Mar del Plata | Con la defensa de Furundarena, la Justicia falló a favor del SECTOR PRIVADO y expuso la falencia de los DNU de la cuarentena

La Justicia falló a favor del sector privado en Mar del Plata y expuso la falencia de los decretos nacionales.
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La “Plandemia” dio para todo tipo de avances sobre la libertad y Mar del Plata no pudo escaparle a ello entre las multas que se quisieron imponer desde el Gobierno provincial, con injerencia ilegal de los decretos nacionales del presidente Alberto Fernández. Los cuales llegaron a rondar contra los comercios entre 200 mil y 300 mil pesos.

El abogado liberal Leandro Furundarena, dejó en evidencia lo inconstitucional de los DNU que se emitieron durante el confinamiento.

Asimismo, el reconocido abogado y referente del liberalismo en Mar del Plata, Leandro Furundarena, se encargó de llevar adelante la apelación de un comerciante y darle retroceso a un avance del oficialismo por sobre el sector privado. En este caso, el joven formado por obra del catedrático Daniel Sabsay luchó en soledad contra el sistema.

A través de sus redes sociales, el integrante del equipo de Propuesta Republicana (PRO) mencionó “la importancia de la correcta aplicación sobre el derecho constitucional”. Dejando en ridículo los decretos nacionales 235/21 y 1033/20 con sus respectivas modificaciones, sumado al provincial 1/21. Los mismos buscaban como punto el límite de capacidad permitido durante la “Plandemia” del Covid-19.

Apelación presentada por el abogado Leandro Furundarena.

El Tribunal de Faltas le dio la derecha a Furundarena y sus clientes, quienes estaban siendo víctimas del Estado, el cual ni siquiera veló por la crisis generada a causa del contexto sanitario vivido. “Esto deja en evidencia que los decretos nacionales no pueden ser aplicados para aplicar multas”, expresó el reconocido abogado a este medio.

Todo ello sin contemplar que uno de los decretos citados 8814/77, el cual estableció el monto de la multa. Sin ir más lejos, se trata de un plexo aprobado durante el Proceso de Reorganización Nacional. Una total locura por parte del Gobierno nacional.

*Fuente: Ulises Catriel Cuenca


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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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