16 septiembre, 2025

ARA San Juan: La jueza habló de la causa y adelantó que aún no se pudo determinar qué pasó

A cinco años de la tragedia, la jueza Marta Yáñez se refirió a la investigación que lidera y se mostró pesimista por el avance de la causa.
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A cinco años de la tragedia del ARA San Juan que terminó con la vida de sus 44 tripulantes, la Justicia trabaja en pericias técnicas e informáticas sobre los tres discos rígidos con más de 67.000 fotos y registros fílmicos que aportó Ocean Infinity, la misma empresa que localizó el submarino a 907 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica.

La jueza federal de Caleta, Marta Yáñez dio declaraciones acerca del avance de la investigación, pero se mostró pesimista ante los posibles resultados: “Esta tragedia va a llevar a que el resultado final no sea, quizás, satisfactorio para todo el mundo“, señaló y se lamentó ante la imposibilidad de “poder bajar a peritar el arma submarina”.

Tripulantes del ARA San Juan

La jueza también cargó con las eventuales responsabilidades políticas que los familiares le atribuyeron al entonces presidente, Mauricio Macri; el exministro de Defensa, Osar Aguad y el jefe de la Armada de ese momento, el almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur. A pesar de la insistencia de los familiares de las víctimas y varios funcionarios kirchneristas, en noviembre del 2020 al confirmar los procesamientos del contralmirante Luis Enrique López Mazzeo; los capitanes de navío Claudio Villamide y Héctor Aníbal Miguel Correa -por incumplimiento de los deberes y estrago culposo agravado- la jueza no consideró que existieran méritos para llamar a indagatoria al expresidente, sus exfuncionarios y Srur.

Yáñez explicó que Ocean Infinity aportó a la causa judicial un mosaico de imágenes del lecho marino, el campo de escombros y material que muestra cómo quedó la nave, que por la implosión pasó de tener 66 metros de eslora a 33 metros, según detalló: “No se puede terminar de establecer qué pasó ahí adentro, por lo que todos los elementos son necesarios“, agregó la magistrada.

Marta Yáñez

“Las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia y las nuevas prioridades que el mundo enfrenta con la guerra entre Rusia y Ucrania dificultan la colaboración que ya en 2018 habían comprometido Estados Unidos y Francia, por ejemplo, para ofrecer peritos submarinistas. Eso es fundamental para la constitución de una junta de técnicos e ingenieros navales, destinada a graficar el modo en que se habría producido la implosión”, explicó la jueza que, además, solicitó información a la Cancillería sobre qué países cuentan con peritos submarinos.

También está a la espera de que prosperen las gestiones ante el Consejo de la Magistratura para que el juzgado pueda aportar elementos tecnológicos requeridos para el avance de la investigación.

Homenaje a las 44 víctimas del hundimiento del ARA San Juan

Tras solicitar 30 días de prórroga para los estudios técnicos e informáticos, la Cámara Federal le informó a la jueza que ordene la pericia técnica a una junta de expertos submarinistas e ingenieros navales, una medida que consideró “necesaria para el total esclarecimiento de estos hechos, que revisten de gravedad inusitada en nuestro país”.

Seguidamente afirmó que esta tarea “permitirá despejar cualquier posible duda sobre los motivos que habrían justificado la decisión de manipular la válvula E 19 en la navegación de julio -cuatro meses previos a la tragedia- y, conociendo el sistema de ventilación del submarino, si alguna otra válvula del sistema de ventilación puede encontrarse comprometida o haber sido manipulada”, advirtió.

Tras la tragedia, pasaron a retiro al excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide

Tras exponer la complejidad que conlleva avanzar en esta investigación la magistrada comentó: “No paramos de trabajar un solo día y muchas cosas demandaron mucho tiempo. En 2021 siguieron los coletazos de la pandemia y tuvimos que tomar testimonios por Zoom a miembros de la Armada y exjefes de la fuerza retirados”.

En paralelo se refirió a las sanciones disciplinarias aplicadas por el Consejo de Guerra de las Fuerzas Armadas que determinaron que el capitán Villamide había tenido a su cargo la dirección de la Fuerza de Submarinos, en Mar del Plata: “Pedí al Consejo de Guerra todas las pruebas y fundamentos de su decisión para contar con más elementos en la investigación judicial, pero no terminan de enviármelas”, concluyó.

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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