16 julio, 2024

Arrancó el juicio contra Mariano Bruera por asociación ilícita y sobornos

Mariano Bruera, hermano de Pablo Bruera ex intendente K de la Plata, está siendo juzgado por "asociación ilícita y cohecho" en la causa denominada "Coimas en el plan Procrear".
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La declaración de Guillermo Andreau, el denunciante de la denominada causa “Coimas en el Procrear”, comenzó a generar ruido entre los pliegos de la sociedad platense. Tal como se informó, en este juicio oral son juzgados los ex funcionarios municipales de La Plata Mariano Bruera, Enrique Sette, Gustavo Petró y el empresario Gustavo Orlandi.

La causa se inició por la denuncia del ingeniero agrónomo y empresario platense Guillermo Andreau en el año 2014. Según aseguró, los entonces funcionarios del Gobierno municipal le pidieron 220 mil dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan de viviendas Procrear.

https://twitter.com/Belisario_M/status/819728796509229056

De acuerdo con la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados “reserva urbana” y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas. Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado durante la gestión del ex intendente Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que el empresario recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.

“Yo había terminado los trámites de rezonificación, esa noche estaba con amigos tomando café en Bliss”, la tradicional cafetería de City Bell, “y recibo un llamado telefónico, salgo para hablar y cuando regreso les comento ‘estos bandidos me quieren coimear’ (para que se aprueben los expedientes de rezonificación), a lo que el martillero Santiago Mamberto me aconseja que radique la denuncia, así empezó todo”, recordó el denunciante. Ante este panorama, la fiscal de juicio Victoria Huergo citará a declarar al profesional mencionado,

Frente de Todos
El ex intendente platense, Pablo Bruera.

“Cuando fui a denunciar, el fiscal (Jorge) Paolini me dijo ‘todos sabemos que en La Plata hay mucha corrupción, pero nadie se anima a denunciarla’, y enseguida me dijo si aceptaba que me intervengan el teléfono y acepté. Yo nunca pensé que los iba a meter presos a todos, yo lo único que buscaba era que frenaran con los pedidos de coimas”, aseguró Andreau.

Con la denuncia radicada, siguió los consejos del fiscal, quien le dijo “hablá por teléfono con todos” y así se obtuvieron las escuchas telefónicas. En ese derrotero de relaciones para lograr que avance la investigación, lo fue a ver al ex funcionario Jorge Campanaro. Cuando le comentó la situación, escuchó lo que se imaginaba. Según declaró bajo promesa de decir la verdad, sostuvo que este le respondió: “Esto es una colaboración que hay que hacer, dejame ver que lo voy a hablar con Pablo”, en relación al ex intendente, hermano de Mariano, uno de los acusados.

Mariano Bruera
El hermano del ex intendente kirchnerista Pablo Bruera, Mariano Bruera.

En otro pasaje de su relato, Andreau recordó otra promesa de Campanaro, quien le dijo según sus dichos: “Ahora Pablo (Bruera) está ocupado, dejame hablar con él para ver qué quita te podemos hacer”. Además aseguró que el ex funcionario municipal tuvo en crecimiento exponencial en muy poco tiempo de su patrimonio personal y rememoró que existieron quejas por construir edificios sin tener las habilitaciones aprobadas. Sobre el pedido de coimas que recibió, dijo: “Me cuesta creer que todo termine en Campanaro”, en referencia a que tiene la sospecha personal que la mayor parte de la presunta recaudación de sobornos terminaba en manos del entonces intendente.

Por estos dichos es que la fiscal solicitó que se extraiga copia del testimonio y se remita a la fiscalía en turno para que se abra una investigación sobre el ex concejal radical, abogado y empresario Campanaro, quien fue uno de los fundadores del Frente Renovador Platense con el que Pablo Bruera llegó a la Intendencia de La Plata en el año 2007 y se despidió de ella en diciembre de 2015.

Guillermo Andreau
Guillermo Andreau, vecino de La Plata y denunciante.

En su derrotero, Andreau también mantuvo conversaciones telefónicas con el ex funcionario municipal Ricardo Ridick, quien le refirió: “A mí me echaron por no pedir coimas”. Este figura como testigo en la causa y será citado a declarar en las próximas audiencias.

Mientras se desarrollaba la primera audiencia del juicio oral, un grupo muy pequeño de militantes instalaron un gazebo en la esquina de 8 y 56 en apoyo a los acusados, en particular a Mariano Bruera. No más de ocho personas se acercaron a expresar su acompañamiento.

Ulises Catriel Cuenca

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Fiscalía pide cuatro años de prisión para Guillermo Moreno por manipular el INDEC: “Bajaba los índices a martillazos”

Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski solicitaron cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, acusado de manipular los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para ocultar los verdaderos niveles de inflación.

Moreno enfrenta cargos por abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal —compuesto por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini— es el encargado de juzgar el caso.

La misma condena fue solicitada para Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, mientras que para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda se pidieron dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La “intervención de facto” de Moreno: Bajar los índices “a martillazos”

La investigación se inició en 2007 a raíz de una denuncia presentada por la asociación civil “Asamblea por los Derechos Sociales”, basada en publicaciones periodísticas que denunciaban irregularidades en el desplazamiento de la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua. Según las acusaciones, Moreno habría ordenado a Bevacqua revelar datos confidenciales sobre los comercios utilizados para medir la inflación, y al negarse esta, fue reemplazada por Paglieri.

Fiscales que pidieron la condena para Moreno: Diego Luciani (medio) y José Ipohorski (izquierda)

El fiscal Luciani afirmó que Moreno llevó a cabo una “intervención de facto” del INDEC para bajar artificialmente la inflación, sosteniendo que “a martillazos bajaban los índices”. Según Luciani, desde la llegada de Paglieri, se extraían a diario copias de los formularios del índice que luego eran sacadas del organismo por Paglieri, con la colaboración de Filia y Cámpora Avellaneda.

Las anteriores condenas a Moreno

Los fiscales también solicitaron abrir una investigación contra la exministra de Economía, Felisa Miceli, argumentando que el INDEC dependía de su Ministerio, por lo que se debe evaluar su posible implicación en los delitos. Además, se describió un sistema de control y coerción dentro del INDEC, donde incluso se habría llegado a encerrar a empleados en oficinas y retirarles contraseñas o tareas.

Guillermo Moreno ya enfrentó otros juicios: En octubre de 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado, y en julio de 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas.

Felisa Miceli, exministra de Economía

El juicio actual continuará con los alegatos de las defensas el próximo miércoles 10 de julio. Luego, los jueces determinarán la fecha para la audiencia en la que se dará a conocer el veredicto final. Moreno, por su parte, negó las acusaciones, argumentando que su gestión no dependía del INDEC y que simplemente utilizaba la “conversación de los precios” para su trabajo.

Redacción

info@data24.com.ar

Capitanich y Aníbal en el banquillo de acusados | Arranca el juicio por corrupción en Fútbol Para Todos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó el juicio contra 14 personas, incluidos exfuncionarios y dirigentes del fútbol, por irregularidades y desvío de fondos en el programa “Fútbol Para Todos”. Este programa, impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), buscaba televisar de manera pública y gratuita los partidos de fútbol entre 2009 y 2015. La próxima audiencia está fijada para el primero de julio.

En el banquillo de los acusados se encuentran figuras prominentes del kirchnerismo como los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto. Junto a ellos, también están acusados varios exdirectivos de la AFA, como Luis Segura y Miguel Ángel Silva, así como directivos de Futbolistas Argentinos Agremiados y representantes de entidades crediticias involucradas en el escándalo financiero.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Miguel Ángel Osorio y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Andrea Garmendia Orueta, acusa a los imputados de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. En particular, se señala a Fernández y Segura como autores de estos delitos, mientras que Capitanich está imputado por violación de los deberes de funcionario público.

Durante la primera audiencia, el tribunal integrado por Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, escuchó la acusación fiscal que detalla cómo los fondos públicos destinados al programa fueron desviados a cuevas financieras mediante maniobras fraudulentas. Según la fiscalía, estos desvíos resultaron en un significativo daño al patrimonio público, con fondos que debían fortalecer a los clubes de fútbol terminando en entidades crediticias.

El programa “Fútbol Para Todos” nació con la promesa de ofrecer acceso “libre y gratuito” a los partidos de fútbol y mejorar la situación económica de los clubes. Sin embargo, según la acusación, los objetivos no se cumplieron y los pasivos de los clubes aumentaron. Además, se cuestiona la legalidad de contratos de sponsoreo y la falta de auditorías en los clubes, lo que permitió maniobras de desvío de fondos a través del cobro de cheques en financieras.

Redacción

info@data24.com.ar

Marcelo Peña impulsa un proyecto que pretende condenar con prisión efectiva a las falsas denuncias

El abogado especializado propuso endurecer las penas por falsas denuncias en el ámbito familiar. Argumenta que estas prácticas, mayormente realizadas por motivos económicos y emocionales, no solo afectan a los falsos acusados, sino que también causan un grave impacto psicológico en los niños involucrados.

“Si bien las penas que proponemos son obviamente para ambos padres, el 90% de las falsas denuncias son realizadas por mujeres que, por intereses económicos, patrimoniales y despecho, denuncian situaciones inexistentes que afectan directamente la salud mental de los hijos. Intentamos modificar el Artículo 245 del Código Penal para que, en casos de falsedad comprobada en contextos de género y familia, se aplique una pena de entre 2 y 4 años”, explicó Peña en diálogo con los medios.

Peña subrayó que el objetivo es proteger los derechos jurídicos de los niños, ya que una falsa denuncia puede someterlos a procedimientos judiciales invasivos como la cámara Gesell, terapias y exámenes médicos, con graves repercusiones psicológicas.

“Pedimos esta pena de 2 a 4 años porque el Código Penal prevé que delitos de esta índole puedan tener una pena condicional inicial. Sin embargo, en casos de reincidencia, buscamos establecer una pena efectiva para disuadir estos comportamientos. La doctrina del caso Góngora marcó un precedente al suspender la posibilidad de juicio en suspenso en estos contextos. Las falsas denuncias no deben ser tratadas con contemplación, ya que pueden agravar las condiciones psicológicas del niño”, afirmó el abogado.

“Cuando un niño pasa cuatro años sin ver a sus padres, abuelos y tíos, se produce un quiebre psicoemocional difícil de superar”, aseguró Peña a la Agencia de Noticias Fueros, quien defiende a varios padres en esta situación. “Las falsas denuncias, a menudo alentadas por abogados inescrupulosos, generan acusaciones absurdas que, aunque sean descartadas, siguen afectando injustamente a los padres o madres y a los menores involucrados”, añadió.

“Queremos que la falsa denuncia no sea una herramienta o instrumento”

El abogado señaló que actualmente las penas por falsas denuncias son mínimas, de 2 meses a 1 año en suspenso, y propone que pasen a ser de 2 a 4 años de prisión efectiva sin posibilidad de probatoria.

“Buscamos modificar el Código Penal porque, además del sufrimiento de los padres y de los menores, miles de horas del sistema judicial argentino se pierden en esta problemática que tiene consecuencias devastadoras para los niños. No queremos que la falsa denuncia se convierta en un instrumento para litigar durante una separación”, concluyó Peña.

Redacción

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Tras la condena a Alperovich, tiembla Fernando Espinoza

“No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe”, había escrito en una carta abierta la sobrina del condenado exgobernador de Tucumán y exsenador del peronismo.

En paralelo a conocerse la sentencia a 16 años de prisión e inhabilitación permanente a ocupar cargos públicos de parte del condenado José Alperovich, está la situación del procesado intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Un caso similar donde una mujer lo denunció al Barón matancero de haber abusado sexualmente, al compartir una cena en el departamento de la víctima. Según consta en la denuncia, ella se habría negado ante la insistencia del político que se le tiró encima. Luego, se señaló que el jefe de gabinete del intendente la habría presionado para retirar la demanda.

La pregunta que cabe, aguardando la decisión en este caso de la justicia es, ¿Cómo estando procesado, Espinosa, no se hizo a un lado de la gestión municipal?

Con Alperovich, el partido peronista tomó la debida distancia ante el increscendo del escándalo. En cambio, a Espinoza lo siguen bancando sobre todo en el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. Fotos con el gobernador Kicillof y varios actos oficiales de fingir demencia o hacer de cuenta que “aquí no pasó nada”.

También es cierto que colectivos feministas no hicieron igual hincapié en estas dos causas que en otras de también impacto como las del actor Juan Darthes, también condenado pero por la justicia brasileña.

Cuenta la historia que la moral de Cristina le hizo bajar el pulgar de un dirigente cercano cuando descubrió que le era infiel a su mujer, encima ella muy cercana colaboradora, entonces, de la ex presidenta.

¿Ser infiel resultaría más gravoso que ser abusador de mujeres?

Quizás Alperovich corrió con la mala suerte de no ser un dirigente con vigencia de poder. Su esposa, Beatris Rojkés, cultivó mucha cercanía con Cristina cuando la líder del kirchnerismo era presidenta. La reemplazó en la primera magistratura ante uno de sus viajes. El actual mandatario tucumano aliado de Milei, Osvaldo Jaldo, intentó ubicar a una de las hijas de Alperovich en la Secretaría de la Mujer. Agrupaciones feministas tucumanas alertaron de la barrabasada que hubiera sido la medida.

El magistrado que condenó a Alperovich es Ramos Padilla, un viejo conocido de la justicia. Cercano a organismo de derechos humanos y ex miembro de Justicia Legítima, actuó leyendo un cambio de época. No está nada mal para comenzar a soñar que muchos otros lo imiten.

*Con información de Expediente Político (Horacio Caride)

Redacción

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Río Negro | La Justicia podría voltear al Partido Libertario: ¿crisis en el armado de Karina Milei?

La Justicia Federal de Río Negro puso en jaque a La Libertad Avanza al exigir la presentación de las actas originales de constitución del partido en esa provincia. Esta medida surge tras una denuncia por falsificación de firmas, lo que podría desencadenar una crisis en el armado del partido a nivel provincial y afectar los planes políticos de la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei.

El juez federal Hugo Greca ordenó que el apoderado del partido, Jonathan O’Rourke, entregue la documentación original para verificar la autenticidad de las firmas, tras las acusaciones de Ariel Zúñiga, vicepresidente de la Junta Promotora de La Libertad Avanza. Zúñiga aseguró que las firmas que aparecen como suyas en las actas de constitución del partido fueron falsificadas, añadiendo que no fue convocado a los actos donde supuestamente firmó y que otras personas en la misma situación también habrían sido víctimas de esta maniobra.

Hugo Greca

El documento judicial, presentado la semana pasada, se basa en que las firmas en las Actas N° 3 y 4 de la Junta Promotora son apócrifas, lo que podría llevar a la nulidad de los trámites para la conformación del partido. Zúñiga apuntó directamente a Lorena Villaverde, diputada y responsable del armado del partido en Río Negro, acusándola de orquestar estas maniobras ilegítimas con la intención de obtener el “sello partidario” a toda costa.

En respuesta a la denuncia, el juez Greca dio un plazo de cinco días hábiles para que los miembros fundadores del partido se expidan respecto al contenido de las actas mediante un instrumento con firmas certificadas. Además, se llevará a cabo un peritaje caligráfico para determinar si las rúbricas son falsificadas.

Para La Libertad Avanza, la situación ya es un gran problema: podría significar un golpe devastador para sus planes de expansión. La formación de la estructura partidaria en Río Negro, ya estaba envuelta en controversias debido a la presentación de fichas de adhesión irregulares, y ahora la amenaza de anulación de las firmas podría sepultar las aspiraciones de Karina Milei, quien tenía previsto contar con cinco provincias operativas para las próximas elecciones de medio término.

La legisladora nacional, Lorena Villaverde, junto a Ariel Zúñiga, el vicepresidente de la Junta Promotora

La posibilidad de que se caiga el partido en la provincia patagónica llevó a la renuncia de Martín Iriarte, uno de los miembros de la junta promotora, y aumentó la tensión contra Villaverde dentro de las filas libertarias.

En caso de confirmarse la falsificación, el proceso de formación del partido se vería afectado por plazos más largos de los disponibles antes de la competencia electoral, lo que podría forzar a Villaverde a buscar otro partido bajo el cual presentarse como candidata a senadora.

Redacción

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CERCA DEL JUICIO FINAL | Confirmaron el procesamiento de Espinoza por abuso sexual

Mientras se muestra en actos oficiales acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó más cerca del juicio oral en su contra por abuso sexual contra una ex empleada suya.

Este miércoles, la Justicia confirmó el procesamiento del funcionario público bonaerense, en la causa por abuso sexual, tras la denuncia de su ex secretaria privada, quien lo acusó de “tocamientos impúdicos” e intento de violación.

La resolución fue tomada por la Sala VII de la Cámara del Crimen, que rechazó la apelación del referente del peronismo provincial y lo dejó al borde del juicio. Con las firmas de los jueces Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto, se complica la situación procesal de Espinoza.

El fallo, también convalidó la acusación por “desobediencia”, que se había hecho en primera instancia, luego de que el mandatario matancero desoyera “la orden de no tomar contacto ni directa ni indirecta con la víctima”, ya que le ofreció dinero a cambio de que levante la acusación en su contra.

Por ello, la Justicia le trabó un embargo por 1.500.000 de pesos a Espinoza, mientras avanza la causa que intenta desentrañar lo ocurrido el 10 de mayo de 2021, cuando la mujer que tenía 32 años y recientemente había empezado a trabajar para el intendente de manera informal, se sintió intimidada y abusada por el ex presidente del PJ bonaerense.

En ese momento, la jueza de primera instancia Fabiana Galletti, entendió que “la damnificada padeció inesperadamente los tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin su consentimiento por parte de quien se trataba su jefe en ese entonces y de una persona pública, y de la manera que pudo denunció lo ocurrido, con angustia y perturbada producto del accionar sorpresivo y deliberado del imputado de avasallar su libertad sexual aprovechando su autoridad, que la coloca naturalmente por su rol en una situación de desventaja”.


Redacción

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