18 septiembre, 2025

CFK contra las cuerdas: una causa vinculada a los cuadernos de las coimas avanza hacia el juicio oral

El tribunal que juzgará a la Vicepresidente reactivó el camino hacia el juicio oral.
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Después de 2 años desde que la Cámara de Casación dejó firme el procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner por la presunta cartelización en la obra pública, investigada como un caso conexo a los Cuadernos de las Coimas, el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 avanza hacia la realización del juicio oral.

En este tramo que tiene como principal acusada a la vicepresidente, el hecho se concentra en los sobornos que se habrían cobrado a empresas constructoras. Así, CFK suma otra mala noticia en los tribunales. Este expediente que se desprende de la “causa madre” de los Cuadernos, tiene entre los procesados también Julio De Vido, Nelson Periotti, Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), entre otros empresarios.

CFK
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner

La decisión del tribunal de avanzar hacia la realización del juicio oral, se da en un contexto desfavorable para la vicepresidente: a fin de año se leerá la sentencia en el Caso Vialidad, la Cámara de Casación resolverá si afrontará o no, el juicio en los casos Hotesur y Pacto con Irán.

A CFK se la acusó de ser jefa de una asociación ilícita que recaudó sobornos entre contratistas y concesionarios del Estado. En este tramo se investigó la cartelización de la obra pública, a favor de un conjunto de compañías que según la acusación pagaban coimas al extinto Ministerio de Planificación para obtener diversos contratos.

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El ex ministro de Obras Públicas kirchnerista, Julio De Vido

La acusación formal es por los delitos de asociación ilícita y 175 cohechos pasivos por sumas millonarias, cometidos en licitaciones y adjudicaciones de obra pública entre 2003 y 2015. Ahora quedaron firmes los procesamientos de la vicepresidente, sus ex funcionarios Julio De Vido y Nelson Periotti, como de los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra, Osvaldo De Sousa (hermano del socio de Cristóbal López), María Rosa y Gerardo Cartellone, Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta y Javier Sánchez Caballero (ex IECSA), entre otros.

Con la confirmación hace 2 años, por parte del máximo tribunal penal, el presidente del TOF 7, Enrique Méndez Signori, firmó el decreto que le pide a todos los acusados que ofrezcan medidas de prueba complementarias a las que ya se realizaron durante la investigación en primera instancia.

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Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri

Junto con ese planteo, las partes también podrán sugerir qué testigos quieren que sean convocados cuando el juicio oral inicie. Una vez que todos los imputados a través de sus abogados, formulen tales pedidos el tribunal estará en condiciones de ir hacia la próxima instancia: decidir qué pruebas se impulsarán, qué testigos se aceptarán y citar a una audiencia preliminar para después, fijar fecha de inicio del debate.

En estas condiciones se encuentran varios tramos del Caso Cuadernos, incluido el expediente central donde ya todos los imputados ofrecieron pruebas y sugirieron testigos. Falta que el TOF 7 se pronuncie al respecto. El mensaje es claro: se busca avanzar hacia el inicio de lo que podría ser uno de los mayores juicios en materia de presunta corrupción.

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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