Mar del Plata | Con la defensa de Furundarena, la Justicia falló a favor del SECTOR PRIVADO y expuso la falencia de los DNU de la cuarentena
La Justicia falló a favor del sector privado en Mar del Plata y expuso la falencia de los decretos nacionales.
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La “Plandemia” dio para todo tipo de avances sobre la libertad y Mar del Plata no pudo escaparle a ello entre las multas que se quisieron imponer desde el Gobierno provincial, con injerencia ilegal de los decretos nacionales del presidente Alberto Fernández. Los cuales llegaron a rondar contra los comercios entre 200 mil y 300 mil pesos.
El abogado liberal Leandro Furundarena, dejó en evidencia lo inconstitucional de los DNU que se emitieron durante el confinamiento.
Asimismo, el reconocido abogado y referente del liberalismo en Mar del Plata, Leandro Furundarena, se encargó de llevar adelante la apelación de un comerciante y darle retroceso a un avance del oficialismo por sobre el sector privado. En este caso, el joven formado por obra del catedrático Daniel Sabsay luchó en soledad contra el sistema.
A través de sus redes sociales, el integrante del equipo de Propuesta Republicana (PRO) mencionó “la importancia de la correcta aplicación sobre el derecho constitucional”. Dejando en ridículo los decretos nacionales 235/21 y 1033/20 con sus respectivas modificaciones, sumado al provincial 1/21. Los mismos buscaban como punto el límite de capacidad permitido durante la “Plandemia” del Covid-19.
Apelación presentada por el abogado Leandro Furundarena.
El Tribunal de Faltas le dio la derecha a Furundarena y sus clientes, quienes estaban siendo víctimas del Estado, el cual ni siquiera veló por la crisis generada a causa del contexto sanitario vivido. “Esto deja en evidencia que los decretos nacionales no pueden ser aplicados para aplicar multas”, expresó el reconocido abogado a este medio.
Todo ello sin contemplar que uno de los decretos citados 8814/77, el cual estableció el monto de la multa. Sin ir más lejos, se trata de un plexo aprobado durante el Proceso de Reorganización Nacional. Una total locura por parte del Gobierno nacional.
*Fuente: Ulises Catriel Cuenca
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La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.
La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.
La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.
Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.
Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.
De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.
Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.
Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.
La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.
En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.
En pleno debate por el Presupuesto 2026, el correntino Lisandro Almirón celebró un listado de rutas y obras para su provincia como un logro del oficialismo. La oposición le marcó en el recinto que leyó el dictamen de minoría de Unión por la Patria.
Otro hecho consumado entierra aún más la imagen de la libertaria y diputada nacional, Lorena Villaverde. Se trata de una nueva demanda en Las Grutas que continúa socavando la imagen de la congresista con presuntos vínculos con el narcotráfico.
