La Justicia CONDENÓ al militante K Guazzora por VIOLENCIA DE GÉNERO

El TOF 3 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por amenazar en reiteradas ocasiones a una exdiputada del FPV.
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El militante K, Carlos Ezequiel Guazzora, fue condenado hoy a tres años de prisión en suspenso. El Tribunal Oral Federal 3 lo encontró culpable por amenazar (coacción reiterada) a la ex diputada del FPV, Stella Maris Córdoba.

El veredicto expandido por los jueces Andrés Fabián Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Feliciano Ríos, dictamina que Guazzora no irá a prisión ya que la condena fue dejada en suspenso. Sim embargo, el ferviente militante deberá cumplir ciertas pautas de conductas como las de “abstenerse de mantener todo tipo de contacto con Stella Maris Córdoba y realizar un curso sobre perspectiva de género”.

El imputado conoció a la actual directora del Instituto de la Vivienda de Tucumán en un bar, cuando era mozo. Construyeron un vínculo amoroso que se extendió a un vínculo laboral: Guazzora se desempeñó en el Ministerios de Justicia, luego en la Auditoría General de la Nación y finalmente recaló en comisión en el Consejo de la Magistratura, donde la legisladora fue consejera.

Data24.com.ar publicó en mayo de 2020 una noticia contando el hecho:

http://data24.com.ar/eze-guazzora-el-militante-k-que-amenaza-mujeres-y-tiene-causas-judiciales/

En un momento terminó el noviazgo pero siguió lo laboral. En este sentido, el militante argumenta que la diputada lo echó porque él empezó una relación con otra mujer.

Frente a estos dichos, el tribunal fue lapidario con Guazzora: “Están probados los hechos. No fue una reacción de enojo sino una reacción deliberada, reiterada en cuatro oportunidades, mediando violencia de género. No es relevante por qué fue cesanteado; una diputada puede decidir cómo conforma su equipo de trabajo. Lo que aquí se analiza es la conducta de Guazzora”.

La fiscalía confirmó la existencia de, por lo menos, cuatro episodios de amenazas por parte de Guazzora hacia su expareja.


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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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