La Coalición Cívica denunció al gobierno de Córdoba por violar la Constitución Nacional para perpetuarse en el poder

Diputados y legisladores de Córdoba denuncian que el gobierno provincial quiere favorecer la re-reelección de un centenar de intendentes. Esto violaría el Art. º5 de la Constitución Nacional.
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El ARI-Coalición Cívica de Córdoba y el partido Encuentro Vecinal acudieron al Ministerio del Interior, comandado por Wado de Pedro, para evitar que se produzca la re-reelección de varios intendentes cordobeces que, según fundamentaron desde el partido, sería avalada a través de una medida por el Gobierno provincial.

“Denunciamos ante el Ministerio del Interior el intento del Gobierno de Córdoba de violar el Artículo º5 de la Constitución Nacional que impone la obligación del respetar la forma republicana de gobierno. Lo intimamos a que intervenga de forma inmediata o incurre en responsabilidad internacional”, detalló Gregorio Hernández Maqueda, presidente de la Asamblea Provincial de la Coalición Cívica ARI – Córdoba.

https://twitter.com/ghmaqueda/status/1602660636995059712?s=20&t=zj40VLY_C0bxjC3FWYk7GQ

La denuncia se oficializó mediante una carta donde los funcionarios opositores afirman que resulta “inminente” la “violación de la Constitución Nacional” por parte del gobierno provincial.

Asimismo, detalla que la iniciativa apunta a “suspender la vigencia del artículo 7 de la Ley Nro. 10406, que establece que el primer período que debe ser considerado para el cómputo de la reelección es el
2015-2019. Dicha propuesta sería aprobada el miércoles próximo o el último antes de fin de año, en la última sesión de la Unicameral antes del receso estival”.

Y añade: “La falta de alternancia política en los sistemas representativos y republicanos impacta con los mandatos constitucionales, altera el espíritu democrático y perjudica de lleno la protección de los derechos humanos“.

Por este y otros motivos detallados por los firmantes en el comunicado es que solicitaron que “el Gobierno Federal, a través del Ministerio del Interior, intime al Gobierno de la Provincia de Córdoba, a los efectos de que cese el proceder aquí denunciado, desista de sus pretensiones y convoque al diálogo a las demás fuerzas políticas de la democracia“, cierra.

La medida lleva los nombres de Leonor Martínez Villada – Diputada Nacional y presidente de la CC-ARI Córdoba; Juan Manuel López – Presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la CC; Cecilia Irazuzta – Legisladora Provincial CC-ARI; Gregorio Hernández Maqueda – Presidente de la Asamblea Provincial de la CC-ARI; Aurelio Garcia Elorrio – Ex legislador provincial; Gerardo Grosso – Legislador Provincial Encuentro Vecinal y María Rosa Marcone – Legisladora Provincial Encuentro Vecinal, que aún están a la espera de una respuesta por parte de Nación.

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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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