09 septiembre, 2025

Caso Cecilia: César Sena ahora se autopercibe mujer y será desplazado a otro penal

César Sena, acusado del asesinato de su pareja desaparecida hace un mes en Resistencia, ahora dice pertenecer al género femenino y será beneficiado por la Justicia.
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César Sena, uno de los acusados por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, que lleva un mes desaparecida en Resistencia (Chaco), dijo que se autopercibe mujer y pidió ser trasladado de penal, para compartir justamente con el género femenino y no con hombres.

Sena, quien se encuentra detenido junto a otros integrantes de su familia por la desaparición de su ex pareja, permanece arrestado a la espera de novedades judiciales. Además, por autopercibirse mujer, la defensa de Cesar habría presentado un pedido de cambio de estado de la causa. De esta manera, el homicida busca escapar también de la figura de “femicidio”.

César Sena, sospechoso y pareja de la víctima.

Un caso similar se dio con el brasileño Fernando Alves Ferreira, asesino de su ex pareja en San Carlos de Bariloche, quien 2 días después adujo ante un tribunal popular de Río Negro autopercibirse mujer y ahora solo enfrentará cargos por asesinato.

Acusado de matar a balazos a su ex pareja Eduarda Santos Almeida, de 26 años, fue “declarada” culpable, pero se descartó el femicidio porque se autopercibe mujer. Intentando eludir la acusación de femicidio, César Sena ahora argumentó autopercibirse mujer y comenzaron a circular fotos suyas haciendo gimnasia con atuendo con correas de cuero, sadomasoquista.

Cecilia Strzyzowski
La víctima Cecilia Strzyzowski.

Casi en simultaneo, de acuerdo a lo informado por Jornada, un detenido en el penal donde está alojado César Sena, denunció haber sido golpeado para sacarlo de la celda que el Servico Penitenciario destinó para él y la acondicionó con mesa, TV, colchón y permite que reciba delivery de comidas y bebidas, entre otras, según lo que la familia del preso golpeado difundió.

En tanto, Marcela Acuña, una de las siete acusadas con prisión preventiva por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que desapareció el 2 de junio pasado en la ciudad de Resistencia, difundió este martes una carta dirigida a los medios de prensa en la que calificó como una “comedia dantesca” a la investigación fiscal y pregunta por qué si su hijo César Sena es considerado el autor del crimen.La Justicia los incrimina a ella y a su esposo, Emerenciano Sena.

Emerenciano
Emerenciano Sena, padre de César Sena y líder del clan.

“¿Por qué si fue César (mi hijo) responsable nos incriminan a nosotros?”, preguntó Acuña, de 51 años, ex suegra de la víctima y acusada como coautora del “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas” de Cecilia, en una carta difundida a los medios de comunicación. En 2 hojas escritas de puño y letra, la mujer aseguró que ella y su esposo están detenidos “siendo inocentes” en una causa “armada por el partido judicial y radicales”.

“No hay que confundir, una cosa es el hecho del femicidio de Cecilia, repudiable desde todo punto de vista, y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía que, sin pruebas, no solo nos tiene encerrados, paseándonos como trofeos con esposas como delincuentes, sino que nos meten en una causa con una carátula que no se sostiene hacia nosotros con pruebas, solo con supuestos“, expresó.

Marcela Acuña
César Sena (medio), junto a sus padres Marcela Acuña y Emerenciano Sena.

La mujer señaló que el trabajo de dirigente social que realizó su esposo en la provincia de Chaco los hace “culpables, clan, mafiosos para la Justicia”. “Somos inocentes, y aquellos que actúan con malicia que Dios los perdone, han generado mucho dolor, y eso todo Dios lo ve, no se usa el dolor ajeno para posicionarse en una sociedad que cree en los medios de comunicación”, se defendió Acuña.

Por último, la acusada le dedicó un párrafo al fiscal principal de la causa, Jorge Cáceres Olivera: “Terminan de hacerme firmar la prisión preventiva, de seguro será un logro para el fiscal, que el primer día que me conoció me dijo ‘no vas a hacer lo que vos querés’. Amenazante delante de policías antes que estalle esta comedia dantesca organizada por él y su grupo mafioso que quieren ver a Emerenciano derrotado, preso, y a torturar a una mujer como yo por haberse sentido desafiado”. Cecilia desapareció el 2 de junio último tras ingresar a la casa de la familia de su esposo y nunca más se supo de ella.

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

HISTÓRICO: Comenzó el primer juicio por matar a un yaguareté

El juicio oral y público comenzó el martes y se programó para tres jornadas, hasta el jueves, fecha en la que el tribunal anunció que daría a conocer la sentencia. Se trató de un proceso sin precedentes: nunca antes en la Argentina un grupo de personas enfrentó un debate oral por la caza de un yaguareté. “Es la primera vez que logramos llegar a esta instancia judicial en 75 causas en más de 20 años”, destacó Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador y director de la Fundación Red Yaguareté.

El caso se originó a fines de julio de 2024, entre Ibarreta y Estanislao del Campo, en el oeste formoseño. La desaparición de una vaca lechera motivó que el dueño del campo, Máximo Cisneros (61), pidiera ayuda a los changarines Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) para hallarla. Salieron armados y con perros, encontraron a la vaca muerta y, cerca de los restos, vieron al yaguareté. Según relataron, los perros se abalanzaron y la situación se descontroló. “Nos empezó a atacar. Mató dos perros. Los trituró”, contó Viterman. De acuerdo con el expediente, Claudio ejecutó el disparo de escopeta que mató al animal, “aunque eso no mengua la responsabilidad de quienes lo acompañaban”.

Poco después, los cuatro lo carnearon, cocinaron y comieron mientras se fotografiaban sonrientes junto al cadáver. Las imágenes mostraron al animal maniatado, colgado y despellejado. La piel nunca apareció; se especuló con que pudo haber sido vendida. El 27 de julio de 2024, las fotos llegaron al celular de Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien denunció el hecho. Los acusados indicaron luego que las fotos “fueron tomadas por unos vecinos”.

Dos días después de la denuncia, la policía allanó el domicilio de Máximo Cisneros en el Paraje “Las Antolas”, a 15 kilómetros de Ibarreta. El dueño del campo intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por las fuerzas provinciales. El 2 de septiembre, 36 días más tarde, los otros tres acusados —sobre quienes pesaba una orden de captura nacional— se presentaron ante la Justicia con sus abogados. Pasaron casi dos meses detenidos, primero en el Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de Formosa y luego en una dependencia de Pirané, a 110 kilómetros de la capital provincial. El 7 de noviembre obtuvieron prisión domiciliaria con salidas laborales entre las 7 y las 15; sus defensores solicitaron la ampliación de ese horario y la respuesta quedó pendiente. Máximo Cisneros llegó al juicio en libertad.

El viernes 25 de julio a las 9 de la mañana, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León se conectaron a un Zoom para ser entrevistados por Infobae desde Ibarreta, bajo arresto domiciliario y en presencia de sus abogados, Pablo Adrián Cardozo y Ramón Eduardo Cristaldo. Durante la entrevista hablaron por primera vez del caso: “Nosotros no somos cazadores. Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo como se dijo”, dijeron. “Nunca supimos que (el yaguareté) era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir, era la vida del bicho o la nuestra”, sostuvo Claudio. “Nos defendimos como pudimos”, agregó Viterman.

Los tres se definieron como trabajadores rurales sin estudios formales y describieron su situación económica. “Nosotros vivíamos de ese campo. Ahora no tenemos nada”, explicó Hugo. “Fue una cosa fea lo que nos pasó. Primero, porque somos pobres. Segundo, porque dentro de todo antes teníamos cómo vivir, cómo alimentar a la familia. Ahora ni eso”, agregó.

El yaguareté está protegido como Monumento Natural Nacional por la Ley 25.463, la máxima categoría de protección. La causa se calificó como caza de animales silvestres cuya captura estuvo prohibida, agravada por la participación de tres o más personas. Lodeiro Ocampo cuestionó la supuesta legítima defensa: “Estaban en una actitud de caza, iban con armas y perros. El yaguareté no estaba buscando personas para comer. Además, matarlos está prohibido por ley: si alguien decide hacerlo, tiene consecuencias penales y económicas”. Sobre la respuesta de los hombres, añadió: “No hay una definición de qué hacer, pero con unos disparos el yaguareté se va”.

Según la Fundación Red Yaguareté, las manchas del ejemplar funcionaron como huellas digitales y permitieron identificarlo como uno de los cinco registrados en Formosa; ahora quedaron cuatro. En 2023, en Clorinda, también en Formosa, otro hombre fue procesado por matar un ejemplar y debió pagar una caución de 3.770.000 pesos.

El yaguareté, el felino más grande de América, se encontró en peligro crítico de extinción en la Argentina. Se estimó alrededor de 250 ejemplares en todo el país, divididos en tres poblaciones: las yungas de Salta y Jujuy, la región chaqueña (casi exclusivamente en el Chaco seco) y porciones de la selva misionera. En el norte del país se calculó entre 200 y 300 individuos; en el Gran Chaco argentino apenas quedaron 20. La caza furtiva y la degradación de ambientes por acción humana, con escasez de presas, figuraron como las principales amenazas. “Estamos al límite de perder al yaguareté. Si queremos salvar esta especie emblemática y lo que significa para la diversidad, debemos proteger los bosques y terminar con la deforestación”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.

Para la Red Yaguareté, el debate oral que comenzó el 12 de agosto representó “el mayor logro hasta el presente en relación con la persecución y búsqueda de castigos ejemplares a cazadores de yaguaretés. Nunca antes se había dictado prisión domiciliaria por un hecho así”. La organización remarcó que, históricamente, “ninguno de los planes nacionales o regionales para conservar al yaguareté contempló la convivencia del animal y las personas en zonas rurales, especialmente con la ganadería”. Lodeiro Ocampo sostuvo: “La Ley Nacional de Faunas tiene 45 años, está obsoleta. Para esa ley una liebre y un yaguareté es lo mismo. Estamos intentando modificarla para cambiar las penas para las especies que están declaradas Monumento Natural Nacional, es decir, las de mayor nivel de protección, que tengan pena de prisión efectiva”. También señaló que el humano no formó parte de la dieta del felino y que los ataques a personas se produjeron solo cuando el animal se sintió atacado o atrapado.

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