18 septiembre, 2025

Juicio Oral | Fabiola Yáñez se enfrenta al periodista Mario Casalongue

Ambos se verán las caras en el Juicio Oral y Público, ordenado por el juez Gonzalo Segundo Rua, a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas N° 6 de CABA.
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La rionegrina Fabiola Yáñez acusa al imputado, Mario Casalongue, de actuar con “violencia de género mediática” en dos notas publicadas en su portal, que hablaban del pasado de la vida privada de la primera dama.

El periodista, ya tenía como antecedente una agresión física recibida por parte del precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Francisco De Narváez, que lo puso en el centro de la escena mediática por una publicación que hablaba de los gustos sexuales de su esposa, Agustina Allyón. Según el propio Casalongue, dicha agresión física recibida significaría luego el final de la carrera política del empresario.

Fabiola Yáñez será querellante, junto al letrado Juan Pablo Fioribello, abogado de la actriz Andrea Del Boca y Fabián Gianola, a quien Casalongue también le subió una nota a su portal Agencia Nova, informando sobre el procesamiento y la detención durante quince días del letrado por una causa en su contra por el delito de “extorsión”, que enardeció aún más a la pareja presidencial.

Por su parte, el periodista será patrocinado por Marcelo Peña, abogado de Ignacio Uzali, marido de Carolina Píparo, y del influencer “El Presto”. La querella aspira a lograr una condena ejemplificadora contra el periodista aduciendo no solamente “violencia de género mediática” sobre la doctrina de la “real malicia”, sino también sumando rebeldías, reincidencias y el delito de “desobediencia” a fallos judiciales, que habría ejercido Casalongue.

Por su parte, Mario Casalongue y su defensa técnica, si bien saben que cualquier condena sería solo de efectos suspensivos con multa económica y no con prisión efectiva, informan que, de ser necesario, llegarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presentan como postura de debate que, por la posición de poder de Fabiola Yáñez, pareja del presidente Alberto Fernández, y la velocidad con que se realizó la indagatoria y su procesamiento, aun en tiempos judiciales de pandemia, actuó el “abuso de poder”, llegando en tiempo récord a un “juicio express”, por lo que intentarán probar que se trató de una clara muestra de arbitrariedad y persecución de las “libertades de prensa”.

El juicio oral y público será llevado adelante los días 13, 14 y 17 de mayo, donde Mario Casalongue se verá las caras con Fabiola Yáñez. Todos ellos en el horario de las 10 horas, en la sede del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 6 sito en la calle Berutti 3345, 4° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

*Fuente: REALPOLITIK


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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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