Una denuncia anónima en Chaco inició la investigación sobre piqueteros de Capitanich que recibían dinero del Estado provincial a través de sus fundaciones y cooperativas.
Las fuerzas de seguridad de la provincia del Chaco, en coordinación con la Policía Federal, desplegaron un amplio operativo que abarcó 23 allanamientos simultáneos en diversas localidades, incluyendo Resistencia, Charata, Cote-Lai y Fuerte Esperanza. Los procedimientos abarcan zonas urbanas y rurales, además de un campo de aproximadamente 1.000 hectáreas en el área rural chaqueña. Se encontraron vehículos de alta gama, relojes de oro, quinchos y otros bienes de lujo que “no corresponden a sus actividades económicas formales”.
Como resultado de estos allanamientos, se logró la detención de cuatro dirigentes piqueteros, entre ellos Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales, todos vinculados a diversas fundaciones sociales con acceso a fondos públicos. El operativo estuvo dirigido por el fiscal Patricio Sabadini, quien inició la investigación en la Fiscalía Federal N° 1.
“En virtud de una denuncia anónima presentada en un sobre de papel madera color marrón debajo de la puerta de acceso a esta Fiscalía Federal, que daba cuenta de presuntas maniobras de lavado de activos”, afirmó Sabadini.
Las organizaciones vinculadas a los imputados habrían malversado aproximadamente $220.327.655,94 entre los años 2022 y 2023, fondos provenientes principalmente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) funcionando bajo el entonces titular Mauro Andión, quien se lo conoce por “megacorrupción”, durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich. Según trascendió, $15.000 millones destinados para beneficencia en 2023, fueron mal utilizados o desviados hacia fundaciones privadas sin control adecuado. Más de 400 beneficiarios denunciaron haber sido estafados por dirigentes sociales vinculados al organismo.
Se decomisaron numerosos elementos comprometedores, como armas de fuego de diferentes calibres y municiones, estupefacientes, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, tarjetas de débito vinculadas a planes sociales y sellos de una fundación provincial.
El referente del movimiento La Roca Sólida, Carlos Rolón habría generado sospechas por ostentar bienes incompatibles con su perfil económico, incluyendo una camioneta 4×4 adquirida durante la pandemia. Además, se lo investiga por ofrecer a la venta un galpón que aparentemente habría sido construido con fondos provenientes del IAFEP.
Según el requerimiento fiscal, Torales y su padre José fueron visto por los investigadores yendo “con bolsos cargados a varios domicilios donde realizan operaciones de cambios de divisas de forma ilegal”. Los investigadores determinaron que compraban dólares norteamericanos, para luego con estos dólares ir hasta Paraguay y venderlos por criptomonedas “USDT”. Luego, al regresar, los cambiaban a pesos.
Cáceres, identificado como referente del Movimiento Juan Domingo Perón, figura como monotributista en la categoría “A” (la más baja) ante la AFIP. Paralelamente, ejercía como presidente de las Cooperativas Trabajo Central Progreso Limitada y la Fundación Juan Domingo Perón, y tendría vinculación con la Fundación Rosana Solidaria y Fundación Peronismo Unido.
Durante los años 2021 a 2023, Cáceres mantuvo un empleo formal en la Municipalidad de Resistencia, aunque posteriormente fue sumariado y cesanteado por ausentismo laboral. A pesar de su modesto perfil tributario, se le atribuye la posesión de varios vehículos millonarios, entre ellos una camioneta Dodge Journey SE 2.4 (2011) y una Dodge Ram 1500 5.7 V8 (2013), un Toyota Corolla XEI 1.8 (2016) y un Volkswagen UP de 5 puertas (2015).
Según la investigación, Torales habría llamado la atención de las autoridades por su ostentación patrimonial, evidenciada en numerosos viajes al exterior y la compra de un inmueble que posteriormente habría transferido a su esposa, quien también está imputada en la causa.
Este caso se suma a una serie de indagatorias similares que se han iniciado contra dirigentes de movimientos sociales. En mayo de 2024, el juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y cooperativas bajo sospecha de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. El Ministerio de Seguridad habilitó la línea 134 para este fin, lo que ha contribuido a visibilizar estas prácticas.
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