“El Gobierno UTILIZA a la Justicia para CALLAR a El Presto”

El abogado de El Presto dio detalles EXLUSIVOS de la causa que enfrenta el periodista por el simple hecho de comunicar.
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En el marco por la causa iniciada contra el periodista Eduardo Prestofelippo (más conocido como El Presto) por la pareja del presidente, Fabiola Yáñez quien lo denunció por “hostigarla y discriminarla”. La intimidación del Poder político se da, lejos de ser por tales causas, por una investigación que publicó en su canal de Youtube.

En este preocupante marco de persecución a la libertad de expresión y de prensa, Data24.com.ar dialogó con el abogado de El Presto, Marcelo Peña, quien explicó que se lo denuncia “por el temor que genera con respecto a la cantidad de seguidores y su formato opositor de hacer periodismo que marca tendencia. Si ellos tuvieran una agencia de noticas con su repercusión no existiría este problema”.

“Al momento de tomar relevancia de la gente que lo sigue, eso en el Poder empieza a molestar. Se le está haciendo una denuncia por ‘acoso digital’ que le ‘genera un daño a su imagen’. Y todos los medios de comunicación y las redes sociales no paran de dar una crítica negativa a la imagen de la mujer del Presidente. A ellos, entonces, les preocupa la fuerza, el tenor del poder comunicativo de Prestofelippo y la fidelidad de su masivo público”.

Peña comentó que no se mostró sorprendido por el pedido de 30 días de prisión para el periodista. Y argumentó que este tipo de denuncias insólitas intentan infundir el temor: “Al contrario, van a lograr que se incremente su valentía y que, todos los medios nacionales hablen de él”. “A cualquier otro periodista que diga esto no le va a pasar lo mismo. Justamente a Prestofelippo sí por la calidad del público que tiene, que incomoda a ciertos sectores”, concluyó.

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Agregó además que es una posibilidad ínfima que sea detenido, pero “es lógico, ya que la intención es callarlo”. Las intenciones son “utilizar la Justicia para callar a un periodista. Para que deje de investigar, de comunicar”. “Hay un interés evidente por parte del Gobierno. Es entendible que alguien X se sienta agraviado, pero distinto es que te denuncie un ciudadano a que te denuncie el Poder, y esta mal usar esa herramienta para callar a un periodista que, al fin y al cabo, está trabajando como corresponde”.

“Podrían ir contra cualquier otro medio, pero no lo hacen. Van contra determinada personalidad con determinada cantidad de seguidores”, manifestó Peña que, al referirse a la fiscal de Delitos Informáticos de CABA, Daniela Dupuy, argumentó que “hace muy bien su trabajo” en citada área pero aclaró que “no comparto que se preste a este tipo de situaciones”. En este sentido, puntualizó sobre una temática judicial interesante: “Si un vecino común hace este tipo de denuncia, la Justicia no lo va a acompañar, se va a desestimar”. Expuso entonces, una palpante desigualdad en el sistema jurídico argentino.

Sobre fechas, el letrado explicó a este portal que hay una audiencia de prueba el futuro 21 de diciembre y para febrero sería, a mas tardar, la audiencia oral que pondría cara a cara en el banquillo al periodista y a la “Primera Dama”.

Para finalizar, el jurista señaló que espera que “la Justicia no esté o no sea politizada” a la hora de emitir un fallo.


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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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