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Luego de la publicación de los datos que surgieron del relevamiento 2022, el jefe comunal marplatense Guillermo Montenegro en su carácter de “vecino e Intendente de General Pueyrredón” solicitó a través de los letrados Ana Righi y Mauro Matinelli, a la Justicia Federal “medidas de prueba en la causa que investiga la posible adulteración del Censo 2010 de La Matanza”, según expresa el documento al que tuvo acceso este medio.
El jefe político de la ciudad consideró en el documento presentado que debe solicitarse un informe al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) “a fin de corroborar cada una de las cifras” del distrito el Gran Buenos Aires, en alusión a La Matanza.
La demanda presentada por el intendente Guillermo Montenegro en el Juzgado Federal
“En fecha reciente, han tomado estado público los resultados provisorios del Censo Nacional 2022, de los que se desprende que el Municipio de La Matanza (mayor distrito de la provincia de Buenos Aires) ha tenido en 12 años un crecimiento muy inferior al del resto de las Comunas y sensiblemente menor al proyectado oportunamente”, sostiene el escrito.
Ante todo lo referido, Montenegro ha llevado el caso a la Justicia y aún no ha tenido respuesta alguna, ni siquiera desde el sector del Frente de Todos (FdT). Se presupone que, antes de finales de febrero, el intendente marplatense obtendría algún tipo de avance.
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La Cámara Federal de Casación Penal resolvió, este martes, confirmar la condena a Lázaro Báez y a otros 17 imputados en la causa de la Ruta del dinero K. Al ex dueño de la constructora se le redujo la condena de 12 a 10 años y sus hijas quedaron absueltas bajo un argumento de género.
“Quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación propia de esta modalidad delictiva, ingresado en la cuenta de Austral Construcciones, siempre fue Lázaro Antonio Báez”, sostuvo el máximo tribunal de Comodoro Py.
Lázaro Báez junto a su hija, Luciana
En una dividida decisión, el fallo incluyó que el tribunal consideró que la obra pública que recibió el dueño de Austral Construcción no fue el delito precedente para que el empresario llevara adelante las maniobra millonarias de lavado de dinero: 55 millones de dólares. Lo que parece contradecir la reciente condena de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, señalada por desviar obras públicas a precios inflados a la constructora de Lázaro Báez. En ese debate, tanto Báez como Kirchner fueron condenados a 6 años de prisión.
Las sorpresas llegaron cuando los camaristas Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Javier Carbajo revisaron dicha sentencia y desvincularon de la corrupción en la vía pública como delito precedente del lavado, lo que daña directamente el origen del dinero que terminó en cuentas de los hijos de Báez en paraísos fiscales.
Melina Báez, hija de Lázaro
Puntualmente, sobre las absoluciones de Melina Soledad Báez y Luciana Sabrina Báez, Casación consideró -por voto mayoritario- que debían ser desligadas de la causa porque “sus respectivos pronunciamientos condenatorios se dictaron sin perspectiva de género, en particular, al momento de efectuar la valoración probatoria de los elementos recabados en su contra y de evaluar el contexto familiar al momento de los hechos”.
En ese marco, se remarcó que su padre Lázaro Báez, les adjudicó un rol menor por su “condición de mujer”. Un rol marginal que tenía como fin cuidar el espacio doméstico dentro de la familia, pero sin injerencia en la actividad empresarial, según el análisis de los camaristas que intentaron plantear una situación de género y señalar a Báez como machista.
A Lázaro Báez, finalmente, se le redujo la condena de 12 a 10 años
Por ello, Casación concluyó que las nombradas no tuvieron ninguna intervención real con la maniobra ilícita y dictaminaron las condenas: Lázaro Antonio Báez 10 años; Martín Antonio Báez 6 años y 6 meses; Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín 6 años; Julio Enrique Mendoza 5 años; Jorge Leonardo Fariña 3 años y 6 meses, quien obtuvo una reducción de pena por sus aportes como arrepentido; Juan Alberto De Rasis; Gustavo Fernández; Fabián Virgilio Rossi; Eduardo Guillermo Castro 4 años y 6 meses.
En tanto Federico Elaskar; Claudio Fernando Bustos; Alejandro Ons Costa; Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez serán 3 años de ejecución en suspenso y a Walter Feliciano Zanzot le aguardan 2 años y seis meses de pena.
Además de las condenas, a todos los mencionados y a las empresas Austral Construcciones S.A. (ACSA) y Top Air S.A., se los multó por montos que oscilan entre seis y dos veces el valor de las operaciones que realizaban, de U$D 109.600.000 a U$D 328.800.000. También se confirmó un decomiso de activos por el equivalente a 65 millones de dólares.
Continúan las acciones de control de la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. El Municipio de General Pueyrredón (MGP) realizó, en conjunto con la Policía bonaerense, 459 intervenciones e identificó a 672 personas. 381 fueron fueron realizadas por la Patrulla Municipal y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), mientras que las restantes se efectuaron por llamados al 911.
Ante este contexto, 38 personas fueron trasladadas a comisarías por distintas contravenciones y 7 fueron aprehendidas por diferentes delitos. También se secuestraron 4 cuchillos, 1 inhibidor de alarmas, 2 bicicletas robadas, entre otros elementos.
El Municipio de General Pueyrredón (MGP) trabajó en conjunto con las fuerzas de seguridad bonaerense para terminar con la mafia de los trapitos en Mar del Plata.
En cuanto a algunas de las situaciones detectadas, se destacaron las de cuidacoches que quitaban multas de autos mal estacionados, otras en las cuales exigían dinero y amenazaban con romper vehículos si sus dueños no accedían a este pedido, solicitar un monto fijo por estacionar, beber en la vía pública, reservar espacios para estacionar, 2 trapitos vendiendo bicicletas robadas y otro con un inhibidor de alarmas.
La posibilidad de una ordenanza en Mar del Plata
Tal como informaron los medios, la reglamentación de los cuidacoches fue una de las prioridades legislativas que señaló el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, en su primera apertura de sesiones ordinarias. Sin embargo, la sanción de la norma continúa estancada en el Concejo Deliberante.
Uno de los tantos trapitos atrapado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal.
El último tratamiento que se le dio al tema fue el 1 de septiembre de 2022, cuando se organizó una jornada de trabajo con referentes del sector en el recinto legislativo. En aquel plenario, se acordó hacer una prueba piloto de un registro municipal de cuidacoches (de cara a la actual temporada), pero no se concretó.
En la Comuna rige una ordenanza desde 1964 que regula parcialmente la actividad, mediante la creación de un Registro Municipal de Cuidadores de Vehículos. Desactualizado y pensado para otro momento histórico, la normativa volvió a escena cuando, en enero de 2020, Vilma Baragiola (ahora secretaria de Desarrollo Social) presentó un expediente para avanzar con su modificación.
Trapito siendo detenido por un oficial de la Policía bonaerense.
Sobre esa base, luego se elevaron otros 2 expedientes, primero el del concejal Agustín Neme (Vamos Juntos) y luego el de la edil kirchnerista Sol de la Torre (Frente de Todos), con propuestas de una nueva ordenanza que reemplace a la vigente (2450).
A grandes rasgos, desde el oficialismo sostienen que no se podrá contar con antecedentes penales para obtener el permiso para trabajar como cuidacoches. “Queremos una herramienta que defienda a los vecinos frente a situaciones de violencia y extorsión. Nadie puede adueñarse del espacio público y menos aún extorsionar. Es ilegal que le cobren a la gente por estacionar en un lugar público y libre”, sentenció Neme.
La inmensa mayoría de los trapitos de Mar del Plata cuentan con graves antecedentes penales.
En la misma línea, la Secretaría de Seguridad advirtió sobre la necesidad de que se incluyan multas y sanciones para quienes infrinjan los lineamientos de la ordenanza; una disposición similar a la que se planteó para regular la Zona Roja.
De todos modos, hay algunas bases de acuerdo entre las bancadas. Por caso, el requisito de contar con residencia en General Pueyrredón para poder desempeñarse como cuidacoches. O que el aporte que entreguen los vecinos por el servicio deberá ser siempre voluntario y al retirar el vehículo, evitando situaciones extorsivas.
Cuidacoches legales y uniformados afuera de la Municipalidad de Mar del Plata.
En ese sentido, hubo acuerdo para que el Municipio impulse una serie de jornadas de capacitación para que los cuidacoches puedan brindar información o acompañamiento a turistas, pero, hasta el momento, la problemática no volvió a ponerse en agenda.
En el 2018, la expareja del concejal tucumano, Romina Dip, denunció a Bruno Romano por “violencia de género”, una simplificación de la carátula para no decir que el funcionario oficialista agredió sexualmente y golpeó a quien era su pareja.
Librándose de la presión por las amenazas, Romina Dip contó en diálogo con DATA24 que “la gota que derramó el vaso” fue cuando la golpeó con su hija en brazos: “Igual me daba miedo, porque me amenazaba con que me iba a denunciar para que me internen en un psiquiatra y me saquen a mi hija. Después terminó haciendo esa denuncia, pero los estudios médicos revelaron lo contrario y no avanzó”, explicó.
Juan Manzur, Bruno Romano y Osvaldo Jaldo
“Después de que denuncié los hechos, desde el espacio (FdT) nunca le exigieron que se tome licencia, nada. Hay mucha impunidad y protección con él”, agregó Dip.
Tras lidiar con el sobreseimiento de su agresor, Dip también denuncia que durante estos cinco años ha tenido varios altercados que, según ella, serían represalias de su ex pareja por la denuncia que ejecutó. “Me han robado en mi negocio, me ha golpeado gente en la calle y también me escracharon muchas veces en redes”, confesó.
Romina Dip, denunciante
“PASÉ DE SER VÍCTIMA A VICTIMARIA”
La causa dio un giro de 180° cuando Romano denunció a Dip por amenazas, según Romina estas presentaciones se realizaron sin pruebas, pero aún así avanzó. “De tener una perimetral que me protegiera de él, él pasó a tener una perimetral para protegerse de mí. Pasé de ser víctima a ser victimaria“, comentó.
EL CONCEJAL DE MANZUR
Romano consiguió plasmar su nombre en la lista del Frente de Todos del 2019, con el apoyo del actual gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, con quienes se ha mostrado en eventos oficiales y reuniones informales.
“Cuando yo radiqué la denuncia, Bruno Romano no era concejal, me indignó saber que se postuló sabiendo que estaba procesado. Yo fui a la junta electoral a poner esto en conocimiento, porque tampoco me pasaba los alimentos para mi hija. Allí en la junta deciden bajarlo porque certifican que, aunque no estaba en el padrón de padres deudores, yo tenía todos los papeles para demostrarlo. Pero él presentó un amparo electoral y se permitió que se presente en las elecciones, salió electo y no pudo asumir hasta no resolver la situación. Y de buenas a primeras los jueces le han dicho que podía asumir y todo quedó en la nada“, había expresado a otro medio el año pasado la denunciante.
Ahora, Romano pretende quedarse con la Intendencia, pero para ello deberá desligarse de las graves denuncias de su ex pareja. Dip explica que el sobreseimiento del que se jacta el concejal no es legal. Se trata de una maniobra judicial para continuar garantizando su impunidad y así poder presentarse como precandidato en las elecciones que se aproximan.
“El sobreseimiento no está firme, aún quedan dos instancias de apelación”, informó el representante legal de Dip. Después de más de 4 años de ejecutarse una grave denuncia en contra de su agresor, la víctima teme que su “lucha quede impune”.
A menos de un mes de que se dicte la condena contra Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano, Lucas y Ciro Pertossi por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el defensor de los imputados apeló las penas. El abogado Hugo Tomei insiste en la hipótesis del homicidio en riña, por eso pidió la nulidad de las tres condenas de 15 años y bajar las penas de los cinco que fueron condenados a cadena perpetua.
El viernes 24 de febrero, los fiscales del juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, solicitaron ante el tribunal que no sean cinco sino ocho los condenados por el crimen y que fueran considerados coautores del “homicidio agravado” y reciban perpetua. Tres días después, este lunes, el abogado Hugo Tomei presentó su apelación para revertir la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, pero recién este martes saldrá el escrito del particular damnificado a cargo de Fernando Burlando y Facundo Améndola.
Hugo Tomei, abogado de los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa
Tal como lo expuso en el debate, Tomei pidió que se declare “la ilegalidad” de las indagatorias tomadas a los ocho acusado la noche del 19 de enero del 2020, alegando que “en ese procedimiento se falsificaron las actas del expediente entre el fiscal, la defensora oficial y dos secretarios del Ministerio Público Fiscal”.
Asimismo, la defensa requirió que se declare la “parcialidad” de los jueces integrantes de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Dolores, el 14 de abril de 2020, por llamar a los acusados “mentirosos, fríos, calculadores, que salieron de cacería humana y que eran poseedores de una maldad inhumana”.
Hugo Tomei durante los alegatos, previo a la condena
El fundamento de la presentación de Tomei también hizo mención a “la violación del principio de congruencia de la sentencia” dado que, a su criterio, sus defendidos llegaron al debate con una acusación genérica y, luego, la fiscalía modificó los hechos con una imputación más detallada: “Se tata de una cuestión extremadamente técnica. Se prueba lo que se imputa y se imputó otra cosa distinta”, comentó el letrado.
Por lo mencionado,Tomei pidió la absolución de Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, quienes fueron condenados a 15 años de prisión como “partícipes secundarios” del asesinato de Fernando Báez Sosa. Y también pidió que se le reduzca la condena a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano y Ciro Pertossi, quienes fueron condenados a reclusión perpetua por “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, cuando en realidad deberían haber sido juzgados por el delito de “homicidio en agresión tumultuosa” que tiene penas de dos a seis años de prisión, según planteó el abogado.
Los ocho imputados condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa
En paralelo, los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávilacuestionaron la condenas menores de Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi.
“Para nosotros, los ocho actuaron como ‘coautores’ porque tuvieron en todo momento el dominio del hecho y, por lo tanto, la posibilidad de decidir continuar o detener la golpiza a Fernando y no lo hicieron. Para demostrarlo analizamos nuevamente, en forma correcta (como lo hicimos) en el juicio, que los otros tres también golpearon a la víctima o impidieron que los amigos pudieran intervenir para detener la golpiza, por lo cual todos contribuyeron o hicieron su aporte para matar a Báez Sosa“, sostuvo García en diálogo con Infobae.
Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente a…
“Todo el análisis de la prueba lo hicimos complementándolo con fotogramas que elaboramos con capturas de los videos filmados por Lucas Pertossi y el particular desde enfrente, indicando en distintos momentos dónde estaban ubicados Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi, lo cual también ofrecimos como prueba para el recurso al igual que los videos sincronizados”, agregó.
Por ello, coincidieron en que debe desplazarse la calificación de “partícipes secundarios” y deben recibir condena perpetua al igual que los otros cinco.
Tras 8 meses de dictarse la absolución de Ángel Eduardo Moreira Martínez, un Tribunal de Apelaciones de Uruguay decidió revocar ese dictamen y pidió condenar a 8 años de prisión al hombre que estuvo detenido por encubrir el crimen de Lola Chomnalez, la joven argentina de 15 años asesinada en diciembre de 2014 en la playa de Barra de Valizas.
De esta forma, el Tribunal de Apelaciones del 4to Turno determinó que el acusado, alias “El Cachila”, quien el pasado 20 de junio pasado sido absuelto por falta de pruebas y liberado, debe volver a prisión. El imputado ya había permanecido en detención durante más de tres años.
Ángel Eduardo Moreira Martínez, alias “El Cachila”
Un peritaje psiquiátrico había arrojado que Moreira Martínez “presentaba una tendencia a la mitomanía“, por lo que el juez resolvió que el cuidacoches “no supo sobre el asesinato, ni ayudó, colaboró, contribuyó o facilitó a su autor”. El señalado también demostró tener problemas de consumo de estupefacientes: “Declaré cualquier cosa porque estaba drogado, había fumado pasta base”, comentó tras ser liberado. Ambos señalamientos terminaron conduciendo a que los magistrados dieran con su absolución.
A pesar de que Moreira Martínez volvió a prisión meses después de la absolución por violar una restricción de acercamiento solicitada por su ex pareja, los jueces Luis Vicinguerra, Ángel Shaban y Gabriela Cobelli resolvieron por unanimidad revocar la absolución dictada por el juez Juan Letrado Giménez Vera, del 1er Turno de Rocha, y condenarlo, nuevamente, a 8 años de cárcel como “autor responsable de un delito de encubrimiento”.
Por el asesinato de Lola aún sigue detenido Leonardo David Sena, de 39 años, quien en su declaración sostuvo que no conocía a Moreira Martínez
También anteriormente, el 28 de junio, la fiscal de Rocha, Jéssica Pereyra, había apelado la decisión y al presentar el recurso había reiterado su pedido de condena a diez años de prisión.
Por el asesinato de Lola aún sigue detenido Leonardo David Sena, de 39 años, quien en su declaración sostuvo que no conocía a Moreira Martínez. En aquel entonces, el juez Giménez Vera explicó que dieron con la captura de Sena “a través de material genético pudimos ubicar a una persona, que es quien depositó su material genético, valga la redundancia, en la escena del hecho. Es decir, en la toalla que estaba en el interior de la mochila que llevaba Lola el día que falleció y en su documento nacional de identificación argentino”.
Leonardo David Sena, el único detenido por el crimen de Lola
Además, el magistrado aclaró que no puede “decir que el caso esté cerrado” dado que el acusado no admitió “haber dado muerte a Lola Chomnalez“. “Está científicamente ubicado en el lugar del crimen. Reconoce haber tomado contacto con las pertenencias de Lola y que sustrae dinero de la mochila, reconoce lo que es imposible no reconocer porque la evidencia científica lo coloca en ese lugar, pero niega la autoría del crimen”, sostuvo Juan Willman, uno de los abogados de familia de la víctima.
Tras 8 años del asesinato de Lola Chomnalez, el letrado expresó tranquilidad por lograr avances en la causa: “Es el primer aniversario en el que sentimos la tranquilidad de que la persona que había dejado su ADN en las pertenencias de Lola finalmente fue encontrada”. En tanto, el imputado fue detenido en el Chuy, en el límite de Uruguay con Brasil, y deberá cumplir una pena de 8 años.
Cesar Milani, Jorge Castillo, Gerardo Ferreyra, Fernando Esteche, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Santiago Carlos Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Caballo Suárez, Atanasio Pérez Osuna, Oscar Thomas, Juan Pablo “Pata” Medina, Luis D’Elía, Amado Boudou, Jorge Chueco, Lázaro Báez, José Núñez Carmona, Martín Báez, José López, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.
22 personalidades ligadas a la corrupción K, que se encontraban cumpliendo sus respectivas condenas, fueron liberadas durante el gobierno del Frente de Todos, de Alberto y Cristina Fernández. Muchos salieron durante la cuarentena, ya que “no había lugar en las cárceles”.
El próximo sábado, Ricardo Jaime, condenado en seis ocasiones, saldrá de prisión y continuará con arresto domiciliario.
Inflación en 102,5%, 4 millones de indigentes, la mitad del país pobre y x lo único que se preocupan es de apropiarse por decreto de los derechos de transmisión de partidos de la Selección Argentina.
Invertís y arriesgás por nada: de repente el Estado te lo expropia.
