El Ministerio de Seguridad pagó la recompensa por el pedófilo K, Ezequiel Guazzora
El gobierno recompensó a la fuente que aportó los datos para dar con el paradero del comunicador K denunciado por abusar sexualmente a una menor de edad. Guazzora fue detenido en octubre del año pasado, estuvo prófugo 67 días.
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Hace poco más de un año, el Ministerio de Seguridad de la Nación, gestionado en aquel entonces por Aníbal Fernández, ofreció una recompensa de 4 millones de pesos aquienes brinden datos que permitan encontrar y capturar a Carlos Ezequiel Guazzora, el militante K de las redes y ex precandidato a diputado provincial por el partido que lidera Guillermo Moreno que abusó a una menor de edad.
Tras permanecer casi 70 días prófugo, Guazzora fue detenido el 21 de octubre de 2023 en Merlo, provincia de Buenos Aires.
– Franco Mendieta, Responsable del Programa Nacional de Recompensas; ValeriaKowalewsky y Sheila Carriolo, abogadas del Ministerio; Gustavo Gavassa, Subsecretario de Gestión Administrativa y Martín Ferlauto, Director de Normativa. Las autoridades que controlaron el debido proceso. Del acto participaron también escribanos de la Escribanía General de la Nación
Ayer, las actuales autoridades del ministerio confirmaron a DATA24.COM.AR que se realizó el pago correspondiente.
Un documento judicial al que tuvo acceso este medio detalla que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N24 de Capital Federal determinó que “la información aportada por el llamante fue útil para la aprehensión del prófugo”. La identidad de quien aportó los datos a las autoridades es reservada por cuestiones de seguridad.
Por ello, a finales de septiembre de este año, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dispuso que se pague la colaboración establecida por el Programa Nacional de Recompensas.
Hasta el momento de su detención el comunicador K cambió tres veces de celular y modificó notablemente su fisonomía: lucía sin barba, con la cabeza rapada y más corpulento. Durante el arresto aseguró ser “un perseguido político”.
El juicio comenzó el pasado 11 de septiembre. Guazzora llegó a debate oral acusado de los delitos de abuso sexual agravado por haberse cometido con acceso carnal y corrupción de menores.
De acuerdo a la investigación, el imputado logró el encuentro con la joven de 16 años a partir de un pacto que realizó con la propia madre de la menor. Según señalaron fuentes de la causa, la mujer acordó un precio por el abuso sexual de la niña y, luego del pago, accedió a llevarla a la casa de Guazzora para que el hombre pudiera concretar el aberrante abuso.
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La Policía del Chaco detuvo este lunes a un joven de 24 años conocido como “Malvavisco”, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por una causa de robo. El procedimiento se realizó en la localidad de Puerto Tirol, cuando efectivos de la comisaría local desarrollaban tareas de prevención y controles de identificación en la vía pública.
El sospechoso fue interceptado cerca del mediodía durante uno de esos operativos. Al verificar sus datos personales y antecedentes en el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI), los agentes confirmaron que tenía una orden de detención activa con intervención de la Fiscalía Penal N° 6 de Resistencia.
Una vez constatado el requerimiento judicial, los efectivos concretaron la detención y dieron intervención inmediata a la Fiscalía en turno N° 10 de Resistencia. Desde allí se ordenó que el implicado fuera notificado formalmente de su detención y luego trasladado a la unidad policial, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.
De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, el detenido tenía antecedentes. En el ámbito barrial era conocido con el apodo de “Malvavisco”, un sobrenombre que, según sus allegados y testimonios de la zona, surgió porque es “malo y bizco”.
También pesaba sobre él su temida fama. Los vecinos lo identificaban como “el azote del barrio Timbó”, en referencia a su participación en numerosos hechos delictivos sufridos en esa zona.
Ahora, quedó a disposición de la Justicia chaqueña, que avanzará con la investigación del robo por el que fue capturado.
El 72,7% de los argentinos rechaza una eventual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento, basado en 1.200 casos en todo el país, también señala que dos de cada tres encuestados consideran que la postura del presidente Javier Milei frente a ese conflicto no representa a la mayoría de la sociedad.
El estudio también detalla que solo el 13,1% se manifestó a favor de un eventual enfrentamiento, mientras que el 14,2% no tiene una posición definida. Los resultados reflejan un rechazo amplio a un escenario bélico internacional, más allá de las diferencias políticas internas que atraviesan al país.
El estudio también analizó cómo varía la opinión según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Javier Milei, el 53,4% está a favor de la guerra, el 29,2% en contra y el 17,4% no tiene una posición definida.
En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el rechazo es prácticamente total: el 91,9% se manifestó en contra, mientras que solo el 1,9% apoyaría el conflicto y el 6,2% no respondió. La encuesta evidencia una fuerte polarización política en torno al tema, con posiciones muy diferentes según la identidad electoral.
La postura del gobierno
Otro de los puntos analizados fue si la posición del presidente Javier Milei frente al conflicto representa o no a la sociedad argentina.
Según el estudio, el 66,4% de los encuestados considera que la postura del mandatario no representa a todos los argentinos, mientras que el 12,9% cree que sí lo hace y el 20,7% no tiene una opinión formada.
El dato sugiere una brecha entre la política exterior del gobierno y la percepción mayoritaria de la población, especialmente en un tema sensible como los conflictos internacionales.
Los resultados reflejan que, aunque la sociedad argentina muestra un rechazo mayoritario a la guerra, las percepciones cambian de forma significativa según la orientación política de los encuestados.
Una denuncia penal fue presentada ante la Justicia de La Plata contra el ex juez federal Carlos Rozanski y las licenciadas en psicología P.B.A., G.R.S. y N.V.A. por la presunta comisión del delito de asociación ilícita.
La presentación quedó registrada bajo el número 06-00-015906-26/00 y tuvo intervención de la UFI 1 Departamental y del Juzgado de Garantías 6.
De acuerdo con la denuncia, la presunta organización tuvo como finalidad la elaboración de “informes psicológicos falsos de menores cuyos progenitores hayan sido denunciados por abuso, a fin de sostener acusaciones infundadas y evitar el contacto entre los niños y el otro progenitor”.
La nueva presentación fue impulsada en La Plata por el abogado penalista Lucas Bianco, quien formalizó la denuncia para que se investigara la posible existencia de informes elaborados por las profesionales en distintos juzgados de familia del Departamento Judicial La Plata. “El caso abre un fuerte interrogante sobre el uso de pericias psicológicas en conflictos familiares y el riesgo de que herramientas diseñadas para proteger a los niños terminen siendo utilizadas en su perjuicio”, advirtió el letrado.
Según lo expuesto en la presentación, los hechos denunciados no constituyeron episodios aislados. En la ciudad de Rosario, un grupo de padres y progenitores que fueron falsamente acusados de abuso y que continuaron impedidos de mantener vínculo con sus hijos promovió una denuncia penal contra las mismas profesionales. Esa situación derivó en la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe y en la conformación de una mesa de trabajo con fiscales y el Colegio de Abogados.
En esa jurisdicción, un grupo de abogados denunció penalmente a las tres psicólogas por la presunta elaboración de informes falsos de abuso infantil para desvincular a niños de sus padres.
La presentación por falso testimonio agravado fue realizada en septiembre del año pasado y llevó las firmas de Viviana Cosentino, el ex ministro de Justicia provincial Juan Lewis, la ex camarista Carina Lurati, Froilán Ravena, Ramiro Coso, José Nanni, Estela Marelli y Adriana Torchio. La causa recayó en la fiscal Guillermina Aiello, quien comenzó a relevar cada uno de los datos aportados, según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación.
De acuerdo con el escrito presentado en la ciudad santafesina, las profesionales integraron una organización dedicada a estudios de violencias y abuso sexual. Allí también se solicitó que se investigara si las conductas de P.B.A., G.R.S. y N.V.A. se dieron en el marco de una presunta asociación ilícita que tuvo por objeto emitir “falsos informes de menores cuyos progenitores hayan realizado denuncias por abuso, a fin de poder sostener falsas acusaciones y evitar de esta manera que el otro progenitor pueda tener contacto con sus hijos”.
Los representantes de los padres denunciados señalaron que, en los procesos iniciados contra sus clientes, detectaron “patrones en común, que se repiten, donde se advierten numerosas irregularidades tanto en sede penal como en el fuero de Familia, causando un grave perjuicio”. En tal sentido sostuvieron: “Lo más grave es que, en este derrotero procesal, existen personas que estarían lucrando con esta situación, emitiendo informes donde se repiten supuestos indicios de abusos sexuales sin ningún rigor técnico y que se asemejan más a formularios pre armados, que a un análisis profundo y serio de cada problemática”.
Los denunciantes agregaron que “estos informes, que en ocasiones defienden en las declaraciones testimoniales brindadas en juicio o ante la fiscalía, contienen llamativas coincidencias en las conductas descriptas como realizadas por nuestros hijos, que parten en todos los casos del relato de sus madres, sin que antes de comenzar a tratarlos se haya requerido nuestro consentimiento o se nos haya entrevistado para conocernos y escucharnos”.
También afirmaron: “En todos los casos, los tratamientos comienzan, según surge de los propios informes, y del relato que en algunos casos efectuaron las profesionales en las declaraciones testimoniales antes mencionadas, desde un supuesto abuso sexual ya denunciado previamente, y es esta la única hipótesis con la que se trabaja, en tanto no se advierte en ninguno de los informes que se hayan considerado otras posibles causas generadoras de las conductas o reacciones que se afirma advierten en los niños, tales como irritabilidad, temores, pesadillas, retraimiento. No se profundiza, como señalamos, en declaraciones o entrevistas de docentes, directivos de establecimientos escolares o pediatras, ni se indaga en situaciones de contexto”.
En el mismo sentido, sostuvieron que “todo siempre se reduce al supuesto abuso y a las supuestas expresiones” que los nenes hacen “durante la técnica que denominan como ‘La hora del juego’ que, por supuesto, no registran en soporte de audio y video, lo que impide cualquier posibilidad de poder conocer la veracidad de los dichos que se atribuyen a los niños y mucho menos la manera en que tal supuesta información es obtenida”.
La presentación también remarcó que en distintos casos de abuso sexual infantil se incorporaron informes elevados por las tres psicólogas que exhibieron coincidencias en las observaciones asentadas por escrito sobre los menores. Según los abogados, las profesionales llegaron a utilizar observaciones textualmente idénticas para distintos pacientes, lo que sugirió la utilización de “formularios pre armados”. Sobre ese punto, concluyeron: “Las coincidencias son tantas, incluso con frases textuales en un informe y otro, que si se suprimieran los nombres de los niños (sobre quienes se hace la evaluación) podría pensarse que se trata de informes referidos a un único paciente”.
Los denunciantes también señalaron que, pese a lo sugerido por esas psicólogas, sus hijos no dijeron en Cámara Gesell“una sola conducta de nuestra parte que implicara un menoscabo a su integridad sexual”.
Entre los antecedentes expuestos, los abogados comenzaron por el caso de Pablo B., denunciado en junio de 2018. La causa fue archivada en febrero de 2020, pero tras un informe de la psicóloga P.B. fue desarchivada y posteriormente el legajo llegó a juicio, donde el hombre resultó absuelto. En uno de los casos reseñados en la presentación, un hombre perdió el contacto con su hija durante siete años y tres meses y luego fue absuelto.
LOS CASOS:
Los abogados señalaron que, en todos los casos, pese a contar con resoluciones judiciales favorables en el fuero penal, la pérdida de contacto con los hijos continuó porque en paralelo existieron actuaciones en los juzgados de Familia.
Otro de los casos fue el de Mario L., denunciado en febrero de 2022. La acusación fue desestimada en septiembre de ese año, pero en mayo de 2024 la medida fue revocada, la causa fue reabierta y se realizó la Cámara Gesell. El 2 de enero de 2025 fue imputado, aunque dos semanas después fue sobreseído por un fallo de primera instancia y luego por otro de segunda, en los que se formularon críticas a las actuaciones.
A Javier J. lo denunciaron en agosto de 2021. En junio de 2022, la fiscal desestimó la denuncia, pero desde la Fiscalía General revocaron esa resolución en noviembre de 2022 para ordenar nuevas medidas. En octubre de 2023 se realizó la Cámara Gesell a la hija. En junio de 2024 la acusación volvió a ser desestimada, situación que fue confirmada por las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación en octubre de 2024 y abril de 2025.
A Gerardo V. lo denunciaron en diciembre de 2020. Nueve meses después se realizó la Cámara Gesell con su hija. En octubre de 2021, la fiscal desestimó la causa, pero su par regional revocó esa medida. En abril de 2024 volvió a ser archivada, situación que recién quedó firme en marzo de 2025.
Román V. fue denunciado en noviembre de 2021 y la niña realizó la Cámara Gesell en marzo de 2023. El caso fue archivado en mayo de 2023, pero se reabrió por criterios del fiscal regional de Rosario. Actualmente, se encontró en trámite.
Una situación similar atravesó Sebastián L. P., quien comenzó con el derrotero judicial en agosto de 2023. Cuatro meses después, su hijo realizó la Cámara Gesell. En abril de 2025 el fiscal desestimó las actuaciones y ahora el legajo quedó bajo revisión del fiscal regional.
Por último, Mariano D. fue denunciado en enero de 2019. En octubre de 2021, la causa fue archivada, decisión que quedó firme por el fiscal regional en diciembre de 2021 y por la fiscal general en mayo de 2022. No obstante, permaneció desvinculado de su hijo durante seis años y nueve meses.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, implementó un plan de ordenamiento en la Villa 31 (oficialmente Barrio Padre Carlos Mugica) que incluye retenes policiales en los accesos, peatonalización de calles y la prohibición del ingreso de materiales de construcción.
“Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, sintetizó Jorge Macri.
La medida busca frenar el crecimiento edilicio informal de un asentamiento que alberga aproximadamente 45.000 personas en 72 hectáreas, ubicado entre los barrios de Retiro y Recoleta. Esta no es la primera vez que se intenta esta estrategia. El mismo recurso fue aplicado al menos en 2009 y en 2013, con resultados limitados.
La estrategia lanzada por el Gobierno porteño contempla una serie de intervenciones coordinadas por la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat, junto con la Secretaría Legal y Técnica. Entre las medidas más relevantes se encuentran el control de accesos al barrio, donde de los 13 ingresos existentes cinco fueron transformados en calles peatonales, tres quedaron bajo vigilancia permanente de la Policía de la Ciudad, sumándose a otros tres ya instalados, y dos pasaron a tener sentido contramano.
También se desplegaron retenes policiales en puntos considerados críticos, como las intersecciones de Colibrí y Ramos Mejía, junto a la terminal de ómnibus, y de Yaguareté e Islas Galápagos. A eso se agrega la clausura de corralones de materiales de construcción que funcionaban dentro del barrio y no estaban habilitados por la ley de urbanización, además de la fiscalización de obras en curso y el desalojo de unidades y terrenos usurpados.
Las construcciones en altura sin planificación profesional ni materiales adecuados representan riesgos concretos. Los edificios de hasta seis pisos construidos sin asistencia técnica presentan problemas de filtraciones en el 73,8% de los casos y provisión de agua insuficiente en el 81,4% de los hogares, según relevamientos de organismos académicos. La prohibición de corralones y la restricción de materiales apuntan también a eliminar estos riesgos estructurales.
Las autoridades sostienen que la urbanización diseñada desde 2016“no logró evitar un crecimiento urbano sin control ni consolidar un ordenamiento territorial”, objetivos expresamente establecidos por la Ley 6.129. Según el Ejecutivo porteño, desde 1930 hasta 2016 el barrio creció “sin ningún tipo de control y regulación”, lo que favoreció la apropiación del espacio público tanto para uso habitacional como comercial.
Un fenómeno central que justifica la preocupación oficial —y que tiene sustento real en datos— es el mercado inmobiliario informal que opera dentro del barrio. Los alquileres en la Villa 31 oscilan entre 300.000 y 1 millón de pesos mensuales para viviendas, mientras que los locales comerciales pueden alcanzar entre 1,5 y 1,8 millones de pesos por mes.
Una práctica especialmente extendida es la venta de “espacios aéreos”. Los dueños de una vivienda venden el techo de su casa para que otro construya un piso más encima, sin ningún tipo de controlestructural ni de seguridad. Consultoras especializadas como Reporte Inmobiliario señalaron que en las villas de emergencia se obtienen algunas de las rentabilidades más altas por alquiler de toda Argentina.
El problema afecta especialmente a quienes menos poder tienen. Muchos inquilinos de la Villa 31 son inmigrantes sin documentación o personas que no pueden cumplir los requisitos del mercado formal, lo que los deja expuestos a alquileres abusivos y sin protección legal.
La historia de los intentos de urbanización de la villa
En diciembre de 2009, la Legislatura porteña aprobó la Ley 3.343, impulsada por el legislador Facundo Di Filippo de la Coalición Cívica ARI, que disponía la urbanización obligatoria de la Villa 31 y 31 bis y establecía la creación de una mesa multidisciplinaria con la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Gobierno nacional y el de la Ciudad.
El mismo año, los gobiernos nacional y porteño acordaron también la prohibición del ingreso de materiales de construcción, con retenes en los cinco accesos al asentamiento. Los inspectores fueron capacitados para distinguir entre materiales para nuevas construcciones y los destinados a reparaciones ya existentes.
Pese a esa medida, para 2013 la población había crecido un 48% respecto a 2009, llegando a estimarse en 40.000 personas. Se detuvieron 269 camiones que intentaron ingresar materiales ilegalmente, pero las construcciones continuaron mediante el “contrabando hormiga” con carretillas.
En 2014, los gobiernos nacional y porteño avanzaron con muros y cercos perimetrales —uno de hasta tres metros de altura sobre las vías del ferrocarril San Martín— para delimitar físicamente el barrio y frenar su expansión. Sin embargo, el crecimiento en altura continúa, con edificios que ya alcanzaban los seis pisos.
En 2016 comenzó un proceso de urbanización más sistemático, con obras de infraestructura, escuelas y centros de salud, y en 2018 se sancionó la Ley 6.129, que amplió y reglamentó la urbanización del barrio. Esta ley dispone la reurbanización, zonificación e integración del Barrio Padre Carlos Mugica a la ciudad formal. No obstante, como señalan investigadores y legisladores de la oposición, la ley también eliminó ciertas protecciones para los vecinos, como la restricción de que las hipotecas sólo podían venderse con fines comunitarios.
¿Frenar el crecimiento o abandonar la urbanización?
La principal crítica que formulan organizaciones sociales y legisladores opositores es que el plan de “ordenamiento” llega en un contexto de claro abandono de la política de urbanización. El propio Jorge Macri anunció que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) dejaría de destinar recursos a la urbanización de barrios populares. A su vez, en la Legislatura porteña, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó en marzo de 2026 un proyecto de ley para directamente eliminarel IVC, que emplea a alrededor de 1.300 trabajadores estatales.
La legisladora Claudia Neira respondió a Macri señalando que su gestión “hoy no ponés nada en vivienda para las villas y tampoco ponés nada para la vivienda de la clase media”. El Observatorio del Derecho a la Ciudad argumenta que la narrativa del “orden” encubre una política de “urbanismo de mercado” que abandona el rol del Estado como garante del derecho a la vivienda.
La historia muestra que la restricción de materiales sola no detiene el crecimiento. En 2009, cuando se aplicó una medida similar con retenes en los cinco accesos, la población igualmente creció un 48% en los cuatro años siguientes. Como señala el portal 9deJulio TV, “el efecto inmediato fue el encarecimiento del cemento, arena y piedras, pero las construcciones siguieron”. El “contrabando hormiga” —personas que ingresan materiales a pie o en carretilla— demostró ser difícil de controlar.
Un dato revelador es que ninguno de los más de 1.500 comercios del Barrio Mugica cumple con la normativa vigente en materia de seguridad, higiene y ordenamiento. Aún así, los vecinos señalan que esto no se debe a una decisión de evadir las reglas, sino a que la falta de urbanización completa hace imposible cumplirlas. Sin títulos de propiedad formales, sin conexiones legales a servicios públicos, no hay forma de obtener las habilitaciones requeridas.
La Justicia Federal de Resistencia avanzó en una causa por irregularidades en la venta de vehículos oficiales del Gobierno Provincial del Chaco durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich entre 2016 y 2021. El fiscal federal Patricio Sabadini pidió elevar a juicio a cinco imputados por asociación ilícita, falsedad ideológica y uso de documentos falsos, lo que podría derivar en un juicio oral.
La investigación surgió en junio de 2021 tras una denuncia de Adrián Veleff, un gestor de un registro automotor en Resistencia y actual presidente de Ecom Chaco, quien detectó anomalías en un decreto de subasta. Diferencias en tipografía, colores y datos de vehículos que no coincidían con el original publicado en el sitio oficial del Chaco.
El modus operandi era una estructura organizada que desviaba autos estatales a particulares y empresas como Solint SAS mediante la adulteración de documentos de subastas legítimas. El juez de Garantías 2, Ricardo Mianovich debe decidir si aceptar el requerimiento, de ser así los involucrados tendrán que comparecer en un juicio oral, y en caso de ser hallados culpables, se fijará una pena.
Los acusados alteraban anexos de medidas provinciales originales, insertando datos falsos como nombres de “prestanombres”, números de motor, chasis y dominios para coincidir con los vehículos deseados.
Usaban actas de subasta falsificadas y formularios registrales para transferir la titularidad en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA), generando perjuicio al patrimonio público. Esta maniobra permitió ventas “truchas” de autos y motovehículos oficiales a privados, simulando subastas reales.
Entre los imputados clave figuran Lidia del Carmen Costas, exdirectora de Gestión de Bienes de la provincia de Chaco, acusada de haber certificado anexos falsificados a decretos oficiales en su condición de funcionaria pública. En la causa también aparece Santiago Daniel Dellacasa, comerciante y titular de la compañía Solint SAS, señalado como uno de los principales beneficiarios de las transferencias irregulares. Por su parte, Mario Orlando Bistman, empleado público y mandatario, habría decidido qué bienes salían a subasta y se ocupaba de tramitar las transferencias ante el Registro Automotor. Completan la nómina Daniel Alejandro Rojas y Marcos Teófilo Vargas, ambos sargentos de la Policía de Formosa, que actuaban como verificadores en los procedimientos.
Según la indagatoria, a Alejandro Rojas y a Teófilo Vargas se les imputa haber certificado formularios de verificación policial —los llamados Formularios 12— sin que los vehículos estuvieran efectivamente a la vista, lo que, de acuerdo a la fiscalía, facilitó la regularización de rodados presuntamente sustraídos. Además, estaba imputado Héctor Dellacasa, quien falleció en diciembre pasado.
A esta denuncia se sumaron luego otras presentaciones de distintos titulares de registros que detectaron maniobras similares con motovehículos y otros rodados pertenecientes a la Jefatura de Policía del Chaco.
En términos políticos, esto se ubica dentro de un paquete más amplio de causas contra la gestión Capitanich, donde también se investigan otros desvíos de fondos (como la megacausa IAFEP) y maniobras de uso irregular de bienes y recursos del Estado.
La trama de los “Piqueteros VIP”
En agosto de 2025, Patricio Sabadini solicitó la elevación a juicio de dos expedientes por lavado de activos agravado que involucra a dirigentes sociales señalados como cercanos a Capitanich. Una de las causas afectó al grupo conocido como “Piqueteros VIP”, encabezado por Lucas Alexis Torales Cordeiro y miembros de su entorno familiar. La otra habría alcanzado al dirigente Marcos Antonio Cáceres, su pareja, Lourdes Ruiz Díaz y su hermana, María del Carmen Cáceres.
En base a la fiscalía, ambos expedientes compartían fondos públicos canalizados a través de fundaciones y cooperativas que habrían servido para dar apariencia de legalidad a recursos de origen estatal. En el caso de Torales, la pesquisa apuntó a un entramado económico que operó con la participación de su padre, José de Jesús Torales y su hermano, Marcos Gabriel Torales.
La averiguación identificó varias fundaciones supuestamente utilizadas como vehículos de financiamiento. Jóvenes Líderes, La Revolución, Árbol de la Vida y 19 de Abril Qa’Naqui. Informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) consignan que entre 2019 y 2023 se retiraron en efectivo más de $130 millones, sumas que luego habrían ingresado a cuentas personales de Lucas Torales y se transformaron en plazos fijos y otras operaciones incompatibles con su nivel declarado de ingresos.
Agrega otros presuntos indicios de enriquecimiento ilícito, coml viajes al exterior, compras de dólares en el mercado negro, movimientos en criptomonedas y la adquisición de vehículos de alta gama a nombre de familiares —entre ellos un Ford Focus, un Honda Civic, una Ford Territory y otro Honda Civic 2020— que, eran usados exclusivamente por Lucas Torales y forman parte de los bienes bajo sospecha.
El gobierno de Irán acusó a Javier Milei de haber cruzado una “línea roja” al declarar días atrás que la República Islámica era enemiga de la Argentina, en medio de la tensión internacional generada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní y del posterior contraataque. La advertencia apareció en una editorial del diario Tehran Times, medio cercano al régimen iraní y considerado una de las voces del establishment político de Teherán hacia la comunidad internacional.
La información fue reportada en una nota de Clarínfirmada por Natasha Niebieskikwiat. Luego, fue comentada en el aire televisivo por Eduardo Feinmann.
El artículo llevó la firma de Saleh Abidi Maleki, habitual colaborador del diario, y se publicó bajo el título “Milei, ¿Qué estás haciendo?”.
Allí, el autor acusó al presidente de estar “alineado con el eje estadounidense-sionista”, de responder a “presiones externas” y de participar en un supuesto “proyecto de iranofobia”.
El editorial concluye con una dura advertencia contra la administración libertaria: “Considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino.La República Islámica de Irán, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia total contra estos complots, debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad.La mano de los enemigos de Irán está manchada con la sangre de personas inocentes de nuestro país, incluyendo a más de 160 estudiantes de la escuela de Minab (destruida recientemente por un misil estadounidense). Ahora, Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”.
El texto circuló entre periodistas a través de dirigentes cercanos al gobierno iraní, debido a que la página del diario quedó caída desde que comenzó la guerra.
Las críticas de Teherán remitieron al discurso que Milei pronunció el 9 de marzo en la Yeshiva University, en Nueva York. Allí, el presidente se declaró “enemigo” de Irán, expresó su alianza estratégica con Estados Unidos e Israel y afirmó sentirse “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”.
El Tehran Times sostuvo que el supuesto “proyecto de iranofobia” comenzó hace 31 añosy calificó como “falsas” las acusaciones que señalaron a Irán por el atentado a la AMIA. El artículo volvió así a rechazar la responsabilidad iraní en ese ataque, una acusación sostenida por la Justicia argentina desde hace décadas.
El texto avanzó todavía más en sus imputaciones. “Recientemente, en un discurso en una universidad de Estados Unidos (por Milei), calificó explícitamente a Irán como un ‘enemigo’ y declaró que la política exterior de su país está alineada con las estrategias agresivas de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí contra Irán. Esto, mientras que la República Islámica de Irán nunca ha considerado al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo, pero parece que Milei, con este enfoque y cruzando la línea roja de la seguridad nacional de Irán, busca sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí”.
En ese mismo tramo, el medio extranjero acusó al Gobierno de Milei de “haber convertido a la Argentina en el Israel de América Latina; un lugar donde los grupos de presión y los elementos cercanos al régimen sionista tienen una profunda influencia en los centros de decisión.Esta influencia ha transformado a Argentina en una base para diseñar y ejecutar complots contra Irán”.
La publicación también aseguró que existieron empresas argentinas vinculadas a círculos sionistas que “participan en operaciones contra Irán”, “financian o apoyan agresiones militares” y “realizan actividades de espionaje cerca de las fronteras iraníes”, acusaciones que no fueron comprobadas.
La Gendarmería los sorprendió en plena faena en la cordillera sanjuanina y la Fiscalía Federal les atribuyó tres delitos, entre ellos la tentativa de contrabando de exportación de oro.
Mientras el Gobierno intenta contener el malestar con un pago que los uniformados tildan de “el vuelto de los banquetes de los políticos”, la tensión en las Fuerzas Federales llegó a un límite histórico.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
