La pyme láctea que fue bloqueada obtuvo un fallo favorable en la Justicia: “Es un poco de oxígeno”

El magistrado José Ignacio Ramonet aceptó las apelaciones de la empresa, que había sido obligada a reincorporar a 29 trabajadores que paralizaron su planta en 2022 y fue embargada por más de 5 millones de pesos.
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La firma Lácteos Vidal de Carlos Casares, que fue bloqueada durante varias semanas en 2022, obtuvo un fallo favorable en la Justicia. El magistrado José Ignacio Ramonet, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 69, dio lugar a los pedidos de la compañía tras la movilización, organizada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, que se realizó este viernes en la dependencia judicial en contra de las anteriores resoluciones.

La empresa había despedido a 26 empleados y cesanteado a 3 delegados sindicales que habían participado de la medida de fuerza que durante varias semanas de 2022 impulsó la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina en la planta de Moctezuma (partido de Carlos Casares). En su lugar, contrató a 25 nuevos empleados.

Sin embargo, la Justicia le ordenó reincorporar a los despedidos bajo el apercibimiento de pagar una multa de 10 mil pesos por cada uno de los empleados por cada día que se demorara a cumplir con la medida. En total, la empresa debía desembolsar un total de 290 mil de manera diaria. En ese marco, Ramonet le había impuesto un embargo de 5.044.000 contra la empresa, que se habían acumulado por el incumplimiento de la orden judicial.

Pero ahora el juez concedió la apelación a las resolución que denegaba la sustitución del embargo por un camión y 2 acoplados. También hizo lugar a la impugnación a la liquidación de astreintes (sanción por demorar el cumplimiento de una orden judicial) impuesta por los 26 despedidos. Y ordenó la indisponibilidad de los fondos embargados, que quedarán en una cuenta del Banco Ciudad, en plazo fijo y en dólares.

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La empresa de Carlos Casares, que fue bloqueada durante varias semanas en 2022, logró que la Justicia les diera lugar a algunos de sus planteos.

Tras conocerse la noticia, la dueña de la empresa, Alejandra Bada Vázquez, dijo que esta decisión les da “un poco de oxígeno”.

Movilización en apoyo a la empresa

A partir de una convocatoria del MEAB, organizaciones empresariales y asociaciones de productores habían ido este viernes al Juzgado de Trabajo 69 de CABA para apoyar a la pyme y entregar un petitorio para que se revea el fallo. Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas criticaron además duramente al juez Ignacio Ramonet por sus fallos en contra de la pyme.

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El conflicto de Lácteos Vidal se remonta a casi un año atrás, cuando la empresa sufrió bloqueos, amenazas y la imposibilidad de poner en marcha su producción.

“Pareciera que la Justicia laboral está empeñada en complicar cada vez más la situación de una pyme que nunca incumplió con los trabajadores, ni con ninguna de sus obligaciones”, sostuvieron en un comunicado previo a que se conozcan las nuevas determinaciones.

La invasión a la propiedad privada, las amenazas y la imposibilidad de poner en marcha la producción de lácteos fueron los motivos iniciales del pedido de la empresa para que los trabajadores se presenten en sus puestos, la negativa derivó en una pérdida de confianza que dio lugar a los despidos, a la liquidación de salarios que estuvo seguida de la presentación de una cautelar a destiempo de la que se ciñe el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo para presionar para la recontratación de 26 personas”, afirmaron desde la cámara.

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Tucumán | La Justicia prohibió a un medio televisivo emitir críticas a fiscales y jueces durante seis meses

La Justicia de Tucumán dictó como medida cautelar prohibir al canal de televisión Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y a los trabajadores de dicha empresa realizar críticas a jueces y fiscales. La decisión judicial generó reacciones negativas y la Asociación de Prensa (APT) de esa provincia calificó que el fallo constituye “un atentado directo a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada”.

La resolución, firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, prohíbe durante seis meses a una de las principales empresas de comunicación de Tucumán y a su personal emitir contenidos que desacrediten o cuestionen la labor de fiscales y jueces provinciales. El fallo advierte que cualquier incumplimiento será sancionado por “desobediencia judicial”.

La sentencia, fechada el 4 de noviembre, responde a una denuncia presentada por el ministro fiscal de la Corte Suprema Provincial, Edmundo Jesús Jiménez, contra Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, director y presidente de CCC. Se lo acusa de “entorpecer y ofender el ejercicio de funciones públicas, ejercer coacción institucional e incitar a la violencia o al descrédito institucional” a través de su labor periodística.

El conflicto de fondo surge por el malestar del jefe de los fiscales tucumanos, luego de que en distintas entrevistas y programas emitidos por CCC se cuestionara el desempeño de los fiscales alineados con Jiménez en “causas de alto perfil público”. Según la sentencia, el propietario del medio de comunicación habría “llevado a cabo una campaña pública de hostigamiento y ataque mediático contra distintos fiscales”.

El texto agrega que en CCC se compartirían “expresiones tendenciosas, descontextualizadas y maliciosas” con la intención de distorsionar hechos investigados y el objetivo de “socavar la confianza pública en la administración de justicia”.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, al ser consultado sobre la controversial resolución, respondió ante la prensa: “Son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones”.

Además, consideró que “hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa. Tienen la vía judicial. Y esto es lo bueno que tiene la democracia y que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno”, remarcó.

En paralelo, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) cuestionó la medida y planteó que “afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía”, y su aplicación “pondría en riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos de raigambre constitucional, además de representar un claro acto de censura previa”.

Por su parte la APT señaló en un comunicado: “La Constitución Argentina en su art. 14 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 13 son contundentes al prohibir toda clase de censura previa directa o indirecta como garantía de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esta garantía se refuerza cuando se trata de asuntos de interés público y funcionarios públicos”.

Y concluye: “Por dicho motivo, no es viable ninguna clase de censura previa legislativa, administrativa o judicial. Solo proceden las responsabilidades ulteriores que puede generar lo expresado siempre que estén fijadas por ley y sean proporcionales”.

ESCÁNDALO: Detuvieron a un concejal de LLA por amenazar a su pareja con un arma

El concejal electo de La Libertad Avanza en San Vicente, Ignacio “Nacho” Contreras, de 51 años, fue detenido ayer domingo acusado de amenazar a su pareja con un arma de fuego y de realizar disparos dentro de su vivienda. El dirigente liberal, empresario y propietario de la reconocida cadena de comercios “Lácteos Mi Viejo”, había sido electo en las elecciones municipales del 7 de septiembre y tenía previsto asumir su banca en el Concejo Deliberante el próximo 10 de diciembre.

El episodio tuvo lugar en el campo “Mi Viejo”, ubicado sobre el camino Once Boca, una propiedad rural perteneciente a Contreras. Según indicaron fuentes policiales, efectivos del Comando de Prevención Rural de San Vicente acudieron al lugar luego de recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre un conflicto familiar y detonaciones de arma de fuego en el interior del inmueble. Cuando los agentes llegaron, la situación estaba bajo tensión y fue necesario intervenir con precaución para resguardar la seguridad de los presentes.

Los uniformados se entrevistaron con su pareja, una mujer de 24 años, quien declaró que había mantenido una fuerte discusión con el libertario y que, en medio del altercado, el hombre habría efectuado al menos dos disparos dentro de la casa. Durante la inspección ocular, los agentes hallaron una pistola calibre 9 milímetros en el baño de la planta baja, junto a varias vainas servidas, además de constatar un notable desorden general en el interior de la vivienda. El arma fue secuestrada y será sometida a peritajes balísticos para determinar si coincide con los proyectiles encontrados.

Tras comunicarse con la fiscal Karina Guyot, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción descentralizada de San Vicente, se ordenó la inmediata aprehensión del concejal electo, la intervención de peritos especializados en criminalística y el secuestro de los elementos encontrados en la escena. La causa fue caratulada como amenazas agravadas, dado el uso del arma de fuego como medio de intimidación.

El mensaje del armador de LLA, Sebastián Pareja

Contreras fue trasladado a la Comisaría Primera de San Vicente, donde permanece detenido a la espera de una resolución judicial sobre su situación procesal. Por su parte, la joven fue acompañada a la Comisaría de la Mujer y la Familia del distrito, donde brindó su testimonio formal y recibió asistencia del personal especializado en casos de violencia de género.

De forma paralela, en las últimas horas se viralizó un video, presuntamente grabado por la víctima, en el que se observa una discusión entre ambos por una supuesta infidelidad del dirigente libertario. El material fue difundido inicialmente en redes sociales y en grupos de mensajería, y según las fuentes consultadas, el intercambio habría precedido a los disparos que derivaron en la denuncia y posterior intervención policial.

Las autoridades judiciales trabajan para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar el grado de responsabilidad del acusado. Mientras tanto, el hecho provocó una fuerte conmoción política en San Vicente, ya que Contreras encabezó la lista local de La Libertad Avanza en las últimas elecciones y estaba próximo a asumir su banca en el Concejo Deliberante. Hasta el momento, el espacio político no emitió declaraciones oficiales sobre la detención de su representante.

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