18 septiembre, 2025

“El Gobierno UTILIZA a la Justicia para CALLAR a El Presto”

El abogado de El Presto dio detalles EXLUSIVOS de la causa que enfrenta el periodista por el simple hecho de comunicar.
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En el marco por la causa iniciada contra el periodista Eduardo Prestofelippo (más conocido como El Presto) por la pareja del presidente, Fabiola Yáñez quien lo denunció por “hostigarla y discriminarla”. La intimidación del Poder político se da, lejos de ser por tales causas, por una investigación que publicó en su canal de Youtube.

En este preocupante marco de persecución a la libertad de expresión y de prensa, Data24.com.ar dialogó con el abogado de El Presto, Marcelo Peña, quien explicó que se lo denuncia “por el temor que genera con respecto a la cantidad de seguidores y su formato opositor de hacer periodismo que marca tendencia. Si ellos tuvieran una agencia de noticas con su repercusión no existiría este problema”.

“Al momento de tomar relevancia de la gente que lo sigue, eso en el Poder empieza a molestar. Se le está haciendo una denuncia por ‘acoso digital’ que le ‘genera un daño a su imagen’. Y todos los medios de comunicación y las redes sociales no paran de dar una crítica negativa a la imagen de la mujer del Presidente. A ellos, entonces, les preocupa la fuerza, el tenor del poder comunicativo de Prestofelippo y la fidelidad de su masivo público”.

Peña comentó que no se mostró sorprendido por el pedido de 30 días de prisión para el periodista. Y argumentó que este tipo de denuncias insólitas intentan infundir el temor: “Al contrario, van a lograr que se incremente su valentía y que, todos los medios nacionales hablen de él”. “A cualquier otro periodista que diga esto no le va a pasar lo mismo. Justamente a Prestofelippo sí por la calidad del público que tiene, que incomoda a ciertos sectores”, concluyó.

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Agregó además que es una posibilidad ínfima que sea detenido, pero “es lógico, ya que la intención es callarlo”. Las intenciones son “utilizar la Justicia para callar a un periodista. Para que deje de investigar, de comunicar”. “Hay un interés evidente por parte del Gobierno. Es entendible que alguien X se sienta agraviado, pero distinto es que te denuncie un ciudadano a que te denuncie el Poder, y esta mal usar esa herramienta para callar a un periodista que, al fin y al cabo, está trabajando como corresponde”.

“Podrían ir contra cualquier otro medio, pero no lo hacen. Van contra determinada personalidad con determinada cantidad de seguidores”, manifestó Peña que, al referirse a la fiscal de Delitos Informáticos de CABA, Daniela Dupuy, argumentó que “hace muy bien su trabajo” en citada área pero aclaró que “no comparto que se preste a este tipo de situaciones”. En este sentido, puntualizó sobre una temática judicial interesante: “Si un vecino común hace este tipo de denuncia, la Justicia no lo va a acompañar, se va a desestimar”. Expuso entonces, una palpante desigualdad en el sistema jurídico argentino.

Sobre fechas, el letrado explicó a este portal que hay una audiencia de prueba el futuro 21 de diciembre y para febrero sería, a mas tardar, la audiencia oral que pondría cara a cara en el banquillo al periodista y a la “Primera Dama”.

Para finalizar, el jurista señaló que espera que “la Justicia no esté o no sea politizada” a la hora de emitir un fallo.


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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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