El Intendente de Mar del Plata quiere avanzar con una nueva ordenanza para sacar a los “trapitos”

Guillermo Montenegro anunció que avanzará con una nueva normativa contra los ciudacoches: "No pueden adueñarse del espacio público".
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Continúan las acciones de control de la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. El Municipio de General Pueyrredón (MGP) realizó, en conjunto con la Policía bonaerense, 459 intervenciones e identificó a 672 personas. 381 fueron fueron realizadas por la Patrulla Municipal y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), mientras que las restantes se efectuaron por llamados al 911.

Ante este contexto, 38 personas fueron trasladadas a comisarías por distintas contravenciones y 7 fueron aprehendidas por diferentes delitos. También se secuestraron 4 cuchillos, 1 inhibidor de alarmas, 2 bicicletas robadas, entre otros elementos.

El Municipio de General Pueyrredón (MGP) trabajó en conjunto con las fuerzas de seguridad bonaerense para terminar con la mafia de los trapitos en Mar del Plata.
El Municipio de General Pueyrredón (MGP) trabajó en conjunto con las fuerzas de seguridad bonaerense para terminar con la mafia de los trapitos en Mar del Plata.

En cuanto a algunas de las situaciones detectadas, se destacaron las de cuidacoches que quitaban multas de autos mal estacionados, otras en las cuales exigían dinero y amenazaban con romper vehículos si sus dueños no accedían a este pedido, solicitar un monto fijo por estacionar, beber en la vía pública, reservar espacios para estacionar, 2 trapitos vendiendo bicicletas robadas y otro con un inhibidor de alarmas.

La posibilidad de una ordenanza en Mar del Plata

Tal como informaron los medios, la reglamentación de los cuidacoches fue una de las prioridades legislativas que señaló el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, en su primera apertura de sesiones ordinarias. Sin embargo, la sanción de la norma continúa estancada en el Concejo Deliberante.

Uno de los tantos trapitos atrapado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal.
Uno de los tantos trapitos atrapado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal.

El último tratamiento que se le dio al tema fue el 1 de septiembre de 2022, cuando se organizó una jornada de trabajo con referentes del sector en el recinto legislativo. En aquel plenario, se acordó hacer una prueba piloto de un registro municipal de cuidacoches (de cara a la actual temporada), pero no se concretó.

En la Comuna rige una ordenanza desde 1964 que regula parcialmente la actividad, mediante la creación de un Registro Municipal de Cuidadores de Vehículos. Desactualizado y pensado para otro momento histórico, la normativa volvió a escena cuando, en enero de 2020, Vilma Baragiola (ahora secretaria de Desarrollo Social) presentó un expediente para avanzar con su modificación.

Trapito siendo detenido por un oficial de la Policía bonaerense.
Trapito siendo detenido por un oficial de la Policía bonaerense.

Sobre esa base, luego se elevaron otros 2 expedientes, primero el del concejal Agustín Neme (Vamos Juntos) y luego el de la edil kirchnerista Sol de la Torre (Frente de Todos), con propuestas de una nueva ordenanza que reemplace a la vigente (2450).

A grandes rasgos, desde el oficialismo sostienen que no se podrá contar con antecedentes penales para obtener el permiso para trabajar como cuidacoches. “Queremos una herramienta que defienda a los vecinos frente a situaciones de violencia y extorsión. Nadie puede adueñarse del espacio público y menos aún extorsionar. Es ilegal que le cobren a la gente por estacionar en un lugar público y libre”, sentenció Neme.

La inmensa mayoría de los trapitos de Mar del Plata cuentan con graves antecedentes penales.
La inmensa mayoría de los trapitos de Mar del Plata cuentan con graves antecedentes penales.

En la misma línea, la Secretaría de Seguridad advirtió sobre la necesidad de que se incluyan multas y sanciones para quienes infrinjan los lineamientos de la ordenanza; una disposición similar a la que se planteó para regular la Zona Roja.

De todos modos, hay algunas bases de acuerdo entre las bancadas. Por caso, el requisito de contar con residencia en General Pueyrredón para poder desempeñarse como cuidacoches. O que el aporte que entreguen los vecinos por el servicio deberá ser siempre voluntario y al retirar el vehículo, evitando situaciones extorsivas.

Cuidacoches legales y uniformados afuera de la Municipalidad de Mar del Plata.
Cuidacoches legales y uniformados afuera de la Municipalidad de Mar del Plata.

En ese sentido, hubo acuerdo para que el Municipio impulse una serie de jornadas de capacitación para que los cuidacoches puedan brindar información o acompañamiento a turistas, pero, hasta el momento, la problemática no volvió a ponerse en agenda.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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