CHACO | Detienen a dirigente piquetero por lavado de activos y asociación ilícita

El dirigente piquetero "Tito" López fue detenido en la provincia norteña acusado de liderar una organización dedicada al lavado de activos y la usurpación de tierras. La investigación también involucra a su familia, mientras que uno de sus hijos es buscado internacionalmente.
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Este miércoles, el dirigente piquetero Ramón Alberto “Tito” López fue detenido en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, Chaco, acusado de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. La orden de detención fue emitida por el juez federal Ricardo Mianovich, tras un requerimiento impulsado por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien lleva adelante la investigación. La captura de López se realizó alrededor de las 12:30 horas, con la participación de la Gendarmería Nacional y la Policía provincial.

“Tito” López, líder del “Movimiento de Trabajadores Desocupados – 17 de Julio”, enfrenta cargos relacionados con el lavado de activos, agravado por la presunta participación de una estructura organizada que involucra a miembros de su familia. Entre los detenidos también figuran su esposa, Librada Beatriz Romero, y sus hijos Daniel Alberto, Daniel Orlando, y Walter Ramón López. Este último se encontraría en Chile, según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, lo que motivó la emisión de una orden de captura internacional.

La investigación contra López y su entorno comenzó tras la detección de un patrimonio que no se correspondía con su perfil económico: En febrero de este año, el piquetero reconoció públicamente que su capital ascendía a 1.600 millones de pesos, una cifra que llamó la atención de las autoridades judiciales. López declaró en medios locales: “Tengo 326 terneros que valen 300 mil pesos cada uno y hace poco compré un campo por 200 mil dólares”.

Las primeras pruebas que sustentan la investigación surgen de una denuncia realizada por el Ministerio Público Fiscal del Chaco, la cual daba cuenta de presuntas maniobras de lavado de dinero. A partir de estas pruebas, Sabadini solicitó una orden de instrucción judicial, que permitió al juez Mianovich avanzar en el proceso penal.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la usurpación de tierras en la región de El Impenetrable, una zona de alto valor agrícola en el Chaco. Estas tierras, pertenecientes a la empresa Timbó S.A.G.A.F.I. —propiedad del empresario Atilio Gibertoni— fueron ocupadas por López y su grupo. Según el fiscal, esta usurpación generó ganancias ilícitas que luego fueron blanqueadas.

El dirigente piquetero justificó en su momento la ocupación alegando que tenía papeles que acreditaban la compra del terreno a un tercero, aunque admitió que fue víctima de una estafa. “De las 33.000 hectáreas, yo tengo solo un cuadrado de 1.600 donde viven cinco familias”, aseguró López, quien insistió en que su lucha era por recuperar las inversiones que realizó en infraestructura.

El gobernador de la provincia, Leandro Zdero había denunciado públicamente a López en el año 2022 por la ocupación ilegal de esas tierras. En esa oportunidad, el entonces diputado señaló que la Justicia falló a favor de los propietarios de mencionada empresa y ordenó el desalojo de los ocupantes.

La detención de “Tito” López se concretó mientras él se encontraba en la Plaza 25 de Mayo dando entrevistas a medios locales. Al momento de su captura, el dirigente social aseguró que su encarcelamiento tiene motivos políticos y negó las acusaciones en su contra: “Esto es político. Me van a tener preso seis o siete meses, después saldré libre de culpa y cargo, y quién me va a pagar eso”, afirmó López.

Tras ser detenido, fue trasladado a la sección de Medicina Legal para una revisión médica y posteriormente alojado en el Escuadrón N° 51 de Gendarmería Nacional.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La investigación contra López y su familia está en pleno desarrollo. Sabadini señaló que las pruebas recabadas hasta el momento apuntan a la existencia de una organización delictiva que manejaba importantes sumas de dinero de origen ilícito, con un flujo de movimientos transfronterizos, según datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones. Además, se investiga el fraude a la administración pública, ya que López habría aprovechado la cesión de tierras por parte del Estado para realizar maniobras irregulares.

Uno de los puntos clave en la causa es la posible existencia de más delitos precedentes que habrían permitido el posterior lavado de activos. El fiscal Sabadini no descarta la participación de otros actores, aunque hasta ahora no se han emitido más órdenes de captura.

– La Policía del Chaco procedió a la colaboración con la Dirección de Investigaciones Complejas, Jefe a cargo accidental Comisario Inspector, Romando Sosa, junto a cuatro grupos antidisturbios infantería y un grupo de trabajo femenino FOEF, a fin de llevar a cabo con la detención del ciudadano RAMON “Tito” LÓPEZ, referente del Movimiento social MTD 17 de Julio, quien presentaba pedido activo de detención conforme instrumento legal Oficio 29/24 Juzgado Federal 2 de Resistencia

El proceso judicial contra López y su entorno continuará en los próximos meses, con nuevas audiencias y la incorporación de pruebas. Entretanto, la Justicia Federal avanza en la consolidación de la causa, que generó un fuerte impacto en la provincia del Chaco, debido al perfil público de López y su vinculación con movimientos sociales.

La orden de captura internacional contra Walter Ramón López, que habría salido hacia Chile el 29 de agosto, sigue vigente, a pesar de que su padre niega la salida del país.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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