El Superior Tribunal de Justicia provincial habilitó a miembros de las fuerzas de seguridad y defensa, cuyo número representa el 1,6% del padrón electoral, a votar en las elecciones legislativas del próximo 8 de junio. La medida revoca una disposición previa del Tribunal Electoral que, amparándose en el artículo 48 inciso 10 de la Constitución Provincial, había excluido a estos efectivos del padrón electoral .
La exclusión inicial generó controversia, ya que el mencionado artículo establece que “no podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las de seguridad nacionales y provinciales”. Sin embargo, el procurador provincial, Carlos Jorge Giménez, a solicitud del gobernador Hugo Passalacqua, emitió un dictamen en el que señaló que dicha prohibición contraviene la Constitución Nacional y tratados internacionales que garantizan el derecho al sufragio.
PROMUEVEN-DEMANDA-DE-DECLARACION-DE-INCONSTITUCIONALIDAD-DEL-INC-1La presidenta del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto a los ministros de la Corte, respaldó la incorporación de los efectivos al padrón electoral, bajo el argumento de que la restricción era “desproporcionada” y violaba principios constitucionales fundamentales .
Desde La Libertad Avanza, su candidato Diego Hartfield celebró la decisión, destacó el trabajo realizado por su equipo al presentar un amparo contra la exclusión: “Van a poder votar todas las fuerzas de seguridad. Gracias al tremendo laburo que hicimos desde LLA”, expresó en sus redes sociales .
Con la inclusión de los efectivos de seguridad en el padrón, se espera una participación más amplia en los comicios del 8 de junio, donde se renovarán 20 bancas de la Legislatura unicameral y se elegirán representantes en concejos deliberantes de 11 localidades.
El Tribunal Electoral de Misiones deberá ahora ajustar los padrones y garantizar la logística necesaria para que los nuevos votantes puedan ejercer su derecho sin inconvenientes. Se prevé una capacitación adicional para las autoridades de mesa y una coordinación estrecha con las fuerzas de seguridad para asegurar un proceso electoral transparente y ordenado.
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