Caso Lola: La Justicia revocó la absolución y condenó al acusado de encubrir el crimen

Se trata de Ángel Eduardo Moreira Martínez, un "cuidacoches" que fue detenido a inicios de la investigación, pero que fue puesto en libertad luego de realizarse pruebas de ADN que resultaron negativas.
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Tras 8 meses de dictarse la absolución de Ángel Eduardo Moreira Martínez, un Tribunal de Apelaciones de Uruguay decidió revocar ese dictamen y pidió condenar a 8 años de prisión al hombre que estuvo detenido por encubrir el crimen de Lola Chomnalez, la joven argentina de 15 años asesinada en diciembre de 2014 en la playa de Barra de Valizas.

De esta forma, el Tribunal de Apelaciones del 4to Turno determinó que el acusado, alias “El Cachila”, quien el pasado 20 de junio pasado sido absuelto por falta de pruebas y liberado, debe volver a prisión. El imputado ya había permanecido en detención durante más de tres años.

Ángel Eduardo Moreira Martínez, alias "El Cachila".
Ángel Eduardo Moreira Martínez, alias “El Cachila”

Un peritaje psiquiátrico había arrojado que Moreira Martínez “presentaba una tendencia a la mitomanía“, por lo que el juez resolvió que el cuidacoches “no supo sobre el asesinato, ni ayudó, colaboró, contribuyó o facilitó a su autor”. El señalado también demostró tener problemas de consumo de estupefacientes: “Declaré cualquier cosa porque estaba drogado, había fumado pasta base”, comentó tras ser liberado. Ambos señalamientos terminaron conduciendo a que los magistrados dieran con su absolución.

A pesar de que Moreira Martínez volvió a prisión meses después de la absolución por violar una restricción de acercamiento solicitada por su ex pareja, los jueces Luis Vicinguerra, Ángel Shaban y Gabriela Cobelli resolvieron por unanimidad revocar la absolución dictada por el juez Juan Letrado Giménez Vera, del 1er Turno de Rocha, y condenarlo, nuevamente, a 8 años de cárcel como “autor responsable de un delito de encubrimiento”.

Por el asesinato de Lola aún sigue detenido Leonardo David Sena, de 39 años, quien en su declaración sostuvo que no conocía a Moreira Martínez.
Por el asesinato de Lola aún sigue detenido Leonardo David Sena, de 39 años, quien en su declaración sostuvo que no conocía a Moreira Martínez

También anteriormente, el 28 de junio, la fiscal de Rocha, Jéssica Pereyra, había apelado la decisión y al presentar el recurso había reiterado su pedido de condena a diez años de prisión.

Por el asesinato de Lola aún sigue detenido Leonardo David Sena, de 39 años, quien en su declaración sostuvo que no conocía a Moreira Martínez. En aquel entonces, el juez Giménez Vera explicó que dieron con la captura de Sena “a través de material genético pudimos ubicar a una persona, que es quien depositó su material genético, valga la redundancia, en la escena del hecho. Es decir, en la toalla que estaba en el interior de la mochila que llevaba Lola el día que falleció y en su documento nacional de identificación argentino”.

Leonardo David Sena, el único detenido por el crimen de Lola.
Leonardo David Sena, el único detenido por el crimen de Lola

Además, el magistrado aclaró que no puede “decir que el caso esté cerrado” dado que el acusado no admitió “haber dado muerte a Lola Chomnalez“. “Está científicamente ubicado en el lugar del crimen. Reconoce haber tomado contacto con las pertenencias de Lola y que sustrae dinero de la mochila, reconoce lo que es imposible no reconocer porque la evidencia científica lo coloca en ese lugar, pero niega la autoría del crimen”, sostuvo Juan Willman, uno de los abogados de familia de la víctima.

Tras 8 años del asesinato de Lola Chomnalez, el letrado expresó tranquilidad por lograr avances en la causa: “Es el primer aniversario en el que sentimos la tranquilidad de que la persona que había dejado su ADN en las pertenencias de Lola finalmente fue encontrada”. En tanto, el imputado fue detenido en el Chuy, en el límite de Uruguay con Brasil, y deberá cumplir una pena de 8 años.

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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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