Detuvieron al hijo de un funcionario de Gildo Insfrán por asesinar a su pareja
Se trata de Cristian Manuel Zarza, hijo del diputado formoseño "Coqui" Zarza. La víctima, Cecilia Manzano de 35 años, murió estrangulada, según reveló un médico forense.
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Este fin de semana, Cristian Manuel Zarza de 36 años llamó al 911 diciendo que su pareja, Vida Cecilia Manzano (de 35 años) se descompensó mientras veían una película. Sin embargo, cuando llegó la ambulancia los médicos constataron que la joven había muerto a causa de un estrangulamiento.
Inicialmente, se creyó que podría tratarse de una muerte súbita, pero la autopsia descartó la hipótesis. El análisis forense reveló que a Manzano la asfixiaron y que perdió la vida a consecuencia de una “comprensión brusca en en el cuello en el contexto de una estrangulación manual”.
Cristian Manuel Zarza junto a Vida Cecilia Manzano
Tras darse a conocer los resultados, Zarza, quien es hijo de “Coqui” Zarza, un diputado formoseño muy acérrimo del gobernador Gildo Insfrán, fue detenido y acusado de “femicidio”.
Tanto el imputado como la víctima son formoseños, pero se mudaron a Buenos Aires (Moreno) en el 2019 y comenzaron a convivir. Según detalló la familia, esta decisión se tomó debido a que Manzano quería estudiar en la Universidad Nacional de Moreno la carrera de Administración de Empresas.
Jorge “Coqui” Zarza, diputado provincial de Formosa, padre del imputado por el asesinato de Vida Cecilia Manzano
El caso está siendo investigado por Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli.
Zarza fue indagado como sospechoso del crimen, pero optó por no hacer declaraciones ante el fiscal. Quedará bajo arresto mientras avanza la investigación.
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María Eugenia Talerico, reconocida penalista, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y excandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, participó en la décima edición de Perdón por la vehemencia, el programa de Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, emitido en Canal EY!.
Durante la charla, Talerico profundizó en el polémico nombramiento de Ariel Lijo —y de Manuel García-Mansilla en paralelo— a la Corte Suprema por parte del presidente Javier Milei. La abogada no dudó en calificar al juez como “el más corrupto de la historia Argentina”. Además, manifestó su preocupación por los “oscuros motivos” que otros medios atribuyen al detrás de la designación, advirtiendo que la medida podría encubrir escándalos como el “criptogate”.
Estas declaraciones se suman a sus críticas previas, en las que afirmó que “Lijo es el juez proveedor de impunidad a la casta”.
“Hay un gobierno que se está asociando con lo que supuestamente dejamos atrás para la Argentina nueva”, declaró Talerico durante el stream.
Cabe destacar que Milei recurrió a este mecanismo excepcional de la Constitución tras el fracaso de su intento de nombrar a Lijo en el Senado, el cual enfrentó 34 impugnaciones ciudadanas y la oposición unificada de bloques peronistas y sectores dialoguistas —un récord histórico para un candidato a la Corte— que cuestionaron tanto el procedimiento como los antecedentes del candidato. Solo el último intento de sesión se vio opacado por el escándalo de la criptomoneda $Libra, que debilitó la posición negociadora del Gobierno.
La situación llevó a la Casa Rosada a utilizar la figura de designar “en comisión”, contemplada en el artículo 99 para cubrir vacantes temporales. Sin embargo, críticos como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que este recurso se emplea para evadir el control parlamentario, estableciendo un precedente peligroso para la independencia judicial.
“Este juez, en particular, es el más cuestionado en el Consejo de la Magistratura, según estadísticas y encuestas; pero, sobre todo, es quien ha otorgado mayor impunidad a la clase política”, afirmó Talerico, agregando que “ha experimentado un crecimiento patrimonial exponencial, respaldado por la protección que recibe de un sistema judicial que se ha pervertido desde hace muchos años”.
Un estudio conjunto de la ACIJ y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) reveló que, de 89 causas de corrupción asignadas a Lijo entre 2006 y 2024, solo el 15 % llegó a juicio oral. Trece expedientes permanecen en etapa de instrucción por más de una década, entre ellos tres con demoras de 17, 18 y 26 años respectivamente, posicionándolo como el juez con el peor índice de resolución en Comodoro Py, cerrando menos de la mitad de los casos asignados.
– “Hay un gobierno que se está asociando con lo que supuestamente dejamos atrás para la Argentina nueva”
Talerico enfatizó que “Lijo cajoneó la defraudación de los Kirchners con los Eskenazi”, refiriéndose a la investigación por el vaciamiento y expropiación de YPF, uno de los casos más emblemáticos bajo su jurisdicción. Según la abogada, el supuesto fraude de la petrolera en 2012 derivó en una condena de US$16.000 millones contra Argentina en tribunales estadounidenses, y la demora en resolver el expediente debilitó la posición legal del país.
“Hace tiempo se observa un juego perverso con el kirchnerismo. Con esto, podemos comenzar a hablar de corrupción y de maniobras más extrañas que el criptogate”, comentó.
La letrada también señaló una “paradoja” en este juicio, afirmando que “unos US$5.000 millones le van a volver a los Eskenazi”, y denunciando que “los Kirchners orquestaron toda esta maniobra para generar la demanda”. Además, agregó que “mientras nos anestesian con la subida de precios, se llevan puesta toda la República”.
Por otro lado, se han generado cuestionamientos sobre el equilibrio de género en la composición del tribunal supremo, ya que desde 2021 no hay mujeres entre sus integrantes. Talerico sugirió que aún es incierto qué sucederá con Mansilla, quien declaró que no se presentaría por decreto, lo que podría generar “mucho fútbol para la tribuna”.
“No vaya a ser que solo nos quede Lijo y una vacante que se está acordando”, advirtió alegando que: “Los kirchneristas necesitan el cargo en la Corte para nombrar al Procurador General y lograr la impunidad completa de Cristina Kirchner”.
Lijo mantiene causas “dormidas” hasta que factores políticos reactivan su interés, como ocurrió con el caso Siemens durante el gobierno de Mauricio Macri. Aplica esta medida con discrecionalidad, según análisis de ACIJ. Por ejemplo, en el caso Ruckauf (25 años de trámite), el imputado permanece libre pese a las evidencias de enriquecimiento ilícito. Su manejo del caso Ciccone muestra cómo ajusta el ritmo procesal a conveniencia.
El dirigente propuso una “renovación liberal” en la Legislatura de CABA, con énfasis en bajar los precios de medicamentos y modernizar el sistema de porteño, impulsando la competencia en el sector y reduciendo el gasto público.
En un acto realizado en el Hotel Savoy, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, el farmacéutico y dirigente gremial Marcelo Peretta presentó su candidatura a legislador porteño por el Movimiento Plural, un partido de orientación liberal que se distancia del presidente Javier Milei. Con un marcado énfasis en la situación sanitaria, Peretta expuso sus principales propuestas y trazó un diagnóstico sobre la realidad que afrontan los porteños: “La Ciudad está sucia, insegura y con mala salud.”
Durante la ceremonia, Peretta, conocido por su trayectoria farmacéutica y bioquímica, señaló la urgencia de impulsar políticas que alivien el costo de las prepagas y los medicamentos, productos que, según puntualizó, más incrementaron su precio, muy por encima de la inflación y afectan especialmente a sectores vulnerables como los jubilados.
En referencia a la situación sanitaria porteña, sostuvo: “Los porteños están disconformes con el sistema de salud, con los turnos, las colas y la mala atención. El Ministerio de Salud está ausente en la Ciudad. Hay problemas con los trabajadores de la salud: con los médicos, con los enfermeros, con los psicólogos, con los bioquímicos. Todos están todos a disgusto. Y el vecino no recibe una buena salud.”
Al profundizar en su experiencia como farmacéutico, afirmó: “Hay que bajar el precio de los medicamentos, conozco el oligopolio de los laboratorios y su cartelización. Hay que enfrentarlos; pero no meterse en sus costos sino obligarlos a competir, promover la instalación de nuevos productores. Hay que instalar más laboratorios para que haya alternativas. Hay que abrirse a capitales extranjeros deseosos de instalarse y contratar personal argentino.”
Asimismo, Peretta denunció la influencia de la industria farmacéutica en la política: “Los laboratorios financian las campañas y compran Ministerios y Secretarías para influir en las decisiones. Nos bombardean con continua publicidad de medicamentos en todos los canales por televisión. Promueven la automedicación, la adicción y empobrecen a la gente induciéndola a comprar medicamentos caros, que muchas veces no necesitan. Quiero continuar el trabajo hecho por el doctor Arturo Illia.”
El candidato por el Movimiento Plural se mostró especialmente crítico con la administración del PRO en la Ciudad: “Ya llevan 18 años en esta Ciudad, que hoy está sucia e insegura porque se escapan los presos.” También reclamó la ampliación de la red de subtes, la reorganización de las bicisendas y la reducción del Estado porteño: “Debe haber menos ministerios y hay que eliminar los comuneros, no cumplen una función necesaria y cobran dos tercios del sueldo de un legislador. Propongo que su función sea asumida por los propios legisladores, designando 4 por cada Comuna que obligatoriamente deban atender las necesidades de los vecinos. No se puede seguir tirando la plata que después no alcanza para la salud.”
Peretta, quien se presenta como un liberal distanciado de Javier Milei, convocó a los votantes a sumarse a su partido: “Quiero salvar al liberalismo, porque si seguimos así la gente va a decir ‘volvamos a lo de antes’, como pasó en 2019.” Además, lanzó duras críticas contra el presidente: “Milei no deja funcionar el mercado, pisa todas las variables. Aplica motosierra a trabajadores, jubilados y pymes, les asegura grandes negocios a los ‘empresaurios’ y usa guillotina con los verdaderos liberales que lo convencieron de dar el paso a la política y lo llevaron a la Casa Rosada. Ya echó a 130 liberales de su gobierno, solo por opinar. Se volvió stalinista.”
En sintonía con sus propuestas de corte productivo, el candidato agregó: “Tenemos que volver a la economía real. De esta se sale produciendo y trabajando, como hace Trump en Estados Unidos”.
Como parte de su lanzamiento, Peretta presentó sus “10 Remedios” para mejorar la calidad de vida en Buenos Aires:
Recuperar la cultura del esfuerzo, la producción y el trabajo.
Respetar, potenciar y respaldar a las fuerzas de seguridad.
Salir de la especulación financiera y volver a la economía real.
Evitar el abuso empresarial y sindical.
Achicar y fortalecer el Estado.
Bajar impuestos y potenciar al sector privado.
Priorizar la nación, la familia, el hogar y la fe.
Frenar la imposición de agendas globales.
Proteger a niños, ancianos, salud y ambiente.
Crear empleo formal y defender el trabajo basado en el hombre, no en la máquina.
“Espero que mis recetas y remedios hagan una Ciudad mejor”, destacó el dirigente al concluir su discurso.
El acto contó con la presencia del diputado Miguel Pichetto y del consultor político Federico González. En tanto, enviaron sus saludos a Peretta figuras como Juan Pagotto, Francisco Poaltroni, Victoria Villarruel, Ramiro Marra, Domingo Cavallo y Nazareno Echepare.
“Salgo a la calle a hablar con la gente porque los problemas se solucionan metiéndose”, remarcó Peretta, quien busca consolidar su candidatura a legislador porteño con un mensaje de renovación liberal en CABA y propuestas centradas en la salud pública.
El 21 de enero pasado, la concesionaria Stampa Automotores SA ubicada en Tortuguitas, Panamericana R Pilar KM 0, le facturó al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, 40 Fiat Cronos Drive 1.3.
El precio unitario que pagó el ministerio a cargo de Javier Alonso fue de $56.416.566, 26. En total se invirtieron 2.256.662.650,40 pesos.
El precio de mercado del auto de similares características es de 26 millones de pesos.La compra se habría realizado con un sobreprecio superior al 100%.
Según especialistas en seguridad, el precio podría ser superior por el blindaje y distintos agregados que tienen los patrulleros pero los montos salieron de la concesionaria. Los blindajes no se realizan en la casa donde se adquirieron.
Fuentes consultadas dentro del Ministerio aseguran que la compra se realizó de manera express y sorpresiva.
Las autoridades pidieron que la compra se realizase sin objeciones. La gestoría que estuvo a cargo de la operación fue Nugamax SRL.
Esa semana, Axel Kicillof presentó unos 30 patrulleros nuevos en Ezeiza.
Ese mismo vehículo fue adquirido por Kicillof el año pasado y, según informes públicos, donados a la provincia de Santa Fe. La Cornisa mostró que los mismos patrulleros de Santa Fe, donados por Kicillof, aparecían en La Matanza, provincia de Buenos Aires.
Marcelo Peretta, farmacéutico, sindicalista y candidato a las elecciones porteñas de 2025, presentó oficialmente su plataforma política bajo el nombre de Movimiento Plural, un “nuevo partido liberal” que busca agrupar a los desencantados con el gobierno de Javier Milei y ofrecer una alternativa a los votantes de la Ciudad de Buenos Aires. Con el apoyo de Miguel Pichetto, Peretta apuesta a consolidar un espacio político que promueva “la verdadera libertad” y reformas laborales y sindicales.
Peretta, quien también es secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), presentó su marca, que lleva su nombre en blanco y negro, acompañada del lema “La receta y los remedios para la Ciudad”, en referencia a su profesión y su enfoque en soluciones concretas.
En su discurso, Peretta criticó la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señalando que “es contradictorio escuchar al Jefe de Gobierno hablar de generar empleo o crear un fuero laboral propio cuando hace 5 meses tiene acéfala la Secretaría de Empleo”. Además, cuestionó el desgaste de la administración porteña tras “casi 18 años del mismo color político”.
Peretta dirigió su mensaje a los “huérfanos, maltratados, silenciados, exiliados, ninguneados y degradados” por el gobierno de La Libertad Avanza. A través de un “Decálogo de bienvenida a los auténticos liberales”, invitó a quienes se sienten traicionados por las promesas incumplidas de Milei a sumarse a su proyecto. “No más promesas vacías, acá hay compromiso real. No más silencio, tu voz es nuestra fuerza”, afirmó.
En sus ejes, detalló algunas de las iniciativas que impulsará para fomentar el trabajo registrado en la Ciudad. Entre ellas, propuso “impuesto 0 para el primer año a todo CUIT que se instale en la Ciudad y que registre a sus trabajadores; simplificar las habilitaciones vía electrónica; y pagos de cargas sociales a cuenta del ABL”. Además, destacó que su objetivo es “recuperar a los 500 mil trabajadores porteños que están en negro o percibiendo salarios de pobreza”.
Respecto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Peretta reconoció su capacidad de trabajo y adaptación, pero criticó el enfoque del gobierno en la “especulación financiera”.
Los acusados, Betiana Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Jésica Bonnefoi, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana, están imputados por diversos hechos relacionados con la ocupación ilegal de tierras en la zona, en particular, de terrenos que forman parte del Parque Nacional Nahuel Huapi y otras propiedades privadas.
Las audiencias comienzan hoy, continuarán mañana y el 27 de febrero. Se retomarán en abril, cuyas fechas establecidas son el 10, 12 y 13, 20 y 31 de ese mes, según las previsiones iniciales y si no se desiste de testigos.
La causa que se sigue contra los miembros de la lof Lafken Winkul Mapu tiene como eje hechos ocurridos entre 2018 y 2022, es decir, posteriores a los incidentes de la irrupción inicial en 2017. En esa época, la comunidad había comenzado a ocupar terrenos de Parques Nacionales y propiedades privadas, lo que derivó en la intervención del Estado y el desalojo de tierras en 2022.
Entre los múltiples cargos por usurpación se encuentran la ocupación del exhotel de Mascardi, en el predio de Parques Nacionales y la toma de la estancia Los Radales, perteneciente a una empresa privada.
Además, algunos de los imputados son señalados por un ataque armado contra un tráiler de la Gendarmería Nacional en la misma zona, hecho que ocurrió durante un operativo de seguridad en la región.
El juicio se desarrolla bajo la supervisión del juez federal, Alejandro Silva, quien ya había presidido el juicio por la muerte del joven mapuche, Rafael Nahuel, en 2017. La causa cuenta con la presencia de los fiscales, quienes llevarán adelante las imputaciones, mientras que los acusados son defendidos por un grupo de abogados encabezados por Gustavo Franquet. Este último, que también estuvo al frente de la defensa de la comunidad mapuche en el juicio por la muerte de Nahuel, tendrá un papel central en este proceso judicial.
– El predio Los Radales había sido atacado por la comunidad mapuche en 2022
La comunidad Lafken Winkul Mapu ha rechazado la acusación y sostiene que las tierras en disputa les pertenecen históricamente. En un comunicado público, los mapuches reafirmaron su reclamo territorial y argumentaron que las tierras de Villa Mascardi son parte de su ancestral “Wallmapu”, el territorio originario que ocuparon sus ancestros antes de la llegada de los colonos y la posterior creación de los parques nacionales. Además, afirman que el Estado argentino “no ha cumplido con los acuerdos” y que las tomas de tierras “responden a un derecho histórico y legítimo del pueblo mapuche”.
Los incidentes de violencia, las tomas de tierras y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se han convertido en una constante en esta zona, y la judicialización de estos casos ha sido uno de los ejes principales de la gestión de la actual administración.
Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló una malversación en la ejecución de los programas habitacionales Reconstruir y Reactivar durante el gobierno de Alberto Fernández. Entre 2021 y 2023 se destinaron $52.920 millones a la construcción de viviendas sociales que nunca se terminaron, con retrasos de hasta el 80% en las obras y fondos públicos que desaparecieron sin rendición de cuentas. La auditoría expuso cómo 6.583 familias quedaron sin techo mientras las obras se paralizaban.
Los programas Reconstruir y Reactivar nacieron como respuesta política a la crisis habitacional heredada del gobierno de Mauricio Macri. El presidente del Frente de Todos los presentó en mayo del 2021 como “la obra de Néstor y Cristina que vengo a terminar”, prometiendo entregar 55.000 viviendas antes de finalizar su mandato.
“Esto es algo que ideó Néstor, ejecutó Cristina y que yo vengo a terminar la obra de ellos dos, y eso a mí me llena de alegría”, fue la frase que utilizo.
El Programa Reconstruir concentró el 88% del presupuesto total de $46.421 millones, con el objetivo de construir 20.829 viviendas nuevas.
Sin embargo, la realidad demostró ser muy diferente. Únicamente 14.246 unidades llegaron a etapa de construcción, mientras 6.583 permanecían en evaluación burocrática sin avances concretos. Peor aún: de las obras iniciadas, el 35,5% (22 de 62 proyectos) presentaban retrasos críticos entre el 30% y 80% respecto a los plazos pactados.
Los anticipos entregados a contratistas tuvieron un gran costo económico, perdiendo hasta el 82% de su valor real por la inflación acumulada en la gestión de Alberto Fernández, según cálculos de la SIGEN. El caso más emblemático ocurrió en Monte Grande (Buenos Aires), donde 240 viviendas al 99% de avance físico acumulan $604 millones sin justificar desde 2021.
El Programa Reactivar por su parte, con un presupuesto de $6.498 millones, se inició con la finalidad de terminar 1.416 viviendas abandonadas. Pero la auditoría halló obras con el 100% de los fondos ejecutados de un total $2.123 millones, sin registro de rendiciones en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
En 16 de los 30 proyectos por comenzar, las obras demoraron entre 45-90 días en arrancar tras firmar los convenios. Cuando finalmente comenzaron, los costos ya habían aumentado 143% por la inflación acumulada, haciendo inviable su finalización.
El informe de 27 páginas de la SIGEN dibuja un sistema habitacional colapsado por fallas estructurales, constituyendo pruebas clave en tres causas federales iniciadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La propia Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda admitió ante los auditores que únicamente tenía capacidad para supervisar el 17% de las obras activas, dejando el 83% restante en un vacío de control.
Ocho expedientes del Reconstruir carecen totalmente de documentación contable, incluyendo tres casos donde las obras estaban teóricamente terminadas. La SIGEN identificó $1.812 millones en pagos sin respaldo documental, equivalentes al 3.4% del presupuesto total, estos fondos “fantasma” se concentran en cuatro provincias: Buenos Aires (37%), Santa Fe (28%), Córdoba (19%) y Mendoza (16%).
Los convenios firmados con provincias y municipios incluían cláusulas permisivas que facilitaban el incumplimiento. El 78% de los contratos analizados permitían prórrogas automáticas de 180 días sin penalidades. Además, el 63% de las actas de inicio de obra se firmaron con hasta 90 días de retraso, aprovechando vacíos legales para evitar multas.
La SIGEN estima que hay unas 22.000 personas que siguen esperando soluciones habitacionales por los fallos en estos programas. A pesar del 99% de avance físico, como sucede en Monte Grande, las familias no pueden ocuparlas porque falta completar conexiones eléctricas y de gas. Mientras tanto, $604 millones asignados a estos trabajos finales permanecen sin justificar desde 2022. Vecinos organizados denuncian que el municipio usa las casas vacías como depósito de materiales de otras obras.
En 2022, la Secretaría de Hábitat contaba con solo 12 inspectores para supervisar 620 obras en curso, lo que equivale a un promedio insuficiente de 52 proyectos por cada uno. Esta escasez de personal de control se vio agravada por disputas burocráticas entre Nación, provincias y municipios, responsables del 68% de los retrasos al no definirse claramente quién debía asumir los costos.
Además, se detectaron fallas en el GDE, ya que el 23% de los expedientes digitales presentaban errores o estaban incompletos, lo que impidió rastrear el destino de $1.420 millones en transferencias. Todo esto se enmarca en un contexto en el que el déficit habitacional afecta a 3,5 millones de argentinos.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
UN JUEZ AVALA QUE QUIENES ALTEREN EL ORDEN PÚBLICO Y OBSTACULICEN EL DERECHO DE CIRCULACIÓN PUEDEN SEGUIR COBRANDO PLANES SOCIALES pic.twitter.com/lrCwyspXZs
