Caso Lola: La Justicia revocó la absolución y condenó al acusado de encubrir el crimen

Se trata de Ángel Eduardo Moreira Martínez, un "cuidacoches" que fue detenido a inicios de la investigación, pero que fue puesto en libertad luego de realizarse pruebas de ADN que resultaron negativas.
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Tras 8 meses de dictarse la absolución de Ángel Eduardo Moreira Martínez, un Tribunal de Apelaciones de Uruguay decidió revocar ese dictamen y pidió condenar a 8 años de prisión al hombre que estuvo detenido por encubrir el crimen de Lola Chomnalez, la joven argentina de 15 años asesinada en diciembre de 2014 en la playa de Barra de Valizas.

De esta forma, el Tribunal de Apelaciones del 4to Turno determinó que el acusado, alias “El Cachila”, quien el pasado 20 de junio pasado sido absuelto por falta de pruebas y liberado, debe volver a prisión. El imputado ya había permanecido en detención durante más de tres años.

Ángel Eduardo Moreira Martínez, alias "El Cachila".
Ángel Eduardo Moreira Martínez, alias “El Cachila”

Un peritaje psiquiátrico había arrojado que Moreira Martínez “presentaba una tendencia a la mitomanía“, por lo que el juez resolvió que el cuidacoches “no supo sobre el asesinato, ni ayudó, colaboró, contribuyó o facilitó a su autor”. El señalado también demostró tener problemas de consumo de estupefacientes: “Declaré cualquier cosa porque estaba drogado, había fumado pasta base”, comentó tras ser liberado. Ambos señalamientos terminaron conduciendo a que los magistrados dieran con su absolución.

A pesar de que Moreira Martínez volvió a prisión meses después de la absolución por violar una restricción de acercamiento solicitada por su ex pareja, los jueces Luis Vicinguerra, Ángel Shaban y Gabriela Cobelli resolvieron por unanimidad revocar la absolución dictada por el juez Juan Letrado Giménez Vera, del 1er Turno de Rocha, y condenarlo, nuevamente, a 8 años de cárcel como “autor responsable de un delito de encubrimiento”.

Por el asesinato de Lola aún sigue detenido Leonardo David Sena, de 39 años, quien en su declaración sostuvo que no conocía a Moreira Martínez.
Por el asesinato de Lola aún sigue detenido Leonardo David Sena, de 39 años, quien en su declaración sostuvo que no conocía a Moreira Martínez

También anteriormente, el 28 de junio, la fiscal de Rocha, Jéssica Pereyra, había apelado la decisión y al presentar el recurso había reiterado su pedido de condena a diez años de prisión.

Por el asesinato de Lola aún sigue detenido Leonardo David Sena, de 39 años, quien en su declaración sostuvo que no conocía a Moreira Martínez. En aquel entonces, el juez Giménez Vera explicó que dieron con la captura de Sena “a través de material genético pudimos ubicar a una persona, que es quien depositó su material genético, valga la redundancia, en la escena del hecho. Es decir, en la toalla que estaba en el interior de la mochila que llevaba Lola el día que falleció y en su documento nacional de identificación argentino”.

Leonardo David Sena, el único detenido por el crimen de Lola.
Leonardo David Sena, el único detenido por el crimen de Lola

Además, el magistrado aclaró que no puede “decir que el caso esté cerrado” dado que el acusado no admitió “haber dado muerte a Lola Chomnalez“. “Está científicamente ubicado en el lugar del crimen. Reconoce haber tomado contacto con las pertenencias de Lola y que sustrae dinero de la mochila, reconoce lo que es imposible no reconocer porque la evidencia científica lo coloca en ese lugar, pero niega la autoría del crimen”, sostuvo Juan Willman, uno de los abogados de familia de la víctima.

Tras 8 años del asesinato de Lola Chomnalez, el letrado expresó tranquilidad por lograr avances en la causa: “Es el primer aniversario en el que sentimos la tranquilidad de que la persona que había dejado su ADN en las pertenencias de Lola finalmente fue encontrada”. En tanto, el imputado fue detenido en el Chuy, en el límite de Uruguay con Brasil, y deberá cumplir una pena de 8 años.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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