El Ministerio de Seguridad pagó la recompensa por el pedófilo K, Ezequiel Guazzora
El gobierno recompensó a la fuente que aportó los datos para dar con el paradero del comunicador K denunciado por abusar sexualmente a una menor de edad. Guazzora fue detenido en octubre del año pasado, estuvo prófugo 67 días.
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Hace poco más de un año, el Ministerio de Seguridad de la Nación, gestionado en aquel entonces por Aníbal Fernández, ofreció una recompensa de 4 millones de pesos aquienes brinden datos que permitan encontrar y capturar a Carlos Ezequiel Guazzora, el militante K de las redes y ex precandidato a diputado provincial por el partido que lidera Guillermo Moreno que abusó a una menor de edad.
Tras permanecer casi 70 días prófugo, Guazzora fue detenido el 21 de octubre de 2023 en Merlo, provincia de Buenos Aires.
– Franco Mendieta, Responsable del Programa Nacional de Recompensas; ValeriaKowalewsky y Sheila Carriolo, abogadas del Ministerio; Gustavo Gavassa, Subsecretario de Gestión Administrativa y Martín Ferlauto, Director de Normativa. Las autoridades que controlaron el debido proceso. Del acto participaron también escribanos de la Escribanía General de la Nación
Ayer, las actuales autoridades del ministerio confirmaron a DATA24.COM.AR que se realizó el pago correspondiente.
Un documento judicial al que tuvo acceso este medio detalla que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N24 de Capital Federal determinó que “la información aportada por el llamante fue útil para la aprehensión del prófugo”. La identidad de quien aportó los datos a las autoridades es reservada por cuestiones de seguridad.
Por ello, a finales de septiembre de este año, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dispuso que se pague la colaboración establecida por el Programa Nacional de Recompensas.
Hasta el momento de su detención el comunicador K cambió tres veces de celular y modificó notablemente su fisonomía: lucía sin barba, con la cabeza rapada y más corpulento. Durante el arresto aseguró ser “un perseguido político”.
El juicio comenzó el pasado 11 de septiembre. Guazzora llegó a debate oral acusado de los delitos de abuso sexual agravado por haberse cometido con acceso carnal y corrupción de menores.
De acuerdo a la investigación, el imputado logró el encuentro con la joven de 16 años a partir de un pacto que realizó con la propia madre de la menor. Según señalaron fuentes de la causa, la mujer acordó un precio por el abuso sexual de la niña y, luego del pago, accedió a llevarla a la casa de Guazzora para que el hombre pudiera concretar el aberrante abuso.
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La Justicia otorgó este miércoles el arresto domiciliario a José Jorge Alperovich, exsenador nacional y tres veces gobernador de Tucumán, sentenciado el 18 de junio de 2024 a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual cometidos contra su sobrina segunda —seis con acceso carnal y tres simples en grado de tentativa— ocurridos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. La resolución de Juan María Ramos Padilla llegó después de poco más de un año de detención efectiva en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
El magistrado dispuso que el condenado de 70 años permanezca en uno de sus inmuebles del complejo Zencity de Puerto Madero, escenario de uno de los ataques acreditados en el debate oral. Para garantizar la medida impuso monitoreo electrónico permanente y fijó una caución real de 400 millones de pesos. Además, prohibió cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con la denunciante y su entorno, así como referencias públicas que pudieran afectarla.
El lugar fijado es uno de los departamentos del imputado en Puerto Madero, precisamente uno de los lugares donde se cometieron los primeros abusos por los que fue condenado.
– TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 29 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 86.765/2019/TO1
“Debe quedar claro que no voy a conceder el arresto domiciliario solicitado como un privilegio ni por compasión, sino como ejercicio legítimo de una atribución legal fundada en condiciones de estricto control, neutralizando los riesgos de entorpecimiento y fuga, y asegurando la protección” de la víctima, sostuvo Ramos Padilla.
El juez advirtió que “cualquier omisión o intento de evasión —por mínimo que sea— habilitará la revocación inmediata del beneficio y el reingreso al establecimiento penitenciario”.
Entre los fundamentos aparecieron la edad de Alperovich y un agudo dolor de columna que, según informes médicos del Servicio Penitenciario Federal, limitaba su movilidad, junto con hipertensión y un cuadro depresivo diagnosticado en marzo de 2025. Durante su estadía en Ezeiza recibió atención en el Hospital Penitenciario Central y fue trasladado en varias ocasiones al Hospital Italiano.
La familia ya había intentado morigerar la detención tres meses después de la condena. Gabriel, Mariana, Sara y Daniel Alperovich se ofrecieron entonces como “fiadores”, prometieron acompañar a su padre las 24 horas y entregaron sus pasaportes “para demostrar que no existiría riesgo de fuga”. La Justicia rechazó aquella petición en dos oportunidades, pero ahora el juez consideró que mantener al exmandatario en prisión preventiva sería “arbitrario” frente a las condiciones carcelarias y a su estado de salud, aunque la condena y la inhabilitación perpetua para cargos públicos siguen vigentes.
Durante el juicio oral iniciado en febrero de 2024 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 declararon más de 80 testigos, incluido el exgobernador Juan Manzur. En su sentencia, Ramos Padilla subrayó: “Los indicios son graves, precisos, concordantes y basados en hechos comprobados que, relacionados entre sí, nos llevan a un único resultado”. El tribunal entendió que Alperovich aprovechó “un contexto de confianza, afecto familiar, dependencia laboral y asimetría de poder” para perpetrar los abusos.
Alperovich negó siempre las acusaciones y las atribuyó a motivaciones “políticas y económicas”. Su entonces pareja, la exganadora de Gran Hermano Marianela Mirra, difundió en mayo último una fotografía del exsenador internado que reavivó críticas a las condiciones de detención. El expediente continúa en trámite de apelación y revisión. Mientras se define la instancia superior, el exgobernador permanecerá bajo arresto domiciliario, controlado electrónicamente y sujeto a supervisión judicial periódica.
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que brinda cobertura a cerca de 550.000 militares, gendarmes, prefectos, jubilados y sus familias, atraviesa una crisis sin precedentes que lo llevó al borde del colapso. Un informe detallado expone una combinación explosiva de desmanejo financiero, desidia y problemas estructurales que hoy dejan a miles de servidores de la patria sin la atención médica que merecen.
La situación es crítica. En tan solo 18 meses de la era Milei, el IOSFA pasó de tener reservas positivas de $25.000 millones de pesos, a un déficit acumulado que supera los $160.000 millones. Actualmente, la obra social pierde la asombrosa cifra de $15.000 millones por mes, cifras que dibujan un panorama de quiebra inminente.
Cóctel explosivo
Por un lado, el “sinceramiento de precios” de 2024 disparó los costos de medicamentos y prestaciones médicas en más de un 300%, mientras que los ingresos por aportes de los salarios militares –ya devaluados– crecieron a un ritmo mucho menor. A esto se suma la ausencia total de asistencia estatal extraordinaria por parte del Tesoro Nacional, dejando al IOSFA a la deriva, a diferencia de otras obras sociales masivas como PAMI.
La situación en IOSFA es dramática: reservas evaporadas, un déficit de $160.000 millones, más de 90 cortes diarios de servicios y la renuncia de su director. Ya se habla de una quiebra técnica y crece el fantasma de la privatización silenciosa. Los afiliados militares, retirados y sus familias quedan a la deriva.
Pero las críticas más duras apuntan a problemas internos de gestión que rayan en la desidia:
Activos ruinosos: La obra social mantiene 33 hoteles, centros de recreación y 33 farmacias que, lejos de ser rentables, son un lastre financiero constante. Una clara muestra de un despilfarro inexplicable.
Gasto descontrolado: Un alarmante 92% de los ingresos se destina sólo a cubrir prestaciones básicas, dejando un margen nulo para cualquier imprevisto o inversión. La gestión vive al día, al borde del precipicio.
Burocracia inflada: Con una planta de personal que casi duplica a otras obras sociales de tamaño similar (como IOMA), la estructura del IOSFA está sobredimensionada, devorando recursos en sueldos que no se ven reflejados en la eficiencia del servicio.
Ausencia de controles: La falta crítica de auditorías médicas sobre clínicas y prestadores es señalada como un agujero negro por donde el dinero desaparece sin fiscalización, alimentando sospechas de malversación y un posible vaciamiento deliberado.
El drama de los afiliados: castigos por reclamar
El colapso financiero se traduce directamente en un drama humano. Los afiliados denuncian un promedio de 90 interrupciones diarias en los servicios por falta de pago a prestadores. Las demoras en la autorización de insumos críticos como stents o marcapasos se extienden por varios meses, poniendo vidas en riesgo. Farmacias con escasez de medicamentos y reintegros que nunca llegan completan un panorama desolador.
“El servicio está en ruinas”, coinciden los afectados en redes sociales, que describen “médicos que se van, hospitales vacíos y farmacias sin medicamentos”. A pesar de la obligatoriedad del aporte, los afiliados se sienten abandonados y prisioneros de un sistema que no les permite buscar otra cobertura, se trata de una obra social cautiva, símil IOMA.
Tras la difusión de la información inicial sobre la crisis de IOSFA, este medio recibió nuevos contactos de afiliados que no sólo confirmaron cada punto expuesto, sino que agregaron una denuncia gravísima: si los familiares de los militares realizan reclamos formales ante el IOSFA por la falta de atención o cobertura, los propios militares en actividad reciben reprimendas y castigos disciplinarios dentro de sus unidades.
El parche del IAF y el temor a la privatización
La inestabilidad directiva, con el pasaje de tres presidentes en un año y medio, todos cercanos al Ministro de Defensa, Luis Petri; se evidencia la imposibilidad de contener la crisis. El préstamo de $40.000 millones del IAF (Instituto de Ayuda Financiera), una entidad clave para las jubilaciones militares, es considerado por muchos como un parche superficial que sólo prolonga la agonía y pone en riesgo los fondos de retiro. Además, este préstamo fue gestionado por la actual presidente de IOSFA cuando ésta aún trabajaba en el IAF, lo que resuena aún más.
Crece también la preocupación por un posible plan para tercerizar las prestaciones de salud, lo que muchos ven como el paso previo a la privatización total de la obra social militar. La idea es que, al dejarla quebrar, se justifique su venta; una estrategia que la comunidad militar rechaza enérgicamente, considerándola un ataque a la solidaridad y a los derechos de quienes sirvieron a la nación.
El gobierno de Mendoza volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez por la entrega de cinco pozos acuíferos a Cresud, la empresa del magnate Eduardo Elsztain. La autorización se otorgó en la subcuenca El Carrizal, una zona que tenía restricciones por riesgo de sobreexplotación.
El permiso fue concedido por el Superintendente de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli. La decisión sorprendió, ya que desde 2024 regía una veda de dos años para nuevas perforaciones. Sin embargo, en febrero de este año, el gobierno provincial levantó parcialmente esa prohibición.
En la zona existen volúmenes de agua disponibles. Pero distintos informes técnicos alertaron sobre la fragilidad del acuífero. Para muchos expertos y productores la explicación oficial no alcanza.
– El Superintendente de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli
Tras las autorizaciones, se registró un fuerte aumento en el valor de las tierras beneficiadas. Algunos terrenos pasaron de valer cifras mínimas a cotizar millones de dólares. Esto encendió sospechas sobre un uso especulativo del recurso hídrico.
Cresud no fue la única favorecida. También recibieron permisos otras firmas vinculadas a empresarios como Young Woo, Walter Bressia y Pedro García Mateo. En total, se aprobaron nueve perforaciones nuevas.
Desde Irrigación defendieron los permisos. Aseguraron que no se superó la cantidad de agua permitida y que se exigieron condiciones técnicas estrictas. Entre ellas, monitoreo automatizado y controles permanentes.
A pesar de eso, regantes y asociaciones de productores denunciaron falta de transparencia. Afirmaron que las decisiones benefician a los sectores más poderosos. Además, advirtieron que se pone en riesgo el acceso al agua de pequeños y medianos usuarios.
El conflicto sumó un nuevo capítulo cuando el gobernador Cornejo propuso disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Ese organismo controlaba el agua potable. Ahora, todo el poder pasaría al Departamento General de Irrigación.
Distintas organizaciones sociales expresaron su preocupación. Denunciaron que se busca instalar un modelo de gestión basado en la lógica del mercado. También recordaron las recientes detenciones de militantes que protestaban por el acceso al agua.
La Fiscalía Federal de Resistencia, dirigida por el Dr. Patricio Sabadini, se prepara para solicitar la detención de Alfredo “Capi” Rodríguez, director regional de ANSES y presidente de La Libertad Avanza en Chaco, tras la feria judicial de agosto. La investigación llevada a cabo revela un esquema de afiliaciones fraudulentas al partido político que habría afectado a personas vulnerables, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidades.
Los datos son contundentes, con más de 17 personas citadas aleatoriamente del padrón partidario, 15 negaron haberse afiliado voluntariamente al partido. La gravedad del caso se incrementa por el perfil de las víctimas: personas de edad avanzada, algunos analfabetos o con enfermedades como Parkinson.
La jueza federal, Zunilda Niremperger, delegó la causa al fiscal Sabadini, quien ha confirmado irregularidades en al menos 13 casos donde las personas no reconocieron sus firmas en las fichas de afiliación. Según trascendió, Rodríguez habría utilizado su acceso a las bases de datos de ANSES para obtener información personal de ciudadanos y afiliarlos al partido sin su consentimiento.
El escándalo ha generado tensiones internas de LLA en Chaco. Un grupo de 300 militantes envió una carta a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, solicitando la pericia del partido debido al manejo “autoritario” de Rodríguez, quien está alineado con los primos Menem, Martín y Eduardo, dentro de la estructura libertaria. Para sostener las afiliaciones, el partido que dio los avales a LLA de Chaco fue el de La Rioja, confirmando esta vinculación.
En la carta, los militantes sostienen que “las personas que no responden al actual presidente provincial, que no simpatizan con él, no acatan ni avalan su autocracia, se les obstaculiza, ignora o rechaza la aceptación de su afiliación”.
Se lo acusa a Rodríguez principalmente por extorsión, delito tipificado en el artículo 168 del Código Penal , que establece una pena de reclusión o prisión de cinco a diez años, por “impedir la libre decisión de las personas”. La misma, consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio. En este caso, se investiga si Rodríguez exigía porcentajes de sueldos a empleados de ANSES como condición para mantener sus empleos.
La segunda imputación se refiere a falsedad documental agravada por su carácter de funcionario público. Este delito se configura cuando un funcionario público inserta declaraciones falsas en documentos públicos relativos a hechos que tales documentos deben probar. Se caracteriza por aprovechar el carácter auténtico de un documento para insertar declaraciones erróneas. El agravante por ser funcionario aumenta significativamente la pena, dado que vulnera la fe pública que el Estado deposita en sus funcionarios.
Fuentes judiciales indicaron que la medida cautelar realizada se basaría en la gravedad de los hechos conocidos y el riesgo de entorpecimiento en la indagación. Las afiliaciones fraudulentas habrían sido realizadas durante 2023 para cumplir con los requisitos de personería jurídica del partido en la provincia.
La calidad de afiliado se adquiere a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprueben la solicitud, o automáticamente si no se considera dentro de los 15 días hábiles. Crucialmente, la ley establece que no puede haber doble afiliación y que el registro de afiliados debe ser público.
Paralelamente, a comienzos del mes de julio, ANSES presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una red de jubilaciones falsas que operaba a través de un estudio contable en Resistencia. La revisión, dirigida por el juez Ricardo Mianovich, reveló que se utilizaban declaraciones juradas rectificativas falsas para simular relaciones laborales inexistentes.
El mismo Rodríguez confirmó que se detectaron “unas treintena de jubilaciones truchas” y que el estudio involucrado cobraba 3 millones de pesos por los trámites fraudulentos. El análisis contó con el apoyo del Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello.
El vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, generó una fuerte polémica al denunciar públicamente lo que calificó como una situación “escandalosa” en el manejo de fondos públicos.
“El Gobierno de Córdoba respondió que la compra de Sildenafil (conocido por la marca Viagra) y otros insumos médicos responden a diferentes tratamientos indicados por médicos de hospitales externos”, declararon fuentes oficiales de la administración cordobés.
La controversia surgió cuando Corvalán detectó, durante su labor de control de gastos, una factura oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba correspondiente a abril de 2024 que incluía la compra de medicamento “Magnus” de 100 mg, más conocido por su nombre comercial viagra.
La factura, que ascendía a un total de $948.961, incluía específicamente tres cajas de Magnus 100 mg por un valor de $52.213,17, además de otros productos como pastillas anticonceptivas, cremas humectantes, antigás y shampoo anticaspa.
– Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas
“Es una cuestión escandalosa, que el Servicio Penitenciario, el gobierno de la provincia de Córdoba, haya comprado Viagra para los reclusos”, afirmó Corvalán. “Mientras en los hospitales no hay ni lo más básico, vemos que se compran estos insumos para las cárceles. Es un bochorno”, agrego.
Según la denuncia de Corvalán, la factura gubernamental incluía diversos productos que consideró inapropiados para el contexto carcelario; tres cajas cerradas Sildenafilo y factor AG, este último se usa para evaluar el estado nutricional, la función hepática o detectar enfermedades como cirrosis, síndrome nefrótico o mieloma múltiple.
El Gobierno de Córdoba respondió la situación a través del jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario, Ariel Salari, quien explicó que la compra del medicamento fue realizada por indicación médica y no con fines recreativos: “Dentro del servicio penitenciario de Córdoba, en toda la provincia, tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, esta es una enfermedad crónica cuyo tratamiento sintomático es el Sildenafil”, subrayó Salari, detallando que en 2024, momento de la compra, cuatro internos tenían indicación médica para recibir esta medicación: dos por hipertensión pulmonar y dos por hiperplasia prostática.
Corvalán, contador público y desempeñado como miembro del Tribunal de Cuentas representando a la mayoría en este organismo de control. Fue elegido mediante voto popular en las elecciones de mayo de 2023, cuando la lista de Juntos por el Cambio obtuvo la mayor cantidad de sufragios, consagrándolo junto con la Dra. Fernanda Leiva como vocales por la mayoría.
Es importante destacar que por primera vez desde que se implementó el voto directo para la elección de los tribunos, este organismo está conducido por un signo político diferente al del ejecutivo provincial. Corvalán pertenece al Frente Cívico y fue concejal durante la gestión de Luis Juez en la ciudad de Córdoba.
La renuncia de cincuenta de los 193 docentes del Instituto Dámaso Centeno, dependencia educativa del Ejército, expuso la profundidad del conflicto que atravesó la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Los salarios resultaron insuficientes frente a los $780.000 que cobraron sus pares porteños.
Ante la pérdida de capital humano, el director del establecimiento, coronel Juan Sancho Vilarullo, advirtió que “si no les aumentan el sueldo a los docentes, el colegio no es viable”. El reclamo se extendió a padres, exalumnos y estudiantes, quienes realizaron un abrazo simbólico para visibilizar la demanda.
Fuentes militares afirmaron que “Petri le encargó a los jefes de las Fuerzas Armadas cerrar toda escuela que no sea imprescindible”. La instrucción paralizó concursos docentes en la Armada y sometió a revisión al menos veintiséis centros, entre ellos la Escuela de Artes y Oficios Navales y la Escuela de Pesca, además de varios liceos donde los cadetes ya abonaban matrícula. De forma paralela, los liceos militares registraron renuncias semanales de profesores, atraídos por mejores ingresos en los sistemas educativos nacional, provincial y porteño.
El Instituto Dámaso Centeno cobró cuotas mensuales de $178.000 en secundaria y $150.000 en primaria; esos montos fueron transferidos íntegramente al Tesoro. “El colegio genera caja y Defensa se agarra la guita y les paga a los docentes como empleados del Ejército, pero el colegio tiene caja como para pagarles los salarios de un colegio secundario de la Capital, que son el doble de lo que cobran”, describió una fuente cercana al conflicto.
La UNDEF se creó el 19 de noviembre de 2014, mediante la Ley 27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas —entre ellos la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación Militar—.
Sin embargo, la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), plasmada en el Informe N.º 42/2018, exhibió carencias críticas: ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia. El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5 millones —el 97 % de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016— a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.
A pesar de tales observaciones, los funcionarios señalados conservaron sus posiciones. Julio Spota pasó de decano a rector; Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas; y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario. El presupuesto asignado a la UNDEF para 2024 totalizó $3.703 millones, un incremento interanual del 106%, sin impacto favorable en las remuneraciones docentes.
La SIGEN también cuestionó la capacidad de la UNDEF para cumplir sus metas académicas. Entre 2015 y 2023, la conducción operó como “caja política”: durante la administración kirchnerista, el viceministro Sergio “Sapito” Rossi controló la estructura; luego, en las gestiones radicales de Julio Martínez, Oscar Aguad y Luis Petri, la influencia recayó sobre Isasmendi, vinculado al bloque radical en Diputados.
“La reciente remoción de la vicerrectora Dolores Letterier, designada por el ministro Petri, tras denunciar irregularidades internas, confirma que todo intento por sanear la institución encuentra una férrea resistencia de quienes controlan su conducción” puede leerse en un comunicado.
El contraste se profundizó cuando el presidente Javier Milei exigió auditorías estrictas a la Universidad de Buenos Aires. Mientras el Poder Ejecutivo reclamó transparencia en las universidades autónomas, la UNDEF, la única institución dependiente en forma directa del Ministerio de Defensa, se negó a nuevas revisiones con idénticos argumentos a los del resto del sistema universitario.
Las unidades académicas de las Fuerzas Armadas desempeñaron una doble función: impartieron formación militar y expidieron títulos universitarios bajo supervisión de la UNDEF. Cada escuela contó con un director militar y un decano —generalmente un oficial retirado con titulación de grado— que reportó al rector. No obstante, “en vez de que la plata que pagan los padres vaya al instituto, va al Ministerio de Defensa y ahí se pierde en una nebulosa, por lo cual pagan un montón de plata y los institutos están cada vez peor”, explicó otra fuente del sector.
Así, la institución que debía servir de modelo de gestión estatal permaneció bajo las mismas autoridades y replicó las prácticas administrativas cuestionadas en 2018. Sin auditorías frescas ni mejoras salariales, la fuga de docentes dejó a los liceos militares sin profesionales calificados y elevó la presión sobre un sistema educativo castrense ya tensionado.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
