Denuncian penalmente a Alberto por las visitas de Sofía Pacchi durante la cuarentena
La denuncia fue impulsada por abogados de Republicanos Unidos. Piden investigar al mandatario por "violación de los deberes de los funcionarios públicos".
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En el día de ayer se volvió viral la lista de las visitas que recibió Alberto Fernández en la quinta de Olivos, en la cuál figuraba el nombre Sofía Pacchi, una modelo que había visitado al presidente más de 60 veces, durante las madrugadas del 2020 y 2021.
De la polémica y criticas de las redes sociales, este asunto se plasmó de forma judicial, la presentación fue realizada este miércoles 28 de julio por los militantes y abogados de Republicanos Unidos, Abril Fernández Soto y Marcos Longoni y patrocinada por el abogado Juan Martín Fazio.
Ayer en Pagni (gracias por no mencionar la fuente) tiraron las visitas de Sofía Pacchi. Pero no fueron esas entradas únicamente: tuvo en total 65 entradas en todo 2020. pic.twitter.com/05HU8ekfe7
La denuncia se efectúa porque durante el año 2020 en el que Alberto recibió dichas visitas, el país estaba en plena fase 1 de la cuarentena, los abogados reclaman que se investigue si Alberto Fernández y Sofía Pacchi incurrieron en “conducta deliberada, intencional y dolosa sobre la violación de medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia“.
Otro curro más salpica al gobierno de Axel Kicillof, vinculado nuevamente al ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y su banda comandada por Claudia Pombo (presidenta del Concejo Deliberante de Pilar e íntima del intendente Federico Achaval), Mario Quattrochi (juez de faltas bonaerense de La Plata y San Isidro), Pablo Sanguinetti (director provincial del ministerio), y Lourdes Giménez (subsecretaria Legal y Técnica y, a la par, armadora de la estructura criminal de la banda), y Laura Angeletti (funcionaria de Transporte e integrante de la comisión de preadjudicación de las VTV).
Ahora se vieron involucrados en un entramado que relaciona una “empresa” sin experiencia en el rubro, encargada de prestar un supuesto servicio a empresas adjudicatarias de plantas de VTV, a cambio de un importante porcentaje que abonan los conductores bonaerenses a la hora de realizar el trámite de verificación técnica vehicular.
La maniobra denunciada derivó en la causa caratulada como “FSM 23688/2024 D’Onofrio Jorge Alberto y otro S/ Infracción ART. 303″, la cual recayó en el juzgado Federal de Campana – secretaría Penal Nro. 2, a cargo del juez Adrián González Charvay, el cual en primera instancia se declaró incompetente para investigar, por un presunto pedido del intendente de Pilar, Federico Achaval, a fin de proteger a su colega pilarense, Claudia Pombo.
Finalmente, la cuestión fue resuelta en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la cual revocó la decisión del Juez Charvay, y le ordenó que investigue a los funcionarios denunciados por lavado de activos.
HECHOS
El 15 de mayo de 2023, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (CUIT 30-70798737-1) realizó una “oferta irrevocable para la implementación de innovaciones tecnológicas para la gestión de servicio de VTV” a las empresas de VTV:
1.- VTV Norte SA (CUIT 30-68520007-0);
2.- SGS Argentina SA (CUIT 30-54711042-7);
3.- Applus Iteuve Argentina SA (CUIT 30-68520014-3);
4.- VTV Noroeste SA (CUIT 30-68492348-6);
Esta “oferta irrevocable”, atento a que se realizó de manera previa a la licitación del servicio de VTV que realizara el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires el 15 de junio del 2023, se encontraba misteriosamente supeditada a que dichas empresas resultaren finalmente adjudicadas de dicho servicio.
La mencionada oferta, se convertiría en caso de efectivizarse tal condición -según cita textual- en un “acuerdo estratégico permitiendo un esquema de colaboración mutua que habilite a las concesionarias (empresas de VTV) dar cumplimiento a los requerimientos formulados por el ministerio de Transporte tendiente a implementar innovaciones tecnológicas en el sistema de VTV”.
En concreto, el ministerio de Transporte realizó supuestos requerimientos tecnológicos (vaya a saber a quién, cuándo y cómo), de los cuales tomó conocimiento la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, por ende se anticipó a ofrecer brindar “esa solución” a las empresas de VTV, a quienes evidentemente les tenía mucha fe de que resultarían adjudicatarias de un futuro llamado a licitación realizado por la cartera ministerial de Jorge D’Onofrio.
La empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, es presidida por Sebastián Desio, y su vicepresidente resulta ser Diego Fornesi.
Sebastián Desio, en el medio. A su izquierda, Tomás Uthurriague (director de Sistemas de Transporte). A su derecha, Mario Quattrochi, juez de Faltas provincial, dependiente también del ministerio de Transporte, y miembro reconocido del club platense de Rubgy San Luis.
Sebastián Desio, a quien se puede observar en la foto en un acto de campaña del ministro Jorge D’Onofrio, resultar ser entonces el presidente de la empresa que, sin ningún tipo de licitación ni antecedentes en el rubro, percibe el 8,5 por ciento + IVA, del 70 por ciento del producido de las empresas de VTV adjudicadas de la provincia que conduce Axel Kicillof, conforme la cláusula séptima del convenio: “La proveedora tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado a través de los medios de pago habilitados, en el marco de los contratos de concesión, incluidas las prórrogas, adendas y/o enmiendas correspondientes, que a cada una de las empresas concesionarias le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTC neta de IVA”.
Uno puede preguntarse: ¿Qué garantía tenían las empresas, las cuales cederían un importante porcentaje del cobro de VTV, de que se cumpla con la promesa de adjudicación? Sucede que todo estaba expresamente supeditado a que el ministerio de Transporte emita el acto administrativo de aprobación de dicho acuerdo.
La “propuesta tecnológica” de la empresa de Sebastián Desio, vaya sorpresa, fue posteriormente aprobada por parte de ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y de esta forma consumada la asociación ilícita para el desvío de los fondos que representan un 8,5 por ciento más IVA de cada pago que los contribuyentes bonaerenses realicen a cada una de las empresas de VTV concesionadas.
Ello explica por qué el ministro Jorge D’Onofrio junto a Axel Kicillof, decidieron aumentar, en un plazo de diez meses, un 296,7 por ciento los valores de la VTV en el territorio bonaerense. El 4 de abril del 2024, el valor de la tarifa básica fue de 15.997 pesos, y por la resolución dictada en septiembre de este año, el costo de verificación fijado para febrero del 2025 será de 63.463 pesos, es decir, casi el triple de lo fijado para abril del año en curso.
Para cuantificar la importante caja que queda en manos de Axel Kicillof y su ministro de transporte, veamos que, según datos oficiales, cada año se realizan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, más de 3.1 millones de verificaciones. Y casi una décima parte de lo recaudado queda en manos de la empresa fantasma cuyos socios son los amigos de transporte.
Ahora bien, ahondando un poco más acerca de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, su vicepresidente resulta ser, Diego Ernesto Fornisi, presidente del querido club San Luis, íntimo amigo de Mario Quattrochi, socio histórico del club, al cual concurren sus dos hijos Francisco e Ignacio Quattrochi.
El denunciado e investigado por la justicia Mario Quattrochi, juez de Faltas de la provincia de Buenos Aires tanto del departamento La Plata como el de San Isidro, participó también de la evaluación de las ofertas de las luego adjudicadas empresas de VTV. En la imagen a la que tuvo acceso el medio Real Politik, se los ve a Mario Quattrochi junto a Sebastián Desio y uno de los empresarios de la VTV, en pleno proceso de adjudicación. Resulta más que extraña la relación que puede tener un juez de Faltas provincial con la adjudicación de un servicio de verificación técnica vehicular.
Mario Quattrochi a la derecha de la foto, y a su izquierda, Claudia Pombo, mano derecha de Jorge Donofrio y presidente del Concejo Deliberante de Pilar, cuyo intendente es Federico Achaval.
Recordemos que Mario Quattrochi tiene un intenso vínculo con Claudia Pombo, compañera de muchos viajes a la localidad de Málaga, España. Ambos constituyeron, Mario Quattrochi y Claudia Pombo, al menos tres empresas en Málaga, denominadas “Cattleya Blue”, “Almus Blue” y “Balin Europa SL”, las cuales se encuentran actualmente investigadas por la Justicia de nuestro país. Ello implica el motivo por el cual, de acuerdo al informe de Migraciones requerido por la Justicia, ambos cuentan con catorce salidas del país, tanto Claudia Pombo como Mario Quattrochi, en su mayoría a España.
A la izquierda de la imagen, Mario Quattrochi, y su derecha, Claudia Pombo, en el lujoso bar que comparten en Málaga “Tardeo Soho”.
Claudia Pombo, con un exclusivo champagne “Lamborghini” en el bar Tardeo Soho.
Volviendo al entramado de las VTV, los socios de los funcionarios de transporte, Sebastián Desio y Diego Fornisi, titulares de la empresa en cuestión, se aseguraron de quedar atados en una importante suma, durante todo el período de la concesión de las empresas VTV, en caso de que éstas resultaren finalmente adjudicatarias.
En caso de resultar adjudicatarias las empresas de VTV mencionadas, según la cláusula séptima “Contraprestación económica – Retribución de la proveedora”, la visionaria sociedad de Sebastián Desio, cita textual, “tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado que a cada empresa le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTV neto de IVA”.
Finalmente, vaya sorpresa, las cuatro empresas que recibieron la “oferta irrevocable para soluciones tecnológicas”, resultaron adjudicatarias de once zonas, de un total de dieciséis licitadas. Es decir, ganaron el 70 por ciento del total licitado. Ello surge de la resolución dictada por el ministro de Transporte Jorge D’Onofrio el 4 de enero de 2024, N° RESO-2024-2-GDEBA-MTRAGP, en el marco del expediente EX2023-03711402-GDEBA-DSTECMTRAGP.
EMPRESAS EXTRANJERAS PARA DESVÍO DE FONDOS:
Capítulo aparte merece el entramado de expresas extranjeras que impunemente han constituido los funcionarios de la cartera ministerial de Transporte.
Tal como se ha denunciado en el expediente judicial, se han utilizado al menos tres empresas en el Reino de España, concretamente de Málaga, constituidas a partir del desvío de fondos de las maniobras identificadas, para concretar el lavado de dinero de los fondos recaudados en Argentina mediante las operaciones denunciadas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la destitución de Cecilia Goyeneche, fiscal anticorrupción de Entre Ríos, quien había investigado al exgobernador Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión por corrupción. En una decisión unánime, el máximo tribunal consideró que el proceso que culminó con la exoneración de la fiscal en 2022 estuvo plagado de irregularidades que vulneraron el debido proceso y la garantía de defensa.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, determinó la nulidad de todas las actuaciones desde que se conformó el jurado que destituyó a Goyeneche. Según la Corte, hubo graves defectos en la integración del Jurado de Enjuiciamiento y en la designación del acusador, lo que afectó la imparcialidad del procedimiento. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos también fue cuestionado por no abordar de manera adecuada los planteos sobre la falta de objetividad en el caso.
Cecilia Goyeneche, quien era procuradora adjunta de Entre Ríos, se destacó por investigar casos de corrupción de alto impacto, incluido el entramado de desvío de fondos públicos conocido como el caso de los “Contratos de la Legislatura”. Sin embargo, en 2021 fue acusada de “mal desempeño” por no haberse excusado en una causa donde mantenía vínculos personales con uno de los imputados. Tras un proceso calificado como “venganza política” por la propia fiscal, fue destituida en mayo de 2022.
En ese momento, Goyeneche denunció públicamente la falta de garantías en el proceso y la motivación política detrás de su destitución. “Lo que hicieron da asco”, expresó entonces, señalando que su remoción buscaba desactivar investigaciones futuras sobre corrupción en la provincia.
El fallo de la Corte no implica una evaluación sobre los hechos que originaron el juicio político, pero sí establece que las irregularidades procesales descalificaron todo lo actuado. Ricardo Lorenzetti, en un fundamento adicional, enfatizó la importancia de que las sentencias sean claras y fundadas para garantizar la legitimidad del Poder Judicial. “Los jueces y juezas no solo deben dar resultados, sino argumentos que constituyan una guía para que la sociedad comprenda los principios del Estado de Derecho”, escribió.
La resolución ordena que la causa regrese a Entre Ríos para un nuevo pronunciamiento, aunque las irregularidades detectadas podrían dificultar una eventual ratificación del proceso. Goyeneche, en tanto, recupera su lugar en un caso que marca un precedente en la defensa de los principios constitucionales frente a la arbitrariedad institucional.
La Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo del futbolista Gonzalo Montiel en la causa judicial que lo investiga por presunto abuso sexual ocurrido el 1 de enero de 2019 en la casa de su familia, ubicada en González Catán. El fiscal LuisAlbertoBrogna, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, argumentó que las pruebas recopiladas no permiten sostener la acusación.
En un extenso escrito de 122 páginas, Brogna afirmó: “Aparece aconsejable el dictado de un pronunciamiento que desvincule al imputado de manera definitiva del presente proceso”. Además, destacó que, tras una exhaustiva investigación que incluyó declaraciones de 15 testigos, pericias psicológicas y revisión de los hechos, no se encontraron elementos que vinculen al jugador con el hecho denunciado. “En lo esencial, los testigos coinciden en describir ciertos hechos que permiten afirmar que el imputado Montiel no podría haber cometido el hecho que se le atribuye”, agregó.
La denunciante, una joven que había tenido un vínculo sentimental con el futbolista, declaró haber sido drogada y abusada sexualmente en una fiesta de Año Nuevo en la residencia familiar de Montiel. Según su abogada, Raquel Hermida, los gritos de la víctima durante el episodio fueron corroborados en la investigación, aunque el fiscal consideró que los testimonios y pericias no sostienen la hipótesis del abuso.
El fiscal señaló “inconsistencias” en el relato de la denunciante, incluyendo su incapacidad para recordar detalles esenciales que otros testigos afirmaron haber observado. En sus primeras declaraciones, la joven había afirmado no recordar lo sucedido, pero más adelante, tras un tratamiento psicológico, declaró haber sido abusada. “La recuperación tardía de los supuestos recuerdos y su incapacidad para recordar detalles esenciales arrojan sombras de duda sobre la credibilidad de su versión de los acontecimientos”, explicó Brogna.
LA DEFENSA DE MONTIEL Y LOS ELEMENTOS A SU FAVOR
Un mes atrás, los abogados defensores de Montiel, Daniel Rubinovich y RafaelSanLari, habían solicitado el sobreseimiento del jugador argumentando que la denuncia presentaba “múltiples inconsistencias”. Según la investigación, Montiel no estuvo presente durante el presunto hecho, ya que habría salido de la fiesta para trasladar a un amigo en su vehículo. Además, el fiscal mencionó que otro de los involucrados, Alexis Acosta, también fue acusado, pero su participación tampoco pudo ser probada de manera concluyente.
Brogna concluyó que “la Fiscalía debe actuar de acuerdo a un criterio objetivo, aun a favor del imputado, y no convertirse en un acusador ciego y parcial”. En este sentido, consideró que la falta de pruebas impide avanzar hacia una instancia de juicio oral.
LA POSTURA DE LA QUERELLA
Por su parte, Hermida solicitó a la Fiscal General que se rechace el pedido de sobreseimiento y se designe a otro fiscal para continuar la investigación. La abogada argumentó que existieron “incumplimientos” en el proceso y que el juicio oral sería la “instancia donde los imputados podrán desarrollar ampliamente su defensa”.
El caso, que desde un principio generó repercusión mediática por la fama del futbolista, plantea un desafío en la aplicación de principios de garantía como la presunción de inocencia y el análisis bajo perspectiva de género. La decisión final sobre el pedido de sobreseimiento quedará en manos del juez a cargo del caso.
Luego de que un funcionario público de La Plata fuera denunciado por el supuesto abuso sexual a sus dos hijos, el abogado Marcelo Peña logró que se archive la causa por “FALSEDAD” y ahora buscará ir contra la mujer y el abogado que la asesoró por llevarse a los hijos a vivir a Brasil.
Según contó Peña en diálogo con medio local El Editor Platense, “este tema es una problemática que viene desde hace tiempo”, y detalló que su representado “hace más de un año que no puede ver a sus hijos por la interposición de denuncias falsas”, y ahora “esta señora, que es la madre de los nenes, se los terminó llevando ilegalmente a Brasil”.
“Nosotros hicimos la denuncia penal, primero una averiguación de paradero, porque nos enteramos por un mail, un mensaje que manda la mamá al colegio de que ellos ya querían radicarlos en Brasil y querían haber comunicado el cese de las actividades escolares y que los niños iban a continuar su desarrollo el año que viene en Brasil”, agregó.
En ese aspecto detalló que “entonces esto puso alerta en el padre, no los encontró por ningún lado, y ahí continuamos con la denuncia penal de sustracción de menores porque con la doctora Cecilia Corfield logramos identificar el uso de WhatsApp desde Brasil”.
De esta forma, para finalizar, Peña señaló: “En esto, es lo que vengo trabajando hace mucho tiempo, que es justamente un proyecto de ley para ampliar las penas o los delitos de falsa denuncia y contexto de género, porque justamente yo voy a la protección de la verdadera víctima”.
“Pero hay que empezar, justamente, a ser persuasivos con quienes asesoran con el fin y el norte de buscar una mentira, una falsedad de los hechos. Esto tiene que dejar de ser un juego”, sentenció
Gabriel Germán Fernández, quien ocupó la intendencia de Viamonte durante cinco períodos consecutivos, enfrenta graves acusaciones de malversación de fondos públicos por un monto cercano a los 500 millones de pesos. El exmandatario fue detenido la mañana del pasado miércoles 18 de diciembre. Las irregularidades detectadas giran en torno a ocho convenios firmados con la Nación durante la gestión de Alberto. Entre las obras vinculadas se encuentran un polideportivo que nunca fue construido y una planta de reciclado que quedó a medio terminar.
El caso está siendo investigado por el fiscal federal Rodolfo Cabanillas, quien encabezó un operativo que incluyó 13 allanamientos en localidades como Viamonte, Canals, Marcos Juárez y la ciudad de Córdoba. Durante los procedimientos, Gendarmería secuestró más de 2,7 millones de pesos, 43.648 dólares, computadoras, documentos financieros y vehículos. La sucursal del Banco de Córdoba en Viamonte también fue inspeccionada debido a su implicación en movimientos de dinero sospechosos.
La denuncia original fue presentada por Facundo Manzoni, actual intendente de Viamonte, conocido en la región por su trayectoria como productor rural de la localidad. Manzoni asumió el cargo en diciembre de 2023 y encontró un panorama financiero en terapia intensiva: sueldos impagos, deudas municipales y cheques emitidos sin fondos. Posteriormente, solicitó una auditoría al Tribunal de Cuentas de Córdoba, que reveló desmanejos financieros significativos. “Mi objetivo es levantar el pueblo, pero no me dejaron un mango”, declaró Manzoni en su momento. Cumplió con su palabra: hasta el momento de publicación de este artículo, el intendente Monzoni donó la totalidad de sus sueldos, unos $20 millones, a diferentes instituciones de la localidad.
Entre las maniobras denunciadas se encuentra la transferencia de 10 millones de pesos desde cuentas municipales a una cuenta personal de Fernández, registrada como “adelantos de sueldo”. Según la auditoría, el dinero estaba destinado a obras públicas y no a pagos salariales. Además, se descubrió que el exintendente realizaba “autoprestamos” a intereses cero, lo que generó pérdidas para el municipio en un contexto de alta inflación.
En un comunicado difundido en redes sociales, Manzoni afirmó que “hubo irregularidades muy grandes y no miraré hacia otro lado porque de hacerlo sería cómplice. Anhelo que esto se aclare por el bien de mi pueblo y de sus habitantes”. Además, destacó que su prioridad ha sido garantizar la transparencia y sanear las cuentas municipales desde el inicio de su gestión.
En un breve diálogo con este medio, Agustín Tenaglia, secretario de la Fiscalía Federal, explicó: “La investigación que se inició en el mes de septiembre en esta fiscalía, a cargo del fiscal Rodolfo José Cabanillas, en la que se le solicitó al juez federal diversos allanamientos y la detención de Fernández. Actualmente la causa se encuentra en plena etapa de investigación en el Juzgado Federal, con diversas medidas de prueba aún pendientes”.
Fernández también es investigado por sus presuntas conexiones con el kirchnerismo, que habrían sido clave parafacilitar el acceso de familiares a cargos estratégicos.
Durante su gestión, ubicó a su esposa en el PAMI y a su hija en el Banco Nación, ambos en la localidad de Canals. La investigación busca determinar si estas posiciones permitieron consolidar un esquema de desfalco mediante redes de apoyo dentro de la estructura gubernamental.
Actualmente, Fernández se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Río Cuarto, mientras avanzan las pericias contables y el análisis de dispositivos electrónicos incautados. Las fuentes judiciales sospechan que podrían surgir nuevas imputaciones contra otros involucrados a medida que se completen las pruebas.
El caso generó conmoción en la pequeña comunidad de Viamonte, ubicada al sur del departamento Unión. Allí, los vecinos exigen explicaciones y transparencia, mientras el escándalo reaviva el debate sobre la necesidad de controles más estrictos en la administración de recursos públicos. “Es fundamental que se haga justicia y que los recursos públicos sean utilizados con transparencia”, concluyó Manzoni.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, quien también fue imputado en la causa por presunto lavado de dinero, y de otros implicados en esta investigación. Entre los involucrados se encuentra Claudia Pombo, concejal de Pilar y estrecha colaboradora del funcionario, además de familiares de esta y otros actores clave en el esquema investigado.
La causa, que está en etapa inicial, se centra en supuestas maniobras ilegales vinculadas al cobro de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La denuncia fue presentada por Leandro Camani, presidente de Secutrans, quien reportó pérdidas millonarias debido a un sistema paralelo de “gestores”. Estos intermediarios habrían eliminado multas a cambio de pagos ilegales, afectando la recaudación de Secutrans y desviando enormes sumas a cuentas personales de los acusados. Según la presentación judicial, esta red operaba con el consentimiento y participación activa de altos funcionarios públicos y figuras del ámbito judicial.
La investigación judicial reveló que solo el 2% de las multas de tránsito se cobran por vías legales, mientras que un estimado de 340.000 infracciones mensuales, por un valor aproximado de 60.000 millones de pesos, habrían sido gestionadas de manera ilícita. Esta cifra ilustra la magnitud del esquema de corrupción y su impacto sobre las finanzas provinciales. Este sistema, según la denuncia, involucraba jueces de faltas, funcionarios provinciales y operadores políticos que actuaban en complicidad. La estructura ilegal se extendía a varias localidades bonaerenses, generando un impacto económico significativo en la recaudación provincial.
– D’Onofrio y Pombo
Entre los investigados se encuentran Roxana Pombo, hermana de Claudia y funcionaria del Ministerio de Transporte, y Mario Quattrochi, juez de faltas platense señalado como pieza clave en la estructura ilegal. Según el fiscal Sebastián Bringas, la red de corrupción podría extenderse incluso fuera del país. En este sentido, se solicitó a las autoridades españolas información sobre la firma Cattleya Blue SL, vinculada a Pombo y Quattrochi, que operaba restaurantes en Málaga con fondos presuntamente desviados. Además, se ordenó el levantamiento del secreto bancario de Quattrochi y se solicitó al Registro de la Propiedad del Inmueble información sobre los bienes que posea.
Además, el juez ordenó a entidades como el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) que proporcionen información detallada sobre las cuentas, bienes y transacciones de los involucrados. Estas medidas también incluyeron solicitudes a la Caja de Valores para identificar posibles tenencias de acciones y bonos, e Interbanking SA para obtener detalles sobre transacciones realizadas mediante medios electrónicos. Adicionalmente, se busca rastrear operaciones vinculadas a criptomonedas y transferencias internacionales, ampliando significativamente el alcance de la investigación.
El clan Pombo, cuyo nivel de vida despertó sospechas, reside en una lujosa propiedad en un country exclusivo de Zona Norte y exhibe en redes sociales un alto poder adquisitivo. Investigadores judiciales señalan que el dinero obtenido del esquema de corrupción habría sido utilizado para adquirir propiedades y bienes de lujo en Argentina y España. Además, se estima que el esquema generó pérdidas mensuales de entre 4 y 10 millones de dólares para Secutrans.
Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica en Pilar, destacó: “Nunca podrían justificar su vida de millonaria”. Las acusaciones incluyen el consumo de bienes extravagantes como champagne Lamborghini y la contratación de personal doméstico, a pesar de ingresos formales que no lo justificarían. Entre las propiedades bajo investigación se encuentra una casona con ascensor y varios vehículos de alta gama, mientras que en el extranjero se habrían realizado inversiones millonarias en inmuebles.
La trama no solo afecta al área de Transporte provincial. En paralelo, el fiscal platense Álvaro Garganta investiga contratos irregulares relacionados con la VTV y supuestas concesiones amañadas a empresas privadas vinculadas al entorno de D’Onofrio. Entre estas se encuentra Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., presidida por Sebastián Desio, contratada por concesionarias de la VTV para brindar servicios tecnológicos a cambio de un 8,5% adicional por cada verificación.
Garganta también puso el foco en una propiedad en La Plata supuestamente vinculada al esquema y en contratos firmados con concesionarios del sistema de VTV que habrían beneficiado a socios y allegados del ministro. Además, tiene en su poder 22 cajas con pliegos y otra documentación entregada por el Ministerio de Transporte, que será analizada como parte de la investigación. Por su parte, el entorno de D’Onofrio asegura que el fiscal recibió toda la información solicitada y más, con el fin de demostrar que no hubo irregularidades en los procesos de contratación. Según fuentes judiciales, la empresa de Desio carecía de experiencia en el sector antes de recibir contratos millonarios, lo que refuerza las sospechas sobre irregularidades en los procesos de adjudicación.
Desde el Frente Renovador, espacio político de D’Onofrio, han surgido cuestionamientos internos. Voceros señalaron que “hace cinco meses le dijimos a (Axel) Kicillof que se necesitaba un cambio en Transporte”. No obstante, el gobernador bonaerense mantiene al ministro en el cargo.
En el plano local, Claudia Pombo fue desplazada como presidenta del Concejo Deliberante de Pilar en medio del escándalo, siendo reemplazada por Juan Pablo Trovatelli, también del oficialismo local liderado por el intendente ultra-K, Federico de Achával. La concejal no asistió a la sesión extraordinaria donde se definió su salida, una muestra de las tensiones políticas generadas por la causa. Desde sectores opositores, señalan que este cambio en la conducción del Concejo busca desvincular al gobierno local de las acusaciones que pesan sobre Pombo y su entorno.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.
