Atentado contra CFK | Capuchetti rechazó el planteo de la vicepresidente y envió a juicio oral a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo

El caso fue sorteado y quedó en manos del Tribunal Oral Federal 6, que es el único que no tiene jueces titulares.
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Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolas Carrizo, los detenidos por el intento de asesinato de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, fueron enviados a juicio oral este lunes, por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti. La magistrada rechazó los argumentos de la querella de CFK, que se oponía a que el caso llegara a debate oral sin profundizar otras líneas de investigación que, no obstante, seguirán abiertas. Por eso declaró cerrada la instrucción y decidió elevar parcialmente la causa.

Por sorteo de la Cámara Federal de Casación Penal, el caso quedó en manos del Tribunal Oral Federal 6, el único que no tiene jueces titulares. Hoy el TOF está integrado por suplentes: Daniel Obligado, Sabrina Namer e Ignacio Fornari, y la intervención de la fiscal Gabriela Baigún.

Tribunal Oral Federal 6
El Tribunal Oral Federal 6, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“La oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar. La querella manifiesta que no luce desproporcionado el plazo de detención que vienen sufriendo los imputados, y que por lo tanto debería priorizarse la persecución de una eventual elevación total de la causa. Sin embargo, como las defensas de los tres encausados vienen señalando en sucesivas presentaciones (con expresa mención al cumplimiento del plazo del artículo 207 CPPN), se impone un rápido avance a la siguiente etapa”, sostuvo la jueza en el escrito.

“Máxime ello, teniendo en cuenta que las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los 3 procesados. Ello, leído de forma armónica con lo puesto de resalto en los apartados que anteceden, imponen el pronto avance de las actuaciones. El propio Superior, ha marcado la línea en tal sentido”, se añadió.

Brenda Uliarte
La detenida Brenda Uliarte.

La jueza subrayó que los cuestionamientos a la investigación por parte de la querella “no resultan novedosos” e incluso algunos fueron analizados en los trámites de recusación que se promovieron contra la magistrada, y que fueron rechazados en las cámaras Federal y Casación. “De la lectura de las diligencias que, a criterio de la parte querellante, deberían sustanciarse de forma previa a someter a juicio a las 3 personas que se encuentran detenidas y procesadas en esta causa, se advierte que se vinculan en su totalidad a cuestiones ya evacuadas o que, en su defecto, en nada se vinculan a dichos imputados”, señaló.

Y advirtió: “Aún sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen“.

Fernando Sabag Montiel
El autor del atentado, Fernando Sabag Montiel.

La resolución de Capuchetti hizo hincapié en el pedido de elevación a juicio que formuló el fiscal Carlos Rívolo: “Si bien el MPF no se ha expedido sobre las medidas que a criterio de la querella se encuentran pendientes, sí ha dejado en clara su postura en torno a las hipótesis alternativas de investigación, que no han sido acreditadas en autos por el momento, aún a pesar del acaudalado material de prueba que se ha reunido”.

Es que, en su dictamen, el Ministerio Público advirtió que “la actividad desplegada por los nombrados para llevar a cabo el ataque no requirió (por sus características) de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios“.

Nicolás Carrizo
Nicolás Carrizo, líder de la banda de “Los Copitos”.

La resolución de la jueza llegó antes de que la nueva defensa de Brenda Uliarte, a cargo de Carlos Telleldin, pudiera hacer alguna presentación en el expediente. El martes pasado la joven acusada de intentar matar a CFK tuvo un episodio “psicótico” en un patio de la cárcel de Ezeiza, donde está presa, porque iba a ser trasladada a los tribunales federales de San Martin por una causa en donde se la investiga por la tenencia de un documento trucho.

Allí iba a volver a encontrarse con Sabag Montiel, también detenido y aislado en la cárcel de Ezeiza. Estaba exaltada. Comenzó a gritar con furia y zamarrear el caño de ducha del patio. Luego el traslado se hizo sin inconvenientes. Al día siguiente, la joven tuvo una entrevista con psicólogos del SPF en donde registró “ideas paranoides persecutorias” sobre la causa judicial y le diagnosticaron un “leve retraso mental”.

Redacción

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Grabois y Fernández Sagasti imputados por malversación de fondos para viviendas

El pasado viernes, el fiscal Carlos Stornelli imputó al piquetero Juan Grabois, a la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, a la militante Ramona Fernanda Miño y a Jorge Tanus, titular del BICE Fideicomisos durante la gestión de Alberto Fernández. Los datos se conocieron tras una auditoría solicitada por el Poder Ejecutivo.

La investigación se centra en posibles irregularidades en los Fondos de Integración Socio Urbana (FISU). Los montos del desfalco implican fondos para la construcción de viviendas sociales por 1 millón de dólares, entregados entre 2020 y 2023, que se habrían utilizado para campañas políticas, viajes y demás gastos que no se rindieron. Según la auditoría del gobierno de Milei, se presupuestaron 6.517 viviendas pero se finalizaron apenas 400.

También se investiga el crecimiento desproporcional de empleados del FISU, cifra que pasó de 60 a 600 trabajadores, de los cuales estaban todos afiliados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), partido fundado por Grabois.

“Resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023″, indica el dictamen del fiscal Stornelli entregado al juez Sebastián Ramos.

Según el documento oficial la administración de los fondos que integran ese fideicomiso se encontraría en manos de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA) a cargo de Anabel Fernández Sagasti, Jorge Tanus, y por la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Ramona Miño, quien a su vez sería integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Redacción

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“Fue una persecución política que les salió mal” | Habló el abogado de El Presto luego de que la Justicia lo absolviera

El miércoles 15 de mayo el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, declaró la absolución del periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, quien había sido denunciado por Adán Humberto Bahl, exvicegobernador de Entre Ríos y exintendente de Paraná, por “instigación a cometer delitos”.

La decisión del juez fue destacada por el abogado de El Presto, Augusto Lafferriere, como “un fuerte espaldarazo a la libertad de expresión y de ideas que tiene todo ciudadano. Fue una persecución política que les salió mal”. Considerando que Entre Ríos ha sido históricamente gobernada por el peronismo, Lafferriere calificó el fallo de Brugo como “valiente y fundado en derecho”.

El momento en que la Justicia absuelve de culpa y cargo a El Presto

“No podemos desconocer el tinte político de este caso”: al momento de la denuncia, Adán Bahl era el candidato a gobernador de Entre Ríos. Aunque el delito investigado es relativamente menor en comparación con otros en el Código Penal, el Ministerio Público Fiscal tomó el caso. Según Lafferriere, “normalmente, este tipo de situaciones se archivan en menos de cinco días, ya que hay casos mucho más importantes y, por el principio de oportunidad, el Ministerio Público Fiscal no puede perseguir todos los delitos que se denuncian”.

La denuncia contra el periodista fue presentada el 5 de mayo de 2020, cuando el peronismo consideraba a Bahl como el futuro gobernador de Entre Ríos, sucediendo a Bordet. Sin embargo, el destino se torció: la pésima gestión de la pandemia, la crisis económica, el malestar social y la aparición de Milei en la escena política, afectó a las proyecciones del peronismo y la lista de Bahl quedó en segundo lugar, siendo derrotada por la de Frigerio. “El expediente se mantuvo cuatro años porque (Adán Bahl) ya se creía Gobernador. Por eso no fue archivado”, agregó Lafferriere.

LOS CONTUNDENTES ARGUMENTOS DEL JUEZ BRUGO:

El magistrado argumentó que la Fiscalía no pudo acreditar varios aspectos “con posterioridad a la viralización del video”: Se desconocía los domicilios de Bahl y del SUOYEM, no se acreditó que terceras personas hayan visitado el domicilio del exintendente después de la viralización del video, y no se comprobó que alguien haya ido a la casa de Bahl el 7 de mayo de 2020. Tampoco se acreditó el temor que supuestamente generó en la esposa e hijos de Bahl, ya que no se pudo acreditar quiénes eran ni fueron ofrecidos como testigos.

En relación al análisis del video publicado por Prestofelippo, Brugo destacó que era un programa de 55 minutos que abordaba diversos temas, como la liberación de presos durante la pandemia y conflictos laborales. Señaló que el programa tenía un claro discurso político, criticaba decisiones judiciales y utilizaba un tono sarcástico y vehemente. A pesar de que se observaban elementos que podrían constituir delitos públicos, como la apología del delito, el magistrado consideró que el discurso de Prestofelippo, aunque controvertido, no tenía la capacidad suficiente para causar una conmoción social.

La respuesta del periodista a Bahl durante el juicio: “No soy ejemplo de nadie, pero yo no le robo a los entrerrianos ni uso al Estado para perseguir gente”

El juez también mencionó que el “consejo” de Prestofelippo de “quemar la casa de Bahl con su familia adentro” se hizo en un contexto político y vehemente, donde previamente había insultado a Bahl y luego, segundos después del exabrupto, el periodista pidió “perdón por la vehemencia”. Consideró que este consejo, aunque repudiable, no fue serio y fue dado de manera irreflexiva, sin la intención de que se llevara a cabo. En base a estos argumentos, el juez concluyó que no se configuró el delito de instigación a cometer delitos en la conducta de Prestofelippo “advierte una pasión encendida, la vehemencia, la irreverencia, su falta absoluta de apego a las formas, la falta de respeto, es un periodista transgresor, el sarcasmo y el cinismo que utiliza para comunicar”.

Redacción

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El Min. de Justicia detectó 100 expedientes truchos que cobraron indemnizaciones de víctimas de la dictadura

En base a declaraciones realizadas Mariano Cúneo Libarona, trascendió que hay 22.500 expedientes en revisión y se analizan “el respaldo documental, la veracidad y legalidad” de la documentación que se presentó en cada caso para cobrar las reparaciones.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80 millones y en total, según reveló el Ministro, la cifra reconocida por el kirchnerismo superó los $14.000 millones. Hasta el momento se detectaron 100 expedientes irregulares y pagos duplicados.

La Justicia investiga una supuesta asociación ilícita, que se dedicaba a falsificar documentación para cobrar las indemnizaciones y por este motivo, la Jueza María Eugenia Capuchetti ya ordenó notificar de procesamiento firme y embargo de bienes al abogado Omar Enrique Ramón García, que representa a varios de los solicitantes.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80 millones

Según la investigación, en muchos casos se simulaba ser hijos de desaparecidos o víctimas de la última dictadura.

Cúneo Libarona dio el ejemplo de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, donde se procesó por estafa al Estado a un grupo de personas. En el fraude al Estado, estarían involucrados familiares de personas que estaban viviendo en el exterior; es decir, que no fueron desaparecidos.

Redacción

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Ordenan dar de baja 3.000 pensiones de personas que no viven en el país | Le cuestan al Estado $5.842.000.000

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió ayer la solicitud del fiscal federal Guillermo Marijuán para dar de baja unos 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se cobra a través de ANSES, porque incumplen con la normativa de mantener residencia en Argentina. Según los datos de Migraciones, lo que sucedió fue que se inscribieron en el registro como persona mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad y regresaron a su país de origen.

Cada mes, esos 3.000 beneficiarios significaron al Estado un gasto de $449.341.802, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.

Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, investiga a otros 7.512 casos de titulares PUAM que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también infringe la normativa.

El oficio enviado por el fiscal Marijuan a la ministra Pettovello detalla los procedimientos de la investigación preliminar, solicitando la suspensión inmediata de la pensión para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante su vigencia, con el objetivo de frenar posibles conductas delictivas.

Redacción

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Procesaron por abuso sexual a Fernando Espinoza, el intendente ultra K de La Matanza

Este lunes la jueza María Galletti, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, procesó por abuso sexual simple a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, quien fue denunciado hace dos años en la fiscalía N°8 en lo Criminal y Correccional de Capital Federal por su exsecretaria privada, Melody Rakauskas. La magistrada también dispuso un embargo por la suma de $1,5 millones, sin afectar su libertad por el momento.

Rakauskas denunció también haber sufrió varios aprietes e intentos de asesinato. Incluso afirmó que Claudio Letini, por entonces jefe de Gabinete de Espinoza, le habría ofrecido firmar un papel para declinar de la denuncia a cambio de una designación laboral.

La causa contiene dos hechos: uno por el abuso, y el otro por desobedecer la orden de prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la víctima, que se sostiene hasta la actualidad con el la firma de Galletti.

El intendente es considerado “prima facie” responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, en calidad de autor y en perjuicio de la denunciante.

Redacción

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Condenaron a 7 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a intendente K, por robar planes sociales

El Tribunal Oral Penal de Mercedes condenó, la semana pasada, al intendente en funciones de la ciudad Correntina, Diego Martín Caram, a 7 años y 6 meses de prisión por haberse quedado con dinero de los planes sociales.

Caram obsequiando un poncho mercedeño a Cristina Fernández durante una reunión de dirigentes del Frente de Todos en el Instituto Patria, julio de 2019

La investigación inició en 2019 cuando el exintendente, Víctor Cemborain, acercó a un juzgado una fotocopia de una planilla con los nombres y documentos de los vecinos que supuestamente estaban percibiendo planes sociales nacionales sin saberlo.

LA CONDENA

El caso recayó en la fiscalía de Adrián Casarrubia, que pudo contactar a 56 de ellos y todos coincidieron en que nunca habían percibido dinero y tampoco habían gestionado ese tipo de beneficios. Además, negaron que las firmas estampadas en la planilla les pertenecieran. Para el fiscal, el dinero que tenía como destino personas desocupadas o de muy bajos recursos del municipio, terminó en poder de los funcionarios municipales, entre ellos el intendente Caram.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real son los montos punitivos del juicio en el que Caram, junto a otros seis funcionarios municipales, fue juzgado.

Además, el tribunal de juicio también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos y a devolver los fondos públicos sustraídos, pero no accedió a la detención preventiva, tal como había pedido la Fiscalía.

Junto al intendente, fue condenado el contador, Pedro Jorge Brun, quien se desempeña como secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Mercedes a cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Por otra parte, Claudio Javier Deimundo, quien cumplía funciones como Tesorero Municipal, deberá cumplir la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.

Redacción

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