Camporistas HOSTIGAN a periodista que hizo público un caso de ABUSO SEXUAL de concejal K

Una comunicadora se solidarizó con dos víctimas del concejal K Diego Escobedo, acusado de haberlas hostigado y exigido que tengan sexo a cambio de información. Los militantes de la agrupación no la perdonaron.
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En las últimas horas, Gisela se acercó a la fiscalía de General Rodríguez a realizar una denuncia que, según asegura, intentó durante mucho tiempo no hacer, confiando en que las amenazas cesarían en algún momento. Pero no fue así. Llevó como prueba decenas de mails, mensajes de texto y de redes sociales en las que cobardes escudados en el anonimato amenazan con terminar su vida.

La historia comenzó cuando dos mujeres, militantes de La Cámpora, se acercaron a ella para pedirle ayuda por un caso de violencia de género y acoso por parte del concejal local y amigo de Máximo Kirchner, Diego Escobedo. “Si una mujer me pide ayuda, desde mi espacio trato de estar. Es así que cubrí la situación, sobre todo porque estaban siendo hostigadas hasta en sus propias casas”, explicó Gisela a REALPOLITIK.

“Soy una mujer que trabaja en medios de comunicación desde hace unos siete años en General Rodríguez, y llegué a ser una de las más escuchadas en el distrito”, explicó, justificando así la razón por la que las dos víctimas buscaron su ayuda. “Las ayudé porque sé lo que es vivir a diario de este modo. Es horrible. Pensar que en algún momento te van a matar, y no sabés si será cuando dormís o cuando estás haciendo las compras. Te sangra el alma todos los días”.

Fue entonces que Gisela utilizó los medios de comunicación a su disposición para hacer pública la situación de las víctimas de Escobedo. Al tiempo que ocurría esto, el dirigente de La Cámpora era denunciado en la UFI Nro. 9 por violencia de género, hostigamiento y maltratos. No sólo ello, sino que también fue denunciado por exigirle a las mujeres que militaban con él que tengan relaciones sexuales con gente de otras agrupaciones a cambio de información.

Lejos de sostener una postura de contención con las víctimas, los militantes de La Cámpora reaccionaron de forma demagoga y cobarde. Comenzaron a atacar a cualquiera que insinuara que lo que hizo Escobedo estuvo mal, y se ensañaron particularmente con Gisela por hacer pública la alarmante situación.

“Comenzaron con el reparto de mi número personal. Me llegaban mensajes desde números que desconocía. Los bloqueaba y aparecían más. Me enviaban notas de otros medios periodísticos en los que Escobedo aseguraba que las víctimas mentían. Como no les respondí, comenzaron las amenazas por mensajes”, explicó Gisela a este medio.

Pronto la situación comenzó a escalar. “Pocos días después se sumaron las llamadas telefónicas a todas horas del día. Yo no las atendía, y se multiplicaban, todas desde números desconocidos. Tengo reiteradas llamadas hasta la madrugada. Instalé aplicaciones bloqueadoras de llamadas, hice lo que pude. Fue una verdadera tortura”.

Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Todos afirmaban que acabarían con su vida, de distintas maneras y con expresiones con distintos grados de agresividad. Crearon incluso perfiles falsos suyos en las redes sociales, lo que multiplicó los ataques hacia su persona.

Gisela intentó como pudo que los hostigadores se cansen y que el tormento cese, pero nunca ocurrió. Los ataques continuaron y no le quedó otra opción que recurrir a la fiscalía. “Estoy muy cansada. ¿Qué debo esperar? ¿A que efectivicen las denuncias?”.

*Fuente: REALPOLITIK


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Cayó preso el jefe antidrogas de la Policía Federal en Córdoba por robar en los procedimientos

La Justicia Federal de Córdoba detuvo al comisario Alejandro Falcón, hasta hace pocos días titular de la División Drogas Peligrosas (antidrogas) de la Policía Federal Argentina (PFA) en esa provincia bajo la gestión del gobernador Martín Llaryora.

Falcón, de 46 años, quedó alojado en el pabellón para efectivos de seguridad del penal de Bouwer, tras una orden dictada por el juez federal subrogante Carlos Ochoa a pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedian. Junto a él, otros tres policías federales fueron imputados por hechos conexos, aunque permanecen en libertad, algunos con prisión domiciliaria.

A Falcón se le imputan hurto calificado, falsedad ideológica, peculado continuado y dádivas (equivalente a recibir sobornos o prebendas). Estas figuras describen respectivamente, apropiarse de bienes ajenos abusando de su cargo público, adulterar actas o documentos oficiales, malversar bienes del Estado, y aceptar beneficios indebidos por su función.

La causa mezcla episodios de gravedad dispar. Por un lado, se investiga el robo de 1.800 dólares durante el allanamiento a un automovilista y de unos 2 millones de pesos en un procedimiento de secuestro de un vehículo. Según el denunciante, un policía labró un acta con el dinero incautado, pero luego llegó un superior —cuya descripción coincide con Falcón—, rompió esa acta, hizo otra y se quedó con el efectivo.

El episodio más llamativo, sin embargo, surgió de un allanamiento realizado en marzo pasado contra un cultivador de marihuana de 35 años, en el que la División Antidrogas secuestró 37 plantas, 410 semillas y —de forma insólita— diez cráneos humanos (que resultaron ser material de estudio de un estudiante de Medicina).

Días después, el joven se presentó ante la fiscalía de Hairabedian para reclamar la devolución de dos cachorros de pitbull que había entregado durante el operativo, alegando que la entrega no había sido del todo voluntaria. Falcón sostiene que pensaba incorporarlos al adiestramiento canino de la fuerza.

Una subordinada de Falcón denunció un patrón más amplio de conductas irregulares, involucrado en llevar a un amigo como testigo falso en los procedimientos (hecho que ya se habría comprobado), junto con la presunta liberación de zonas para el accionar narco, y el uso de un patrullero y combustible oficiales para viajar todos los fines de semana a Rosario y Santa Fe a visitar a su pareja, maquillando los comprobantes de esos traslados.

Falcón admitió los viajes pero los justificó como una mudanza progresiva, y para el resto de las acusaciones sostuvo que existe un policía con parecido físico a él. En su declaración indagatoria negó todas las imputaciones y argumentó que vive “ajustado”, con diez créditos tomados en el Banco Nación, lo que —según su defensa— vuelve poco creíble que necesitara robar. La Justicia espera el resultado de la apertura de cuatro celulares secuestrados para determinar la verdad de los distintos relatos.

El costado político que complica a Monteoliva

El caso trasciende lo policial porque golpea a la administración de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, de quien depende la PFA. Monteoliva es cordobesa, politóloga por la Universidad Católica de Córdoba, con una larga trayectoria en gestión de seguridad junto a Patricia Bullrich (a quien sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025) y antecedentes como ministra de Seguridad provincial en 2013.

El escándalo estalló justo cuando circulaban versiones sobre una eventual candidatura a diputada nacional de Monteoliva por Córdoba de cara a las elecciones de 2027, y opacó una visita que tenía planeada a la capital cordobesa. Además, medios señalan que se trata del segundo episodio de fuerte repercusión que compromete a la Policía Federal bajo su gestión en pocos meses, lo que refuerza la idea de un patrón de descontrol dentro de la fuerza que ella conduce.

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