MAR DEL PLATA | Funcionaria municipal amenazó de muerte a un periodista que la investigó

El periodista marplatense Ulises Catriel Cuenca denunció haber recibido una amenaza de muerte luego de publicar una investigación que expone irregularidades, nepotismo y corrupción en el área de Tránsito.
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El periodista Ulises Catriel Cuenca, colaborador en varios medios, denunció que fue amenazado de muerte tras la publicación de una investigación que sacó a la luz un entramado de nepotismo y presuntas malversaciones en el área de Tránsito del municipio de General Pueyrredón, en Mar del Plata.

La amenaza, según comentó Cuenca, fue realizada por Ana Mariela Gómez, una de las principales implicadas en las irregularidades denunciadas en su investigación, quien contactó al comunicador para exigirle que retirara la nota.

– Ulises Catriel Cuenca entrevistando a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

El conflicto se desencadenó luego de que el medio digital NOVA publicara una investigación que expone el supuesto manejo irregular de las licencias de conducir en la mencionada área municipal, donde Gómez es acusada de utilizar su posición para favorecer a su entorno familiar y participar en la supuesta exigencia de sobornos. El trabajo de Cuenca reveló una compleja red de favores y corrupción, en la que se señala a varios funcionarios.

Tras la denuncia, funcionarios del gobierno marplatense se comunicaron con el periodista para solidarizarse y le informaron que empezarán una investigación contra Gómez.

“TE VOY A MANDAR A MATAR”

Cuenca informó que recibió dos llamadas telefónicas consecutivas ayer, 18 de octubre, en las que una mujer, posteriormente identificada como Gómez, lo amenazó directamente. En la primera comunicación, la voz femenina le advirtió: “Si no bajás la nota, te voy a mandar a matar”, y luego cortó la llamada sin más. Minutos después —desde otro número— la misma voz lo contactó de nuevo para preguntarle sobre las fuentes utilizadas en su artículo. Cuando el periodista se negó a retirar la publicación, la mujer se identificó como Ana Mariela Gómez y amenazó con presentar una denuncia penal.

Ante esta situación, Ulises Cuenca decidió radicar una denuncia por extorsión y amenazas de muerte en la Comisaría 13 de Playa Serena, bajo el expediente PP-08-00-042102-24/00. Ahora, la resolución del caso queda en manos de la justicia local.

– La denuncia realizada por el periodista tras la amenaza

La publicación que motivó las amenazas de Gómez expone una serie de irregularidades en el área de Tránsito, un departamento que está bajo la lupa de la Justicia por casos de corrupción que involucran el manejo de las licencias de conducir. Según la investigación periodística, la dependencia fue escenario de un creciente nepotismo, donde Ana Mariela Gómez, quien se presenta como “vicedirectora” del área, favorece a su círculo familiar cercano.

Entre los implicados se encuentran su hijo Matías Lovato, que según la publicación de Cuenca habría intentado obtener beneficios laborales a pesar de un sumario administrativo en su contra por solicitar sobornos. Lovato habría exigido 300 mil pesos a cambio de retirar multas, un hecho por el que se pidió un sumario administrativo el 5 de junio bajo el expediente EX-2024-00136096-MUNIMDP-DGLT#SLTH, aunque hasta el momento el proceso permanece “dormido”. La investigación también apunta a que Gómez utilizó su influencia para garantizar que Lovato sea efectivizado en la Municipalidad, evitando consecuencias por sus actos.

– Ana Mariela Gómez

El nepotismo no termina con Matías. El otro hijo de Gómez, Julián Lovato, también habría ingresado al Municipio gracias a la influencia de su madre, al igual que la pareja de este, Ana Lucero, que actualmente trabaja en el área de licencias de conducir, presuntamente buscando también asegurarse una posición fija en la administración pública.

Además de las denuncias por nepotismo, Gómez fue acusada de maltratos y persecución laboral, con reportes de una orden de restricción en su contra, relacionada no solo con sus compañeros de trabajo, sino también con vecinos del barrio Aeroparque, quienes habrían sido afectados por sus acciones.

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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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