Kicillof declaró apenas $10 mil de ganancias por la venta de sus libros

Lejos de su postura keynesiana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha intentado subsistir con ingresos por fuera del amparo del estado. Sin embargo, demostró escasa habilidad para generar dinero en todos los rubros en los que incurrió.
Kicillof declaró apenas $10 mil de ganancias por la venta de sus libros
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No resulta extraño que durante sus numerosos discursos públicos, el gobernador Axel Kicillof se vea impelido a aclarar, una y otra vez, que no tiene nada contra el sector privado. Sin embargo, la ausencia de su gestión en el mercado de auxilio a este sector o la agobiante carga tributaria que pesa sobre él en la provincia de Buenos Aires, parecieran desmentir sus afirmaciones.

Un repaso por su escueta trayectoria en el mercado laboral privado puede tal vez aclarar el origen del distanciamiento y, eventualmente, el rencor del gobernador Kicillof para con el sector. Casi como una tarea psicoanalítica, el origen de la mala predisposición puede encontrarse en un pasado signado por el fracaso personal.

La llamativa declaración jurada del Gobernador Kicillof

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Su corta carrera en el mercado privado fue atravesada por intentonas sin mayor éxito y trabajos ingratos, como cuando fue docente auxiliar en cursos de lenguajes Basic, en el Instituto Politzer de Computación, o cuando fue empleado en el Centro de Estudios Urosexológicos y Andrológicos (CEUSA).

Alejado de lo que luego sería su carrera política, Kicillof ensayó además como empleado en el Centro de Educación, Terapia e Investigación de la Sexualidad y hasta en una clínica de cirugía plástica. En ningún caso llegó a destacarse.

Su fracaso más estruendoso en el ámbito privado es, tal vez, sus poco atractivos dotes como escritor. Tan prolífico como frustrado, Axel Kicillof escribió numerosos libros. Entre ellos, “Diálogos sin corbata“, “Y ahora ¿qué?” y “Volver a Keynes“. Ninguno fue, por llamarlo de algún modo elegante, un best seller.

De hecho, el mismo Kicillof, en su declaración jurada del año 2023, admite que sólo percibió en conceptos de derechos de autor unos 10.695 pesos en los últimos doce meses. Un resultado preocupante para cualquier aspirante a escritor profesional que nos retrotrae a aquella ocasión en la que el gobernador confesó: “Me recibí de licenciado sin haber leído un solo libro”.

Fueron tal vez estos tragos amargos los que dieron nacimiento a un Kicillof poco amigable con el sector privado, casi un enemigo rencoroso que busca reivindicar por las malas a un ego herido en su sensibilidad. Algo de esto se dejó traslucir ya durante su gestión como viceministro de Economía, en el año 2012, cuando embistió contra los empresarios lanzando el decreto 1278/2012, a través del cual le otorgó a los funcionarios que representan a la ANSES más privilegios y menores obligaciones que sus pares del sector privado en las empresas que tenían participación del estado.

La derrota y el fracaso son flacos amigos del frágil ego de los dirigentes políticos. Años de preparación académica que chocan de frente contra el competitivo sector privado y dejan heridas que tardan años en sanar. El currículum del gobernador Axel Kicillof es un fiel reflejo de esto.

*Fuente: REALPOLITIK

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Investigan al hermano de Adorni por rectificar dos veces su patrimonio y cancelar un crédito millonario en menos de un año

Francisco Adorni es diputado provincial bonaerense por La Libertad Avanza y hermano del actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni. Recientemente rectificó por segunda vez su patrimonio y cambió el valor de su casa de City Bell.

“No fue un error, fue una omisión que ya fue subsanada. Es algo que le pasa a cualquier ciudadano”, dijo el abogado Marcelo Peña a TN.

El caso se entiende mejor si se sigue la secuencia de hechos. A comienzos de 2026, Francisco Adorni presentó su declaración jurada original al dejar su cargo en el Ministerio de Defensa. El 19 de mayo hizo una primera rectificación en la que incorporó una herencia de $21 millones de su padre, que no había informado, y también modificó datos vinculados a un crédito hipotecario con el Banco Provincia.

Luego, el 8 de junio, presentó una segunda corrección, en la que redujo el valor de su casa en City Bell, de $67.5 millones a $52.6 millones, y sumó cinco cajas de ahorro con poco más de $2 millones que tampoco figuraban en la declaración inicial.

En apenas tres semanas, Francisco Adorni cambió sus bienes declarados al menos dos veces. Su patrimonio total, que en mayo había quedado en $102.750.000, bajó a $89.894.610 tras la segunda corrección.

Sin embargo, la inconsistencia más grave que generó la apertura de la investigación penal luego de conocerse estos números, no fue el valor de la casa, sino la cancelación de un crédito hipotecario con el Banco Provincia por $60 millones en menos de un año. Cancelar ese monto en tan poco tiempo, con los ingresos declarados de un funcionario y diputado provincial, es lo que encendió las alarmas del fiscal Guillermo Marijuán.

— El fiscal federal, Guillermo Marijuan

La denuncia original fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano (monobloque Coherencia), quien tiene un largo historial de denuncias contra figuras del oficialismo, incluyendo al propio Manuel Adorni. La defensa de Francisco caracteriza la denuncia como parte de “una interna política” dentro del espacio de LLA, destinada principalmente a dañar al Jefe de Gabinete.

El problema es que un crédito hipotecario del Banco Provincia es una deuda importante y de largo plazo. Si se cancela de golpe en menos de doce meses, surge la pregunta lógica; ¿de dónde salió ese dinero?

La defensa de Francisco Adorni, a cargo del abogado Peña, tiene una respuesta diferente, afirmando que el crédito nunca fue cancelado y que sigue vigente, tratándose de un préstamo UVA (ajustado por inflación) cuya deuda en realidad creció. Según Peña, lo que ocurrió en la declaración fue una “omisión” de carga, no un encubrimiento de un acto ilícito.

Hay dos movimientos en la segunda declaración que abren interrogantes políticos y judiciales. Por un lado, Francisco Adorni no corrigió al alza el valor de su propiedad, como suele ocurrir cuando alguien omite declarar un bien por error, sino que ahora sostiene que su casa vale menos que lo que había informado semanas antes.

El inmueble pasó de $67.5 millones a $52.6 millones, una diferencia cercana a los $15 millones, que atribuye a una variación en la valuación fiscal. Por otro lado, incorporó cinco cajas de ahorro con $2 millones que no habían aparecido en versiones anteriores, cuando solo había declarado dinero en efectivo.

Los hermanos Adorni bajo la lupa

El caso de Francisco parece ser algo de familia. Su hermano Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, también enfrenta una investigación paralela y días antes de la segunda rectificación de Francisco, Manuel admitió públicamente que ocultó aproximadamente medio millón de dólares en sus declaraciones juradas, atribuyéndolos a ahorros acumulados en el sector privado e inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. La justicia también analiza vínculos patrimoniales y posibles bienes compartidos dentro del entorno familiar.

Antes de ser legislador, Francisco se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo que administra el sistema de jubilaciones militares. Es decir, fue funcionario público de alto rango antes de asumir su banca provincial, lo que lo obliga legalmente a presentar declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción.

El fiscal Marijuán ya tiene levantado el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, lo que significa que puede revisar todas sus cuentas, movimientos y transacciones desde el 2020. La Justicia también solicitó información al Banco Provincia específicamente sobre el crédito hipotecario y pidió datos a más de 30 organismos y entidades financieras. Si las explicaciones de la defensa no coinciden con los registros bancarios reales, la imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero podría consolidarse. Si coinciden, la causa probablemente sea archivada.

Una ONG de Santa Fe recibía fondos del Estado para comedores comunitarios y se los gastaba en McDonald’s

El Gobierno de Santa Fe presentó una denuncia penal contra la asociación civil Movimiento Mahatma Gandhi, con sede en la ciudad de Santa Fe, y le dio de baja la asistencia financiera tras detectar presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a través del Programa Tarjeta Institucional. Los recursos debían destinarse a la compra de alimentos para un comedor comunitario, pero habrían sido utilizados en consumos en locales de comida rápida, restoranes céntricos y kioscos.

La Tarjeta Institucional es una herramienta creada para fortalecer el funcionamiento de comedores y espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad social. La cuenta asociada al programa solo admite depósitos del Estado provincial, único habilitado a cargar fondos, por lo que todos los movimientos deberían corresponder a compras para los beneficiarios.

Las inconsistencias surgieron durante las auditorías que realiza de manera habitual el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Allí se advirtió que las rendiciones presentadas por la organización para justificar los gastos no coincidían con los movimientos registrados en la tarjeta. Entre los consumos observados figuraron gastos en cadenas de hamburguesas como McDonald’s, además de bares, restoranes y kioscos que no guardan relación con el objeto del programa alimentario.

A partir de estas observaciones, y con el fin de resguardar los recursos públicos destinados a la asistencia alimentaria, la Provincia resolvió suspender la entrega de fondos, avanzar con la denuncia penal y poner toda la documentación relevada a disposición de la Justicia para que investigue los hechos.

El caso se vincula a la figura de Luciano “Chano” Rossi, dirigente social que condujo la organización hasta abril de 2024. En julio de 2025, Rossi fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) luego de una investigación administrativa que determinó un elevado nivel de ausentismo laboral: de los últimos 2.103 días registrados, había asistido a trabajar en 651 jornadas y se había ausentado en 1.452.

– El video que publicó Rossi en sus redes tras la denuncia

Rossi había ingresado a la EPE en julio de 2015, cuando el acceso del personal era “hereditario” o por “derecho de sangre”, es decir que los empleados ocupaban el lugar que dejaba vacante un familiar directo. La actual gestión modificó ese mecanismo y estableció el ingreso por concurso público, según capacidad.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que los mecanismos de auditoría y control forman parte de una política permanente de seguimiento de los fondos públicos que se transfieren a organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.

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