12 marzo, 2025

La Justicia elevó a juicio oral la denuncia por violencia de género contra Martín Gill, el ministro de Llaryora

La jueza María Dottori confirmó la elevación a juicio de Martín Gill, ministro en licencia de Córdoba, por hechos de violencia de género contra su expareja. La defensa intentó frenar el proceso, pero la magistrada rechazó el planteo.
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El ex intendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba en uso de licencia, Martín Rodrigo Gill, enfrentará un juicio por lesiones leves calificadas en perjuicio de su expareja, Lourdes Astudillo. La jueza de Control de Villa María, María Soledad Dottori, ratificó la elevación a juicio tras rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa de Gill, que cuestionaba la investigación liderada por la fiscal Juliana Companys.

Esta decisión, emitida en una resolución de 104 páginas hoy 8 de noviembre, marca un avance crucial en la causa que sacude a la política cordobesa y al gabinete del gobernador, Martín Llaryora.

Astudillo denunció a Gill en marzo de 2023, alegando un historial de violencia física y psicológica durante su relación con el funcionario, quien en ese momento ocupaba el cargo de intendente de Villa María.

Entre las acusaciones más graves, la víctima afirmó haber sido presionada por Gill para abortar en 2022, asegurando que él la instigó a tomar la decisión argumentando que un embarazo perjudicaría su vida profesional. La denuncia describe, además, dos episodios específicos de agresión ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill la agredió físicamente durante discusiones en su departamento.

LAS AGRESIONES DENUNCIADAS

La jueza Dottori detalló en su fallo los dos episodios que sustentan la acusación contra el ministro de Llaryora. El primer incidente, registrado el 3 de diciembre de 2022, ocurrió en el departamento de Gill en Villa María. Según la denuncia, la discusión comenzó por la ausencia de métodos anticonceptivos en un cajón. En medio del altercado, Gill habría zamarreado a Astudillo, quien sufrió hematomas en el brazo derecho, según el informe forense, que estimó 15 días de curación.

El segundo incidente tuvo lugar el 28 de enero de 2023, cuando, durante otra discusión en el departamento de Astudillo, Gill la empujó contra la pared mientras ella reclamaba las llaves del inmueble. El informe médico reveló hematomas en el abdomen, hombro y brazos de Astudillo, con lesiones similares a las reportadas en el episodio previo. La fiscal Companys reunió estas pruebas para fundamentar la acusación y solicitó en marzo de este año la elevación a juicio, argumentando que las evidencias eran suficientes para sustentar la acusación.

Córdoba | Martín Gill, el ministro K de Llaryora que molió a golpes y obligó a abortar a su ex pareja

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La defensa de Gill, a cargo del abogado Eduardo Luis Rodríguez, intentó frenar el juicio al solicitar la nulidad del proceso. Rodríguez alegó que, tras asumir como ministro en diciembre de 2023, Gill debería haber sido investigado por un juez, no por una fiscal. Sin embargo, la jueza Dottori desestimó este argumento, afirmando que el proceso judicial comenzó antes de que Gill asumiera su cargo ministerial y, por tanto, no le correspondía ningún privilegio jurisdiccional en esta causa. Además, la magistrada destacó que el propio Gill había aceptado ser interrogado por la fiscal Companys en marzo, sin objetar en aquel momento la autoridad de la fiscalía.

En su resolución, la jueza consideró que “las pruebas reunidas en el curso de esta instrucción tienen aptitud lógica y valor convictivo suficiente para arribar al estado intelectual de probabilidad que se exige en esta instancia para sustentar la acusación del imputado”.

Redacción

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River denunció penalmente a Foster Gillett y a su apoderado por el trunco traspaso de Villagra

River Plate denunció este martes a Foster Gillett, magnate estadounidense que había prometido invertir en el fútbol argentino, y a su apoderado local, Guillermo Tofoni, por los delitos de “estafa y defraudación” en la frustrada compra del pase de Rodrigo Villagra. La institución de Núñez sostuvo que “la maniobra desplegada por los empresarios causó graves perjuicios” a su patrimonio y consideró que existió “desbaratamiento de derechos acordados”.

La presentación judicial fue realizada por el apoderado de River, Julio Peña Estrada, quien también incluyó a Juan Manuel Cobián –mencionado en documentos como CEO del grupo Gillett– y a cualquier persona que “haya prestado su concurso o colaboración” en el presunto ilícito. Además, el club pidió un “allanamiento de forma urgente” a las oficinas de Tofoni en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido bonaerense de San Martín para secuestrar documentación y dispositivos electrónicos vinculados con la operación.

– Jorge Pablo Brito, presidente de River

El conflicto se originó a fines de enero, cuando River creyó que iba a desprenderse de Villagra mediante la ejecución de su cláusula de rescisión, valorada en una cifra cercana a los 10 millones de dólares (algunas versiones indican que podía trepar a 12 millones). Con el acuerdo supuestamente encaminado, el futbolista dejó de entrenarse con el plantel y la dirigencia avanzó en la búsqueda de un reemplazante (Kevin Castaño, fichado este último martes). Sin embargo, con el correr de las semanas, el pago nunca se concretó. Villagra terminó sin actividad oficial y, finalmente, fue transferido al CSKA de Moscú por cuatro millones de dólares a cambio del 50 por ciento de su pase.

La relación entre River y Gillett ya arrastraba diferencias. El exaccionista del Liverpool había concretado antes la llegada de Cristian Medina desde Boca, para luego cederlo a Estudiantes de La Plata, e hizo contactos con otros clubes como Vélez y Colón por las fichas de Valentín Gómez y Facundo Farías, respectivamente. Tras el fallido traspaso de Villagra, en el club de Núñez se mostraron molestos por lo que entendieron como “desprolijidades” que afectaron de manera directa al mediocampista y, por ende, a las finanzas de la institución.

– Tras las negociaciones frustradas con Foster Gillett, Rodrigo Villagra fue vendido a CSKA de Moscú (Rusia)

Además de verse involucrado en las negociaciones por Villagra, Gillett interfirió en la charla que mantenía River con Austin FC de la MLS para repatriar a Sebastián Driussi, lo que, según fuentes de la institución, endureció la postura del equipo estadounidense. Esta sucesión de episodios derivó en la decisión de llevar el caso ante la Justicia.

Por su parte, Guillermo Tofoni, apoderado de Gillett en Argentina y CEO de World Eleven, respondió: “Es una denuncia sin ningún sentido, ni argumento, porque no hubo contrato firmado. Si no hubo contrato firmado, no hubo daño. Es como que me quieras hacer un juicio porque no te vendí la casa. Él se quedó con el activo, que en este caso es el jugador, y no hubo contrato firmado”. Aclaró también que “personalmente no estuve en ninguna negociación, pero independientemente de esto, que sí los abogados se pasaron borradores de contrato, nunca me avisaron que firmaron un contrato, ni firmé ningún contrato. Incluso si se hubiera firmado y no se hubiera pagado, River no te liberaba el activo y listo”.

– Gillette y Tofoni

Semanas atrás, Tofoni ya había asegurado que “Foster no debe nada porque no se firmó absolutamente nada. Ni Foster firmó con el jugador, ni firmó con River Plate. Por lo cual, Foster no está debiendo nada, no se cometió ningún tipo de desprolijidad en ese sentido”. Y agregó que el problema fue “la especulación de esta posible compra de Foster que al final no se ejecutó”, además de recalcar que “todos los acuerdos que se firman son bajo escribanía. Por lo cual, en este caso, no hubo ningún acuerdo. Ni con el representante del jugador, ni con el jugador, ni con la institución. Foster en ese caso no está debiendo absolutamente ningún pago”.

En relación con la transferencia fallida, Tofoni afirmó que los abogados de su parte “analizarán esta presentación que hizo el apoderado de River para evaluar futuros daños y perjuicios”. Mientras tanto, la causa seguirá su curso judicial una vez que se defina el juzgado a cargo, según informaron fuentes cercanas al club de Núñez.

Redacción

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Detuvieron a un “empresario” boliviano que vendía terrenos con papeles truchos por Tik ToK

La Policía Bonaerense detuvo a Joseph Charly Ponce Sarzuri, de 31 años y nacionalidad boliviana, acusado de ofrecer terrenos en un presunto emprendimiento inmobiliario por un valor total de USD 30 millones.

El predio de 300 hectáreas se encontraba en el kilómetro 41 de la Ruta Nacional Nº 3, en la intersección de Anastacia Girardot y Areco, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Según la DDI de La Matanza, Ponce Sarzuri prometía la futura construcción de un barrio denominado “Simón Bolívar”.

La investigación comenzó tras denuncias recibidas el jueves pasado, cuando la Municipalidad de La Matanza detectó la supuesta venta ilegal de lotes. El imputado publicitaba los terrenos, valuados en 3.000 dólares cada uno por 300 metros cuadrados, a través de TikTok, donde se observaban videos con gazebos, globos y referencias a un trámite ante escribanía. Al menos 45 personas llegaron al predio en un micro escolar provisto por los vendedores, con puntos de partida en Plaza Flores, Villa Celina y la zona del Bingo de Ciudadela.

Personal encubierto de la DDI de La Matanza se hizo pasar por interesado y observó cómo se montaba una mesa con planos detallando la distribución de los lotes, presenciando además la venta de uno de ellos. Toda la maniobra quedó documentada desde un dron que sobrevoló la zona. Acto seguido, la fuerza policial desplegó el operativo y procedió a la aprehensión de Ponce Sarzuri, en una causa caratulada como tentativa de estafa (IPP 05-00-0011519-25) bajo la órbita de la UFI N°8 de la fiscal Alejandra Núñez.

Las autoridades secuestraron documentación vinculada con la comercialización de los terrenos y el micro escolar marca Agrale MT 12.0 LE dominio IVF181 utilizado para el traslado. También se tomaron testimoniales al conductor del ómnibus, al cuidador del predio y a los presuntos compradores. Hasta el momento, no se estableció con exactitud el monto real abonado por las víctimas, aunque la oferta general se valuó en USD 30 millones.

En febrero del año pasado, Ponce Sarzuri conformó la firma “Las Américas de Simón Bolívar” junto a dos compatriotas, registrada supuestamente para el rubro inmobiliario. Además, existe otra sociedad denominada “Simón Bolivar Group”, con CUIL y sede en el Bajo Flores, constituida en noviembre último por dos comerciantes bolivianos.

El nombre de al menos uno de ellos, o el de esta empresa, no figuraba en la documentación incautada. El imputado, domiciliado en Aldo Bonzi (Provincia de Buenos Aires) quedó a disposición de la Justicia para aclarar su participación en la maniobra y determinar el alcance total de la estafa.

Redacción

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Inició el juicio a seis mapuches por usurpación de tierras en Villa Mascardi

Los acusados, Betiana Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Jésica Bonnefoi, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana, están imputados por diversos hechos relacionados con la ocupación ilegal de tierras en la zona, en particular, de terrenos que forman parte del Parque Nacional Nahuel Huapi y otras propiedades privadas.

Las audiencias comienzan hoy, continuarán mañana y el 27 de febrero. Se retomarán en abril, cuyas fechas establecidas son el 10, 12 y 13, 20 y 31 de ese mes, según las previsiones iniciales y si no se desiste de testigos.

La causa que se sigue contra los miembros de la lof Lafken Winkul Mapu tiene como eje hechos ocurridos entre 2018 y 2022, es decir, posteriores a los incidentes de la irrupción inicial en 2017. En esa época, la comunidad había comenzado a ocupar terrenos de Parques Nacionales y propiedades privadas, lo que derivó en la intervención del Estado y el desalojo de tierras en 2022. 

Entre los múltiples cargos por usurpación se encuentran la ocupación del exhotel de Mascardi, en el predio de Parques Nacionales y la toma de la estancia Los Radales, perteneciente a una empresa privada. 

Además, algunos de los imputados son señalados por un ataque armado contra un tráiler de la Gendarmería Nacional en la misma zona, hecho que ocurrió durante un operativo de seguridad en la región.

El juicio se desarrolla bajo la supervisión del juez federal, Alejandro Silva, quien ya había presidido el juicio por la muerte del joven mapuche, Rafael Nahuel, en 2017. La causa cuenta con la presencia de los fiscales, quienes llevarán adelante las imputaciones, mientras que los acusados son defendidos por un grupo de abogados encabezados por Gustavo Franquet. Este último, que también estuvo al frente de la defensa de la comunidad mapuche en el juicio por la muerte de Nahuel, tendrá un papel central en este proceso judicial.

– El predio Los Radales había sido atacado por la comunidad mapuche en 2022

La comunidad Lafken Winkul Mapu ha rechazado la acusación y sostiene que las tierras en disputa les pertenecen históricamente. En un comunicado público, los mapuches reafirmaron su reclamo territorial y argumentaron que las tierras de Villa Mascardi son parte de su ancestral “Wallmapu”, el territorio originario que ocuparon sus ancestros antes de la llegada de los colonos y la posterior creación de los parques nacionales. Además, afirman que el Estado argentino “no ha cumplido con los acuerdos” y que las tomas de tierras “responden a un derecho histórico y legítimo del pueblo mapuche”.

Los incidentes de violencia, las tomas de tierras y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se han convertido en una constante en esta zona, y la judicialización de estos casos ha sido uno de los ejes principales de la gestión de la actual administración.

Redacción

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El Gobierno denunció desvío de fondos del INAI para financiar litigios contra el Estado

Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), presentó ante la Justicia una denuncia penal con el objetivo de “determinar las responsabilidades en el otorgamiento de subsidios no reintegrables a comunidades y/o grupos autoidentificados como organizaciones indígenas”. La demanda hace referencia a los fondos del Programa de Fortalecimiento Comunitario, creado en 2003.

Las irregularidades fueron detectadas tras dos auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y revelan que parte de los 1.200 millones de pesos otorgados fueron destinados al pago de abogados que litigaron contra el Estado por conflictos relacionados con ocupaciones de tierras. Entre los señalados se encuentran organizaciones mapuches, algunas de las cuales fueron calificadas como “terroristas” por el gobierno de Javier Milei.

– Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Las auditorías realizadas por la SIGEN pusieron de manifiesto casos específicos con deficiencias en los controles. El Lof Che Buenuleo, en Río Negro, recibió $1.770.000 en 2023; el Lof Kinxikew, en Neuquén, obtuvo $1.950.000; y Newen Mapu, en Río Negro, recibió $4.480.000. En total, fueron varios subsidios que suman siete millones de pesos “sin control” y sin haber logrado el objetivo esperado: la regularización territorial.

Uso de los fondos transferidos por el INAI a comunidades indígenas

El Informe de Auditoría N° 08/2024 de la UAI-INAI revela que los fondos transferidos a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario tenían como objetivo principal financiar servicios jurídicos para las comunidades indígenas. Este programa, creado por la Resolución INAI N° 235/04, durante la gestión de la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en el gobierno de Néstor Kirchner, permitía a las comunidades acceder a subsidios para:

  • Defensas judiciales y asesoramiento legal, especialmente en litigios por territorios indígenas.
  • Pago de honorarios de abogados, escribanos y agrimensores.
  • Gestión de la propiedad comunitaria de las tierras ocupadas por las comunidades.
  • Capacitación legal y asesoramiento contable.
  • Elaboración e inscripción de mensuras.

Aunque Avruj no menciona nombres específicos en la denuncia penal, espera que la Justicia identifique a los responsables. En su denuncia, señala a los responsables del INAI durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

Las auditorías también evidencian irregularidades en los millonarios subsidios otorgados a integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), considerada como organización “terrorista”. Se destaca que estos fondos también fueron destinados a pagar abogados involucrados en conflictos por usurpación de terrenos e incendios en predios.

Por otro lado, Avruj calificó al Programa de Fortalecimiento Comunitario como una “obscenidad” y lo dio de baja mediante la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial. El funcionario denunció que los subsidios fueron utilizados “para litigar contra el Estado” y afirmó que el esquema “se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para defenderse en causas por diversos delitos”.

Redacción

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Casado fulminó a Manes: “En el ámbito médico estaba mal visto por vendehumo”

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó al diputado radical Facundo Manes durante la asamblea legislativa del sábado y afirmó que, en la profesión médica, “estaba mal visto por vendehumo”. Sus declaraciones provocaron un fuerte rechazo en la Unión Cívica Radical (UCR), particularmente de parte del diputado Julio Cobos, quien sostuvo que Casado “se equivocó profundamente”.

Casado, médica de profesión, reemplazó ese día al gobernador Alfredo Cornejo en el recinto. Tras presenciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, criticó el comportamiento de Manes: “Lo que vi en el Congreso, todo el tiempo interrumpiendo al Presidente y bravuconeando. No me pareció una buena postura”. Luego añadió: “Yo lo conocía como un profesional de la salud y en el ámbito médico (Manes) estaba mal visto por vendehumo”.

La vicegobernadora también minimizó el cruce que involucró a Manes y a Santiago Caputo, asesor presidencial: “No hay que derrochar tinta en una pelea entre dos ‘machitos’, una discusión entre dos hombres como si estuviesen en la tribuna”. Elogió, además, el rol de Caputo y aseguró que “le sumó muchísimo a Milei”.

La respuesta en defensa de Manes llegó rápidamente de la mano de Cobos, quien escribió en sus redes sociales: “No se trata de la profesionalidad del médico @ManesF, se trata de un diputado nacional de la Argentina patoteado en el Congreso por un importante representante del gobierno. Es inaceptable y condenable, aunque usted no lo entienda así”. Luego criticó con dureza a Caputo al sostener que “tienen una concepción obscena de impunidad del poder” y pidió a Casado que no avale tal postura, recordándole que representa “una institución fundamental para Mendoza” e integra “un gobierno radical”.

En sintonía con Cobos, los diputados radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri respaldaron a Manes al adherir al comunicado del bloque de la UCR, que calificó lo sucedido como “un atropello” que “no puede quedar sin responsables”. El texto alertó sobre “descalificaciones” durante el discurso y “agresiones” cuando Manes se retiraba del recinto.

Por su parte, Milei se refirió al incidente y aseguró: “Manes miente deliberadamente: dijo que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho. Me sorprendió que le den tanta entidad a una cosa tan marginal”. Al mismo tiempo, Casado se mostró alineada con la postura presidencial y afirmó: “Lo que se vio fue la pelea final con (Santiago) Caputo, pero Manes estuvo todo el tiempo enfrentando al presidente”.

– El cruce entre Caputo y Manes

La vicegobernadora también habló de diferencias internas dentro del radicalismo y describió a un sector de la Capital Federal, encabezado por Martín Lousteau, como un “radicalismo kirchnerizado”, mientras que señaló al radicalismo del interior como “más de acuerdo con las medidas de Milei”. Además, deslizó una crítica hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un distanciamiento con Milei pese a pertenecer al mismo espacio: “El problema de los vice es que aspiran a ser el número uno”.

Casado lamentó, además, la decisión de varios legisladores de no asistir al Congreso durante el discurso inaugural: “Fue chocante ver la mitad del recinto vacío. No apruebo el no ir. Es casi una obligación de los legisladores escuchar la asamblea que es para ellos”.

Redacción

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Denunciaron a Gildo Insfrán por comprar vehículos de alta gama con dinero del Estado

La provincia de Formosa enfrenta un nuevo escándalo de corrupción tras la denuncia presentada por la diputada provincial Gabriela Neme contra el gobernador, Gildo Insfrán, por la compra de camionetas de alta gama.

“No es como dice, que los denunciadores tenemos ideas de que ellos roban nomás. Él, su familia, sus amigos y sus privilegiados, les roban al pueblo de Formosa”, expresó en su video, a modo de reclamó.

Tras el fallo de la Corte Suprema en diciembre, que restringió las aspiraciones de reelección de Insfrán, y en medio de investigaciones previas por irregularidades en el manejo de fondos públicos en Formosa, nuevos documentos expuestos revelan un mayor fraude. Las pruebas indicarían un patrón de desviación de recursos estatales destinados a áreas esenciales como salud y seguridad, que habrían sido utilizados para la adquisición de bienes de uso personal por parte del mandatario.

La investigación impulsada por la funcionaria Gabriela Neme apunta a dos operaciones: la compra de una Toyota Land Cruiser 300, modelo 2022, y otra unidad idéntica adquirida en 2023. Según la documentación presentada, ambas transacciones, con un valor estimado de 300 millones de pesos cada una, habrían sido financiadas mediante transferencias provenientes del Fondo Fiduciario Provincial para Salud, Seguridad y Tecnología, algo que contravendría la Ley Provincial 1180 que regula el uso de fondos fiduciarios, según la legisladora.

El fondo investigado disponía de 3.800 millones de pesos al momento de las compras. Registros bancarios revelan transferencias sucesivas que redujeron el saldo en 600 millones de pesos durante el período en que se adquirieron los vehículos. La legisladora denuncia que estas operaciones se realizaron sin licitación pública y mediante contratación directa con concesionarias automotrices vinculadas a funcionarios provinciales.

“Tendrán que rendir cuentas, Gildo Insfrán y cada uno de sus cómplices por el mayor robo de la historia de Formosa, el mayor robo de la historia de Argentina”, agregó en su posteo en Instagram.

Este hecho forma parte de la investigación “Ruta del Dinero G”, impulsada por Neme y presentada en Comodoro Py, que reúne pruebas sobre presuntas malversaciones a través de empresas fantasma creadas para adjudicarse obras públicas que nunca se concretaron. Según la acusación, el esquema incluiría sobreprecios, facturación de servicios inexistentes y triangulación de pagos mediante cuentas offshore.

Organizaciones de derechos humanos han documentado reiteradamente las precarias condiciones del “recrudecimiento” del sistema sanitario formoseño. Neme también hizo otras denuncias como el “envío de fondos al Partido Justicialista por más de 1.660 millones, en 5 órdenes de pago en concepto de haberes” el pasado 7 de febrero, quedando radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Cabe recordar que en 2010, durante las negociaciones para refinanciar una deuda de 312 millones de pesos que Formosa mantenía con la Nación, la provincia contrató servicios de consultoría de The Old Fund por 7.6 millones de pesos, conectando a Insfrán con el entramado del entonces vicepresidente Amado Boudou, quien habría utilizado testaferros para controlar la empresa a través de la sociedad The Old Fund en la “Causa Ciccone”, donde se rastrearon transferencias desde el Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro) hacia la firma panameña North Automotive Inc., cuyos directivos incluían familiares de altos cargos provinciales.

Siendo este uno de los escándalos más emblemáticos de la Argentina contemporánea y cuyo epicentro se situó en las operaciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este mecanismo permitió emitir bonos por 312.9 millones de pesos para saldar obligaciones con el Estado nacional, proceso donde The Old Fund actuó como supuesta consultora, hasta que en noviembre de 2021 se dictó el fallo absolutorio, afirmando que “no existía vinculación entre los decretos de Insfrán y la contratación de The Old Fund”.

Redacción

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