27 diciembre, 2024

El Intendente de Mar del Plata quiere avanzar con una nueva ordenanza para sacar a los “trapitos”

Guillermo Montenegro anunció que avanzará con una nueva normativa contra los ciudacoches: "No pueden adueñarse del espacio público".
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Continúan las acciones de control de la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. El Municipio de General Pueyrredón (MGP) realizó, en conjunto con la Policía bonaerense, 459 intervenciones e identificó a 672 personas. 381 fueron fueron realizadas por la Patrulla Municipal y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), mientras que las restantes se efectuaron por llamados al 911.

Ante este contexto, 38 personas fueron trasladadas a comisarías por distintas contravenciones y 7 fueron aprehendidas por diferentes delitos. También se secuestraron 4 cuchillos, 1 inhibidor de alarmas, 2 bicicletas robadas, entre otros elementos.

El Municipio de General Pueyrredón (MGP) trabajó en conjunto con las fuerzas de seguridad bonaerense para terminar con la mafia de los trapitos en Mar del Plata.
El Municipio de General Pueyrredón (MGP) trabajó en conjunto con las fuerzas de seguridad bonaerense para terminar con la mafia de los trapitos en Mar del Plata.

En cuanto a algunas de las situaciones detectadas, se destacaron las de cuidacoches que quitaban multas de autos mal estacionados, otras en las cuales exigían dinero y amenazaban con romper vehículos si sus dueños no accedían a este pedido, solicitar un monto fijo por estacionar, beber en la vía pública, reservar espacios para estacionar, 2 trapitos vendiendo bicicletas robadas y otro con un inhibidor de alarmas.

La posibilidad de una ordenanza en Mar del Plata

Tal como informaron los medios, la reglamentación de los cuidacoches fue una de las prioridades legislativas que señaló el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, en su primera apertura de sesiones ordinarias. Sin embargo, la sanción de la norma continúa estancada en el Concejo Deliberante.

Uno de los tantos trapitos atrapado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal.
Uno de los tantos trapitos atrapado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal.

El último tratamiento que se le dio al tema fue el 1 de septiembre de 2022, cuando se organizó una jornada de trabajo con referentes del sector en el recinto legislativo. En aquel plenario, se acordó hacer una prueba piloto de un registro municipal de cuidacoches (de cara a la actual temporada), pero no se concretó.

En la Comuna rige una ordenanza desde 1964 que regula parcialmente la actividad, mediante la creación de un Registro Municipal de Cuidadores de Vehículos. Desactualizado y pensado para otro momento histórico, la normativa volvió a escena cuando, en enero de 2020, Vilma Baragiola (ahora secretaria de Desarrollo Social) presentó un expediente para avanzar con su modificación.

Trapito siendo detenido por un oficial de la Policía bonaerense.
Trapito siendo detenido por un oficial de la Policía bonaerense.

Sobre esa base, luego se elevaron otros 2 expedientes, primero el del concejal Agustín Neme (Vamos Juntos) y luego el de la edil kirchnerista Sol de la Torre (Frente de Todos), con propuestas de una nueva ordenanza que reemplace a la vigente (2450).

A grandes rasgos, desde el oficialismo sostienen que no se podrá contar con antecedentes penales para obtener el permiso para trabajar como cuidacoches. “Queremos una herramienta que defienda a los vecinos frente a situaciones de violencia y extorsión. Nadie puede adueñarse del espacio público y menos aún extorsionar. Es ilegal que le cobren a la gente por estacionar en un lugar público y libre”, sentenció Neme.

La inmensa mayoría de los trapitos de Mar del Plata cuentan con graves antecedentes penales.
La inmensa mayoría de los trapitos de Mar del Plata cuentan con graves antecedentes penales.

En la misma línea, la Secretaría de Seguridad advirtió sobre la necesidad de que se incluyan multas y sanciones para quienes infrinjan los lineamientos de la ordenanza; una disposición similar a la que se planteó para regular la Zona Roja.

De todos modos, hay algunas bases de acuerdo entre las bancadas. Por caso, el requisito de contar con residencia en General Pueyrredón para poder desempeñarse como cuidacoches. O que el aporte que entreguen los vecinos por el servicio deberá ser siempre voluntario y al retirar el vehículo, evitando situaciones extorsivas.

Cuidacoches legales y uniformados afuera de la Municipalidad de Mar del Plata.
Cuidacoches legales y uniformados afuera de la Municipalidad de Mar del Plata.

En ese sentido, hubo acuerdo para que el Municipio impulse una serie de jornadas de capacitación para que los cuidacoches puedan brindar información o acompañamiento a turistas, pero, hasta el momento, la problemática no volvió a ponerse en agenda.

Redacción

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Una inmigrante boliviana abusó a una niña argentina en Mar del Plata

La Unidad Funcional de Instrucción (UFi) 7 de Mar del Plata, en el marco de la IPP 49.852-24, inició una investigación contra Andrea Calderon Chosgo, una inmigrante boliviana acusada de cometer el delito de abuso sexual agravado contra una niña de 10 años. El caso es representado por el abogado penalista Julio Razona, quien actúa como particular damnificado de la menor afectada.

Los hechos, que ocurrieron hace aproximadamente un mes en la zona de quintas de Sierra de los Padres, provocaron un notable cambio en el comportamiento de la niña.

Según allegados, la víctima dejó de jugar con sus amigos y hermanos, evitó la socialización, y se mostraba extremadamente temerosa y escondida. La hermana mayor de la niña, de 20 años, fue quien primero notó una lesión en el hombro de la menor, inicialmente atribuida a un posible golpe, pero que se reveló como una agresión física perpetrada por la acusada.

La madre de la niña, al revisar el teléfono celular de su hija, descubrió un inquietante intercambio de mensajes y audios a través de WhatsApp entre Andrea Calderon Chosgo, quien trabajaba en la quinta, y la menor.

– El abogado de la víctima, Julio Razona

En estos mensajes, Chosgo no solo reconocía haber tenido un primer contacto sexual con la niña, sino que también manifestaba un “amor” enfermizo, exigía fotos de contenido sexual y amenazaba con suicidarse si no era correspondida. Uno de estos mensajes incluía la frase: “Soy la primera marca en tu vida”.

El doctor Razona presentó estos mensajes a la fiscalía para su incorporación en la investigación, solicitando, además, la detención inmediata de Calderon Chosgo o, al menos, una orden de restricción de acercamiento para proteger a la menor de cualquier posible contacto con su abusadora.

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Actualmente, la niña víctima está bajo el cuidado de profesionales especializados en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde ha sido trasladada por seguridad desde su hogar familiar.

La comunidad de Mar del Plata y la opinión pública siguen de cerca este caso, esperando justicia para la menor y una resolución pronta y efectiva por parte de las autoridades judiciales.

Redacción

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Casal dictaminó que la reelección indefinida de Insfrán en Formosa es inconstitucional

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen contundente: la cláusula de la Constitución de Formosa que permite la reelección indefinida del gobernador es inconstitucional. Este pronunciamiento, no vinculante pero altamente influyente, abre el camino para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva si el artículo 132 de la carta magna provincial vulnera los principios republicanos establecidos por la Constitución Nacional.

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde 1995, enfrenta un desafío sin precedentes a su permanencia en el poder, tras haber ganado su octavo mandato consecutivo en 2023 con más del 70% de los votos. La oposición, liderada por figuras como los legisladores Gabriela Neme, Fernando Carbajal y el senador Francisco Paoltroni, presentó amparos que cuestionan la constitucionalidad de la norma provincial que habilita reelecciones indefinidas.

En su dictamen, Casal argumentó que “la perpetuación en el poder erosiona el principio de separación de poderes y conspira contra la finalidad propia del Estado de Derecho”. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema y a figuras históricas como Juan Bautista Alberdi, quien advirtió que permitir la reelección indefinida es “una revolución sin ruido”, el procurador concluyó que la periodicidad y renovación de los mandatos son esenciales para garantizar un sistema republicano.

El artículo 132 de la Constitución de Formosa, introducido en una reforma en 2003, permite que el gobernador y vicegobernador sean reelegidos sin limitaciones. Casal explicó que esta disposición contradice el artículo 5° de la Constitución Nacional, que exige que las provincias respeten el sistema representativo y republicano. Además, recordó el precedente de otros fallos de la Corte que limitaron reelecciones en provincias como San Juan, Tucumán y Río Negro.

Insfrán, de 73 años de edad, respondió estratégicamente al escenario adverso que le plantea la Justicia. En octubre pasado, presentó un proyecto de ley para reformar la Constitución provincial, lo que podría incluir una revisión del artículo 132. Si la reforma es aprobada por la legislatura oficialista, una Convención Constituyente tendría hasta 12 meses para convocarse y modificar la carta magna, aunque el procurador desestimó que esto convierta el caso en abstracto.

La Corte Suprema de Justicia tiene ahora la palabra final. Su decisión no solo determinará el futuro político de Insfrán, sino también sentará un precedente sobre los límites al poder en las provincias.

Redacción

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El abogado Marcelo Peña logró que se archive una FALSA DENUNCIA por abuso, y ahora irá contra la mujer que mintió

Luego de que un funcionario público de La Plata fuera denunciado por el supuesto abuso sexual a sus dos hijos, el abogado Marcelo Peña logró que se archive la causa por “FALSEDAD” y ahora buscará ir contra la mujer y el abogado que la asesoró por llevarse a los hijos a vivir a Brasil.

Según contó Peña en diálogo con medio local El Editor Platense, “este tema es una problemática que viene desde hace tiempo”, y detalló que su representado “hace más de un año que no puede ver a sus hijos por la interposición de denuncias falsas”, y ahora “esta señora, que es la madre de los nenes, se los terminó llevando ilegalmente a Brasil”.

“Nosotros hicimos la denuncia penal, primero una averiguación de paradero, porque nos enteramos por un mail, un mensaje que manda la mamá al colegio de que ellos ya querían radicarlos en Brasil y querían haber comunicado el cese de las actividades escolares y que los niños iban a continuar su desarrollo el año que viene en Brasil”, agregó.

En ese aspecto detalló que “entonces esto puso alerta en el padre, no los encontró por ningún lado, y ahí continuamos con la denuncia penal de sustracción de menores porque con la doctora Cecilia Corfield logramos identificar el uso de WhatsApp desde Brasil”.

De esta forma, para finalizar, Peña señaló: “En esto, es lo que vengo trabajando hace mucho tiempo, que es justamente un proyecto de ley para ampliar las penas o los delitos de falsa denuncia y contexto de género, porque justamente yo voy a la protección de la verdadera víctima”.

“Pero hay que empezar, justamente, a ser persuasivos con quienes asesoran con el fin y el norte de buscar una mentira, una falsedad de los hechos. Esto tiene que dejar de ser un juego, sentenció


Redacción

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Denuncian a diputada de LLA por usar instalaciones públicas como búnker militante y religioso en Neuquén

Mariano Mansilla, abogado y exdiputado provincial, formalizó una denuncia penal contra la diputada nacional Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, y Pablo Ruiz, hermano de la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz. Las acusaciones se centran en el supuesto delito de peculado y malversación de bienes públicos por haber transformado el Complejo Casa de las Leyes en un espacio de actividades partidarias y religiosas.

De acuerdo con Mansilla, Pablo Ruiz, en su rol como coordinador del complejo, habría permitido que se realizaran reuniones partidarias y religiosas lideradas por Márquez, quien también ejerce como pastora evangélica. La denuncia sostiene que durante los meses de julio y agosto de este año, el edificio histórico, cuya función principal es cultural y legislativa, se utilizó como un “búnker” de La Libertad Avanza. Esto incluye no solo encuentros políticos, sino también actividades religiosas que, según Mansilla, no tienen cabida en un espacio financiado con recursos públicos.

La relación entre Nadia Márquez y Gloria Ruiz también fue un foco de atención en el caso. Ambas figuras mantenían una afinidad que habría sido una de las razones detrás de la suspensión de Ruiz. Críticas dirigidas hacia Márquez destacaron que esta cercanía facilitó su acceso y utilización de las instalaciones de Casa de las Leyes, lo que agrega una capa de complejidad a las acusaciones.

“Esto es parte de una estructura de corrupción que desvía bienes y fondos públicos destinados a fines culturales hacia usos partidarios y religiosos”, afirmó Mansilla. Además, subrayó que el rol de Márquez como funcionaria pública agrava su participación como cómplice primaria. Para el abogado, este tipo de acciones representan un claro abuso de poder que debe ser sancionado para garantizar la transparencia en la gestión pública.

La denuncia incluye material probatorio como videos, fotos y publicaciones de Márquez en redes sociales, en las que se evidencia su participación en reuniones dentro del complejo. Entre las pruebas destacan capturas de Instagram donde se promocionaban encuentros de La Libertad Avanza y testimonios de empleados legislativos que confirmaron la realización de estas actividades. Estas pruebas también incluyen registros en libros de visitas que muestran un uso constante de las instalaciones por parte de la diputada y su equipo.

“Los trabajadores incluso escuchaban salmos recitados en las oficinas, lo que claramente no corresponde a las funciones del edificio”, declaró Mansilla. Este testimonio se complementa con videos captados por los propios empleados, que muestran a personas ingresando al edificio para actividades religiosas y reuniones políticas. Para Mansilla, este tipo de evidencias refuerza la gravedad de las acusaciones y obliga a las autoridades a actuar con celeridad.

Otro aspecto relevante del desarrollo cronológico es que Carlos Eguía, exlibertario y ahora crítico del sector, fue quien primero denunció la situación de manera pública. Eguía reveló la existencia de reuniones políticas en las instalaciones de Casa de las Leyes y presentó videos y publicaciones de redes sociales de Márquez como evidencia.

El caso se produce en un contexto ya complejo debido a la suspensión de Gloria Ruiz, acusada de inhabilidad moral tras irregularidades en la administración del complejo. Mansilla vinculó este hecho a la cercana relación entre Ruiz y Márquez, insinuando que la vicegobernadora pudo haber facilitado el acceso a las instalaciones. La afinidad entre ambas figuras políticas ha sido motivo de críticas desde distintos sectores, que cuestionan cómo estas relaciones personales y partidarias podrían haber influido en la administración de bienes públicos.

En respuesta, Márquez desestimó las acusaciones. “La casta quiere mancharme con falsas denuncias. Que quede clara una sola cosa: La Libertad Avanza en Neuquén y no nos van a frenar”, expresó en un comunicado difundido en sus redes sociales. También sostuvo que estas denuncias responden a una persecución política motivada por el crecimiento de su espacio. En sus declaraciones, destacó que los ciudadanos neuquinos están despertando y que su movimiento representa una amenaza para los sectores tradicionales de poder.

El partido libertario respaldó a Márquez mediante un comunicado en el que acusaron a Mansilla de ser un “opositor funcional” y criticaron su trayectoria política. También denunciaron que las acusaciones contra Márquez forman parte de un intento por desacreditar a La Libertad Avanza, un espacio que ha ganado relevancia en la región.

La denuncia presentada será incorporada al expediente del Ministerio Público Fiscal (MPF), que ya investiga desvíos de fondos en la Legislatura neuquina. Este caso está bajo la supervisión de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, quienes recientemente llevaron a cabo allanamientos relacionados con presuntas operaciones fraudulentas bajo la gestión de Pablo Ruiz. En este contexto, se están analizando documentos y registros que podrían ampliar el alcance de las imputaciones.

Se espera que tanto Nadia Márquez como Pablo Ruiz sean citados a declarar en los próximos días. “Ahora corresponde que la Justicia investigue y determine responsabilidades”, concluyó Mansilla. Para el abogado, este caso podría sentar un precedente importante sobre el uso de bienes públicos y la responsabilidad de los funcionarios en su gestión.

Redacción

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LAVADO DE DINERO | Levantaron el secreto bancario de un ministro de Kicillof

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, quien también fue imputado en la causa por presunto lavado de dinero, y de otros implicados en esta investigación. Entre los involucrados se encuentra Claudia Pombo, concejal de Pilar y estrecha colaboradora del funcionario, además de familiares de esta y otros actores clave en el esquema investigado.

La causa, que está en etapa inicial, se centra en supuestas maniobras ilegales vinculadas al cobro de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La denuncia fue presentada por Leandro Camani, presidente de Secutrans, quien reportó pérdidas millonarias debido a un sistema paralelo de “gestores”. Estos intermediarios habrían eliminado multas a cambio de pagos ilegales, afectando la recaudación de Secutrans y desviando enormes sumas a cuentas personales de los acusados. Según la presentación judicial, esta red operaba con el consentimiento y participación activa de altos funcionarios públicos y figuras del ámbito judicial.

La investigación judicial reveló que solo el 2% de las multas de tránsito se cobran por vías legales, mientras que un estimado de 340.000 infracciones mensuales, por un valor aproximado de 60.000 millones de pesos, habrían sido gestionadas de manera ilícita. Esta cifra ilustra la magnitud del esquema de corrupción y su impacto sobre las finanzas provinciales. Este sistema, según la denuncia, involucraba jueces de faltas, funcionarios provinciales y operadores políticos que actuaban en complicidad. La estructura ilegal se extendía a varias localidades bonaerenses, generando un impacto económico significativo en la recaudación provincial.

– D’Onofrio y Pombo

Entre los investigados se encuentran Roxana Pombo, hermana de Claudia y funcionaria del Ministerio de Transporte, y Mario Quattrochi, juez de faltas platense señalado como pieza clave en la estructura ilegal. Según el fiscal Sebastián Bringas, la red de corrupción podría extenderse incluso fuera del país. En este sentido, se solicitó a las autoridades españolas información sobre la firma Cattleya Blue SL, vinculada a Pombo y Quattrochi, que operaba restaurantes en Málaga con fondos presuntamente desviados. Además, se ordenó el levantamiento del secreto bancario de Quattrochi y se solicitó al Registro de la Propiedad del Inmueble información sobre los bienes que posea.

Además, el juez ordenó a entidades como el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) que proporcionen información detallada sobre las cuentas, bienes y transacciones de los involucrados. Estas medidas también incluyeron solicitudes a la Caja de Valores para identificar posibles tenencias de acciones y bonos, e Interbanking SA para obtener detalles sobre transacciones realizadas mediante medios electrónicos. Adicionalmente, se busca rastrear operaciones vinculadas a criptomonedas y transferencias internacionales, ampliando significativamente el alcance de la investigación.

El clan Pombo, cuyo nivel de vida despertó sospechas, reside en una lujosa propiedad en un country exclusivo de Zona Norte y exhibe en redes sociales un alto poder adquisitivo. Investigadores judiciales señalan que el dinero obtenido del esquema de corrupción habría sido utilizado para adquirir propiedades y bienes de lujo en Argentina y España. Además, se estima que el esquema generó pérdidas mensuales de entre 4 y 10 millones de dólares para Secutrans.

Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica en Pilar, destacó: “Nunca podrían justificar su vida de millonaria”. Las acusaciones incluyen el consumo de bienes extravagantes como champagne Lamborghini y la contratación de personal doméstico, a pesar de ingresos formales que no lo justificarían. Entre las propiedades bajo investigación se encuentra una casona con ascensor y varios vehículos de alta gama, mientras que en el extranjero se habrían realizado inversiones millonarias en inmuebles.

La trama no solo afecta al área de Transporte provincial. En paralelo, el fiscal platense Álvaro Garganta investiga contratos irregulares relacionados con la VTV y supuestas concesiones amañadas a empresas privadas vinculadas al entorno de D’Onofrio. Entre estas se encuentra Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., presidida por Sebastián Desio, contratada por concesionarias de la VTV para brindar servicios tecnológicos a cambio de un 8,5% adicional por cada verificación.

Garganta también puso el foco en una propiedad en La Plata supuestamente vinculada al esquema y en contratos firmados con concesionarios del sistema de VTV que habrían beneficiado a socios y allegados del ministro. Además, tiene en su poder 22 cajas con pliegos y otra documentación entregada por el Ministerio de Transporte, que será analizada como parte de la investigación. Por su parte, el entorno de D’Onofrio asegura que el fiscal recibió toda la información solicitada y más, con el fin de demostrar que no hubo irregularidades en los procesos de contratación. Según fuentes judiciales, la empresa de Desio carecía de experiencia en el sector antes de recibir contratos millonarios, lo que refuerza las sospechas sobre irregularidades en los procesos de adjudicación.

Desde el Frente Renovador, espacio político de D’Onofrio, han surgido cuestionamientos internos. Voceros señalaron que “hace cinco meses le dijimos a (Axel) Kicillof que se necesitaba un cambio en Transporte”. No obstante, el gobernador bonaerense mantiene al ministro en el cargo.

En el plano local, Claudia Pombo fue desplazada como presidenta del Concejo Deliberante de Pilar en medio del escándalo, siendo reemplazada por Juan Pablo Trovatelli, también del oficialismo local liderado por el intendente ultra-K, Federico de Achával. La concejal no asistió a la sesión extraordinaria donde se definió su salida, una muestra de las tensiones políticas generadas por la causa. Desde sectores opositores, señalan que este cambio en la conducción del Concejo busca desvincular al gobierno local de las acusaciones que pesan sobre Pombo y su entorno.

Redacción

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La Fiscalía pidió el sobreseimiento de Gonzalo Montiel en la causa por abuso sexual

La Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo del futbolista Gonzalo Montiel en la causa judicial que lo investiga por presunto abuso sexual ocurrido el 1 de enero de 2019 en la casa de su familia, ubicada en González Catán. El fiscal Luis Alberto Brogna, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, argumentó que las pruebas recopiladas no permiten sostener la acusación.

En un extenso escrito de 122 páginas, Brogna afirmó: “Aparece aconsejable el dictado de un pronunciamiento que desvincule al imputado de manera definitiva del presente proceso”. Además, destacó que, tras una exhaustiva investigación que incluyó declaraciones de 15 testigos, pericias psicológicas y revisión de los hechos, no se encontraron elementos que vinculen al jugador con el hecho denunciado. “En lo esencial, los testigos coinciden en describir ciertos hechos que permiten afirmar que el imputado Montiel no podría haber cometido el hecho que se le atribuye”, agregó.

La denunciante, una joven que había tenido un vínculo sentimental con el futbolista, declaró haber sido drogada y abusada sexualmente en una fiesta de Año Nuevo en la residencia familiar de Montiel. Según su abogada, Raquel Hermida, los gritos de la víctima durante el episodio fueron corroborados en la investigación, aunque el fiscal consideró que los testimonios y pericias no sostienen la hipótesis del abuso.

El fiscal señaló “inconsistencias” en el relato de la denunciante, incluyendo su incapacidad para recordar detalles esenciales que otros testigos afirmaron haber observado. En sus primeras declaraciones, la joven había afirmado no recordar lo sucedido, pero más adelante, tras un tratamiento psicológico, declaró haber sido abusada. “La recuperación tardía de los supuestos recuerdos y su incapacidad para recordar detalles esenciales arrojan sombras de duda sobre la credibilidad de su versión de los acontecimientos”, explicó Brogna.

LA DEFENSA DE MONTIEL Y LOS ELEMENTOS A SU FAVOR

Un mes atrás, los abogados defensores de Montiel, Daniel Rubinovich y Rafael San Lari, habían solicitado el sobreseimiento del jugador argumentando que la denuncia presentaba “múltiples inconsistencias”. Según la investigación, Montiel no estuvo presente durante el presunto hecho, ya que habría salido de la fiesta para trasladar a un amigo en su vehículo. Además, el fiscal mencionó que otro de los involucrados, Alexis Acosta, también fue acusado, pero su participación tampoco pudo ser probada de manera concluyente.

Brogna concluyó que “la Fiscalía debe actuar de acuerdo a un criterio objetivo, aun a favor del imputado, y no convertirse en un acusador ciego y parcial”. En este sentido, consideró que la falta de pruebas impide avanzar hacia una instancia de juicio oral.

LA POSTURA DE LA QUERELLA

Por su parte, Hermida solicitó a la Fiscal General que se rechace el pedido de sobreseimiento y se designe a otro fiscal para continuar la investigación. La abogada argumentó que existieron “incumplimientos” en el proceso y que el juicio oral sería la “instancia donde los imputados podrán desarrollar ampliamente su defensa”.

El caso, que desde un principio generó repercusión mediática por la fama del futbolista, plantea un desafío en la aplicación de principios de garantía como la presunción de inocencia y el análisis bajo perspectiva de género. La decisión final sobre el pedido de sobreseimiento quedará en manos del juez a cargo del caso.

Redacción

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