Galarza cargó contra Leyenda: “La despedí el año pasado y sigue hablando como si fuese mi letrada”

¿El ocaso del negocio judicial feminista?: La abogada Hermida Leyenda recibió nuevos embistes por seguir refiriéndose al caso de Nahir Galarza.
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Como si se tratase de un problema casi psiquiátrico, o de locura atemporal, la abogada Raquel Hermida Leyenda vuelve a posicionarse en el foco de la polémica. Ya que, ante los últimos posteos de Twitter, generó la reacción de la joven adolescente condenada por asesinato, Nahir Galarza, quién la apartó de su caso por “interesarle las cámaras y no la verdad”.

Vale recalcar que Galarza se ha convertido en los últimos meses en un fenómeno audiovisual a partir del rodaje del primero de los proyectos de cine y ficción que contarán la historia del caso: “Nahir, Ángel o Demonio”. Sumado al docureality que la productora Kapow emitirá por Telefé y Paramount, y aquella serie que TFS de México, en conjunto con Pampa Films, llevará adelante llamada “El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático”.

Elenco
Uno de los elencos fílmicos representativos de las figuras del caso sobre Nahir Galarza.

Hermida Leyenda estaría aprovechando el crecimiento mediático de la joven para poder obtener algo de cámara, por lo que en Twitter realizó posteos en nombre de ella y la misma Nahir Galarza. “Repudiamos a Jorge Zonzini y a quiénes lo escuchan hablar de la causa. Habla de psiquiatra y psicóloga sin autorización y faltando a la verdad. Denuncia en trámite”, señaló.

No contenta. Continuó bajo la premisa de no ofrecer notas sobre el caso de Nahir Galarza, arremetió nuevamente contra Zonzini y continuó con los medios: “Hoy Clarín miente y expresa misoginia y discriminación a las enfermedades neurológicas”. Hasta se encargó de indicar que lo publicado en medios sobre ella son “mentiras”.

R. HERMIDA LEYENDA on Twitter: “Repudiamos a JORGE ZONZINI y a quiénes lo escuchan hablar de la causa NAHIR. Habla de psiquiatra/psicóloga sin autorización y faltando a la verdad. Denuncia en trámite. / Twitter”

Repudiamos a JORGE ZONZINI y a quiénes lo escuchan hablar de la causa NAHIR. Habla de psiquiatra/psicóloga sin autorización y faltando a la verdad. Denuncia en trámite.

Como respuesta a todo ello, Nahir Galarza dialogó en exclusiva con Data24 y remarcó con una clara expresión de enojo: “La despedí el año pasado y sigue hablando como si fuese mi letrada”. Desde noviembre del 2022, la abogada fue apartada del caso como codefensora.

¿Cómo fue apartada Hermida Leyenda del caso?

En momentos donde la Corte Suprema está esperando revocar o reafirmar el fallo de prisión perpetua contra Nahir, Hermida Leyenda estaría complicando las cosas con sus exclamaciones maliciosas por medio de las redes sociales. A tal punto que, desde el Colegio de Abogados, están pensando seriamente en realizar una denuncia por entorpecer el caso.

Documento
Documentos en dónde se ratifican a los abogados de Nahir Galarza, José Ostolaza y Pablo Sotelo, y se constata que Raquel Hermida Leyenda fue apartada por completo del caso.

La documentación presentada por Nahir Galarza a este portal dejó en claro que los abogados del caso, en defensa de ella, son José Ostolaza y Pablo Sotelo, mientras que Raquel Hermida Leyenda tan solo colaboró. Aunque luego fue revocada por la misma joven adolescente acusada de asesinato.

En noviembre del 2022, la joven condenada a prisión perpetua solicitó la revocatoria de su codefensora dado que no estaba conforme con su nivel de exposición mediático y con su decisión de darle un “tinte feminista” a la causa. “Me ha colocado como rehén de un feminismo fanático al que no pertenezco”, señaló Galarza ante los medios de comunicación.

R. HERMIDA LEYENDA on Twitter: “Ningún abogado de la causa o JORGE ZONZINI tienen relación con las pericias psiquiátricas y psicológicas de NAHIR. Fue mi defensa quién las aportó y solo se conocieron MENTIRAS. pic.twitter.com/g2GAdT3OKW / Twitter”

Ningún abogado de la causa o JORGE ZONZINI tienen relación con las pericias psiquiátricas y psicológicas de NAHIR. Fue mi defensa quién las aportó y solo se conocieron MENTIRAS. pic.twitter.com/g2GAdT3OKW

Sin ir más lejos, lejos de entender que está fuera del caso, sumó un papelón al escribir un tweet en donde ignoraría su despido del caso de Nahir Galarza y, además, no frena con la lluvia de progresismo a la causa. Fuentes oficiales que se habían comunicado con Data24 afirmaron que “calumnia a los abogados que se encuentran trabajando en el caso, sin ningún argumento justificativo”, lo cual se encuadraría en delitos contra el honor de manera simple.

“Solo le interesa las cámaras y no la verdad”, fueron algunas de las frases que soltó Galarza contra la doctora. Tras ello, Nahir fue la partícipe de que Hermida Leyenda termine siendo una desempleada más, bajo las fuertes críticas de sus formas. Amén de ello, la convirtieron en meme desde las redes sociales.

La joven adolescente entrerriana Nahir Galarza y la abogada Raquel Hermida Leyenda.

A su vez, no se puede dejar de lado el hecho de que aún Hermida Leyenda enfrenta un juicio por 20 millones de dólares contra el astro del seleccionado argentino de fútbol Gonzalo Montiel por “calumnias e injurias”. La abogada encabezó la defensa de la mujer que denunció al campeón del mundo por un supuesto abuso sexual con acceso carnal en marzo pasado.

En el documento presentado a la Justicia por los abogados defensores, Nicolás Parayola Hernayes y Matías Emanuel Aquino, se indica que la letrada había denunciado en el programa “De Vuelta”, conducido por el ultrakirchnerista Pablo Duggan, que el futbolista estaba siendo acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, el cual sería agravado por ser cometido por varias personas.

R. HERMIDA LEYENDA on Twitter: “HOY CLARÍN MIENTE y expresa MISOGINIA Y DISCRIMINACIÓN a las enfermedades NEUROLOGICAS. pic.twitter.com/eK2V7nKTxL / Twitter”

HOY CLARÍN MIENTE y expresa MISOGINIA Y DISCRIMINACIÓN a las enfermedades NEUROLOGICAS. pic.twitter.com/eK2V7nKTxL

Allí también señaló que Hermida Leyenda habló al día siguiente en el programa de Jorge Rial, “Argenzuela”, y sostuvo que asegura haber sido contactada por la Fiscalía y refiere que ratificaría la denuncia. Asimismo, destaca que la abogada se presentó en varios medios durante esa semana y continuó haciendo hincapié en la denuncia “contra el jugador de la Selección Argentina”.

Del mismo modo, la abogada feminista cuenta con otro revés contra Juan Darthés por “calumnias e injurias”. Luego de que se diera la inocencia del actor, ella quedó en otro foco de la polémica tras haberse paseado por los canales de televisión lanzando dardos contra él. Ahora todo se tornó distinto y Hermida Leyenda una vez más se llena de controversias.

La abogada Raquel Hermida Leyenda hablando mal de sus ex colegas en el caso.

Nahir Mariana Galarza fue condenada a prisión perpetua, pero el fallo está apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya ha revisado el expediente y en lo más próximo debe expedirse sobre si confirma o revoca la pena máxima aplicada a la adolescente entrerriana.

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Raúl Padró defendió al juez federal Alfredo López: “Es un hombre impoluto”

Raúl Padró, legislador mandato cumplido, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM sobre el proceso de enjuiciamiento al juez federal Alfredo López. Durante la entrevista, cuestionó a quienes impulsan la acusación, rechazó las denuncias por presuntas expresiones antisemitas y sostuvo que detrás del caso existe un intento de disciplinamiento político. A lo largo de la conversación, remarcó que su presencia en la audiencia fue en calidad de ciudadano y defendió la trayectoria del magistrado.

“Alfredo López es un hombre que tiene una trayectoria de 40 años en la justicia, todos lo sabemos, inmaculado, un hombre impoluto”, afirmó Padró al explicar por qué decidió acompañar al juez durante el proceso.

En ese sentido, cuestionó a los denunciantes y aseguró que carecen de autoridad moral para impulsar el juicio político. “Lo único que hizo fue coincidir con el Tribunal de la Corte Penal Internacional, lo mismo que hizo en su momento el Papa Jorge Bergoglio Francisco”, sostuvo al defender las declaraciones de López sobre el conflicto en Medio Oriente.

El exlegislador insistió en que su respaldo no responde a un vínculo personal con el magistrado, sino a una convicción sobre el caso. “Yo no soy amigo de López. Como decía Aristóteles, soy amigo de Platón, pero en mayor medida soy amigo de la verdad y he visto que la verdad está del lado de López y no de esta banda de delincuentes acusadores que carecen de todo sustento moral y jurídico para hacer imputaciones al doctor Alfredo López”, manifestó.

Asimismo, aseguró que las acusaciones difundidas en distintos medios distorsionaron lo ocurrido durante la audiencia. “Nosotros en ningún momento hicimos ningún tipo de manifestación racista ni nada porque estamos bien de la cabeza. Nuestra cruzada, nuestra lucha es por la verdad y la justicia contra el racismo y la discriminación”, expresó.

En esa línea, rechazó las acusaciones de antisemitismo y sostuvo que se trata de una estrategia para desacreditar a quienes cuestionan al estado de Israel. “Nosotros en ningún momento hablamos de ningún judío”, enfatizó, y agregó: “Si ellos se sienten parte de eso, bueno, es un problema de ellos, evidentemente”.

Críticas al gobierno y a la libertad de expresión

Consultado sobre si considera que el caso afecta la libertad de expresión, Padró respondió que ese es uno de los aspectos centrales del conflicto. “Es uno de los argumentos que está ahí. Suerte que alguien lo grabó, porque está documentado”, señaló.

Luego amplió sus críticas hacia el gobierno nacional y vinculó el proceso contra López con la política exterior de la administración de Javier Milei. “Este episodio de López es el paradigma de lo que significan toda esta casta de miserables sinvergüenzas y ladrones”, sostuvo.

Además, cuestionó el alineamiento internacional del Ejecutivo y afirmó: “Es hora de poner las cosas en su lugar, que el pueblo argentino tome conciencia y ubique estos individuos donde corresponde”.

Sobre el futuro del proceso disciplinario, Padró recordó que la decisión quedó en manos del tribunal y anticipó que, cualquiera sea el resultado, el conflicto continuará. “Terminó la sentencia. Ahora tiene que expedirse el tribunal. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver, porque esto no termina acá. La historia sigue”, concluyó.

*Fuente: REALPOLITIK

El Tribunal de Cuentas detectó que la empresa de las autopistas bonaerenses liquidó 116 mil horas policiales de más

El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires auditó el ejercicio 2024 de la firma de Autopistas de Buenos Aires Sociedad Anónima (AUBASA) y detectó que la empresa liquidó 116.837 horas policiales por encima de lo pactado en el convenio provincial.

Según la resolución, el acuerdo permitía redistribuir horas o efectivos entre los distintos corredores viales, pero no habilitaba a ampliar unilateralmente el total de horas autorizadas. El mayor exceso se concentró en la Autopista Buenos Aires–La Plata, con diferencias adicionales detectadas en el Sistema Vial Integrado del Atlántico.

AUBASA es la empresa estatal de la provincia de Buenos Aires que administra justamente la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Sistema Vial Integrado del Atlántico y otras rutas provinciales. Uno de sus servicios más sensibles es la contratación de “policía adicional” (POLAD), o sea, efectivos policiales que trabajan horas extra para brindar seguridad en las rutas, cuyo pago está regulado por un convenio firmado con el Ministerio de Seguridad provincial.

Como consecuencia de dicha irregularidad, el Tribunal aplicó un llamado de atención formal contra quienes tuvieron responsabilidades de conducción durante el período auditado, entre ellos el entonces presidente José Ramón Arteaga y otros integrantes de la conducción de la empresa. Es importante aclarar que este llamado de atención es una sanción administrativa de menor gravedad.

El propio Tribunal precisó que la observación se limitó a la forma en que se administraron y liquidaron las horas, sin formular cargos patrimoniales ni ordenar reintegros de dinero.

— José Ramón Arteaga

Días después de conocerse el fallo, una asamblea informal de trabajadores de AUBASA señaló directamente a tres funcionarios de la actual conducción como responsables del manejo del sistema POLAD. En ese grupo mencionaron a Juan Guillermo Sauro, quien asumió la presidencia en marzo de 2024, y Mauro Daniel Moretti, subgerente de Seguridad Patrimonial de la empresa y uno de los alcanzados por el llamado de atención del Tribunal por su intervención en la confección de las boletas de servicio general de policía adicional.

De acuerdo a los trabajadores, Moretti coordina el sistema POLAD en las rutas administradas por AUBASA. También fue apuntado Pablo Martínez Carignano, jefe de Gabinete de Pablo Ceriani, a quien la asamblea atribuyó el manejo de los fondos correspondientes a las horas adicionales a través de Moretti. En tercer lugar, señalaron al mismo Ceriani, actual gerente general de AUBASA y superior jerárquico de Martínez Carignano.

— Pablo Ceriani

Durante la asamblea, distintos empleados llegaron a acusar a estos tres funcionarios de “repartirse el dinero de las horas POLAD entre ellos”, una imputación de extrema gravedad. No obstante, es clave distinguir entre el hallazgo administrativo confirmado y la denuncia gremial, ya que hasta el momento de lo trascendido, esta acusación corresponde exclusivamente a manifestaciones de los propios operarios en una asamblea, sin que exista una resolución judicial que la respalde ni una imputación penal conocida contra ninguno de los nombrados.

El contexto financiero que agrava la crisis

La controversia estalla en un momento particularmente incómodo para la empresa. AUBASA cerró el ejercicio 2024 con un resultado negativo superior a los 6.100 millones de pesos. Esto contrasta con el discurso público de la gestión, que en octubre de 2024 se presentaba como una empresa estatal “superavitaria” capaz de autofinanciar un ambicioso plan de obras de 332 millones de dólares.

La combinación de pérdidas económicas, observaciones del organismo de control y denuncias internas sobre el manejo de las horas POLAD pone bajo fuerte presión a la cúpula actual de la empresa, en un contexto donde además Arteaga ya insinuó públicamente aspiraciones políticas como candidato a intendente.

Detuvieron a una expolicía acusada de reclutar argentinos para la guerra en Ucrania y la investigan por trata de personas

La Policía Federal Argentina detuvo en Tigre a Griselda Inés Ortiz, una expolicía de la Bonaerense acusada de liderar una red que reclutaba a argentinos —civiles, exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad— para enviarlos a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania a cambio de 3.000 euros mensuales.

La causa está caratulada como trata de personas y tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, con el fiscal Sergio Mola. Durante el allanamiento estuvieron presentes integrantes del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), especialistas en cibercrimen y personal del Departamento Trata de Persona.

La investigación arrancó el 11 de marzo de 2026, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó en un preembarque en Ezeiza a cuatro pasajeros que decían viajar a trabajar como albañiles en tareas de “reconstrucción de infraestructura” en zonas dañadas por bombardeos. Sus itinerarios llamaron la atención, ya que volaban con Turkish Airlines hacia Estambul, con conexión en Chisináu (Moldavia), para luego ingresar a Ucrania.

Interrogados, los cuatro hombres finalmente admitieron que en realidad iban al frente de combate a cambio de 3.000 euros mensuales, y que firmarían un contrato recién al llegar a territorio ucraniano. Contaron que habían sido contactados a través de plataformas digitales y que conocieron a uno de sus reclutadores apenas horas antes de ser trasladados al aeropuerto.

Cuatro meses después de ese primer hallazgo, la pesquisa llevó a identificar a Ortiz como la organizadora del reclutamiento. En el allanamiento de su vivienda —un conventillo en Tigre— se secuestraron un arma de fuego, emblemas del ejército ucraniano, formularios de reclutamiento y sus antiguas credenciales policiales con número de legajo.

También se incautó su teléfono y una plataforma que operaba con criptoactivos, cuyos fondos fueron congelados por la Justicia. Según las pesquisas, la división de tareas dentro de la red era clara, con Ortiz encargándose del reclutamiento, mientras que su pareja —un exagente de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, hoy dado de baja— se ocupaba de los traslados. Este último, identificado como Agote, permanece prófugo y habría cruzado a Brasil. Hasta el momento se identificaron cuatro víctimas, todos varones.

La calificación de “trata de personas” resulta llamativa porque no se trata del típico esquema de explotación sexual o laboral clásico, sino de reclutamiento para combate armado bajo engaño. Sin embargo, en el domicilio de Ortiz no se encontró evidencia documental adicional ni indicios claros de coerción física sobre las víctimas, lo que deja abierta la discusión judicial sobre si corresponde estrictamente esa figura penal o una calificación distinta.

El patrón coincide con el marco señalado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), que documentó que Rusia construyó un “sistema global de trata de personas” para reforzar sus filas, reclutando desde 2022 a al menos 27.000 extranjeros de más de 130 países, entre ellos entre 1.000 y 8.000 latinoamericanos.

Este caso no es aislado. Desde 2024 se sabe que hay argentinos, en su mayoría retirados del Ejército, prestando servicios en la guerra ucraniana, tanto del lado ucraniano como del ruso. Del lado ucraniano, la Legión Internacional de Defensa Territorial ofrece abiertamente sueldos de hasta 4.800 dólares mensuales para quienes se desempeñan en combate, con contratos de tres años.

Del lado ruso, se conoció el caso de Dante Gianni Bettiga, un joven de Ushuaia que viajó a Rusia para estudiar idioma, abandonó sus estudios, aceptó una oferta laboral vinculada a una empresa que contrataba personal para el ejército ruso y, al intentar darse de baja, se lo enviaron igualmente al frente. Medios especializados en cobertura de guerra confirmaron la presencia de argentinos en unidades de infantería y apoyo táctico en el este de Ucrania, y se reportaron en los últimos meses muertes de connacionales en combate, incluyendo tres casos en la región de Sumy por ataques con drones y minas. El Ejército Argentino, por su parte, aclaró oficialmente que no mantiene ninguna relación institucional con estas convocatorias.

Las cifras del negocio del reclutamiento

Los montos que circulan en este tipo de redes varían según la fuente y el nivel de riesgo asumido. Las cifras oficiales publicadas por Ucrania hablan de escalas de pago, de alrededor de 550 dólares mensuales fuera de zona de combate, 1.100 dólares en zonas de peligro y hasta 4.800 dólares para quienes están desplegados en primera línea.

En junio de 2026, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski anunció además una suba salarial que llevaría los pagos a combatientes de primera línea a unos 5.800 euros mensuales. Los 3.000 euros que ofrecía la red de Ortiz se ubican, entonces, dentro del rango “estándar” de lo que suele pagarse a extranjeros en el frente, lo que explica por qué la oferta resultó creíble para las víctimas.

De acuerdo a lo trascendido, especialistas en la cobertura de la guerra ya venían advirtiendo que “se multiplican los casos públicos de ciudadanos [argentinos] involucrados en el conflicto, con bajas confirmadas y también denuncias de captación engañosa”. Incluso se registraron denuncias sobre redes rusas que reclutaban mujeres argentinas bajo el programa “Alabuga Start”, ofreciendo empleos que terminaban vinculados a la industria de defensa rusa, lo que motivó una investigación de Interpol y denuncias judiciales en Argentina por presunta infracción al artículo 145 del Código Penal (trata de personas).

Esto sugiere que el caso de Ortiz no es un hecho nada más, sino que forma parte de una empresa de intermediarios que operan aprovechando la necesidad económica y la falta de regulación clara sobre el reclutamiento de civiles para conflictos armados en el extranjero.

Cayó preso el jefe antidrogas de la Policía Federal en Córdoba por robar en los procedimientos

La Justicia Federal de Córdoba detuvo al comisario Alejandro Falcón, hasta hace pocos días titular de la División Drogas Peligrosas (antidrogas) de la Policía Federal Argentina (PFA) en esa provincia bajo la gestión del gobernador Martín Llaryora.

Falcón, de 46 años, quedó alojado en el pabellón para efectivos de seguridad del penal de Bouwer, tras una orden dictada por el juez federal subrogante Carlos Ochoa a pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedian. Junto a él, otros tres policías federales fueron imputados por hechos conexos, aunque permanecen en libertad, algunos con prisión domiciliaria.

A Falcón se le imputan hurto calificado, falsedad ideológica, peculado continuado y dádivas (equivalente a recibir sobornos o prebendas). Estas figuras describen respectivamente, apropiarse de bienes ajenos abusando de su cargo público, adulterar actas o documentos oficiales, malversar bienes del Estado, y aceptar beneficios indebidos por su función.

La causa mezcla episodios de gravedad dispar. Por un lado, se investiga el robo de 1.800 dólares durante el allanamiento a un automovilista y de unos 2 millones de pesos en un procedimiento de secuestro de un vehículo. Según el denunciante, un policía labró un acta con el dinero incautado, pero luego llegó un superior —cuya descripción coincide con Falcón—, rompió esa acta, hizo otra y se quedó con el efectivo.

El episodio más llamativo, sin embargo, surgió de un allanamiento realizado en marzo pasado contra un cultivador de marihuana de 35 años, en el que la División Antidrogas secuestró 37 plantas, 410 semillas y —de forma insólita— diez cráneos humanos (que resultaron ser material de estudio de un estudiante de Medicina).

Días después, el joven se presentó ante la fiscalía de Hairabedian para reclamar la devolución de dos cachorros de pitbull que había entregado durante el operativo, alegando que la entrega no había sido del todo voluntaria. Falcón sostiene que pensaba incorporarlos al adiestramiento canino de la fuerza.

Una subordinada de Falcón denunció un patrón más amplio de conductas irregulares, involucrado en llevar a un amigo como testigo falso en los procedimientos (hecho que ya se habría comprobado), junto con la presunta liberación de zonas para el accionar narco, y el uso de un patrullero y combustible oficiales para viajar todos los fines de semana a Rosario y Santa Fe a visitar a su pareja, maquillando los comprobantes de esos traslados.

Falcón admitió los viajes pero los justificó como una mudanza progresiva, y para el resto de las acusaciones sostuvo que existe un policía con parecido físico a él. En su declaración indagatoria negó todas las imputaciones y argumentó que vive “ajustado”, con diez créditos tomados en el Banco Nación, lo que —según su defensa— vuelve poco creíble que necesitara robar. La Justicia espera el resultado de la apertura de cuatro celulares secuestrados para determinar la verdad de los distintos relatos.

El costado político que complica a Monteoliva

El caso trasciende lo policial porque golpea a la administración de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, de quien depende la PFA. Monteoliva es cordobesa, politóloga por la Universidad Católica de Córdoba, con una larga trayectoria en gestión de seguridad junto a Patricia Bullrich (a quien sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025) y antecedentes como ministra de Seguridad provincial en 2013.

El escándalo estalló justo cuando circulaban versiones sobre una eventual candidatura a diputada nacional de Monteoliva por Córdoba de cara a las elecciones de 2027, y opacó una visita que tenía planeada a la capital cordobesa. Además, medios señalan que se trata del segundo episodio de fuerte repercusión que compromete a la Policía Federal bajo su gestión en pocos meses, lo que refuerza la idea de un patrón de descontrol dentro de la fuerza que ella conduce.

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