El intendente Montenegro se presentó ante la Justicia por el polémico censo de La Matanza

El jefe comunal de General Pueyrredón busca "corroborar cada una de las cifras" del registro poblacional.
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Luego de la publicación de los datos que surgieron del relevamiento 2022, el jefe comunal marplatense Guillermo Montenegro en su carácter de “vecino e Intendente de General Pueyrredón” solicitó a través de los letrados Ana Righi y Mauro Matinelli, a la Justicia Federal “medidas de prueba en la causa que investiga la posible adulteración del Censo 2010 de La Matanza”, según expresa el documento al que tuvo acceso este medio.

El jefe político de la ciudad consideró en el documento presentado que debe solicitarse un informe al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) “a fin de corroborar cada una de las cifras” del distrito el Gran Buenos Aires, en alusión a La Matanza.

La demanda presentada por el intendente Guillermo Montenegro en el Juzgado Federal.
La demanda presentada por el intendente Guillermo Montenegro en el Juzgado Federal

“En fecha reciente, han tomado estado público los resultados provisorios del Censo Nacional 2022, de los que se desprende que el Municipio de La Matanza (mayor distrito de la provincia de Buenos Aires) ha tenido en 12 años un crecimiento muy inferior al del resto de las Comunas y sensiblemente menor al proyectado oportunamente”, sostiene el escrito.

Ante todo lo referido, Montenegro ha llevado el caso a la Justicia y aún no ha tenido respuesta alguna, ni siquiera desde el sector del Frente de Todos (FdT). Se presupone que, antes de finales de febrero, el intendente marplatense obtendría algún tipo de avance.

Ulises Catriel Cuenca

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Denuncian a funcionarios de Alicia Kirchner: “Siguieron robando después de dejar el gobierno”

En el marco de los allanamientos realizados en Río Gallegos, Julio Gutiérrez señaló al la anterior gestión de la cartera de Trabajo por estafa y robo al Estado provincial. Según explicaron fuentes oficiales, los exfuncionarios habrían logrado seguir actuando con los ilícitos a pesar del cambio de gobierno.

Los funcionarios de Alicia Kirchner no entregaron a las nuevas autoridades claves, datos de plataformas de compra y cuentas, de un convenio del Ministerio de Trabajo para comprar artículos necesarios para el área en el rubro de mantenimiento y servicios. El desfalco, según estiman los miembros de la actual gestión es de $27 millones.

Con ese modus operandi, siguieron comprando repuestos, cubiertas y otros servicios a nombre del Ministerio de Trabajo, que fueron almacenando en galpones de su propiedad que se encuentran en la zona industrial, y que forman parte de la empresa “Cielos Patagónicos, viviendas industrializadas”.

Las compras se habrían realizado en comercios como Toyota, Pirelli y Austral Gomas, y habrían sido retirados por un empleado de la empresa de Romina Silva que fue “pescado infraganti” cuando realizaba una de estas maniobras.

Gutiérrez precisó que “la principal autora de todo esto es la anterior secretaria del Ministro de Trabajo”. Romina Silva fue o es la mano derecha de Teodoro “Lalo” Caminos, exministro de Trabajo de Santa Cruz. “En la época cuando se hizo la transición (de gobierno) no nos entregaron claves, ni plataformas, ni cuentas que tenían que ver con cuestiones de mantenimiento y servicios”, explicó el actual ministro.

Indignado, Julio Gutiérrez afirmó: “No les bastó con robar cuando estaban en el gobierno, sino que siguieron robando después de dejarlo, lo que demuestra la impunidad de esta gente, la falta de respeto y la absoluta desconsideración y burla hacia toda la sociedad santacruceña que está viviendo momentos difíciles. Pero como dijo el gobernador Vidal desde que asumió, se ha terminado el robo en Santa Cruz y los responsables irán a prisión por sus acciones delictivas”.

Redacción

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