19 septiembre, 2025

Declaró la menor abusada por el militante ultra K prófugo hace 57 días, Ezequiel Guazzora

Guazzora fue denunciado por corrupción de menores y se encuentra prófugo desde las PASO. El Gobierno ofrece una recompensa de $4 millones a quien aporte datos que permitan su captura.
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Este mes, la menor abusada por militante ultra K y exprecandidato a diputado de Principios y Valores —el partido de Guillermo Moreno y Luis D’Elía que sacó menos del 1% de los votos en las últimas elecciones PASO— Carlos Ezequiel Guazzora, declaró en la Justicia y aportó datos que complican aún más al comunicador kirchnerista, que se encuentra prófugo hace 57 días.

La denuncia por corrupción de menores y pedofilia a Guazzora corresponde a una investigación realizada por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) en colaboración con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

El Gobierno Nacional ofrece $ 4.000.000 de recompensa para quien aporte información que permita lograr la detención de Carlos Ezequiel Guazzora.
En caso de contar con datos que puedan resultar de ayuda, comunicate al 134 de forma anónima y segura.
El Gobierno Nacional ofrece $ 4.000.000 de recompensa para quien aporte información que permita lograr la detención de Carlos Ezequiel Guazzora. En caso de contar con datos que puedan resultar de ayuda, comunicate al 134 de forma anónima y segura.

Sobre Carlos Ezequiel Guazzora pesan varias denuncias. Hoy, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, ofreció una recompensa de $4 millones para quienes brinden datos que permitan encontrarlo y capturarlo. Viviana Caminos, presidente de RATT Argentina, comentó que en junio recibió un llamado: “La persona nos relata que la hija era amiga de una jovencita que fue internada en un neuropsiquiátrico de la zona sur de Buenos Aires y que (la mujer) estaba muy preocupada porque la hija le cuenta que su amiga le dijo que estaba siendo explotada sexualmente por su madre“.

En los chats publicados por Infobae pueden verse los aberrantes mensajes que Guazzora enviaba —vía Instagram— a la madre de la víctima. El material evidencia una transferencia y un ofrecimiento de $100 mil para que el militante abuse de la menor.

La víctima de Guazzora, de 15 años, aprovechó un descuido de su madre, tomó su teléfono, y sacó capturas de pantalla del chat entre su explotadora y su abusador. Con ese material, la Red Alto al Tráfico y la Trata elevó un informe a a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.

Las fuerzas policiales esperaban detener a a Guazzora el pasado 13 de agosto, cuando concurriera a votar en las elecciones PASO. Llamativamente, el delincuente no pudo ser detenido porque un fiscal de mesa le avisó al comunicador K, quien desde entonces se encuentra prófugo. Sin embargo, sí fue capturada la madre de la menor de edad.

En 2020, también a través de Instagram, Guazzora fue escrachado en redes sociales por un comportamiento similar: le ofreció $3 mil a otra chica de 15 años pidiéndole fotos desnuda.

¿Qué dijo en la Justicia la menor abusada por Guazzora?

La chica abusada, además de declarar, entregó un buzo que pertenece a Guazzora y que él le entregó cuando sucedió el crimen. Además, supo identificar el exterior e interior de la casa del militante K. Sobre los testimonios, la Justicia señaló que “la menor tiene un discurso coherente, bien estructurado” y que “no hay elementos que indiquen la participación de terceros”.

Los magistrados señalaron que “Guazzora habría pactado un precio con la madre de una menor para que le permita acceder carnalmente a ésta contra su voluntad en su domicilio. A tal fin, la joven habría concurrido a su vivienda con su progenitora, donde habrían colocado alguna sustancia en su bebida que la dejó adormilada, y así perpetrado el abuso mientras la madre consumía los estupefacientes que le habría provisto el encausado”.

El 14 de agosto, juez de instrucción Santiago Bignone dictó la orden de detención. La semana pasada, la Cámara de Casación de CABA rechazó un pedido de exención de prisión por parte de Guazzora quién “omitió presentarse en los comicios de las PASO para evitar su detención, contaría con recursos para mantenerse oculto y registra una orden de captura” y a su vez le exigieron al comunicador K que “se ponga a derecho”.

En el documento, el prófugo negó las acusaciones: “Es una situación paradojal. Sé que nunca tuve relaciones sexuales con ninguna persona menor de edad, mucho menos por precio y mucho menos aun pactándolo con la madre de esa supuesta persona”.

Informe especial: Guazzora condenado a 3 años y sigue prófugo

Informe especial: Guazzora condenado a 3 años y sigue prófugo

Informe especial de tipo documental para que sepan quién y cómo es este notero ultra-militante kirchnerista y prófugo de la Justicia, Ezequiel Guazzora, investigado por AB*S0 A UNA MEN0R, quien es muy cercano al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidente y expresidente Cristina Fernández de Kirchner, al exfuncionario y ex-precandidato a presidente Guillermo Moreno y al dirigente Luis D’Elía, también “periodista” en la radio de Madres de Plaza de Mayo, y en cierta forma “referente” del peronismo y del kirchnerismo.

¿Cómo denunciar contra la Trata y la Explotación de personas? Telefónicamente: a través de la Línea 145. Se hace en forma anónima y gratuita las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier lugar del país. Por escrito: oficinarescate@jus.gov.ar

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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