio Aeroparque, quienes habrían sido afectados por sus acciones.

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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