18 septiembre, 2025

La Justicia busca determinar quién convocó a la Fiesta de Olivos y señala que se dieron pocos datos

La Justicia considera que hasta el momento se aportaron datos pocos claros y pidió más precisiones.
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Luego de que la Cámara de San Martín sostuvo que se tenía que seguir investigando a Alberto Fernández en la causa de “la fiesta de Olivos” por violación de la cuarentena, el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, lanzó una serie de medidas para determinar quién convocó a las personas que asistieron al cumpleaños de Fabiola Yañez.

El hecho ocurrió el 14 de julio de 2020, cuando en plena pandemia y bajo una cuarentena estricta ordenada por Alberto Fernández, invitados al cumpleaños de Yañez, comenzaron a llegar a la quinta de Olivos. En ese momento, estaba totalmente prohibido circular libremente en todo el territorio argentino ni mucho menos se podían llevar a cabo eventos sociales.

La falta de respeto al pueblo argentino por parte de Fernández y compañía, se dio a conocer recién en 2021, cuando no solo aparecieron fotos del cumpleaños, sino que, además, se pidieron y se mostraron los registros de ingreso a la quinta presidencial.

Todos los participantes de la fiesta, junto al presidente Fernández como principal imputado, son investigados por violación al decreto que estableció la cuarentena, además, el jefe de Estado está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, es lo que sostiene el artículo 205 del Código Penal y recae sobre los implicados en la fiesta de Olivos.

Este año, la Cámara de Apelaciones de San Martín le dio la razón al juez de instrucción que había rechazado el planteo del presidente para anular la causa por inexistencia del delito, justiciándose al decir que la fiesta “tuvo lugar dentro de la órbita de la intimidad familiar”.

Ahora bien, la justicia sostiene que todavía hay elementos para dejar el caso abierto y que el presidente debe continuar bajo investigación, al igual que su mujer Fabiola Yañez y el resto de los invitados.

Hace una semana, el fiscal Fernando Domínguez pidió nuevas medidas para conocer si existe registro de quien fue el responsable de realizar la convocatoria a la fiesta en Olivos el 14 de julio del 2020. El pedido fue a Casa Militar, y se busca saber, además, si las personas que concurrieron fue por pedido de alguien en particular y bajo que justificación. El caso, no solo es por la fiesta, sino también por un brindis de fin de año con funcionarios del Frente de Todos.

El gobierno ya entregó informes, y desde la Justicia consideran que lo entregado es poco claro, por lo que se pidieron mayores especificaciones sobre la columna de ingresos a la quinta de Olivos, ya que en la información brindada figuran, por ejemplo “chalet”, “primera dama”, “Jefatura”, “señor presidente” y “administración”.


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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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