EL CURRO DE LOS JUICIOS LABORALES: Denuncian a una jueza y al Sindicato de Sanidad por “Asociación Ilícita”
Sanatorios privados de La Plata se agrupan para denunciar a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, y a la presidenta del Tribunal N°4 la jueza Vanesa Prado, por el presunto delito de asociación ilícita.
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Distintas autoridades de sanatorios de La Plata, le confirmaron al medio REALPOLITIK que la iniciativa tiene como objetivo “terminar con la industria del juicio laboral”. De acuerdo a distintos testimonios, miembros del sindicato ATSA, bajo el mando de un dirigente gremial identificado como Alfredo Villacorta y acompañados por un equipo de abogados, fueron acusados de haber intimidado a los trabajadores de la salud para firmar poderes y realizar demandas infundadas que justifiquen el inicio de un juicio.
“Le ordenan a la gente iniciarles juicio a las instituciones, muchas de las cuales ya vienen quebradas por los efectos de la pandemia, con la promesa de que van a cobrar rápidamente sus juicios. Traen abogados ‘caranchos’ y convencen a los trabajadores para firmarles un poder. Sospechosamente, la jueza Vanesa Prado dicta resoluciones a favor de ellos y de una forma curiosamente rápida”.
Este grupo de abogados, estaría encabezado por Juan Manuel Carballo, quien fue identificado como “parte de la asociación ilícita”. Ya se presentaron denuncias en la Justicia Penal, en la secretaría permanente de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y en el Colegio de Abogados de La Plata.
De acuerdo a los denunciantes “en los expedientes se verifica un claro favoritismo de la doctora Prado hacia las actuaciones del abogado Juan Manuel Carballo, a quien le resuelven sus planteos de forma expedita, mientras otros justiciables esperan años”.
*Fuente: RealPolitik
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Mariano Mansilla, abogado y exdiputado provincial, formalizó una denuncia penal contra la diputada nacional Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, y Pablo Ruiz, hermano de la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz. Las acusaciones se centran en el supuesto delito de peculado y malversación de bienes públicos por haber transformado el Complejo Casa de las Leyes en un espacio de actividades partidarias y religiosas.
De acuerdo con Mansilla, Pablo Ruiz, en su rol como coordinador del complejo, habría permitido que se realizaran reuniones partidarias y religiosas lideradas por Márquez, quien también ejerce como pastora evangélica. La denuncia sostiene que durante los meses de julio y agosto de este año, el edificio histórico, cuya función principal es cultural y legislativa, se utilizó como un “búnker” de La Libertad Avanza. Esto incluye no solo encuentros políticos, sino también actividades religiosas que, según Mansilla, no tienen cabida en un espacio financiado con recursos públicos.
La relación entre Nadia Márquez y Gloria Ruiz también fue un foco de atención en el caso. Ambas figuras mantenían una afinidad que habría sido una de las razones detrás de la suspensión de Ruiz. Críticas dirigidas hacia Márquez destacaron que esta cercanía facilitó su acceso y utilización de las instalaciones de Casa de las Leyes, lo que agrega una capa de complejidad a las acusaciones.
“Esto es parte de una estructura de corrupción que desvía bienes y fondos públicos destinados a fines culturales hacia usos partidarios y religiosos”, afirmó Mansilla. Además, subrayó que el rol de Márquez como funcionaria pública agrava su participación como cómplice primaria. Para el abogado, este tipo de acciones representan un claro abuso de poder que debe ser sancionado para garantizar la transparencia en la gestión pública.
La denuncia incluye material probatorio como videos, fotos y publicaciones de Márquez en redes sociales, en las que se evidencia su participación en reuniones dentro del complejo. Entre las pruebas destacan capturas de Instagram donde se promocionaban encuentros de La Libertad Avanza y testimonios de empleados legislativos que confirmaron la realización de estas actividades. Estas pruebas también incluyen registros en libros de visitas que muestran un uso constante de las instalaciones por parte de la diputada y su equipo.
“Los trabajadores incluso escuchaban salmos recitados en las oficinas, lo que claramente no corresponde a las funciones del edificio”, declaró Mansilla. Este testimonio se complementa con videos captados por los propios empleados, que muestran a personas ingresando al edificio para actividades religiosas y reuniones políticas. Para Mansilla, este tipo de evidencias refuerza la gravedad de las acusaciones y obliga a las autoridades a actuar con celeridad.
Otro aspecto relevante del desarrollo cronológico es que Carlos Eguía, exlibertario y ahora crítico del sector, fue quien primero denunció la situación de manera pública. Eguía reveló la existencia de reuniones políticas en las instalaciones de Casa de las Leyes y presentó videos y publicaciones de redes sociales de Márquez como evidencia.
El caso se produce en un contexto ya complejo debido a la suspensión de Gloria Ruiz, acusada de inhabilidad moral tras irregularidades en la administración del complejo. Mansilla vinculó este hecho a la cercana relación entre Ruiz y Márquez, insinuando que la vicegobernadora pudo haber facilitado el acceso a las instalaciones. La afinidad entre ambas figuras políticas ha sido motivo de críticas desde distintos sectores, que cuestionan cómo estas relaciones personales y partidarias podrían haber influido en la administración de bienes públicos.
En respuesta, Márquez desestimó las acusaciones. “La casta quiere mancharme con falsas denuncias. Que quede clara una sola cosa: La Libertad Avanza en Neuquén y no nos van a frenar”, expresó en un comunicado difundido en sus redes sociales. También sostuvo que estas denuncias responden a una persecución política motivada por el crecimiento de su espacio. En sus declaraciones, destacó que los ciudadanos neuquinos están despertando y que su movimiento representa una amenaza para los sectores tradicionales de poder.
El partido libertario respaldó a Márquez mediante un comunicado en el que acusaron a Mansilla de ser un “opositor funcional” y criticaron su trayectoria política. También denunciaron que las acusaciones contra Márquez forman parte de un intento por desacreditar a La Libertad Avanza, un espacio que ha ganado relevancia en la región.
La denuncia presentada será incorporada al expediente del Ministerio Público Fiscal (MPF), que ya investiga desvíos de fondos en la Legislatura neuquina. Este caso está bajo la supervisión de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, quienes recientemente llevaron a cabo allanamientos relacionados con presuntas operaciones fraudulentas bajo la gestión de Pablo Ruiz. En este contexto, se están analizando documentos y registros que podrían ampliar el alcance de las imputaciones.
Se espera que tanto Nadia Márquez como Pablo Ruiz sean citados a declarar en los próximos días. “Ahora corresponde que la Justicia investigue y determine responsabilidades”, concluyó Mansilla. Para el abogado, este caso podría sentar un precedente importante sobre el uso de bienes públicos y la responsabilidad de los funcionarios en su gestión.
La crisis económica y social que atraviesa Bolivia generó una situación de extrema tensión, que podría desencadenar una ola migratoria hacia la Argentina. En particular, Salta, por su cercanía geográfica, se perfila como una de las principales puertas de entrada para los ciudadanos bolivianos.
Según las estimaciones, entre 2025 y 2026, la Argentina podría recibir más de un millón y medio de inmigrantes bolivianos. De este total, al menos medio millón podrían cruzar las fronteras en los próximos meses, agravando una situación migratoria que ya es compleja.
Durante el Censo Nacional 2022, se detectó que residían en el país 1.933.463 inmigrantes, siendo Bolivia uno de los principales países de origen, junto con Paraguay y Venezuela.
Estos movimientos migratorios responden a las condiciones que enfrentan los ciudadanos bolivianos en su país: falta de combustible, escasez de dólares, inflación descontrolada y bloqueos en las principales rutas generaron un escenario insostenible.
La crisis boliviana se intensifica día a día. Las largas filas en las estaciones de servicio, la falta de alimentos básicos y el colapso del comercio son solo algunos de los síntomas de un país al borde del colapso. Desde El Alto hasta Santa Cruz, las protestas y bloqueos se convirtieron en parte del paisaje cotidiano.
El colapso económico se origina en la caída de la producción de gas natural, que alguna vez fue el motor económico del país. En la última década, Bolivia pasó de producir 21.766 millones de litros cúbicos de gas en 2012 a solo 13.122 millones en 2023.
Por si fuera poco, la escasez de dólares obstaculizó las transacciones bancarias y encarecido los giros internacionales. El tipo de cambio en el mercado paralelo supera en un 70% al oficial. El comercio boliviano también fue duramente golpeado. Un informe de empresarios privados de Cochabamba reveló que en 2024 hubo 79 días de bloqueos en rutas troncales, lo que resultó en una caída del 40% de las exportaciones y el 30% de las importaciones.
Luego de que un funcionario público de La Plata fuera denunciado por el supuesto abuso sexual a sus dos hijos, el abogado Marcelo Peña logró que se archive la causa por “FALSEDAD” y ahora buscará ir contra la mujer y el abogado que la asesoró por llevarse a los hijos a vivir a Brasil.
Según contó Peña en diálogo con medio local El Editor Platense, “este tema es una problemática que viene desde hace tiempo”, y detalló que su representado “hace más de un año que no puede ver a sus hijos por la interposición de denuncias falsas”, y ahora “esta señora, que es la madre de los nenes, se los terminó llevando ilegalmente a Brasil”.
“Nosotros hicimos la denuncia penal, primero una averiguación de paradero, porque nos enteramos por un mail, un mensaje que manda la mamá al colegio de que ellos ya querían radicarlos en Brasil y querían haber comunicado el cese de las actividades escolares y que los niños iban a continuar su desarrollo el año que viene en Brasil”, agregó.
En ese aspecto detalló que “entonces esto puso alerta en el padre, no los encontró por ningún lado, y ahí continuamos con la denuncia penal de sustracción de menores porque con la doctora Cecilia Corfield logramos identificar el uso de WhatsApp desde Brasil”.
De esta forma, para finalizar, Peña señaló: “En esto, es lo que vengo trabajando hace mucho tiempo, que es justamente un proyecto de ley para ampliar las penas o los delitos de falsa denuncia y contexto de género, porque justamente yo voy a la protección de la verdadera víctima”.
“Pero hay que empezar, justamente, a ser persuasivos con quienes asesoran con el fin y el norte de buscar una mentira, una falsedad de los hechos. Esto tiene que dejar de ser un juego”, sentenció
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó un nuevo reclamo por la situación energética de la provincia tras reunirse en Buenos Aires con la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. El eje del encuentro fue la tarifa de la energía generada por la represa hidroeléctrica Salto Grande y la modificación del sistema que establece su precio.
“Estas demandas son en defensa de los derechos de nuestra provincia como productora de energía y exigen que se termine con la discriminación que sufrimos los entrerrianos desde hace décadas”, expresó Frigerio luego de la reunión, la cual complementa las acciones legales que Entre Ríos mantiene en curso ante la Corte Suprema de Justicia.
En abril de este año, Entre Ríos interpuso una primera demanda en la Corte Suprema, denunciando una deuda nacional de aproximadamente 4.000 millones de pesos en concepto de excedentes correspondientes al segundo semestre de 2023 y todo 2024, además de pagos adeudados por regalías hidroeléctricas. La provincia consideró “injusta” la remuneración que percibe por la energía de Salto Grande, afirmando que es casi tres veces inferior a lo recibido por la represa Yacyretá, también de carácter binacional.
Posteriormente, a principios de noviembre, el gobierno provincial amplió sus reclamos. La nueva presentación judicial exige la recomposición de la ecuación económico-financiera de los acuerdos establecidos en 1999 que regulan los excedentes de Salto Grande. Además, se solicita el pago de una deuda actualizada, calculada en 175 millones de dólares, y que se reformule, con participación directa de la provincia, el mecanismo por el cual la Secretaría de Energía de la Nación fija los precios de la energía generada en represas binacionales.
La relación entre la provincia y la Nación en materia energética es motivo de tensiones prolongadas. Salto Grande, ubicada en la frontera con Uruguay, genera electricidad que beneficia tanto a Entre Ríos como a otras regiones del país, pero la provincia denuncia una distribución desigual de los recursos derivados de su operación.
Frigerio reiteró que la situación actual perpetúa una histórica desventaja para los entrerrianos, quienes, según su posición, no reciben un trato acorde a su condición de productores de energía. “Es hora de que se haga justicia con Entre Ríos”, subrayó el mandatario tras el encuentro.
El reclamo también pone de manifiesto la urgencia de una solución política para destrabar un conflicto que afecta tanto las finanzas provinciales como la percepción de los entrerrianos sobre su relación con el Estado nacional. La intervención de la Corte Suprema será determinante en este escenario, ya que sus fallos podrían sentar precedentes para futuras negociaciones entre las provincias productoras de energía y la Nación.
Mientras tanto, la gestión de Frigerio reafirma su postura de no ceder ante lo que considera una discriminación estructural. “Defender los derechos de los entrerrianos es nuestra prioridad, y no descansaremos hasta lograr que reciban lo que merecen”, concluyó.
Un ciudadano hijo de bolivianos denunció públicamente en un video de TikTok que a un grupo de sus compatriotas les negaron la atención médica en un hospital de Mendoza, aunque nunca aclaró en que nosocomio específico ocurrió.
“Unos compatriotas fueron a Mendoza a pasar un fin de semana, a dejar dinero. Fueron como turistas y tuvieron un accidente. Sufrieron lesiones muy graves”, aseguró en su cuenta René Herrera, el hombre que se filmó manejando a la vez que se quejó de “la persecución que sufrió” este grupo de bolivianos en la provincia argentina.
Herrera agrega en su extenso descargo que Mendoza no es la única provincia que supuestamente ha negado atención médica a ciudadanos no residentes en la provincia. “Sé que en Salta y en Jujuy hay una campaña contra los inmigrantes y lo tenemos que cambiar”, agrega efusivamente.
Más adelante en su descargo, Herrera admite que esta política en materia de salud para no residentes —que ya se está implementando en varias provincias del país— “está bien”, ya que reconoce que, incluso los mismos bolivianos, han negado atención médica en su país a ciudadanos norteamericanos.
Sin embargo, considera “injusto” que la negativa a ser atendidos en hospitales públicos les toque solamente a bolivianos por sobre otros extranjeros. Al respecto, asegura que los afectados “viven acá hace 30 años, tienen domicilio fijo acá, pagan sus impuestos, tienen DNI y tienen sus hijos argentinos”.
Al final de su largo discurso -prácticamente 10 minutos- Herrera reflexiona sobre el rol que tienen los inmigrantes bolivianos en Argentina. “Somos tus aliados”, exhorta a la vez que pide acabar con “el racismo”.
Un escándalo con olor a arroz, yerba y corrupción sacude nuevamente al Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, liderado por Federico Masso. Todo comenzó cuando en un allanamiento por una denuncia de violencia de género dejó al descubierto algo más que pruebas del esta denuncia inicial: pilas de mercadería destinada a programas sociales, cuidadosamente almacenadas en un domicilio que no parecía, digamos, un comedor comunitario.
El escenario del descubrimiento fue el Barrio 2500 Viviendas, en Manantial Sur. Allí, la policía encontró no solo al acusado de violencia de género, JALC, sino también fardos de alimentos con el inconfundible sello de “Prohibida su venta”. Lo que debía alimentar a las familias más necesitadas de Tucumán aparentemente estaba tomando otro rumbo, y no precisamente solidario.
Entre los productos incautados había arroz, fideos, puré de tomate, leche en polvo y yerba, todo prolijamente etiquetado como parte de la asistencia social. Además, cuadernos con sospechosas anotaciones apuntaban a una posible comercialización ilegal de los alimentos en negocios locales.
Federico Masso, el ministro de Desarrollo Social, salió rápidamente a ofrecer explicaciones. Según él, la mercadería había sido entregada legalmente a una organización social con personería jurídica, y no al detenido en cuestión. “El detenido no tiene relación con la orden de entrega. Lo que debemos investigar es cómo y por qué esta mercadería fue encontrada fuera de su destino”, declaró, con un tono que oscilaba entre la indignación y el desconcierto.
Sin embargo, este no es el primer incidente que salpica a la gestión de Masso. A principios de año, ya se había denunciado la venta de productos de planes sociales en mercados negros. Al parecer, la fiscalización de la que tanto presume el ministro no está siendo suficiente para evitar que los recursos destinados a los sectores más vulnerables terminen como moneda de cambio en redes de corrupción.
Masso aseguró que “el sistema no falló” y que la mercadería fue retirada por el padre del detenido, quien dirige la organización social beneficiaria. Según él, todo está documentado con remitos y declaraciones juradas. Incluso enfatizó su compromiso con la transparencia y prometió colaborar con la fiscalía. “No vamos a permitir que un gramo de arroz que destinamos a miles de tucumanos sea utilizado inescrupulosamente”, sentenció.
Pero las palabras del ministro no logran disipar las dudas. Si el sistema funciona tan perfectamente como afirma… ¿Cómo es posible que alimentos etiquetados como “Prohibida su venta” terminen en una vivienda particular? ¿Cuántas veces más veremos estas “excepciones” que ponen en evidencia un patrón alarmante?
La causa, que empezó como una investigación por violencia de género, ahora suma un capítulo económico y político. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos está detrás de las pistas para esclarecer el desvío de los alimentos y su posible venta ilegal.
Mientras tanto, Masso intenta calmar las aguas reuniéndose con el gobernador y prometiendo investigar “hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, su gestión está bajo la lupa, y cada nuevo escándalo debilita la confianza en la transparencia que tanto pregona.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.
