13 septiembre, 2025

“La voy a violar para vos”: Los mensajes por los que pidieron la detención de Guazzora

El militante K le ofreció dinero a la madre de una adolescente para poder abusar de ella. Las sumas iban de 50 mil a 100 mil pesos. La Justicia dio a conocer una serie de mensajes que el prófugo envió a la madre víctima.
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Este jueves, una serie de mensajes aportados a la causa por corrupción de menores contra el ex precandidato a diputado provincial por el partido de Guillermo Moreno, Principios y Valores, Ezequiel Guazzora, fueron claves para probar las actitudes del acusado. En los mismos se lee como ofrece una suma de dinero para “violar” a una menor.

El periodista militante, de 40 años, fue denunciado por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La organización presentó varias capturas de pantalla de chats que el sospechoso mantuvo con una mujer de 44 años. 

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Los mensajes enviados desde su cuenta de Instagram oficial, la cual usa para exponer sus entrevistas callejeras y su militancia para con Cristina Kirchner, forman parte del expediente y dan cuenta de la intención del ahora prófugo de pagarle a la madre de la víctima para que tener relaciones sexuales con la menor. En el intercambio de mensajes publicado por el medio Infobae se expone el número de CBU que la implicada intercambia con Guazzora, al mismo que finalmente transfirió una suma de $100.000.

Los mensajes enviados por Guazzora son altamente explícitos y hacen mención a su intención de abusar de la adolescente: “La voy a violar para vos”, le escribió a la madre. “Me la hubieras dejado c… cuando tenía 8 añitos”, suma.

Luego el notero callejero, ofreció: “¿Si le muestro la platita se entrega? 50 mil a cada una, 100 mil querés?”. “Videos y mucha platita, gringa. Tapándole la cara”. Lo que encendió las alarmas de los investigadores es que en el mismo chat hacen mención a otras posibles víctimas. “¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle la plata a la madre?”, insiste.

Una de las respuestas de la mujer detenida que se pueden leer en los mensajes filtrados es una recriminación: “Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra”. A lo que Guazzora respondió: “Nunca te fallé, ¿ok?”.

Fuente: Periodismo y Punto

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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