Causa Vialidad: se rechazó el pedido de CFK para apartar a los jueces y al fiscal que la juzgan

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se encuentra acorralada por la Justicia tras un rechazo a su pedido.
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La Cámara de Casación rechazó el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner contra la recusación de los jueces del tribunal que la juzgan en la Causa Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. Como también contra los fiscales del caso Diego Luciani y Sergio Molas, con lo que ahora la vicepresidente podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

El abogado de CFK, Alberto Beraldi, había cuestionado a Giménez Uriburu y Luciani porque habían jugado al fútbol juntos en el mismo equipo amateur, Liverpool, en un torneo en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri. En la misma línea, había cuestionado al juez Gorini por una reunión que mantuvo con la ex ministra y titular de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, en su despacho.

CFK
El fiscal de la Causa Vialidad, Diego Luciani

El magistrado dijo que se debió a que las fuerzas de seguridad ya habían fotografiado a Amado Boudou en pijama, cuando fue preso, y quería evitar que ocurriera lo mismo en el caso de las detenciones que dispuso por la tragedia de Once.

A estas recusaciones de Beraldi, contra los dos jueces y los fiscales Luciani y Mola, se sumaron luego los doctores defensores K de Julio De Vido, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez y Nelson Guillermo Periotti.

CFK
El abogado de CFK, Alberto Beraldi

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 a cargo del juicio, Gimenez Uriburu, Gorini y Andrés Basso, rechazaron “in limine” las recusaciones que habían planteado los defensores, ya que ninguna era causal para apartarse del caso, según informaron fuentes judiciales.

Contra esa decisión, CFK planteó un recurso de casación ante los propios jueces del tribunal oral federal número 2, pero los magistrados lo rechazaron por inadmisible. Por eso es que “La Jefa” planteó un recurso de queja directamente ante los estrados de la propia Cámara de Casación. Y este recurso de queja es el que ahora rechazó el tribunal con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

CFK
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se encuentra contra las cuerdas

Los camaristas dijeron que “las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no son susceptibles de ser impugnadas ante esta instancia. Pues, no se trata de la sentencia definitiva de la causa, ni tampoco de alguna equiparable a ella”. Y señalaron que la Corte ratificó esta jurisprudencia.

Agregaron que la vicepresidente “no ha logrado demostrar, ni se advierte en el estado actual del proceso, la existencia de un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior o una cuestión federal debidamente fundada”, que permita considerar el caso como una excepción y habilitar la intervención de la Casación.

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Los jueces que deben juzgar a CFK: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso

Asimismo, reiteraron que la defensa no demostró la arbitrariedad de la decisión de los jueces del tribunal contra el rechazo del recurso. Por eso, concluyeron de manera unánime “no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, sin costas en la instancia”.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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