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El programa de la militante K Florencia Peña viene de mal en peor. Además del poco acompañamiento de la gente, las críticas y los malos números de rating, ahora una diputada de la Coalición Cívica presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo por contenidos “procaces, de contenido sexual, groseros y soeces”.
La responsable de la denuncia es la diputada Marcela Campagnoli, quien es muy cercana a Elisa Carrió. ¿Qué sostiene la denuncia? Que dentro del programa hay un “uso excesivo de la degradación, la vulgaridad y la humillación en general y femenina en particular”.
Campagnoli tomó en cuenta las dos primeras emisiones de “La Puta Ama” para realizar la denuncia, donde se sostiene que “no solo fomentan el bullying en cualquier nivel, sino que expone a las víctimas a que deban soportar y se someterse a la voluntad de sus abusadores, hecho que Peña, como comunicadora social e influyente artista, no puede soslayar”.
En otro párrafo, el escrito afirma que “la libertad de expresión no puede entenderse como absoluta, de tal modo que transgreda otros principios y derechos garantizados por la ley, la Constitución Nacional y los derechos y garantías consagrados en tratados con jerarquía constitucional”.
Comparto la nota sobre la denuncia ante la Defensoria del Público por un programa de televisión @vivicanosaok https://t.co/Ns7rXMRf7n
“Los dichos proferidos por Peña merecen un análisis y tratamiento similar al efectuado por la Defensoría a su cargo en los informes N° 53, N°50 y N° 54 en función de la gravedad de las manifestaciones efectuadas. Nótese que Peña hace alusión a que, si no es de su gusto el contenido del programa que conduce, pueden efectuarle felaciones”.
El documento fue acompañado por varios diputados de Juntos por el Cambio: Alejandro Finocchiaro, Soher El Sukaria, Ana Clara Romero, Adriana Ruarte, Gustavo Hein, Alberto Asseff y Carlos Zapata.
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El Colegio de Abogados de Mar del Plata, en acción conjunta con sus pares bonaerenses, se ha manifestado en rechazo a “la falta de decoro y el maltrato” de la Administración Nacional de Seguridad Social a los colegas.
Según estimaron en un comunicado: “Cuando el titular de un futuro beneficio previsional ha optado por ser representado y no lo permiten, o no dan acceso a solicitar turno como apoderado en el Plan de Pago de Deuda Previsional, ni agregar poder al expediente, mucho menos ingresar en algunas jurisdicciones de ANSeS para ejercer su mandato de asistencia y asesoramiento in situ a sus clientes“.
Una de las sedes de la Administración Nacional de Seguridad Social en Mar del Plata.
Asimismo, denuncian como “engañosa y falsa la publicidad de ANSeS” cuando refiere “todos los tramites son gratuitos, recordá que no necesitás gestores ni intermediarios para realizar tus trámites. Solo tenés que contar con tu DNI”, dada la complejidad de ciertos expedientes que requieren de un estudio y preparación previa para lograr buenos resultados y que el titular goce de una jubilación teniendo en cuenta y habiendo tomado todos los recaudos necesarios.
Dicha conducta infringe de manera “directa e inmediata” el derecho de peticionar ante las autoridades con asistencia letrada, el de ser oído que implica una importancia humana fundamental y el de elegir quién represente al futuro jubilado, siendo un acto voluntario.
El Colegio de Abogados de Mar del Plata.
Ello constituye una actitud incomprensible por las autoridades de ANSeS que viola garantías del debido proceso adjetivo del proceso administrativo, la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional Ley 27770.
Con el dictado de la Circular 22/23 de la Administración Nacional de la Seguridad de Social, se veda la posibilidad a los ciudadanos de iniciar el Plan de Pago de Deuda Previsional contando con el apoderamiento de un abogado de la matrícula y coartando de manera arbitraria e injustificada a los letrados el inicio y tramitación del plan dispuesto por la Ley 27.705 en tal carácter.
Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social.
Por todo ello el Colegio de Abogados Mar del Plata, en ejercicio de las facultades que la Ley 5177 confiere a los Colegios de Abogados, intimó a las autoridades de ANSeS por carta documento para que se disponga el cese de acción restrictiva al ejercicio profesional y se deje sin efecto la normativa antes señalada.
El fiscal federal Eduardo Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, a través de un escrito de 100 páginas, requirieron que se presente a declaración indagatoria el ex ministro de Salud, Ginés González García, por el hecho que se denominó “Vacunatorio VIP”, que habría dado prioridad a algunas personas para aplicarse la inoculación contra el Covid-19.
De esta irregularidad de las aplicaciones de las vacunas se habrían beneficiado funcionarios, diputados y periodistas afines al kirchnerismo, además de otras personas del Ministerio de Salud, durante el inicio de la gestión de Alberto Fernández.
El ex ministro de Salud de la Nación e imputado en la causa del Vacunatorio VIP, Ginés González García
Por tales motivos, tanto Taiano como Rodríguez le piden a la jueza María Eugenia Capuchetti que proceda a indagar a González García, y que también haga lo mismo con Alberto Alejandro Maceira, María Elena Borda, Marcelo Ariel Guille y Alejandro Salvador Costa. Por el momento, los delitos que se les imputan son el de abuso de autoridad y peculado. Cabe recordar que en el momento en que se dio el “Vacunatorio VIP” escaseaban las inoculaciones en nuestro país.
A través del escrito, los fiscales piden que los imputados sean indagados por 3 episodios en particular. El primero de ellos responde a lo sucedido el 18 de febrero de 2021. Ese día, el Ministerio de Salud dio la orden de retirar 10 vacunas que estaban asignadas para el Hospital Posadas, “para la inoculación de 10 personas, que no se encontraban habilitadas para recibir su dosis”.
El ex presidente Eduardo Duhalde fue beneficiado con el “Vacunatorio VIP”.
Los beneficiarios de este hecho fueron, entre otros, el periodista Horacio Verbitsky, el ex canciller Jorge Taiana y el diputado nacional Eduardo Valdés. Familiares del empresario Florencio Aldrey Iglesias, y además, Seza Manukian, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Salomón Schachter y muchos más.
Por el segundo hecho se refieren al retiro de 5 vacunas que estaban asignadas al Ministerio de Salud, para “su traslado al domicilio particular de Eduardo Duhalde con fecha 1 de febrero de 2021 para su inoculación, la de su familia y la de Carlos Alberto Mao, quiénes no se encontraban habilitados para recibir su dosis”.
El periodista Horacio Verbitsky fue el que desató el escándalo tras declarar al aire que había sido beneficiado.
Finalmente, la tercera situación fue “la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 vacunas”, con el fin de vacunar a 23 personas, entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, en el Hospital Posadas.
Santiago Viola, el ex abogado de Leandro Báez, hijo del humilde bancario que se hizo millonario durante la “década ganada”, fue nombrado como apoderado de La Libertad Avanza (LLA), el espacio que comanda el diputado nacional y precandidato a presidente Javier Milei.
Según el quinto ítem del acta constitutiva de LLA donde se firmaron -entre otras cosas- cómo se distribuirán los fondos en las provincias, actuarán como apoderados del Grupo A: Karina Milei (hermana de “El León”) y Andrea Valeria Juárez. Del Grupo B: Carlos Kikuchi (armador de campaña de Milei), Jorge Pauli, Gustavo Cuervo, Javier Zoulemian y Facundo Correa. Y en el Grupo C aparece el personaje mencionado en último lugar: Mariano Gervan, Mauro Fiaschi, Santiago Oria (camarógrafo de Milei) y Santiago Viola.
Javier Gerardo Milei, diputado nacional y precandidato a presidente
Los apoderados son las autoridades electorales a las que se les otorga “amplias facultades para efectuar objeciones a todas las actuaciones de otras fuerzas políticas en las distintas etapas del tracto electoral, percibir los fondos y espacios de publicidad que correspondan referidos en las leyes 26.215, 26.571 y/o aquellas que las reemplacen y sus respectivos decretos reglamentarios, como así también a realizar cuantos actos, gestiones, diligencias fueren necesarias para el cumplimiento de su cometido pudiendo también interponer recursos y desistirlos”, de acuerdo a lo expresado en las mismas líneas.
Pero, ¿por qué en el espacio libertario se encendieron las alarmas? Como si no hubiera generado suficiente ruido el nombramiento de la hermana de Milei como la encargada de distribuir los fondos de campaña, ahora también se le suma la designación del polémico abogado.
Leandro Báez, ex defendido de Santiago Viola
Viola fue acusado de “montar una operación” contra el juez Sebastián Casanello, incluso presentando testigos falsos. En el año 2015, el letrado sostuvo que el magistrado había visitado la Quinta de Olivos y se había reunido con la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, con el claro objetivo de desplazarlo de la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
Finalmente, las versiones que ubicaban a Casanello en la Casa de Gobierno fueron desmentidas por la Justicia. Dos años después, luego de probarse la falta de mérito, Viola fue indagado y procesado bajo el fundamento de querer desplazar al juez con una operación para que deje de investigar la causa que finalmente encarceló al padre de su defendido, Lázaro Báez. En síntesis, se probó que el abogado plantó testigos.
Javier Milei y su equipo de campaña
En el curso del expediente se estableció que los dos testigos (Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino) que avistaron a Casanello en Olivos intercambiaron un total de 238 llamados entre el celular del fiscal Eduardo Miragaya y el teléfono del estudio que tenía Viola en aquel entonces.
SE APARTÓ DEL CASO BAÉZ POR “MOTIVOS PERSONALES”
Tras el intento de apartar a Casanello, la abogada Claudia Balbín y Viola, quienes trabajaban en conjunto defendiendo a Martín, Leandro y Luciana Báez, renunciaron repentinamente. En una entrevista al medio TN, Viola fundamentó que la renuncia se debió a “motivos personales”, aunque no precisó cuáles.
Santiago Viola, ex abogado de Leandro Báez, hijo del bancario que se volvió millonario durante la era K, procesado en Cámara y sobreseído en Casación por presentar testigos falsos, fue nombrado como apoderado del espacio de Javier Milei.
Además, admitió que “existió una diferencia entre la estrategia judicial a llevar a cabo y por eso decidimos apartarnos de la defensa, porque entendimos que era mejor para ellos que sean asesorados por otros profesionales”, se limitó a responder en aquel entonces el licenciado.
DETENIDO POR HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO
Por otra parte, en el año 2018 Viola estuvo detenido por “homicidio culposo agravado”, tras ser protagonista de un terrible incidente vial que dejó sin vida a Leopoldo Martín Fexesta Maidana, de 65 años.
En aquel entonces, los informantes judiciales explicaron que el desenlace tuvo lugar debido a que Violaconducía “con un nivel de alcohol en sangre mayor al permitido y por un posible exceso de la velocidad máxima”. Finalmente, dos días después del hecho, el abogado fue excarcelado.
Fernando Carbajalpresentó ante la Corte Suprema una denuncia de 20 páginas que exige impugnar la candidatura de Gildo Insfrán como gobernador de Formosa, en el que sería su octavo mandato consecutivo.
El actual diputado de Juntos por el Cambio expone la ambigüedad del artículo 132 de la Constitución provincial, que establece que “el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”, pero no especifica cuántas veces pueden serlo. Además, pide como “medida cautelar” suspender las elecciones provinciales del 25 de junio, y solicita usar días inhábiles (fines de semana y feriados) para analizar el caso.
Carbajal plantea que este “vacío” en la Carta Magna provincial debe ser analizado a la luz de los Principios Republicanos y la Constitución Nacional, que en sus artículos 1, 5 y 123 prohíbe la perpetuación de una persona en el poder. Hace unos días había declarado en medios: “Si la reelección indefinida es contraria a los principios republicanos, debería ser interpretada como que puede ser reelecto solo una vez, por más que no lo diga expresamente”.
La presentación demanda a la Corte Suprema un accionar similar al ejercido días atrás sobre Juan Manzur y Sergio Uñac, que buscaban la reelección en Tucumán y San Juan, respectivamente. De todas formas, el precandidato de Juntos por el Cambio reconoció que ambas situaciones no eran idénticas. “La diferencia está en que acá la Constitución dice que puede ser reelecto. Hay una cuestión de interpretación, porque no especifica si puede serlo de manera indefinida”, aclaró en medios.
El propio Insfrán reformó la Constitución provincial en el año 2003, “reemplazando” el artículo 129 por el 132, lo que le permitió ejercer su gobernación durante 28 años hasta el día de hoy. En el escrito, Carbajal se refiere a un hecho ocurrido en 1999: la detención de Carlos Gerardo González, entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, quien el día anterior había fallado en contra de permitirle a Insfrán postularse nuevamente como Gobernador de Formosa.
La Corte Suprema deberá remitir su respuesta, en un plazo de cinco días, a la Procuración General de la Nación, quien a su vez emitirá su opinión. Luego, la Corte recibirá nuevamente el expediente y se acercará a la resolución del caso.
La candidatura de Emanuel Gainza por el PRO se está desvaneciendo a medida que la causa narco que lo tiene involucrado va ganando exposición. El espacio opositor con mayor intención de voto a nivel nacional no desea tener esta “piedra en el zapato” en vísperas electorales.
Por este motivo, los máximos dirigentes del PRO en Paraná, Entre Ríos, aseguraron -en off- a este medio que no dejarán que la candidatura de Gainza avance, al menos no con su apoyo. En una reunión privada, uno de los principales candidatos de la provincia, exclamó: “Este pendejo está sucio, nos va a terminar jodiendo a todos, y nos va a cagar la campaña a todos”. Sin el apoyo de -incluso- quienes conforman la lista electoral, Gainza se ampara en una importante dirigente nacional que ya no puede dar marcha atrás.
¿Quién lo salva a Gainza?
Como previamente mencionamos, el joven precandidato a intendente se encuentra a la deriva, pero aún se aferra a su único apoyo fuerte. La exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
Hace dos meses, Vidal se mostró públicamente con Gainza en sus redes sociales y lo posicionó como la figura “prometedora” del espacio. Sin embargo, para los entrerrianos este fue un gran paso en falso de la exprecandidata a presidente.
Asimismo desde el espacio de Rogelio Frigerio aseguraron que ya no mostrarán públicamente con Gainza, dado que "no nos sentimos cómodos en su presencia".
"No queremos su plata"
Para acrecentar aún más la polémica, Emanuel Gainza le ofreció dinero a El Presto y DATA24 para que dejara de exponer estas internas y la causa narco que lo tiene señalado. Aunque resulta más grave que aún desde el propio PRO aseguraran: "No queremos su plata", tras intentar ser tentados por el candidato.
Si bien el dinero era para financiar la campaña entrerriana, la prensa de Frigerio afirmó que se vieron obligados a rechazar tal "ayuda" porque "no sabemos de dónde salieron esos fondos". Por el momento, el futuro político de Gainza es incierto y desde el espacio apuestan porque este escándalo se acalle.
El juez Ariel Lijo, subrogante en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 12, ordenó el desalojo del campo en El Marquesado, ubicado al sur de Mar del Plata, que el Estado le había cedido a la Asociación Civil “Tercer Tiempo”, una ONG ligada al Movimiento de Trabajadores Excluidos que lidera Juan Grabois.
El magistrado encomendó a las autoridades de la Prefectura Naval Argentina la tarea de designar personal para “la inmediata custodia del predio y que se impida el ingreso de personas al lugar”. La resolución de Lijo ocurrió horas después de un nuevo episodio de tensión y enfrentamiento en esas tierras entre vecinos de la zona e integrantes de Tercer Tiempo que intentaban ingresar a la zona con un tractor.
Cabe recordar que este campo de 140 hectáreas localizados en el kilómetro 553 de la Ruta 11 fueron cedido a la ONG tras un trámite gestionado ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado, con el fin de utilizarlo para desarrollar una huerta agroecológica.
En ese contexto, esta mañana los lugareños se organizaron y llegaron al lugar con sus autos, para manifestarse e impedir el acceso de las maquinarias. “Se ve que entraron por la parte de atrás. Salieron a agredir a los vecinos, salieron a decir que la tierra es de ellos, que el Estado se las dio. No vamos a dejar que entre maquinaria. Por lo visto están esperando que haya conflicto, son como 50 personas. Esperamos que venga la policía”, contó una vecina a Radio Brisas.
Imagen de El Marquesado, en Mar del Plata.
En tanto, desde la agrupación afirmaron que cuentan “con el respaldo legal para poder llevar adelante las acciones en el marco de la concreción del proyecto definitivo y con una posesión que torna ilegal el bloqueo del ingreso al campo por vecinos de El Marquesado”. A su vez, señalaron que el traslado de las máquinas forma parte “del avance del proyecto de investigación, evaluación y puesta en funcionamiento de las primeras acciones destinadas a la producción de forma saludable”.
El conflicto en El Marquesado cobró notoriedad a fines de marzo pasado, cuando vecinos manifestaron su preocupación al observar que unas 40 personas ingresaban al predio. Tras enterarse del proyecto que intentaba comenzar la ONG, se opusieron. Entre sus argumentos, sostienen que el “impacto ambiental” puede ser “desastroso” y que la infraestructura en la zona no daría abasto. Así, advirtieron a la intendencia, que llegó hasta el lugar y cuestionó la cesión.
NO SE OLVIDEN de esta cara , EDUARDO ALBANESE , Titular de la Agencia de ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO. Este señor cedió terrenos a GRABOIS en el MARQUESADO continuación de CHAPADMALALpara EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS. QUIEREN COLOCAR UN ASENTAMIENTO a cambio de VOTOS pic.twitter.com/Ay7hoFrc31
Luego de que el hecho tomara estado público, Grabois eligió sus redes sociales para responder a las denuncias de los vecinos. “El objetivo es producir sin agroquímicos para que toda la zona de General Pueyrredón tenga alimentos sanos y baratos”, sostuvo.
Por su parte, el intendente de General Pueryrredón, Guillermo Montenegro, impulsó una acción penal por “usurpación, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público” contra el presidente de la AABE, Eduardo Alfonso Albanese, y 2 integrantes de Tercer Tiempo.
Un grupo de alrededor de 40 personas de Juan Grabois, irrumpieron en terrenos ubicados a la vera de la ruta 11.De acuerdo a lo que señalaron, pretenden construir viviendas sociales y crear huertas comunitarias. Entre el Marquesado y San Eduardo. Vecinos repelen la toma pic.twitter.com/9O8WTkJnZx
Para el jefe comunal, la cesión de las tierras se produjo con “argumentos falaces y arbitrarios”. En el escrito presentado ante la justicia federal denunció a Albanese por ceder “en custodia” el predio a los dirigentes del MTE Marcos Santucho y Eliseo Núñez, y también apuntó contra la abogada Gabriela Carpineti, funcionaria del Ministerio de Justicia, bajo un argumento que calificó como falaz: el supuesto peligro de que las tierras sean intrusadas.
Luego de los incidentes, Montenegro amplió su denuncia. “La Asociación Civil Tercer Tiempo insiste en ingresar al terreno cuya ocupación generara la denuncia, bajo el pretexto de concretar un supuesto proyecto agroecológico. Ingresaron al predio alrededor de 60 personas de la agrupación, lo que significa una nueva usurpación y el consecuente peligro de serias disputas entre ellos y los vecinos de la zona”.
En ese marco, el intendente solicitó a la Justicia que arbitre los medios necesarios para “que se mantengan las condiciones de ocupación del predio previas al día de hoy“, con el objetivo de que se puedan llevar adelante las medidas que se dispongan en lo sucesivo.
Furia en el PRO de Paraná por la polémica causa de narcotráfico que ensucia a Emanuel Gainza: Tras las declaraciones de la exmunicipal, Griselda Bordeira, quien trabajó con Gainza, el PRO se aparta oficialmente del candidato imputado en la causa narco de “Tavi” Celis, bajo el fundamento de “está sucio”.
Bukele acaba de anunciar la mayor reforma del Estado en la historia de El Salvador. Reduce de 262 alcaldes y sus respectivos consejos municipales a 44. Eso incluye cientos de asesores. Ademas reduce el numero de Congresistas nacionales. El ajuste lo hace política! Se puede… https://t.co/sSg5ft1rLE
