14 marzo, 2025

Juez federal ordena el cierre de tabacalera en Rosario, deja a 261 familias sin sustento y es denunciado por prevaricato

Denuncian al juez Gastón Salmain por ordenar el cierre de una tabacalera en Rosario, dejando a 261 trabajadores sin empleo y afectando a más de 1200 familias. La medida favorece a la multinacional Massalin Particulares y es objeto de una denuncia penal por prevaricato.
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La comunidad de Rosario se encuentra en estado de conmoción tras la resolución del juez federal, Gastón Salmain, que ordenó el cierre de la fábrica de tabacos Bronway Technology SA, dejando a 261 trabajadores sin empleo directo y afectando a más de 1.200 familias de manera indirecta. La PYME —que produce los cigarrillos Dolchester y Pier— había sido objeto de una denuncia en 2021 por la multinacional Massalin Particulares, conocida por marcas como Marlboro y Philip Morris.

Salmain, quien asumió su cargo en Rosario en junio, revivió la denuncia de Massalin y emitió un fallo que no solo favorece a la multinacional, sino que además instruye a la AFIP a no otorgar a Bronway las estampillas necesarias para la comercialización de sus cigarrillos, una medida que forzó el cierre de la planta sin esperar el pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario.

Darío Ippolito, presidente del directorio de Bronway Technology SA, denunció penalmente a Salmain por el delito de prevaricato ante el juzgado penal federal N° 4. “Este juez llegó a Rosario con la instrucción de cerrar nuestra fábrica. Creemos en la Justicia, quiero a este país y por eso voy a seguir. Voy a ir a declarar a cuanto juzgado me convoquen para que se llegue a la verdad, ya que tengo todas las reuniones documentadas”, declaró Ippolito.

La situación de Bronway se agrava al considerar que la planta, ubicada en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario, había suspendido a 172 trabajadores en meses anteriores debido a la imposibilidad de comercializar sus productos por la falta de estampillas. La Cámara de Empresas Tabacaleras apuntó a la AFIP y a la Justicia Federal, sugiriendo que la decisión fue influenciada por intereses de la competencia, particularmente la empresa Sarandí.

Rodrigo Piaggio, del departamento de Ventas de Bronway, expresó la desesperación de los empleados: “Nos juntaron a todos y nos explicaron que la situación no da para más. Estamos muy preocupados. Son muchas familias, es terrible quedarse sin trabajo en esta época. No entendemos por qué en todas las provincias las tabacaleras funcionan con medidas cautelares para poder trabajar. Sólo en Rosario no nos dejan. Por favor pedimos una respuesta de la Justicia y de la AFIP para poder seguir trabajando”.

El nombre de Salmain no es nuevo en el ámbito judicial. Anteriormente, su candidatura a un puesto similar en Concordia fue objetada por irregularidades en sus exámenes y actividades vinculadas a reajustes jubilatorios. Además, Salmain trabajó en el estudio jurídico Servini y Asociados, vinculado a la jueza de Comodoro Py, Maria Servini de Cubría, lo que genera suspicacias sobre posibles influencias en sus decisiones.

Mientras tanto, diversas organizaciones gremiales han comenzado a realizar acciones para visibilizar la crisis laboral y en apoyo a los empleados de Bronway. Desde la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET), se denunció que los abogados de la AFIP acusaron falsamente a Bronway de abuso de medidas cautelares, argumento utilizado para revocar la inscripción de la empresa en el registro de tabacaleras.

Las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro de Bronway y sus empleados. Mientras tanto, Ippolito y otros afectados por la decisión de Salmain continúan buscando vías legales y de protesta para revertir el fallo. “Este jueves ingresamos a la Cámara Federal de Apelaciones un escrito donde le recordamos a los magistrados que lo sucedido ya había sido avisado. Rogamos que los jueces de un tribunal superior, que sabemos honrados, salven las fuentes de trabajo y coloquen las cosas en su lugar“, concluyó Ippolito.

Redacción

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El Gobierno denunció desvío de fondos del INAI para financiar litigios contra el Estado

Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), presentó ante la Justicia una denuncia penal con el objetivo de “determinar las responsabilidades en el otorgamiento de subsidios no reintegrables a comunidades y/o grupos autoidentificados como organizaciones indígenas”. La demanda hace referencia a los fondos del Programa de Fortalecimiento Comunitario, creado en 2003.

Las irregularidades fueron detectadas tras dos auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y revelan que parte de los 1.200 millones de pesos otorgados fueron destinados al pago de abogados que litigaron contra el Estado por conflictos relacionados con ocupaciones de tierras. Entre los señalados se encuentran organizaciones mapuches, algunas de las cuales fueron calificadas como “terroristas” por el gobierno de Javier Milei.

– Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Las auditorías realizadas por la SIGEN pusieron de manifiesto casos específicos con deficiencias en los controles. El Lof Che Buenuleo, en Río Negro, recibió $1.770.000 en 2023; el Lof Kinxikew, en Neuquén, obtuvo $1.950.000; y Newen Mapu, en Río Negro, recibió $4.480.000. En total, fueron varios subsidios que suman siete millones de pesos “sin control” y sin haber logrado el objetivo esperado: la regularización territorial.

Uso de los fondos transferidos por el INAI a comunidades indígenas

El Informe de Auditoría N° 08/2024 de la UAI-INAI revela que los fondos transferidos a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario tenían como objetivo principal financiar servicios jurídicos para las comunidades indígenas. Este programa, creado por la Resolución INAI N° 235/04, durante la gestión de la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en el gobierno de Néstor Kirchner, permitía a las comunidades acceder a subsidios para:

  • Defensas judiciales y asesoramiento legal, especialmente en litigios por territorios indígenas.
  • Pago de honorarios de abogados, escribanos y agrimensores.
  • Gestión de la propiedad comunitaria de las tierras ocupadas por las comunidades.
  • Capacitación legal y asesoramiento contable.
  • Elaboración e inscripción de mensuras.

Aunque Avruj no menciona nombres específicos en la denuncia penal, espera que la Justicia identifique a los responsables. En su denuncia, señala a los responsables del INAI durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

Las auditorías también evidencian irregularidades en los millonarios subsidios otorgados a integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), considerada como organización “terrorista”. Se destaca que estos fondos también fueron destinados a pagar abogados involucrados en conflictos por usurpación de terrenos e incendios en predios.

Por otro lado, Avruj calificó al Programa de Fortalecimiento Comunitario como una “obscenidad” y lo dio de baja mediante la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial. El funcionario denunció que los subsidios fueron utilizados “para litigar contra el Estado” y afirmó que el esquema “se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para defenderse en causas por diversos delitos”.

Redacción

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Inició el juicio a seis mapuches por usurpación de tierras en Villa Mascardi

Los acusados, Betiana Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Jésica Bonnefoi, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana, están imputados por diversos hechos relacionados con la ocupación ilegal de tierras en la zona, en particular, de terrenos que forman parte del Parque Nacional Nahuel Huapi y otras propiedades privadas.

Las audiencias comienzan hoy, continuarán mañana y el 27 de febrero. Se retomarán en abril, cuyas fechas establecidas son el 10, 12 y 13, 20 y 31 de ese mes, según las previsiones iniciales y si no se desiste de testigos.

La causa que se sigue contra los miembros de la lof Lafken Winkul Mapu tiene como eje hechos ocurridos entre 2018 y 2022, es decir, posteriores a los incidentes de la irrupción inicial en 2017. En esa época, la comunidad había comenzado a ocupar terrenos de Parques Nacionales y propiedades privadas, lo que derivó en la intervención del Estado y el desalojo de tierras en 2022. 

Entre los múltiples cargos por usurpación se encuentran la ocupación del exhotel de Mascardi, en el predio de Parques Nacionales y la toma de la estancia Los Radales, perteneciente a una empresa privada. 

Además, algunos de los imputados son señalados por un ataque armado contra un tráiler de la Gendarmería Nacional en la misma zona, hecho que ocurrió durante un operativo de seguridad en la región.

El juicio se desarrolla bajo la supervisión del juez federal, Alejandro Silva, quien ya había presidido el juicio por la muerte del joven mapuche, Rafael Nahuel, en 2017. La causa cuenta con la presencia de los fiscales, quienes llevarán adelante las imputaciones, mientras que los acusados son defendidos por un grupo de abogados encabezados por Gustavo Franquet. Este último, que también estuvo al frente de la defensa de la comunidad mapuche en el juicio por la muerte de Nahuel, tendrá un papel central en este proceso judicial.

– El predio Los Radales había sido atacado por la comunidad mapuche en 2022

La comunidad Lafken Winkul Mapu ha rechazado la acusación y sostiene que las tierras en disputa les pertenecen históricamente. En un comunicado público, los mapuches reafirmaron su reclamo territorial y argumentaron que las tierras de Villa Mascardi son parte de su ancestral “Wallmapu”, el territorio originario que ocuparon sus ancestros antes de la llegada de los colonos y la posterior creación de los parques nacionales. Además, afirman que el Estado argentino “no ha cumplido con los acuerdos” y que las tomas de tierras “responden a un derecho histórico y legítimo del pueblo mapuche”.

Los incidentes de violencia, las tomas de tierras y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se han convertido en una constante en esta zona, y la judicialización de estos casos ha sido uno de los ejes principales de la gestión de la actual administración.

Redacción

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La Justicia embargó más de $2.000 millones a Cristina por las causas Hotesur y Los Sauces

La “crisis judicial” de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se intensifica tras el rechazo del fiscal general Diego Velasco a sustituir los embargos de las causas Hotesur y Los Sauces—valorados en alrededor de $2.239.295.812 —con dólares provenientes de bienes ofrecidos por Florencia Kirchner, dos departamentos en Puerto Madero y sus cocheras. 

Velasco advirtió que, en caso de condena, el decomiso podría superar esa cifra, señalando que los activos están vinculados a presuntas maniobras de blanqueos ilícitos. Las investigaciones apuntan a que las empresas familiares Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. habrían funcionado como “pantallas societarias” para ocultaron sobreprecios en obras públicas, en una “cortina de humo”, que involucra al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner y que actualmente cumple prisión domiciliaria.

Las causas de ambas sociedades surgieron tras denuncias que apuntaban a irregularidades en la declaración patrimonial de CFK y el funcionamiento de estas. Se sostiene que estas compañías no operaron con un giro comercial, sino que se usaron para blanquear dinero que, supuestamente, provenía de “contratos con el Estado inflados en sus precios”.

En la causa Los Sauces se impuso un embargo de $110 millones para CFK, $130 millones para Máximo y 130 millones para Florencia, además de $673 millones en activos de Los Sauces S.A. En la causa Hotesur, se fijaron embargos de $170 millones para CFK y Máximo, y $150 millones para Florencia, junto a aproximadamente $763 millones en bienes de Hotesur.

El abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi, solicitó anteriormente por medio de una carta a la Justicia, que estos embargos sean reemplazados por otros inmuebles, argumentando que algunas de las medidas cautelares deberían levantarse dado que Florencia Kirchner fue sobreseída en dicha causa. Entre estos reemplazos estaban 4.664.000 de dólares depositados en cajas de seguridad a nombre de la hija de CFK, la unidad funcional 440 (dúplex 8 y 9) y cinco cocheras relacionadas del edificio Madero Center, perteneciente a Los Sauces S.A., que estaban cautelados en la causa Los Sauces y que Cristóbal López, conocido como “el zar del juego”, alquilaba con dos de sus empresas, así como lo que estaba a nombre de Florencia Kirchner.

Hasta la pronunciación que tuvo el año pasado los expedientes: “Máximo y Florencia Kirchner ni siquiera pueden utilizar libremente los frutos obtenidos a partir de la administración de su patrimonio”, dijo Beraldi en su escrito.

La Unidad de Información Financiera (UIF) habría rechazado los pedidos de la defensa, argumentando que los bienes propuestos como sustituto están sospechados de haber sido adquiridos a través de actividades ilícitas también.

La UIF sostiene que estos bienes no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados como garantía suficiente debido a su origen cuestionable, entre estos se encuentra Lázaro Báez. Se estima que más del 80% de los ingresos de Los Sauces provenían de empresas vinculadas a López y Lázaro Báez, ambos socios de CFK.

La justicia sostiene que los fondos que Báez lavó, provienen principalmente de arreglos en los cuales su empresa, Austral Construcciones, recibió adjudicaciones millonarias durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se estima que pudo haber lavado alrededor de 3.500 millones de dólares a través de un sistema que combinaba ingresos legítimos e ilegítimos. Este blanqueo se realizaba mediante una “usina de lavado” que incluía la creación de empresas y operaciones financieras fantasmas.

Se alegó en su momento que los contratos entre las empresas de Báez y las sociedades hoteleras de los Kirchner eran simuladas, diseñados para dar apariencia de legitimidad al dinero que fluía entre ellos. Además, Báez habría facilitado préstamos significativos a la familia Kirchner para la adquisición de propiedades hoteleras, lo que refuerza la idea de que actuaba como un intermediario financiero para blanqueo, así como quien enviaba parte del capital al exterior, donde se intentaba ocultar su origen.

Se creaban empresas en paraísos fiscales como Panamá, Uruguay y Belice para mover el dinero a través de cuentas bancarias en Suiza, cuyos beneficiarios finales eran los hijos de Lázaro Báez, como también involucrando a otros exfuncionarios y sindicalistas ligados al kirchnerismo.

Redacción

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Wolff denunció a la candidata de Karina en CABA por espionaje y le recordó su pasado kirchnerista

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, denunció tareas de espionaje dentro de su cartera y apuntó directamente contra la presidente del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez. Según el funcionario, la legisladora, mano derecha de Karina Milei, publicó en redes sociales información reservada sobre su custodia y la seguridad de su familia.

“La diputada Ramírez exhibe y hace pública diversa información confidencial respecto a mi custodia y al Ministerio en general, que no son de acceso público. Lo más grave de todo es que lo hace en redes y se jacta de hacerlo”, explicó Wolff. Por este motivo, presentó una denuncia formal y solicitó que Ramírez sea citada a declarar para esclarecer el origen de la información. En sus declaraciones, el ministro enfatizó la gravedad del asunto, señalando que la filtración de datos sensibles podía comprometer su seguridad personal y también la de otros funcionarios del ministerio.

En su presentación judicial, Wolff habló de una “violación de secretos en el marco de tareas de espionaje dentro del Ministerio de Seguridad” y advirtió que la filtración de datos puso en peligro su vida y la de su familia. “Desconozco la identidad del autor y/o autores de los hechos denunciados. Sin perjuicio de que tal extremo será esclarecido con el devenir de la investigación”, sostuvo. 

LA DENUNCIA DE WOLFF

Denuncia-Waldo-Wolff-Ramirez

Asimismo, aclaró que la decisión sobre la cantidad de custodios que le son asignados no depende de él, sino de la División Custodia de la Policía de la Ciudad, que determina el nivel de seguridad necesario ante las amenazas que ha recibido. Wolff también recordó que ha sido víctima de amenazas de diversas organizaciones, incluidas “Hamás, Hezbollah y el kirchnerismo”, lo que justificaba la rigurosa protección con la que contaba.

El cruce entre ambos ya había escalado durante una reunión de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, realizada hoy jueves, donde se analizaban las fugas de presos en la Ciudad. Allí, Wolff le recordó a Ramírez su pasado kirchnerista: “Mientras usted estaba en el kirchnerismo, a mí el kirchnerismo ya me estaba persiguiendo”. También la señaló como parte de un entorno que “rodea muy mal a Javier Milei”. En su intervención, Wolff hizo un repaso de los antecedentes de persecución que sufrió por parte de la gestión anterior, incluyendo investigaciones en su contra que, según él, buscaban perjudicarlo políticamente.

La Justicia podría citar a Ramírez en el marco de la investigación por espionaje. La legisladora, sin embargo, insistió con sus críticas y ratificó su pedido de renuncia del ministro de Seguridad. “Si usted no se siente capacitado para desarrollar la tarea de ministro, como le dije el otro día, váyase a su casa y deje a un buen ministro que lleve adelante la tarea que hoy nos ocupa, que es la fuga de presos”, expresó Ramírez. Wolff, por su parte, desestimó el reclamo y reafirmó su compromiso con la seguridad de la Ciudad.

Redacción

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Detuvieron a un “empresario” boliviano que vendía terrenos con papeles truchos por Tik ToK

La Policía Bonaerense detuvo a Joseph Charly Ponce Sarzuri, de 31 años y nacionalidad boliviana, acusado de ofrecer terrenos en un presunto emprendimiento inmobiliario por un valor total de USD 30 millones.

El predio de 300 hectáreas se encontraba en el kilómetro 41 de la Ruta Nacional Nº 3, en la intersección de Anastacia Girardot y Areco, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Según la DDI de La Matanza, Ponce Sarzuri prometía la futura construcción de un barrio denominado “Simón Bolívar”.

La investigación comenzó tras denuncias recibidas el jueves pasado, cuando la Municipalidad de La Matanza detectó la supuesta venta ilegal de lotes. El imputado publicitaba los terrenos, valuados en 3.000 dólares cada uno por 300 metros cuadrados, a través de TikTok, donde se observaban videos con gazebos, globos y referencias a un trámite ante escribanía. Al menos 45 personas llegaron al predio en un micro escolar provisto por los vendedores, con puntos de partida en Plaza Flores, Villa Celina y la zona del Bingo de Ciudadela.

Personal encubierto de la DDI de La Matanza se hizo pasar por interesado y observó cómo se montaba una mesa con planos detallando la distribución de los lotes, presenciando además la venta de uno de ellos. Toda la maniobra quedó documentada desde un dron que sobrevoló la zona. Acto seguido, la fuerza policial desplegó el operativo y procedió a la aprehensión de Ponce Sarzuri, en una causa caratulada como tentativa de estafa (IPP 05-00-0011519-25) bajo la órbita de la UFI N°8 de la fiscal Alejandra Núñez.

Las autoridades secuestraron documentación vinculada con la comercialización de los terrenos y el micro escolar marca Agrale MT 12.0 LE dominio IVF181 utilizado para el traslado. También se tomaron testimoniales al conductor del ómnibus, al cuidador del predio y a los presuntos compradores. Hasta el momento, no se estableció con exactitud el monto real abonado por las víctimas, aunque la oferta general se valuó en USD 30 millones.

En febrero del año pasado, Ponce Sarzuri conformó la firma “Las Américas de Simón Bolívar” junto a dos compatriotas, registrada supuestamente para el rubro inmobiliario. Además, existe otra sociedad denominada “Simón Bolivar Group”, con CUIL y sede en el Bajo Flores, constituida en noviembre último por dos comerciantes bolivianos.

El nombre de al menos uno de ellos, o el de esta empresa, no figuraba en la documentación incautada. El imputado, domiciliado en Aldo Bonzi (Provincia de Buenos Aires) quedó a disposición de la Justicia para aclarar su participación en la maniobra y determinar el alcance total de la estafa.

Redacción

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ENTRE RÍOS | Diputados avanzan en la reforma del Consejo de la Magistratura

La Cámara de Diputados de Entre Ríos continúa el debate para modificar la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la provincia. El objetivo principal de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, es perfeccionar el sistema de selección de jueces, fiscales y defensores, otorgando mayor eficiencia y estabilidad a los cargos judiciales.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Gabriela Lena, profundizó este miércoles el análisis del articulado propuesto: “Hay avances importantes, aunque hay artículos en los que no hay consenso y hay que seguir debatiendo. Pero creo que es importante poder conversar, plantear cada uno su punto de vista e intentar que el Consejo de la Magistratura y que la selección de los jueces funcionen en la provincia. Necesitamos una modificación de esta ley y necesitamos hacerla bien, para que no se tenga que cambiar dentro de dos años”.

La legisladora destacó que la comisión ha escuchado a especialistas y a integrantes del Consejo de la Magistratura, al tiempo que se ha reservado espacio para que los diputados discutan internamente. Asimismo, resaltó la urgencia de agilizar los procedimientos de selección de magistrados, ya que “hay que darle mayor celeridad. Hay más de 90 cargos que no son efectivos. Cuando quienes ejercen de jueces, fiscales o defensores han pasado por el Consejo de la Magistratura y tienen la estabilidad que otorga este sistema institucional, sus decisiones tienen esa independencia que establece la Constitución nacional y provincial”.

Redacción

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