10 agosto, 2025

El intercambio de mensajes en los que César Sena se hizo pasar por Cecilia para responderle a su madre

Se filtraron los escalofriantes mensajes con los que César Sena intentó engañar a Gloria Romero, la madre de joven asesinada.
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A Cecilia Strzyzowski la vieron por última vez el 1 de junio junto a su esposo César Sena en Resistencia, provincia de Chaco, y luego de eso, tenían previsto viajar a Ushuaia, Tierra del Fuego, pero no se supo nada más de ella.

Ahora, los investigadores analizan los mensajes de WhatsApp de la joven desaparecida para dar con su paradero y barajan una escalofriante hipótesis: su esposo se habría hecho pasar por ella para enviar mensajes desde su celular.

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El escalofriante chat, en donde César Sena se hacía pasar por su difunta pareja. (Foto: Infobae)

El primero de los mensajes de Cecilia Strzyzowski decía “Un sueño la casa” y fue enviado a su mamá, Gloria Romero, el domingo 4 de junio a las 22.33, en alusión a una vivienda que iban a habitar en la provincia de Tierra del Fuego.

A lo que su mamá le pidió: “Foto. Manda fotos. Me alegro mucho por ahí encontraste tu destino tu carrera bióloga marina. Y hablás cetáceos”. Y del otro lado, le dijeron: “Las tomaré con el celu de César y te las paso hasta que me compre uno”.

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Los mensajes enviados desde el celular de Cecilia Strzyzowski. (Foto: Infobae)

Esto le llamó la atención a la madre de Cecilia Strzyzowski, quien en diálogo con A24 expuso sobre sus sospechas: “Era una chica que me compartía millones de memes por día y estábamos siempre conectadas, hasta con lo que cocinábamos”.

Sumado a esto, la mujer afirmó que extrañamente ese fin de semana su hija no aceptó llamadas ni videollamadas, alegando que se le había roto el celular. El punto de inflexión fue cuando 2 policías se acercaron a la casa de Gloria y le informaron que a su hija “le había pasado algo”. Ahí fue cuando le exigió por mensaje una nueva videollamada o sino haría una denuncia policial.

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Los extraños mensajes desde el WhatsApp de Cecilia Strzyzowski. (Foto: Infobae)

Inmediatamente, del otro lado recibió un mensaje contundente: “Debería decirte la verdad, pero estoy super cansada de todo. Prefiero que me dejen de joder. Preguntale a César si querés saber la verdad. Ya tengo suficiente”. Y además, le dijo: “A él también le dije que me deje de joder, con mi plata hago lo que quiero”.

Como si esto fuera todo, César Sena también le mandó una captura de pantalla de una presunta conversación de Cecilia Strzyzowski con él, donde le pedía a su esposa que le cuente su familia la “verdad” y que les diga cómo ella se había ido con otro hombre. Al día siguiente, el 5 de junio, los celulares de ambos fueron apagados y no se supo más nada.

Redacción

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Denunciaron a un diputado de LLA por falsificar la firma de su abuela para apropiarse de una herencia

Lisandro Almirón, diputado nacional por La Libertad Avanza y candidato a gobernador de Corrientes respaldado por Karina Milei, enfrenta denuncia penal y civil que lo acusa de falsificar la firma de su abuela fallecida para apropiarse de su única propiedad.

La denuncia penal fue radicada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) Nº 5 por los delitos de Falsificación de Instrumento Público (artículo 292 del Código Penal) y Estafa (artículo 172 del Código Penal). Paralelamente, la causa civil se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 12, Secretaría N.º 25, bajo el expediente 219675/21.

El escándalo involucra la propiedad de Priscila Brizuela, abuela tanto de Almirón como del denunciante Eduardo Gómez, quien asegura tener en su poder la escritura original de la casa y que la firma usada para la venta no coincide con la real. Según su relato, se trató de una maniobra para “apoderarse del único bien familiar y dejar afuera al resto de los herederos legítimos.”

“Se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de mi abuela. Cuando uno confía en la familia y en los profesionales, nunca espera una traición de este tipo”, declaró Gómez.

– La supuesta firma trucha de Pricila Brizuela

La anciana falleció el 16 de marzo de 2013, pero antes de su muerte, mientras se encontraba internada en terapia intensiva en la Clínica Sagrado Corazón, supuestamente otorgó un “poder especial irrevocable” para transferir su única propiedad.

La polémica gira en torno a la Escritura Nº 4 del 28 de febrero de 2013, fechada apenas “un día antes” del fallecimiento de Priscila Brizuela. Según la denuncia presentada por Gómez, primo hermano del diputado, la casa ubicada en el barrio Bañado Norte de la capital correntina, fue transferida directamente a nombre de Lisandro Almirón y sus hermanos Carlos Hernán y Cinthia Elizabeth Almirón.

La transferencia se realizó mediante un poder que habría sido otorgado mientras la abuela estaba internada en terapia intensiva. Un perito caligráfico determinó que la firma sería una “imitación burda” que no coincide con la rúbrica real de la mujer.

La operación fue ejecutada con la participación de varios profesionales del entorno familiar, entre ellos Marta Susana Marcoré, abogada y suegra de Lisandro Almirón, quien actuó como apoderada mediante el presunto poder falsificado para concretar la transferencia. María Alicia Gamba Landi, también estuvo presente y actuó como la escribana que legalizó la escritura de compraventa, ya contando entonces con antecedentes disciplinarios. Fue suspendida un año por el Colegio de Escribanos por su participación en la causa “Boston”, una conocida estafa inmobiliaria de gran escala en Corrientes.

– Documento de la abuela con la respectiva firma

La defensa de los denunciados presentó un certificado psiquiátrico firmado el mismo día en que supuestamente se habría otorgado el poder. Sin embargo, este documento presenta serias inconsistencias, al ser emitido por el Hospital San Francisco de Asís, establecimiento donde la anciana nunca estuvo internada ni fue atendida, y el profesional firmante no trabajaba ese día en el hospital, según confirmó oficialmente el nosocomio.

El caso de la herencia fraudulenta no es el único señalamiento que enfrenta Lisandro Almirón. También ha sido cuestionado por contratos municipales en Gobernador Virasoro que beneficiaron a su esposa Laura Romina Peralta Marcoré y a su suegra para servicios de “alquiler de maquinarias viales” y “servicios profesionales”. Además, donaciones de bienes incautados de la Dirección General de Aduanas a una fundación vinculada a su entorno familiar, la Fundación GEA – Madre Tierra Mitología Griega.

Redacción

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UTHGRA denunció a una concejal marplatense por malversar fondos sindicales en la compra de un departamento

La seccional Mar del Plata de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) llevó a los tribunales a la concejal y ex secretaria general Mercedes Morro y a su entonces tesorero, Horacio Darío Ocampo, por el supuesto desvío de fondos gremiales para adquirir un inmueble propio.

La denuncia, registrada como IPP N° 20440‑25 y radicada en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial marplatense, imputa a ambos el delito de malversación de fondos en provecho propio. El expediente se sostiene sobre una auditoría interna iniciada en diciembre de 2021, cuando la nueva conducción encabezada por Pablo Santín tomó posesión del sindicato.

– Segmento de la denuncia

Esa auditoría reveló –según consta en la presentación– un sistema contable “pésimamente organizado” y una serie de documentos comprometedores: correos electrónicos, facturas de servicios, comprobantes de transferencias bancarias y comunicaciones con la constructora Cuarzur Edificios S.A., responsable del edificio donde se ubica el departamento investigado.

Uno de los hallazgos centrales son catorce comprobantes de transferencias desde cuentas de UTHGRA a la empresa Cuarzur para pagar cuotas del departamento situado en Salta 3844, entre Matheu y Formosa. La unidad –al igual que una cochera en el mismo edificio– figura a nombre de Morro, no del sindicato.

El correo electrónico institucional también almacenaba gestiones realizadas por el área de Finanzas para diferir pagos y regularizar la cochera. En uno de esos mensajes, firmado por Ocampo, se lee: “Hablando con la Sra. Mercedes, surgió la idea de posponer la compra de la cochera para marzo, ya que actualmente no podemos afrontar los gastos que demandaría la firma del boleto. Máxime teniendo en cuenta que el día 10 de enero de 2017 debemos transferir el refuerzo por el departamento.”

La trazabilidad del beneficio personal se completa con facturas de EDEA y avisos del consorcio Cuarzur I que llegaban a casillas del gremio, todas a nombre de la concejal. “Los correos revelan que se usó la estructura administrativa del sindicato para pagar servicios y gestionar temas estrictamente privados”, sostiene la denuncia.

Desde la conducción actual, UTHGRA calificó la maniobra como “una operatoria sistemática de uso indebido de fondos” y repudió “un hecho grosero y explícito de corrupción, en el que se malversaron recursos que pertenecen a los trabajadores de la actividad hotelera y gastronómica de la ciudad, a quienes han perjudicado gravemente”.

El escrito judicial subraya que “existen elementos suficientes para creer que Morro utilizaba indebidamente los fondos de UTHGRA seccional Mar del Plata, y al personal de la misma, para la compra de un inmueble a título personal, aprovechándose de su condición de secretaria general y con la complicidad del Sr. Ocampo, quien autorizaba las transferencias e intercambiaba correos con la empresa Cuarzur”.

Para reconstruir el flujo del dinero, la querella solicitó al Banco Nación el detalle de todas las transferencias efectuadas a Cuarzur, EDEA y Camuzzi, además de un allanamiento a la constructora para secuestrar documentación relacionada.

“Este accionar inescrupuloso que daña la honorabilidad de la UTHGRA y de las familias hoteleras y gastronómicas, debe tener consecuencias. UTHGRA Mar del Plata no tolerará ningún tipo de abuso de poder ni uso indebido de los recursos que pertenecen a sus afiliadas y afiliados. Confiamos en que la verdad prevalecerá y se hará justicia”, concluyeron desde la conducción local.

Redacción

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La Justicia rechazó una indemnización de $20 millones por falta de pruebas en un caso vinculado a la dictadura

Integrada por los jueces Roberto Lemos Arias y César Álvarez, la Sala I de la Cámara Federal de La Plata rechazó la acción de daños y perjuicios que una víctima de la última dictadura promovió contra el Estado Nacional. 

La demanda pretendía $20 millones por lesiones físicas, secuelas psíquicas y daño moral derivados de la detención sufrida en 1976. El tribunal subrayó que la reclamante no acreditó el nexo causal entre ese episodio y las secuelas alegadas ni probó que la pensión graciable que cobra desde 2016 en virtud de la Ley 14.042  —norma bonaerense que otorga una pensión vitalicia a personas detenidas por motivos políticos entre 1974 y 1983— resulte insuficiente.

Los magistrados recordaron que, aun cuando los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles —conforme la Ley 27.586—, en sede civil rige la carga probatoria clásica: corresponde demostrar un hecho dañoso, un perjuicio cierto y un vínculo causal directo. 

Citando doctrina interamericana, el fallo afirmó que “las reparaciones deben tener nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas” y advirtió que “no es suficiente la formulación de alegatos abstractos o genéricos”.

En el análisis de la prueba, la Cámara calificó de “orfandad probatoria” la ausencia de pericias médicas concluyentes y destacó que el expediente psiquiátrico acompañado “no alcanza para formar una convicción clara” sobre la relación entre la patología y la detención. Entre los elementos valorados figuró la declaración testimonial de un familiar de la actora, quien dijo haber estado detenida con sus padres junto a la reclamante en la caballería de La Plata. 

El tribunal consideró que ese testimonio, pese a su vinculación familiar, resultó limitado y careció de datos objetivos sobre la extensión del cautiverio.

La sentencia reconoció el derecho de las víctimas a la reparación, remarcando que “los hechos ocurridos durante la dictadura militar constituyen un período oscuro de nuestra historia, cuyas víctimas tienen el derecho al reconocimiento y a medidas reparatorias por los perjuicios sufridos”. Sin embargo, enfatizó que la percepción previa de una pensión indemnizatoria no exime a la demandante de probar daños adicionales ni su eventual falta de suficiencia.

Por otro lado, la alzada ordenó dictar una nueva regulación de honorarios, ya que el juzgado de primera instancia había calculado los emolumentos sobre una base errónea de $38 millones en lugar de los $20 millones efectivamente reclamados.

La decisión reafirmó que quienes ya accedieron a beneficios administrativos deben presentar evidencia robusta si pretenden una compensación complementaria. Cada rubro reclamado, concluyeron los jueces, debe superar el examen de prueba objetiva y verificable para prosperar en sede judicial.

Redacción

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Renunció un candidato de LLA tras ser procesado por golpear a su ex pareja ante sus hijos

Maximiliano Ezequiel Cobas, de 47 años y ubicado en el quinto puesto de la lista de La Libertad Avanza al Concejo Deliberante de Lobos (Buenos Aires), renunció a su candidatura después de que la Justicia lo imputó por violencia de género. El jueves por la noche se difundió un video de 20 segundos que lo mostró irrumpir por la fuerza en la casa de su ex pareja, golpearla en el pómulo derecho y forcejear ante la mirada aterrada de sus dos hijos: una niña parada a su lado y un niño, de unos cuatro años, que intentó interponerse entre ambos.

Personal de la Policía de Seguridad Comunal arribó minutos después. La mujer, de 37 años, recibió asistencia del SAME por una crisis nerviosa y la lesión facial, mientras Cobas fue trasladado a la comisaría local. La Unidad Funcional de Instrucción N1 de Saladillo, a cargo de la fiscal Patricia Hortel, lo acusó por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y violación de domicilio en concurso real. El Juzgado de Garantías no ordenó su detención por la pena en expectativa y porque no registró antecedentes penales.

Un juzgado de paz dictó una cautelar hasta marzo de 2026: cese de todo hostigamiento, prohibición de contacto o acercamiento a menos de 200 metros, entrega de un botón antipánico y custodia policial por tres días; además, obligó a Cobas a someterse a tratamiento psicológico. Fuentes de la causa señalaron que no constan denuncias previas de violencia de género contra el ahora ex candidato.

Tras ser notificado de la causa, Cobas recuperó la libertad y quedó ligado al expediente en calidad de imputado. La fiscal Hortel informó que aguardaba el sumario policial para profundizar la investigación y ordenar nuevas medidas de prueba.

El episodio tomó estado público cuando el video se viralizó y generó repudio en redes sociales. Esa misma noche, LLA Lobos informó que, tras ser obligado a dejar la candidatura, Cobas presentó su “renuncia voluntaria e indeclinable”. “La Libertad Avanza sostiene los principios de la vida, la libertad y la propiedad privada, y exigimos a nuestros integrantes un compromiso ético con las normas de convivencia republicana, el respeto a las instituciones y el principio de no agresión, pilares esenciales de una sociedad libre y ordenada”, subrayó el comunicado.

Con la vacante que dejó Cobas, la nómina incorporó al primer concejal suplente, Sergio Estrada.

Los comicios municipales se celebrarán el 7 de septiembre; en esa jornada electoral, cuatro fuerzas políticas disputarán las ocho bancas en el Concejo Deliberante y las tres del Consejo Escolar. Cobas, dedicado al negocio de las fotocopias según registros de ARCA, había sido promovido por el espacio libertario como parte de su estrategia para ampliar representación en distritos bonaerenses; su reemplazo mantuvo el orden original de la boleta.

Fuentes judiciales remarcaron que, aunque la pena en expectativa es excarcelable, las medidas de protección podrán extenderse o modificarse según la evolución de la causa. Mientras tanto, la víctima y sus hijos permanecieron bajo seguimiento de los equipos interdisciplinarios del municipio.

Redacción

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Daniel Scioli sigue beneficiando a su ¿testaferro? con contratos millonarios

*Alexis Montefiore (Tribuna de Periodistas)

Como viene publicando el portal Tribuna de Periodistas, Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, mantiene una estrecha relación personal y política con Luis Alberto “Chiche” Peluso, un viejo aliado con quien comparte lazos desde hace más de dos décadas. Ese vínculo, forjado en los tiempos en que Scioli gobernaba la provincia de Buenos Aires, hoy vuelve a escena: Peluso es proveedor directo de la secretaría que encabeza el funcionario libertario.

Peluso ocupó cargos importantes durante la gestión bonaerense de Scioli. Fue interventor del Instituto de Lotería y Casinos hasta 2009, cuando debió renunciar tras ser denunciado por presunta evasión fiscal. En ese entonces, fue acusado de no haber declarado una lujosa propiedad en Miami, presuntamente adquirida con fondos provenientes de operaciones vinculadas a una mesa de dinero ilegal en el casino flotante de Puerto Madero.

Las sospechas sobre Peluso no terminaron allí. En 2016, la diputada Elisa Carrió lo señaló como pieza clave de un supuesto esquema de lavado de dinero a través de salas de bingo, con el que —según la denuncia— se habrían financiado campañas políticas y enriquecido patrimonios de funcionarios. Carrió lo describió como “el hombre de confianza de Scioli” y apuntó a su rol como recaudador durante la campaña presidencial de 2015. En esa misma presentación judicial, también se mencionó a la empresa Linser, encargada de servicios de limpieza para la Gobernación bonaerense durante la gestión sciolista.

Los vínculos empresariales de Peluso no se limitaron al Estado. En sociedad con Eladio González Rodríguez —consuegro de Scioli— compartieron domicilio fiscal a través de las empresas Emprendimientos de Luján S.A. y la inmobiliaria Samarcom. El entrecruzamiento entre lazos personales, familiares y negocios fue una constante en esa trama.

La influencia de Peluso en el rubro de la limpieza también se refleja en su entorno familiar. Su hermano, Norberto Peluso, preside la firma Limpiolux, que prestó servicios de higiene a organismos como la AFIP y ahora compite por contratos en el Ministerio de Economía. Actualmente lidera Ceiling Solutions S.A., además de otras firmas como la agropecuaria Las Mañanas y la agencia publicitaria F2F Global. Norberto fue citado en reiteradas oportunidades en Comodoro Py por presuntas irregularidades en contratos estatales, especialmente por sobreprecios.

Por su parte, Luis Peluso continúa al frente de Linser, que ha sido notablemente beneficiada tras el regreso de Scioli a la administración nacional. En lo que va de 2024, la empresa obtuvo 20 contratos estatales —el doble que en 2023 y el triple que en 2022—, entre ellos tres licitaciones vigentes directamente vinculadas a la secretaría que comanda su viejo amigo.

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En al menos dos de esos tres contratos activos, Linser no presentó la oferta más económica, pero resultó adjudicada por supuestas fallas técnicas de sus competidores. Esta situación también se repitió en otras ocho licitaciones ya finalizadas.

El 2025 apunta a superar esos números. El 6 de febrero, ANSES le adjudicó a Linser cinco contratos simultáneos para la limpieza de oficinas regionales en CABA, el conurbano bonaerense, Santa Fe y Entre Ríos, por un monto total de 17.827 millones de pesos, casi 14 millones de dólares al cambio oficial de ese momento.

El último contrato fue firmado el 28 de julio de 2025. Ese día, Scioli otorgó de manera directa un nuevo servicio de limpieza integral a Linser, que incluye además tareas de mozos y mantenimiento en oficinas del Instituto Nacional de Promoción Turística. El monto mensual asciende a casi 20 millones de pesos durante tres meses. Se suma a otro acuerdo similar de abril por 15 millones y a uno de enero por 47 millones. En total, los contratos firmados solo este año entre Linser y la Secretaría de Scioli suman más de 80 millones de pesos.

Amistad de larga data, negocios familiares y una presencia constante en los contratos públicos: la historia de Peluso y su cercanía con Scioli vuelve a evidenciar cómo los vínculos personales siguen abriendo puertas en el Estado.

Redacción

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Edgardo Kueider irá a juicio oral en Paraguay acusado de tentativa de contrabando


Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel Costa, enfrentarán un juicio oral en Paraguay por intento de contrabando. Así lo dispuso el juez Humberto Otazú tras una audiencia preliminar que finalizó con la elevación del caso a juicio público.

Ambos rechazaron el pedido voluntario de extradición solicitado por la jueza federal argentina Sandra Arroyo Salgado. Permanecerán en prisión domiciliaria con tobillera electrónica mientras continúa el proceso en Asunción.

La acusación fiscal sostiene que, en diciembre de 2024, Kueider y Guinsel ingresaron al país vecino con más de 211.000 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 640.000 guaraníes sin declarar. Sólo una fracción menor fue devuelta por la Aduana paraguaya.

Los fiscales involucrados describieron el caso como contrabando en grado de tentativa. Para la legislación guaraní, el dinero no declarado equivale a mercadería prohibida y las penas previstas alcanzan hasta cinco años de prisión efectiva si se supera el umbral de dos años.

El fiscal Ysrael Villalba Ramírez presentó la acusación formal en junio de 2025, tras un semestre de investigación. Varios intentos de nulidad que presentó la defensa fueron rechazados por Otazú, quien además determinó que la excepción de inconstitucionalidad no suspende el proceso.

La Policía Nacional de Paraguay, Aduanas y la unidad de delitos económicos intervinieron en el operativo. Interceptaron el vehículo en el Puente de la Amistad y secuestraron una mochila con las divisas en el asiento trasero de la camioneta que pertenecía a terceros.

La audiencia preliminar se realizó en el Juzgado Penal de Delitos Económicos y finalizó a media mañana, tras analizar pruebas como videos de circuito cerrado y registros de la Aduana. La defensa ya se había opuesto a esas pruebas, pero el juez avaló su validez.

Mientras tanto, la Justicia argentina insiste en avanzar contra Kueider por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La jueza Arroyo Salgado solicitó su extradición tras considerarlo parte del entramado investigado en la causa Securitas‑Enersa.

La decisión guaraní deja a la justicia argentina en suspenso. Si Kueider es condenado en Paraguay, podría cumplir esa pena primero en territorio vecino y recién luego ser extraditado, dependiendo de decisiones diplomáticas y judiciales.

Redacción

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