La pyme láctea que fue bloqueada obtuvo un fallo favorable en la Justicia: “Es un poco de oxígeno”

El magistrado José Ignacio Ramonet aceptó las apelaciones de la empresa, que había sido obligada a reincorporar a 29 trabajadores que paralizaron su planta en 2022 y fue embargada por más de 5 millones de pesos.
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La firma Lácteos Vidal de Carlos Casares, que fue bloqueada durante varias semanas en 2022, obtuvo un fallo favorable en la Justicia. El magistrado José Ignacio Ramonet, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 69, dio lugar a los pedidos de la compañía tras la movilización, organizada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, que se realizó este viernes en la dependencia judicial en contra de las anteriores resoluciones.

La empresa había despedido a 26 empleados y cesanteado a 3 delegados sindicales que habían participado de la medida de fuerza que durante varias semanas de 2022 impulsó la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina en la planta de Moctezuma (partido de Carlos Casares). En su lugar, contrató a 25 nuevos empleados.

Sin embargo, la Justicia le ordenó reincorporar a los despedidos bajo el apercibimiento de pagar una multa de 10 mil pesos por cada uno de los empleados por cada día que se demorara a cumplir con la medida. En total, la empresa debía desembolsar un total de 290 mil de manera diaria. En ese marco, Ramonet le había impuesto un embargo de 5.044.000 contra la empresa, que se habían acumulado por el incumplimiento de la orden judicial.

Pero ahora el juez concedió la apelación a las resolución que denegaba la sustitución del embargo por un camión y 2 acoplados. También hizo lugar a la impugnación a la liquidación de astreintes (sanción por demorar el cumplimiento de una orden judicial) impuesta por los 26 despedidos. Y ordenó la indisponibilidad de los fondos embargados, que quedarán en una cuenta del Banco Ciudad, en plazo fijo y en dólares.

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La empresa de Carlos Casares, que fue bloqueada durante varias semanas en 2022, logró que la Justicia les diera lugar a algunos de sus planteos.

Tras conocerse la noticia, la dueña de la empresa, Alejandra Bada Vázquez, dijo que esta decisión les da “un poco de oxígeno”.

Movilización en apoyo a la empresa

A partir de una convocatoria del MEAB, organizaciones empresariales y asociaciones de productores habían ido este viernes al Juzgado de Trabajo 69 de CABA para apoyar a la pyme y entregar un petitorio para que se revea el fallo. Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas criticaron además duramente al juez Ignacio Ramonet por sus fallos en contra de la pyme.

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El conflicto de Lácteos Vidal se remonta a casi un año atrás, cuando la empresa sufrió bloqueos, amenazas y la imposibilidad de poner en marcha su producción.

“Pareciera que la Justicia laboral está empeñada en complicar cada vez más la situación de una pyme que nunca incumplió con los trabajadores, ni con ninguna de sus obligaciones”, sostuvieron en un comunicado previo a que se conozcan las nuevas determinaciones.

La invasión a la propiedad privada, las amenazas y la imposibilidad de poner en marcha la producción de lácteos fueron los motivos iniciales del pedido de la empresa para que los trabajadores se presenten en sus puestos, la negativa derivó en una pérdida de confianza que dio lugar a los despidos, a la liquidación de salarios que estuvo seguida de la presentación de una cautelar a destiempo de la que se ciñe el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo para presionar para la recontratación de 26 personas”, afirmaron desde la cámara.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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