El fiscal Marijuan pidió sobreseer a Cristina Kirchner en la causa de “La ruta del dinero K”

La Cámara Federal había insistido en que sea indagada ante la sospecha de que el dinero en poder de Lázaro Báez le pertenecía, pero el fiscal desestimó tal vinculación.
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El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió sobreseer a Cristina Fernández Kirchner en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, la misma en la que Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión, acusado de lavar 65 millones de dólares de la corrupción. Ahora es el juez federal Sebastián Casanello quien debe decidir el futuro de la Vicepresidente en ese expediente.

Marijuan había imputado a Cristina Kirchner y durante la instrucción del caso se había mantenido la sospecha al punto que la Cámara Federal insistió en varias ocasiones para que el juez indagara a la vicepresidente ante la suposición de que la fortuna de Báez, valuada en casi 200 millones de dólares, pertenecía en realidad Cristina Kirchner. Pero este extremo nunca se probó como para procesar a Vicepresidente en este caso.

Cristina Fernández de Kirchner
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Marijuan entendió que la relación entre Báez y Kirchner está probada pero no encontró evidencia de que el dinero le perteneciera. “Entiendo y no tengo duda alguna, de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”, expresó el fiscal en su dictamen de 46 carillas.

El fiscal enumeró los negocios entre ambos: “Cristina Elisabet Fernández, representada por su hijo Máximo Kirchner entregó un inmueble en permuta a Austral Construcciones SA, mientras que otro bien lo entregó en concepto de dación en pago de la obra ejecutada en la Quinta 10 A, de la ciudad de El Calafate. Además, el matrimonio Kirchner ha vendido a Austral Construcciones SA, firma insignia de Lázaro Báez, diez propiedades, lo cual corrobora ese vínculo directo”, dijo,

CFK
El fiscal Marijuan, tras un operativo en una de las estancias de Lázaro Báez.

El fiscal fue un paso más allá y señaló que, además de los vínculos comerciales, existieron al menos 372 llamadas entre los entornos de Cristina y Báez y entre ellos mismos. “Si lo expuesto no alcanzara para entenderlo o quisiera verse volcado en este legajo judicial, tenemos que la reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Elisabet Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un periodo de poco más de 2 años”. Agregó a eso las visitas del empresario a la Quinta de Olivos.

Sin embargo, Marijuan admite en el dictamen su fracaso para ir más allá: “Habiendo transcurrido más de diez años desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente (Cristina Kirchner), no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió ordenar la comparecencia” en su declaración indagatoria.

CFK
El abogado y juez Sebastián Casanello deberá decidir qué hacer con el expediente.

El fiscal dijo que la “debilidad” de las pruebas se conjuga con un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en el que se confirmó la condena de Lázaro Báez por lavado de dinero, pero se señaló allí que el dinero no provenía de los contratos de obra pública que recibió el empresario, sino de la evasión fiscal.

“Se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo”, expresó Marijuan y dijo que esto “no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro Báez y la evasión fiscal de su ‘patrimonio’, que yo llamaría botín, dejando a un lado el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento“.

Periodismo Para Todos 2013 – La red de lavado de dinero K, mirá el informe completo

Jorge Lanata volvió con Periodismo Para Todos y el primer programa tuvo como informe principal una investigación sobre la red de lavado de dinero K. Leonardo Fariña -marido de la modelo Karina Jelinek- fue protagonista por ser uno de los testaferros en este negociado. Mirá el informe completo.

La imputación de Marijuan se basaba, entre otras cuestiones, en la declaración del financista arrepentido Leonardo Fariña, que mencionó una conversación con Báez en la que el empresario le dijo que la vicepresidente le había advertido que la Embajada de Estados Unidos estaba preocupada por sus maniobras de lavado de dinero. Esta también había mencionado que supuestamente parte del efectivo del empresario K era de Néstor Kirchner.

El fiscal mencionó en su dictamen la condena contra CFK a 6 años de prisión por favorecer a Báez con la obra pública y dijo que el dinero del empresario provenía de esa fuente. Pero Marijuan dijo que cuando la Cámara de Casación confirmó la condena al empresario K por lavado de dinero y le rebajó la pena de 14 a 10 años de prisión señaló que la fuente del dinero no era la obra pública, sino la evasión fiscal, en alusión al voto mayoritario de los camaristas Borinsky y Ledesma. Y que esa decisión debilita su acusación.

Periodismo Para Todos 2013 – La ruta del dinero K: la conexión con Panamá

Periodismo Para Todos viajó a Panamá para investigar las diversas conexiones que hay en ese país con la ruta del lavado de dinero K. Mirá este informe que realizó en exclusiva el programa conducido por Jorge Lanata.

Para Marijuan, ese fallo desvincula a Cristina Kirchner del empresario y desliga ambas causas. El fiscal criticó el fallo de Ledesma y Borinsky y señaló que si bien Fariña dio elementos para indagar a la vicepresidente, la sentencia de la Cámara de Casación desvincula las maniobras de lavado del eje del poder político.

Dijo que la condena de Báez y Kirchner en la misma causa no le bastan para un procesamiento ni para elevar el caso a juicio oral con la vicepresidente como coautora, partícipe o instigadora del lavado de dinero.

Periodismo Para Todos 2013 – La ruta del dinero K: campos en Mendoza y Punta del Este

En este informe de Periodismo Para Todos vas a poder conocer las transacciones que se realizaron para la compra de dos campos para Lázaro Báez, uno en Mendoza y el otro en Punta del Este. Mirá

El fiscal afirmó que, a pesar de las 300 comunicaciones y visitas, que se desconocían hasta el momento, no alcanza para avanzar mas allá de la sospecha y por eso pidió sobreseer a la vicepresidente. “El innegable vínculo con Lázaro Báez junto con quien se encuentra condenada ante este fuero federal, por sí sólo no permite avanzar en su procesamiento y menos aún en un juicio oral”, señaló.

Este escenario deja al descubierto una falencia insalvable, esto es, la ausencia de elementos que permitan sostener la imputación que se dirigiera contra Cristina Elisabet Fernández y por dicha razón, corresponde dictar el sobreseimiento de la nombrada”, señaló el funcionario.

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Polémica por la memoria de Ricardo Iorio: su esposa Fernanda y su hija Sofía hicieron un descargo público

El 24 de octubre de 2023, la música argentina perdía a su último gran caudillo. Ricardo Iorio fallecía a los 61 años a causa de un infarto en su residencia de Coronel Suárez. Sin embargo, tras la partida del líder de Almafuerte y Hermética, la paz fue interrumpida por una guerra interna que hoy sale a la luz. La familia del músico se divide en dos frentes irreconciliables: por un lado, su hija mayor, Daiana Iorio, y por el otro su hija menor, Sofía Eliana Iorio (ambas fruto de su matrimonio con Ana Mourín), y Fernanda García, su viuda.

Durante los últimos meses, en redes sociales circularon versiones que buscaban instalar una narrativa de “manipulación” en torno a la figura del músico.

Daiana Iorio, a través de su Instagram personal, mantiene una actividad frenética de publicaciones dedicadas a la memoria de su padre. Este despliegue de devoción digital construye una imagen de cercanía y custodia del legado que colisionaría frontalmente con la realidad de los hechos: una prolongada distancia física y afectiva que la hija mayor mantuvo durante el  último tiempo de Ricardo, por decisión propia, hasta su fallecimiento —como queda aclarado en una de las declaraciones, de parte de su hija Sofía—.

Ante este escenario de aparente devoción virtual, Fernanda y Sofía decidieron dar un paso al frente con descargos contundentes que exponen la hipocresía de este relato.

Fernanda García, en su carácter de viuda y administradora del sucesorio designada por la Justicia, fue tajante al desmentir que se le haya prohibido a Daiana el ingreso a la residencia de su padre. En el comunicado, la viuda aclaró que la propiedad es su hogar desde hace 25 años y que fue la propia Daiana quien decidió, por voluntad propia, no acercarse ni visitar a Ricardo desde bastante tiempo antes de su fallecimiento. Esta desconexión deliberada no solo alejó a la hija mayor del entorno del músico, sino que cercenó vínculos familiares directos que Ricardo, en sus años finales, ya no pudo recuperar.

Respecto a la gestión de los bienes, Fernanda García confirmó que la distribución del acervo hereditario está en manos de abogados y que ella cumple estrictamente con su función judicial. García rechazó de plano cualquier intento de “bastardear” al músico como un “hombre manipulable”. Además, reveló un dato que expone la inconsistencia entre el discurso digital de Daiana y sus actos reales: la hija mayor habría rechazado participar de la despedida de las cenizas de su padre, ignorando la última voluntad de Ricardo. Fernanda cerró su mensaje advirtiendo que iniciará acciones legales por difamación contra todos los involucrados en ensuciar su nombre bajo “versiones paralelas y fantasiosas”

Por su parte, Sofía Eliana Iorio también abandonó su perfil bajo para respaldar a Fernanda García y denunciar la inmoralidad con la que Daiana trata a la viuda de Ricardo. Sofía describió a su madre del corazón como la persona que “cuidó y amó a Ricardo hasta el último suspiro”, asegurando que los ataques actuales son lo último que su padre hubiera querido.

Fue lapidaria al afirmar: “las manifestaciones públicas de mi hermana mayor no representan la realidad”, que se vivió puertas adentro del hogar, calificándolas como interpretaciones que buscan generar conflicto en lugar de honrar el legado.

La interna de los Iorio queda así expuesta bajo una luz cruda. De un lado, una puesta en escena en redes sociales que busca capturar la simpatía del público mediante la nostalgia; del otro, la familia que convivió con el músico en la cotidianidad del campo y que hoy custodia, con documentos y vivencias reales, la verdad de sus últimos días.

La Justicia tendrá la última palabra sobre los bienes, pero la contradicción quedó en evidencia entre lo que se publica en redes sociales y lo que fue la vida del padre del metal pesado argentino.






*Autor: Augusto Grinner para Data24

El acosador sexual Pedro Brieger cobró una indemnización del Estado de $78 millones

Radio y Televisión Argentina (RTA) terminó de pagar a fines del año pasado una indemnización de $ 78 millones al periodista Pedro Brieger, tras un acuerdo extrajudicial vinculado a su reclamo por despido. Brieger se consideró despedido de los programas en los que participó durante poco más de 10 años en la TV Pública y Radio Nacional, hasta abril de 2016, y desde entonces inició un proceso judicial que llegó a la Corte Suprema, donde permaneció más de dos años sin resolución.

Según fuentes judiciales, el entendimiento se alcanzó cuando la causa se encontraba en condiciones de resolverse en la Corte, luego de que RTA apeló una sentencia que consideró “exorbitante y desproporcionada”. En 2023, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó pagarle a Brieger $223,84 millones, una cifra que RTA cuestionó por el modo de cálculo de los intereses.

En primera instancia, el juez Alberto Miguel González fijó una condena de $5.873.521, más los intereses correspondientes al período transcurrido entre abril de 2016 y el cobro del fallo. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Trabajo modificó la tasa de interés y dispuso que se aplicara el “Acta CNAT 2764”, que hasta fines de agosto de 2023 arrojó una tasa del 3.711%, lo que elevó el monto a $223,84 millones.

RTA apeló ante la máxima instancia judicial. La apoderada de la empresa estatal, Silvia Touceda, sostuvo que la aplicación de esos intereses “tendría como resultado la cifra exorbitante y desproporcionada de $223.844.085”. En su planteo, afirmó que, con otros criterios, la suma habría sido menor: indicó que, si se aplicaba la tasa activa efectiva anual vencida del Banco Nación, los intereses alcanzaban el 416% y la indemnización quedaba en $30.333.792, mientras que, con una tasa de interés simple del 268%, correspondía $21.626.307.

Fuentes judiciales explicaron que “el Acta 2764 de cálculo de intereses es muy gravosa para las empleadoras, ya que capitaliza anualmente los mismos. Esa decisión, implica multiplicar exponencialmente el monto de la misma”. Al momento de firmarse el acuerdo extrajudicial, el recurso presentado ante la Corte todavía no se resolvió.

En paralelo, la asociación Periodistas Argentinas se presentó ante la Justicia, en julio del año pasado, para pedir una medida cautelar que permitiera embargar la indemnización por despido que Brieger iba a recibir de la TV Pública, que estimaron en $335 millones, y así garantizar la “reparación efectiva” de las mujeres que denunciaron acoso y agresión sexual. La solicitud se hizo en nombre de 19 mujeres que, según ese colectivo, “han sido víctimas de acoso y agresión sexual en contexto laboral y académico” por parte del periodista, a lo largo de 30 años.

Pese a ese reclamo, RTA decidió cerrar el acuerdo extrajudicial y pagarle $ 78 millones en tres cuotas, con la última en diciembre de 2025. Tras conocerse el pago, Periodistas Argentinas aseguró: “TV Pública logra acuerdo extrajudicial con Pedro Brieger y paga $78 millones de indemnización por despido. Así Brieger eludió la cautelar presentada por Periodistas Argentinas para la reparación efectiva de 19 víctimas de acoso sexual”.

Las denuncias públicas contra Brieger se conocieron en medio del trámite judicial por su indemnización. Fuentes judiciales señalaron que cuando RTA apeló en 2023 todavía no se conocían los casos de acoso sexual. En ese contexto, una discusión pública entre la periodista Cecilia Guardati y Roberto Navarro (dueño de El Destape) incluyó la frase: “El problema es que Pedro Brieger es un acosador sexual”. Ese señalamiento dio origen a una investigación que derivó en la difusión de los primeros casos y en la respuesta del periodista.

En 2024, la investigación del periodista Alejandro Alfie, de Clarín, difundió testimonios de conductoras y productoras que relataron situaciones abusivas. Periodistas Argentinas denunció judicial y públicamente los acosos y presentó en el Congreso un informe de 19 víctimas, entre las que mencionó a una vecina del barrio de Belgrano, dos alumnas de TEA, una estudiante de la Universidad de La Plata, una ex alumna, dos periodistas de la TV Pública, una egresada del doctorado de Ciencias Sociales de la UBA, una agente de prensa de una asociación civil, una estudiante de Ciencias Políticas, dos reporteras, una ayudante de cátedra y una columnista radial.

En ese marco, Guardati describió uno de los primeros casos difundidos: “Conocí a Brieger en 2008 en una cobertura de un viaje presidencial de Cristina Kirchner al norte de África. Yo era corresponsal de la agencia Télam y él trabajaba en la TV Pública. Por una cuestión laboral me pide que le lleve algo a su habitación y cuando llego, tenía la puerta entreabierta y allí se encontraba Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, tapándose con una sábana, mientras se masturbaba”.

Brieger grabó el 12 de julio de 2024 un video para “pedir perdón” e intentar exculparse. En ese mensaje, afirmó: “Lo que describen existió”, pero “hoy soy otra persona”. Diez días después de la presentación de 19 casos, y tras un pedido de disculpas formulado por la asociación, Brieger publicó un video con disculpas formales y dio crédito a los testimonios, en un cambio de posición respecto de lo que sostuvo el 12 de marzo de ese mismo año, cuando negó los hechos y amenazó con denunciar a un cronista, al diario y a las fuentes.

Denuncian penalmente a la armadora de Sebastián Pareja por usar datos privados de discapacitados para la campaña

Crece el escándalo por el uso del padrón de la Agencia de Discapacidad (Andis) para hacer “territorio” durante campaña legislativa 2025 por parte de armadores que responden a Sebastián Pareja en el sur de la provincia de Buenos Aires

Ahora, en el municipio de Tres Arroyos presentaron una denuncia penal pidiendo que se investigue el posible delito de acceso ilegítimo y revelación indebida de datos por parte de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en la Sexta sección.

Es por la filtración de chats del grupo de WhatsApp de LLA en la Sexta donde la responsable seccional, la actual concejal bahiense Franca Grippo Harrington, propuso usar el padrón del programa Incluir Salud para hacer “territorio”. Eso, dos meses antes de que estallara el caso de las coimas en la Andis.

En esos mensajes, Grippo reconoció que el material que tenía en manos era información reservada que le habían dado en papel y que tenía previsto entregar en mano a quienes vayan a la inauguración de un local libertario en Tres Arroyos, días más tarde . “No quieren que ande circulando”, admitió.

Frente a esas filtraciones, en el municipio de Tres Arroyos a cargo del massista Pablo Garate formularon una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº16 para que se investigue si hubo distribución y uso proselitista de datos de personas con discapacidad en el distrito por parte de dirigentes de LLA.

Una de las denunciantes, la coordinadora del Área de Discapacidad de Tres Arroyos, Andrea Elgart, dijo que, mientras eso sucedía con Grippo y su gente, “más de 1.100 personas en la Sexta sección estaban siendo sometidos a las auditorías de la Nación, que es un proceso cruel por las pensiones”.

Al denunciar una “agenda de la crueldad” por parte del gobierno libertario en materia de discapacidad, Elgart sostuvo: “Mientras había gente en todo el país tratando de no perder 300 mil pesos, había gente distribuyendo esos datos para hacer proselitismo”.

Grippo, que encabezó la lista de concejales de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, es una de las personas más cercanas a Sebastián Pareja en el sur de la provincia.

De linaje estanciero por parte de madre, Grippo Harrington es nieta y bisnieta de dos ex intendentes bahienses y es delegada por Tornquist de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Incluso, fue quien armó la visita de Nicolás Pino a Bahía en medio de la campaña.

Ahí, llamó la atención que algunos videos de la recorrida de Pino por la Expo Rural bahiense se hayan difundido con el sello La Libertad Avanza, ligando directamente al titular de la SRA con la campaña del Gobierno.

Como armadora de Pareja en la Sexta, Grippo Harrington mantiene el control de oficinas de Pami y Anses en Bahía y la región, donde, desde 2024, se multiplicaron los reclamos por delegaciones cerradas y problemas en la atención.

En ese marco, además de poner a disposición el padrón de uso confidencial de la Andis, Grippo Harrigton les propuso a los referentes locales bajo su mando colar gente en la Anses por medio de la empresa de limpieza Linser. “Podemos capitalizar esto nosotros”, dijo la coordinadora en las filtraciones.


*Fuente: LaPolíticaOnLine

Rogelio Frigerio viajará a EE.UU. en busca de inversionistas para el nuevo bono de Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, iniciará una gira financiera por Estados Unidos con el objetivo de atraer inversores para una nueva colocación de deuda provincial. El mandatario encabezará un road show en Nueva York y Boston, donde mantendrá reuniones durante tres días con fondos internacionales y gestores de activos que ya operan en la Argentina. La provincia buscará emitir hasta USD 500 millones para reperfilar vencimientos y mejorar el perfil de su deuda.

Acorde a lo informado por Infobae, la agenda incluye encuentros con ejecutivos de firmas de peso en Wall Street, varias de las cuales participaron en emisiones anteriores de deuda argentina y provincial. Entre ellas figuran VR Capital, Brevan Howard, Goldentree, Sona AM, PPM, Schroders, Finisterre, Vanguard, Payden, JPMIM, Aberdeen Blue Bay, PIMCO, BlackRock, Wellington, Loomis Sayles y Brace Bridge. Además, Frigerio contará con el respaldo de un consorcio de bancos integrado por Santander, BBVA, Bank of America y el Banco de Entre Ríos, que actuarán como estructuradores de la operación.

El contexto internacional aparece como una ventana de oportunidad. La baja del riesgo país mejora las condiciones de financiamiento para las provincias y la inminente decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés podría favorecer una mayor demanda por activos emergentes. Una eventual reducción del costo del dinero en Estados Unidos impulsaría a los inversores a buscar mejores rendimientos fuera de los bonos del Tesoro, lo que beneficiaría a emisiones como la entrerriana.

Durante las presentaciones, el gobernador detallará el plan de ordenamiento fiscal implementado por su gestión, con foco en el equilibrio de las cuentas públicas y la sostenibilidad del endeudamiento. La provincia intentará transmitir previsibilidad y disciplina financiera para seducir al mercado. En ese marco, Richard Dietz, de VR Capital, había destacado previamente: “Bajo el liderazgo del gobernador Frigerio, Entre Ríos ha realizado ajustes fiscales muy sustanciales con un fuerte balance primario.”. El propio Frigerio reforzó esa idea antes de viajar: “Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza”.

El objetivo central de la emisión es refinanciar los compromisos heredados del bono en dólares lanzado en 2017, cuyos vencimientos más pesados se concentran entre 2023 y 2028. Tras el default provincial durante la pandemia y posteriores reestructuraciones, la administración actual enfrenta pagos anuales superiores a USD 130 millones. Con los nuevos fondos, el Gobierno entrerriano buscará aliviar la carga financiera, extender plazos y estabilizar las cuentas, apostando a recuperar acceso al crédito en mejores condiciones y sostener el desarrollo económico local.

Argentina dejará de fabricar TAM (Tanque Argentino Mediano) y comenzará a comprar Stryker a EE.UU a precio más caro

El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de actualización del TAN (Tanque Argentino Mediano) —un proyecto con base en tecnología fabricada en el país— y en su lugar adquirirá vehículos blindados Stryker de origen estadounidense, usados y más costosos, informaron fuentes del ámbito de Defensa.

La paralización del plan de modernización del TAM se dio en medio de ajustes presupuestarios y de un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Restricciones financieras impuestas en mayo de 2025 por el Banco Central limitaron la compra de insumos en el exterior para mantener operativos los vehículos blindados de fabricación local.

Carlos Alberto Presti, flamante ministro de Defensa

La empresa estatal TAMSE, encargada de la producción y mantenimiento del TAM y sus variantes, cerró sus puertas en este contexto, lo que desmanteló parte de la cadena productiva y logística regional que sostenía esta industria. El resultado fue que gran parte de la flota quedara fuera de servicio por falta de repuestos y soporte técnico accesible.

La elección de los Stryker, modelos que han sido utilizados por el ejército estadounidense en conflictos como Afganistán e Irak, responde, según voceros oficiales, a una prioridad en movilidad y capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, desde el propio Ejército y sectores especializados se advirtió que había opciones más convenientes y con mayor interoperabilidad técnica, como los vehículos Guaraní de Brasil, que contaban con componentes producidos en la región y menores costos de mantenimiento.

El legendario Tanque Argentino Mediano

Un aspecto que también genera polémica es el costo de la operación: el paquete de Stryker, de unos 27 vehículos blindados, ronda los 100 millones de dólares, lo que implica un desembolso significativamente mayor por unidad que las propuestas alternativas, sobre todo si se considera que provenían de excedentes usados descartados por otros ejércitos.

Estados Unidos autoriza la venta de 27 vehículos Stryker M1126 a Argentina

Los críticos de la decisión sostienen que esta compra no solo compromete la industria nacional de defensa, sino que limita la transferencia de tecnología y la creación de empleo local, aspectos que estaban presentes en los proyectos de modernización del TAM y otros programas de equipamiento militar autóctonos.

Ritondo votó la baja de imputabilidad: “Se terminó el tiempo donde el Estado mira con cariño al victimario y le da la espalda a la victima”

La iniciativa de bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años (Milei pretendía que llegue a los 13) obtuvo media sanción en Diputados. La extensa sesión culminó con 149 votos afirmativos y 100 negativos. Ahora, la reforma del Régimen Penal Juvenil será tratada por el Senado el 26 de febrero buscando convertirse en ley.

Según un relevamiento de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se iniciaron causas penales contra 1.788 menores de entre 6 y 18 años sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría (81,4%) correspondió a delitos contra la propiedad, le siguieron delitos contra la integridad sexual (el 32,1%), contra la administración pública (el 27,8%), contra las personas (el 8%) y contra la libertad (el 8%).

Del universo de menores, el análisis por edades muestra que el año pasado el 55,2% de los involucrados tenía entre 16 y 17 años al momento del hecho, mientras que un 40,8% tenía entre 13 y 15 años. Un 4% de las causas involucró a niños de 12 años o menos. 

– Informe estadístico del primer semestre de 2025 de Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

En las gradas también hubo presencia de familiares de víctimas, que siguieron la sesión desde el recinto y reclamaron que el Congreso avance con una respuesta penal ante crímenes cometidos por menores de edad.

El debate devino en las más variadas y polarizadas opiniones, tanto en las redes como en el propio recinto. La izquierda y el kirchnerismo fueron los principales detractores de la medida. El apoyo vino del oficialismo, el PRO, la UCR Provincias Unidas y bloques provinciales.

Para Cristian Ritondo el debate fue necesario. La política, dijo, se está “postergando desde hace décadas. La ley que tiene cerca de 50 años, para un país que ya no existe, para un delito que ya no existe, para una violencia desbordada”.

“El falso garantismo le regaló a estos chicos delincuentes un certificado de impunidad”

El presidente del bloque PRO en diputados recordó que, hace dos décadas, Jorge Capitanich ya había impulsado una iniciativa para fijar la imputabilidad en los 14 años y, a modo de ejemplo, señaló que durante su paso por el Ministerio de Seguridad bonaerense la discusión también estuvo presente: tanto su antecesor, Alejandro Granados, como quien lo sucedió, Sergio Berni, ambos de peronistas, se habían pronunciado en similar sentido.

Advirtió que la reforma no se agota en “cambiar el número” (de edad) en el Código Penal. Por sí sola, consideró, la baja de la imputabilidad no alcanza para resolver el problema y planteó que el fenómeno es más amplio, con redes delictivas que reclutan adolescentes porque saben que el Estado les entrega un “certificado de impunidad”. Según describió, esos chicos terminan siendo “carne de cañón”, mientras que el “falso garantismo” bloqueó durante años la posibilidad de discutir y encarar el tema de fondo.

En otro pasaje, recurrió a una ironía para tensar el intercambio. Citó la frase de Juan Domingo Perón “el trabajo dignifica” y dijo que le resultó impensado escuchar en el recinto razonamientos que, a su entender, terminan relativizando la conducta delictiva, de ahí su remate sobre “un legislador” que “dice que la delincuencia dignifica”.

– Familiares que reclamaban por la baja de la edad de imputabilidad estuvieron en la sesión en Diputados

Planteó que el eje de la discusión tiene que escaparle a los simplismos ya que “la responsabilidad penal sin garantías es arbitraria”, sostuvo, aunque remarcó que el reverso también existe, porque “garantía sin responsabilidad es impunidad”. Desde esa premisa, insistió en que el desafío es abordar el problema de manera integral, con un régimen que contemple la infraestructura, la educación y el contexto familiar y barrial, pero sin eludir el momento en que el Estado debe tomar decisiones “sensatas” y dotarse de herramientas.

Al justificar por qué 14 y no una edad menor, dijo que no se trata de una bandera ideológica sino de “prudente” criterio “científico” y de “realismo institucional”. Señaló que no hay consenso sobre una comprensión criminal plena a los 12 o 13 años y agregó que la capacidad real del Estado también impone límites, porque bajar la edad amplía el universo alcanzado por el sistema penal juvenil y exige dispositivos concretos, desde lugares adecuados hasta docentes, psicólogos, jueces y fiscales capacitados. En ese marco, advirtió que hablar de “14, 16, 13 o 12 años no es como subir y bajar la temperatura de un aire acondicionado”, porque supone decidir si el Estado puede intervenir de forma efectiva para recuperar a un chico y reinsertarlo.

Sobre el cierre, sostuvo que la reforma es una herramienta “más que necesaria” tanto para combatir el delito como para “recuperar a los chicos”, y retomó una definición de enfoque al afirmar que “se terminó el tiempo donde el Estado mira con cariño al victimario y le da la espalda” a la víctima. Además, homenajeó a Luis Mora, padre de Martín Mora Negretti, asesinado en junio de 2022 de madrugada tras ser atacado a puñaladas por dos mayores acompañados de dos menores de 13 y 14 años mientras esperaba un transporte con amigos, y le dedicó un mensaje directo al asegurar que “hoy estamos cumpliendo con él”.

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