Enacom acude a la Justicia y ataca al Gobierno

Enacom irá a la Corte por la interrupción del DNU que declara esencial las telecomunicaciones.
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El vicepresidente del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), Gustavo López, confirmó que el Gobierno va a apelar ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que otorgó una medida cautelar en favor de Telecom Argentina en suspensión de los artículos del DNU 690/2020, que declara a las telecomunicaciones como servicio público.

“Millones de argentinos no pueden quedar rehenes de dos personas que deciden por los millones, y que vienen a suplantar al sistema político y deciden que para una empresa la ley no se aplica”, recalcó López.

Asimismo, mantuvo su reflexión de que esto tiene que ver con que “las empresas que no quieren ningún tipo de regulación van a la justicia”, y en ese accionar “ se afecta la gobernabilidad y el sistema democrático, si cada vez que no te gusta una decisión de los poderes públicos elegidos por voluntad popular vas a buscar a un juez para que suspenda la medida”.

El DNU sancionado declaró a las telecomunicaciones como servicio público, y definió que el precio ya no podría ser determinado de manera arbitraria por las empresas sino que el Estado iba a intervenir en su fijación. Además, se estableció una prestación básica universal por medio de este.

La medida fue tomada en el marco de la pandemia de Covid-19 y con el objetivo de contemplar que en este contexto el acceso a “las telecomunicaciones son una necesidad, dado que el coronavirus obligó al trabajo de forma remota, a la educación virtual, e incluso a la realización por medio de internet de trámites, pedidos de recetas médicas, e incluso de la inscripción a subsidios, y hoy hasta para inscribirte a la vacunación”, señaló López.

El viernes, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal consintió una presentación de Telecom Argentina y decretó una medida cautelar en su favor, con voto mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez.


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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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