16 julio, 2024

Diputada presentó una denuncia contra el programa de Flor Peña

En la presentación se marca que durante el programa hay un exceso de groserías y contenido sexual. Además, se hace uso de la vulgaridad y humillación.
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El programa de la militante K Florencia Peña viene de mal en peor. Además del poco acompañamiento de la gente, las críticas y los malos números de rating, ahora una diputada de la Coalición Cívica presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo por contenidos “procaces, de contenido sexual, groseros y soeces”.

La responsable de la denuncia es la diputada Marcela Campagnoli, quien es muy cercana a Elisa Carrió. ¿Qué sostiene la denuncia?  Que dentro del programa hay un “uso excesivo de la degradación, la vulgaridad y la humillación en general y femenina en particular”.

Campagnoli tomó en cuenta las dos primeras emisiones de “La Puta Ama” para realizar la denuncia, donde se sostiene que “no solo fomentan el bullying en cualquier nivel, sino que expone a las víctimas a que deban soportar y se someterse a la voluntad de sus abusadores, hecho que Peña, como comunicadora social e influyente artista, no puede soslayar”.

En otro párrafo, el escrito afirma que “la libertad de expresión no puede entenderse como absoluta, de tal modo que transgreda otros principios y derechos garantizados por la ley, la Constitución Nacional y los derechos y garantías consagrados en tratados con jerarquía constitucional”.

Marcela Campagnoli on Twitter: “Comparto la nota sobre la denuncia ante la Defensoria del Público por un programa de televisión ⁦@vivicanosaok⁩ https://t.co/Ns7rXMRf7n / Twitter”

Comparto la nota sobre la denuncia ante la Defensoria del Público por un programa de televisión ⁦@vivicanosaok⁩ https://t.co/Ns7rXMRf7n

“Los dichos proferidos por Peña merecen un análisis y tratamiento similar al efectuado por la Defensoría a su cargo en los informes N° 53, N°50 y N° 54 en función de la gravedad de las manifestaciones efectuadas. Nótese que Peña hace alusión a que, si no es de su gusto el contenido del programa que conduce, pueden efectuarle felaciones”.

El documento fue acompañado por varios diputados de Juntos por el Cambio: Alejandro Finocchiaro, Soher El Sukaria, Ana Clara Romero, Adriana Ruarte, Gustavo Hein, Alberto Asseff y Carlos Zapata.

Natalia Molina

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Fiscalía pide cuatro años de prisión para Guillermo Moreno por manipular el INDEC: “Bajaba los índices a martillazos”

Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski solicitaron cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, acusado de manipular los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para ocultar los verdaderos niveles de inflación.

Moreno enfrenta cargos por abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal —compuesto por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini— es el encargado de juzgar el caso.

La misma condena fue solicitada para Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, mientras que para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda se pidieron dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La “intervención de facto” de Moreno: Bajar los índices “a martillazos”

La investigación se inició en 2007 a raíz de una denuncia presentada por la asociación civil “Asamblea por los Derechos Sociales”, basada en publicaciones periodísticas que denunciaban irregularidades en el desplazamiento de la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua. Según las acusaciones, Moreno habría ordenado a Bevacqua revelar datos confidenciales sobre los comercios utilizados para medir la inflación, y al negarse esta, fue reemplazada por Paglieri.

Fiscales que pidieron la condena para Moreno: Diego Luciani (medio) y José Ipohorski (izquierda)

El fiscal Luciani afirmó que Moreno llevó a cabo una “intervención de facto” del INDEC para bajar artificialmente la inflación, sosteniendo que “a martillazos bajaban los índices”. Según Luciani, desde la llegada de Paglieri, se extraían a diario copias de los formularios del índice que luego eran sacadas del organismo por Paglieri, con la colaboración de Filia y Cámpora Avellaneda.

Las anteriores condenas a Moreno

Los fiscales también solicitaron abrir una investigación contra la exministra de Economía, Felisa Miceli, argumentando que el INDEC dependía de su Ministerio, por lo que se debe evaluar su posible implicación en los delitos. Además, se describió un sistema de control y coerción dentro del INDEC, donde incluso se habría llegado a encerrar a empleados en oficinas y retirarles contraseñas o tareas.

Guillermo Moreno ya enfrentó otros juicios: En octubre de 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado, y en julio de 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas.

Felisa Miceli, exministra de Economía

El juicio actual continuará con los alegatos de las defensas el próximo miércoles 10 de julio. Luego, los jueces determinarán la fecha para la audiencia en la que se dará a conocer el veredicto final. Moreno, por su parte, negó las acusaciones, argumentando que su gestión no dependía del INDEC y que simplemente utilizaba la “conversación de los precios” para su trabajo.

Redacción

info@data24.com.ar

¡ESCÁNDALO! | El periodista ultra K Pedro Brieger escrachado por acoso sexual

¡ESCÁNDALO! | El periodista ultra K Pedro Brieger escrachado por acoso sexual

El periodista y sociólogo, Pedro Brieger, conocido por su ferviente militancia kirchnerista y su labor en medios como NODAL, C5N y en la Universidad de Buenos Aires, enfrenta serias acusaciones de acoso sexual por parte de cinco mujeres. La investigación, realizada por el periodista de Clarín, Alejandro Alfie, y difundida a través de la red social X, sacudió las redes.

¡ESCÁNDALO! | El periodista ultra K Pedro Brieger escrachado por acoso sexual

El 19 de junio, Alfie publicó en su cuenta de X: “Hay un periodista muuuy conocido que tiene cinco casos de acoso sexual, pero como las cuatro periodistas acosadas y una secretaria de una universidad donde era docente no hicieron denuncias judiciales, entonces nadie informa y sigue trabajando como si nada”. Esta declaración, sin revelar inicialmente el nombre del acusado, fue seguida por detalles de las supuestas víctimas: una periodista de Télam, otra que lo entrevistó en su programa de radio, su columnista de género, una alumna de TEA (Taller Escuela Agencia) y una secretaria de la Universidad de Belgrano.

Según Alfie, la investigación se originó cuando una periodista de Télam le comentó que Brieger la había acosado durante un viaje de cobertura en Túnez en 2008. Este relato motivó a Alfie a profundizar y descubrir un patrón de comportamiento similar en otros casos.

Los casos de acoso de Brieger

  • Agustina Kämpfer (2000-2002): La mediática relató que mientras estudiaba en TEA fue acosada por Brieger, quien como profesor la incomodaba con miradas insistentes y comentarios inapropiados, llegando incluso a tocarla y hacerle propuestas incómodas. Aunque decidió no realizar una denuncia judicial, su testimonio resalta la importancia de abordar estas conductas.
  • Cecilia Guardati (2008): Durante una cobertura en Túnez, Guardati, periodista de Télam, fue sorprendida por Brieger, quien se encontraba desnudo en su habitación y se masturbaba mientras le hablaba. A pesar de la incomodidad Guardati optó por no denunciar debido al prestigio de Brieger y al miedo a posibles represalias.
  • Periodista Anónima (2010): Una exalumna de Brieger, quien pidió mantener su identidad en secreto, reveló haber sido objeto de un comportamiento similar durante una entrevista en la radio AM750. Brieger se masturbó frente a ella, generando una situación traumática. A pesar de la gravedad del incidente, decidió no denunciar por temor a represalias y a la exposición pública.
  • Columnista de Género (2019): Una columnista que trabajaba en “Demoliendo Fronteras”, programa de Radio 10 conducido por Brieger, renunció tras sufrir constantes acosos y comentarios inapropiados. Aunque intentó seguir trabajando, la situación se volvió insostenible y optó por dejar su empleo.
  • Secretaria de la Universidad de Belgrano (1994-1995): Brieger acosó a una secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, llamándola repetidamente con comentarios lascivos e inapropiados. Tras intervenir las autoridades académicas, Brieger fue obligado a renunciar a su cargo docente.

Respuesta de Brieger

Pedro Brieger negó todas las acusaciones a través de un comunicado publicado por Alfie en X: “Lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista”, aseguró. Además, advirtió que podría tomar acciones legales contra Alfie y las personas que lo acusan de difamación.

El periodista de Clarín, por su parte, se defendió afirmando que solo estaba difundiendo la información obtenida a través de su investigación y que cada persona debería sacar sus propias conclusiones.

Durante el mediodía de hoy, las autoridades de C5N se reunieron con Pedro Brieger para definir su situación en ese canal de noticias. La sanción puede ir desde vacaciones anticipadas hasta su despido. “Lo sacan del aire, como medida preventiva por las acusaciones de acoso sexual que difundí ayer”, informó Alfie.

Serían “más de cinco” los casos de abuso

Tras el posteo de Alfie, la periodista de El Cronista, Analía Argento, también aportó información: “Una querida colega me cuenta sobre este ser nefasto. Me pone la piel de pollo. Ganas de llorar. Una cadena de mujeres llora en privado, víctimas que no se animan a hacerlo público pero sienten que la revelación las ayuda a respirar. No me lo crucé pero las escucho y abrazo”, publicó.

En esa línea, Romina Manguel hizo otro aporte, que se volvió polémico, ya que la periodista comentó en X que “es verdad que en el medio se sabía lo de Brieger. También es verdad que las víctimas tenían miedo y no querían dar sus nombres lo que complicaba la denuncia pública. Pero ¿qué pasa con aquellos que lo encubrieron todos estos años?”

También apoyándose en las redes sociales, una importante cantidad de cuentas y perfiles ligados al kirchnerismo cuestionaron la veracidad de lo expuesto por “el operador de Clarín”. Sin embargo, llegó el fuego amigo: la comunicadora ultra K, Cynthia García (de Duro de Domar, programa de C5N, Radio Nacional y panelista de 678) retuiteó un posteo contra el acusado. “Para los boludos que saltan a defender a Pedro Brieger y hablan de ‘operetas de Clarín‘. Sepan que las denunciantes son ex compañeras de medios kirchneristas“, señaló un usuario.

Redacción

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Tras la condena a Alperovich, tiembla Fernando Espinoza

“No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe”, había escrito en una carta abierta la sobrina del condenado exgobernador de Tucumán y exsenador del peronismo.

En paralelo a conocerse la sentencia a 16 años de prisión e inhabilitación permanente a ocupar cargos públicos de parte del condenado José Alperovich, está la situación del procesado intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Un caso similar donde una mujer lo denunció al Barón matancero de haber abusado sexualmente, al compartir una cena en el departamento de la víctima. Según consta en la denuncia, ella se habría negado ante la insistencia del político que se le tiró encima. Luego, se señaló que el jefe de gabinete del intendente la habría presionado para retirar la demanda.

La pregunta que cabe, aguardando la decisión en este caso de la justicia es, ¿Cómo estando procesado, Espinosa, no se hizo a un lado de la gestión municipal?

Con Alperovich, el partido peronista tomó la debida distancia ante el increscendo del escándalo. En cambio, a Espinoza lo siguen bancando sobre todo en el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. Fotos con el gobernador Kicillof y varios actos oficiales de fingir demencia o hacer de cuenta que “aquí no pasó nada”.

También es cierto que colectivos feministas no hicieron igual hincapié en estas dos causas que en otras de también impacto como las del actor Juan Darthes, también condenado pero por la justicia brasileña.

Cuenta la historia que la moral de Cristina le hizo bajar el pulgar de un dirigente cercano cuando descubrió que le era infiel a su mujer, encima ella muy cercana colaboradora, entonces, de la ex presidenta.

¿Ser infiel resultaría más gravoso que ser abusador de mujeres?

Quizás Alperovich corrió con la mala suerte de no ser un dirigente con vigencia de poder. Su esposa, Beatris Rojkés, cultivó mucha cercanía con Cristina cuando la líder del kirchnerismo era presidenta. La reemplazó en la primera magistratura ante uno de sus viajes. El actual mandatario tucumano aliado de Milei, Osvaldo Jaldo, intentó ubicar a una de las hijas de Alperovich en la Secretaría de la Mujer. Agrupaciones feministas tucumanas alertaron de la barrabasada que hubiera sido la medida.

El magistrado que condenó a Alperovich es Ramos Padilla, un viejo conocido de la justicia. Cercano a organismo de derechos humanos y ex miembro de Justicia Legítima, actuó leyendo un cambio de época. No está nada mal para comenzar a soñar que muchos otros lo imiten.

*Con información de Expediente Político (Horacio Caride)

Redacción

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Río Negro | La Justicia podría voltear al Partido Libertario: ¿crisis en el armado de Karina Milei?

La Justicia Federal de Río Negro puso en jaque a La Libertad Avanza al exigir la presentación de las actas originales de constitución del partido en esa provincia. Esta medida surge tras una denuncia por falsificación de firmas, lo que podría desencadenar una crisis en el armado del partido a nivel provincial y afectar los planes políticos de la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei.

El juez federal Hugo Greca ordenó que el apoderado del partido, Jonathan O’Rourke, entregue la documentación original para verificar la autenticidad de las firmas, tras las acusaciones de Ariel Zúñiga, vicepresidente de la Junta Promotora de La Libertad Avanza. Zúñiga aseguró que las firmas que aparecen como suyas en las actas de constitución del partido fueron falsificadas, añadiendo que no fue convocado a los actos donde supuestamente firmó y que otras personas en la misma situación también habrían sido víctimas de esta maniobra.

Hugo Greca

El documento judicial, presentado la semana pasada, se basa en que las firmas en las Actas N° 3 y 4 de la Junta Promotora son apócrifas, lo que podría llevar a la nulidad de los trámites para la conformación del partido. Zúñiga apuntó directamente a Lorena Villaverde, diputada y responsable del armado del partido en Río Negro, acusándola de orquestar estas maniobras ilegítimas con la intención de obtener el “sello partidario” a toda costa.

En respuesta a la denuncia, el juez Greca dio un plazo de cinco días hábiles para que los miembros fundadores del partido se expidan respecto al contenido de las actas mediante un instrumento con firmas certificadas. Además, se llevará a cabo un peritaje caligráfico para determinar si las rúbricas son falsificadas.

Para La Libertad Avanza, la situación ya es un gran problema: podría significar un golpe devastador para sus planes de expansión. La formación de la estructura partidaria en Río Negro, ya estaba envuelta en controversias debido a la presentación de fichas de adhesión irregulares, y ahora la amenaza de anulación de las firmas podría sepultar las aspiraciones de Karina Milei, quien tenía previsto contar con cinco provincias operativas para las próximas elecciones de medio término.

La legisladora nacional, Lorena Villaverde, junto a Ariel Zúñiga, el vicepresidente de la Junta Promotora

La posibilidad de que se caiga el partido en la provincia patagónica llevó a la renuncia de Martín Iriarte, uno de los miembros de la junta promotora, y aumentó la tensión contra Villaverde dentro de las filas libertarias.

En caso de confirmarse la falsificación, el proceso de formación del partido se vería afectado por plazos más largos de los disponibles antes de la competencia electoral, lo que podría forzar a Villaverde a buscar otro partido bajo el cual presentarse como candidata a senadora.

Redacción

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Río Negro: la Corte Suprema anuló la transferencia de tierras del Ejército a la comunidad mapuche

La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la controversial cesión de 180 hectáreas de tierras de un cuartel del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche, impulsada por el kirchnerismo.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, concluyó que la controversia legal no fue válida porque la provincia de Río Negro no fue consultada.

El conflicto judicial se originó cuando la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, jubilada desde entonces, dictaminó el 2 de febrero de 2022 a favor de un amparo presentado por la comunidad Millalonco Ranquehue. Este amparo solicitaba la entrega de 180 hectáreas del Batallón de Montaña del Ejército al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), para que sean transferidas a nombre de la comunidad mapuche.

El terreno en cuestión, ubicado en la ladera oeste del cerro Otto, está registrado a nombre del Ejército Argentino. La Corte Suprema determinó la anulación del caso debido a la omisión de citar a la provincia de Río Negro, la cual era necesaria para su participación en defensa en el juicio.

La comunidad mapuche había demandado al Estado Nacional para obtener el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que afirmaba ocupar de manera “actual, tradicional y pública”, reconocidas por una resolución del INAI en 2012, basada en un relevamiento técnico, jurídico y catastral.

En primera instancia, se había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que, en 60 días desde la firmeza de la resolución, transfiriera gratuitamente el dominio de las tierras al INAI. El Ejército Argentino apeló la decisión fuera de plazo, y la Cámara Federal de General Roca rechazó el recurso por presentarse fuera de los términos procesales establecidos.

En 2023, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general María Claudia Frezzini presentaron recursos extraordinarios contra la decisión judicial, los cuales fueron denegados, resultando en la presentación de quejas ante la Corte Suprema de Justicia. Este proceso también derivó en una causa penal contra los abogados estatales por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, proceso en el cual la Cámara Federal de Casación Penal anuló los procesamientos. Esta decisión está actualmente recurrida ante la Corte Suprema.

Recientemente, la Corte Suprema declaró la nulidad del trámite judicial relacionado con la transferencia de las tierras, ordenando que la Provincia de Río Negro sea incluida en el proceso judicial.

El fallo se fundamentó en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el cual establece competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en materia de adjudicación de tierras a comunidades indígenas.

La Corte destacó que las normativas reglamentarias específicamente prevén la participación de las provincias en los procedimientos de adjudicación de tierras y criticó que, en este caso particular, el INAI había excluido inicialmente a la Provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche, sin luego darle intervención en el proceso judicial para que pudiera ejercer sus derechos.

El caso ha tenido varias idas y vueltas, incluyendo decisiones previas de la Corte que suspendieron la entrega de las tierras con la intervención del procurador Eduardo Casal. Además, el fiscal Carlos Stornelli fue uno de los que impulsó las acciones legales contra los abogados que apelaron fuera de plazo, lo que impidió temporalmente la transferencia de parte del predio militar.


*FUENTE: Agencias

Redacción

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Marcelo Peña impulsa un proyecto que pretende condenar con prisión efectiva a las falsas denuncias

El abogado especializado propuso endurecer las penas por falsas denuncias en el ámbito familiar. Argumenta que estas prácticas, mayormente realizadas por motivos económicos y emocionales, no solo afectan a los falsos acusados, sino que también causan un grave impacto psicológico en los niños involucrados.

“Si bien las penas que proponemos son obviamente para ambos padres, el 90% de las falsas denuncias son realizadas por mujeres que, por intereses económicos, patrimoniales y despecho, denuncian situaciones inexistentes que afectan directamente la salud mental de los hijos. Intentamos modificar el Artículo 245 del Código Penal para que, en casos de falsedad comprobada en contextos de género y familia, se aplique una pena de entre 2 y 4 años”, explicó Peña en diálogo con los medios.

Peña subrayó que el objetivo es proteger los derechos jurídicos de los niños, ya que una falsa denuncia puede someterlos a procedimientos judiciales invasivos como la cámara Gesell, terapias y exámenes médicos, con graves repercusiones psicológicas.

“Pedimos esta pena de 2 a 4 años porque el Código Penal prevé que delitos de esta índole puedan tener una pena condicional inicial. Sin embargo, en casos de reincidencia, buscamos establecer una pena efectiva para disuadir estos comportamientos. La doctrina del caso Góngora marcó un precedente al suspender la posibilidad de juicio en suspenso en estos contextos. Las falsas denuncias no deben ser tratadas con contemplación, ya que pueden agravar las condiciones psicológicas del niño”, afirmó el abogado.

“Cuando un niño pasa cuatro años sin ver a sus padres, abuelos y tíos, se produce un quiebre psicoemocional difícil de superar”, aseguró Peña a la Agencia de Noticias Fueros, quien defiende a varios padres en esta situación. “Las falsas denuncias, a menudo alentadas por abogados inescrupulosos, generan acusaciones absurdas que, aunque sean descartadas, siguen afectando injustamente a los padres o madres y a los menores involucrados”, añadió.

“Queremos que la falsa denuncia no sea una herramienta o instrumento”

El abogado señaló que actualmente las penas por falsas denuncias son mínimas, de 2 meses a 1 año en suspenso, y propone que pasen a ser de 2 a 4 años de prisión efectiva sin posibilidad de probatoria.

“Buscamos modificar el Código Penal porque, además del sufrimiento de los padres y de los menores, miles de horas del sistema judicial argentino se pierden en esta problemática que tiene consecuencias devastadoras para los niños. No queremos que la falsa denuncia se convierta en un instrumento para litigar durante una separación”, concluyó Peña.

Redacción

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