18 septiembre, 2025

Dos años sin Facundo Astudillo: Amnistía Internacional denuncia irregularidades en la investigación

Por medio de un comunicado se pidió "una investigación imparcial y urgente que dé cuenta de lo que sucedió y quienes fueron los responsables".
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Desde Amnistía Internacional denunciaron que la investigación del caso de Facundo Astudillo Castro tiene “dilaciones e irregularidades”. La titular en la Argentina empatizó con el caso y comentó: “Hace dos años que el Estado argentino está en deuda con Cristina Castro y su familia”.

El 30 de abril del 2020 fue la última vez que se vio con vida a Facundo Astudillo. El joven de 22 años desapareció en plena cuarentena estricta cuando había emprendido un viaje de unos 120 kilómetros para ver a su pareja, en Bahía Blanca. Tres meses después de una extensa búsqueda y repercusión, apareció su cuerpo en un estado de avanzada descomposición en la zona de Villarino Viejo.

A partir del hallazgo del cuerpo de Facundo se iniciaron los estudios correspondientes y determinaron que, “murió como consecuencia de una asfixia por ahogamiento” y que los restos óseos “no representaban lesiones vitales de origen traumático”. En paralelo, tanto la querella como los fiscales sostienen que Facundo murió en manos de la fuerzas de seguridad.

Sin embargo, a pesar de la insistencia de la querella en tratar el caso de Facundo como “desaparición forzada”, la jueza que estaba a cargo, María Gabriela Marrón, optó por tratarlo como una “muerte accidental”. Ahora, desde la remoción de Marrón, la idea de tratar el caso como una desaparición forzada, vuelve a tomar fuerza.

Es por ello que, el organismo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, denunció que hay irregularidades en la investigación y señalaron al Gobierno.

En estos 24 meses la investigación judicial presentó irregularidades y dilaciones, por lo que tanto los abogados de la familia, la querella y los fiscales solicitaron el apartamiento de la jueza a cargo, María Gabriela Marrón”, repasó el organismo en un comunicado difundido este domingo.

“Tanto los abogados de la familia, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, como la Comisión Provincial por la Memoria sostienen que las pruebas en el expediente son contundentes respecto de la responsabilidad de las fuerzas policiales en la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro”.

Por estos motivos, desde Amnistía Internacional se sumaron al reclamo de la familia y exigieron: “Las autoridades deben garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos que rodearon la desaparición y muerte de Facundo”.


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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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