Durante una entrevista con TN, Cecilia Goyeneche habló sobre el juicio en su contra y nuevamente señaló a Gustavo Bordet como el facilitador de su destitución, sucedida un mes y medio de la condena de Urribarri, y calificó la acción como una “venganza política”.

La ex fiscal fue destituida poco tiempo después de que se condenara al ex gobernador de Entre Ríos por otra causa encabezada por ella. Por lo que considera que esto sucedió con el objetivo de “cauterizar la situación para que no se vuelvan a realizar investigaciones de corrupción con esa fuerza y que los fiscales no se animen o titubeen antes de hacerlas”.

Asimismo, calificó como “ilógico” el dictamen en su contra e indicó que el actual gobernador, Gustavo Bordet, intervino en su destitución y que incluso se cometieron irregularidades en el proceso.

“Fue tan drástica la situación y las ganas que tenían de destituirme desde un primer momento en el jurado de enjuiciamiento, que en esos días modificaron la forma en la que se iba a llevar mi juzgamiento y eliminaron la acusación que establece la ley”, indicó Goyeneche.

La ex Procuradora Adjunta mencionó su sorpresa por “la impunidad” con la que se movían Urribarri y sus colaboradores y contó que durante la investigación encontraron lo que llamaron la “caja negra de la corrupción”. 

El pasado 7 de abril, Urribarri fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la administración pública. Investigación donde Goyeneche estaba a la cabeza.

Luego de esto, el pasado 23 de mayo la ex fiscal fue expulsada de su cargo, acusada de no haberse apartado de una causa sobre “contratos truchos en la legislatura” siendo que mantenía una relación cercana con uno de los imputados.

“No creo que me haya debido excusar porque esto se trata de una causa en donde se investigaba un desfalco enorme en la Legislatura entrerriana. Se descubrió casi por casualidad que estaban sustrayendo sumas de dinero durante más de diez años, desde 2008 a 2018. Determinamos que sería una suma aproximada de 53 millones de dólares la que se llevaron en ese período”, aseveró.