Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Malena Pierina Pelozo, quien había sido abusada a los 13 años, se suicidó tras enterarse que Sergio Alila, condenado por violarla cuando era apenas una niña, había quedado en libertad. La joven que fue hallada sin vida el 5 de junio en su casa de Resistencia (Chaco) por su mamá. Tenía 20 años y había denunciado públicamente varias veces el acoso y hostigamiento que seguía sufriendo por parte del entorno del delincuente.
El acusado, que ahora se hace llamar “Arielita” debido a su nueva identidad y cambio de género, posterior a la recuperación de su libertad, tenía también una condena por lavado de dinero, pero gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria desde diciembre de 2022. A principios de este año obtuvo la condicional, y fue allí cuando se descubrió que estaba trabajando como chofer de UBER.
La difunta víctima Malena Pierina Pelozo y su abusador.
A mediados de 2022, Alila fue condenado por la jueza Natalia Fernández Floriani a la pena de 4 años de prisión por abusar sexualmente de una menor de edad. A esta condena se le sumó este año un juicio abreviado en el también fue encontrado culpable de abuso sexual agravado en contra de una nena que tenía 13 años al momento del hecho.
Este caso puede referenciarse con el de Paula Martínez, una joven de 23 años que hace casi 7 años denunció ser víctima de una violación grupal y, debido al abandono por parte de la justicia, se suicidó en diciembre del año 2021 en su casa de la localidad de Florencio Varela (Buenos Aires).
La difunta víctima Paula Martínez.
Después del ataque, Martínez tuvo varios intentos para quitarse la vida y hasta permaneció internada en un hospital psiquiátrico. La información agrega que su tío la encontró colgada de un ventilador con una cadena, en la propiedad que habitaba.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.
Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.
– Jorge Capitanich y Marta Soneira
Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.
La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.
A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.
La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.
“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.
Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.
Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.
Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.
DATA24 accedió al informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro). Con el municipio en crisis, el intendente Marcelo Román destinó millones a cuatro festivales locales, gastos que luego justificó como inversión cultural.
Dan Parisini, Ramiro Marra, siguen queriendo presentar un mundo que no es. Karina Milei es Milei. Pareja es Milei. El Nene Vera es Milei. Luis Caputo es Milei. Como Kikuchi fue Milei. Javier Milei es el jefe de la banda de los chorros. Javier Milei es quien expulsó a Marra y es… pic.twitter.com/LZ6kWbMWYR