Alberto nombró en Atucha a una peluquera que conoció por Facebook
Valeria Yolanda Araujo, una peluquera de 44 años, fue nombrada en Nucleoeléctrica Argentina S.A. por expreso pedido del expresidente, Alberto Fernández. Cobra un sueldo de $2 millones sin tener antecedentes laborales ni experiencia en el sector.
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En un polémico nombramiento, Valeria Yolanda Araujo, peluquera de oficio, fue designada en 2021 en Nucleoeléctrica Argentina S.A. por expreso pedido del entonces presidente Alberto Fernández.
La empresa, encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, es conocida por exigir altos niveles de calificación académica y experiencia técnica a sus empleados, condiciones que Araujo no cumplía al momento de su incorporación.
Nucleoeléctrica, una empresa que requiere un currículum altamente especializado para acceder a sus puestos, parece haber hecho una excepción con Araujo. A pesar de no contar con la formación universitaria ni la experiencia técnica requerida para la mayoría de los puestos en la empresa, Araujo fue colocada en un cargo administrativo con un salario de $2 millones mensuales, una suma que supera incluso el piso salarial para empleados con mayor calificación.
El origen de esta controvertida designación parte de las redes sociales: Fernández habría conocido a Araujo a través de Facebook y, aprovechando su cercanía geográfica a la planta de Nucleoeléctrica en Lima, partido de Zárate, solicitó su contratación de manera directa. Esta acción no sería un caso aislado, ya que se ha señalado que el ex presidente solía realizar este tipo de nombramientos, colocando en cargos estatales a personas de su entorno o recomendadas por conocidos.
Desde su nombramiento, Araujo ha mantenido un perfil bajo, eliminando su presencia en redes sociales y evitando cualquier exposición pública. Según testimonios de empleados de la planta de Atucha, Araujo realiza tareas administrativas básicas, similar a las de cualquier empleado en su posición. Sin embargo, su salario y la forma en que accedió al cargo generó malestar entre quienes sí cumplen con los estrictos requisitos para trabajar en la empresa.
A pesar de la polémica, la peluquera continúa en su puesto, cumpliendo con el horario y las tareas asignadas. Sin embargo, el cambio de gestión en Nucleoeléctrica, ahora bajo control del nuevo gobierno, podría poner en revisión estas y otras designaciones realizadas durante el mandato anterior. Santiago Caputo, mano derecha del presidente Milei, junto con Alberto Lamagna y Luis Fasanella, quienes ocupan los cargos de presidente y vicepresidente respectivamente, se enfrentan a la tarea de reestructurar la empresa, lo que podría incluir una reducción significativa del personal, afectando a entre 500 y 1.000 empleados.
La Dirección General Impositiva (DGI) denunció a la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta evasión impositiva y maniobras de lavado de dinero. La presentación se radicó en la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora y señaló que la firma se habría usado para lavar activos y movió alrededor de $818.000 millones, además de evadir más de $3.300millones del denominado Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025.
La investigación tomó cuerpo cuando agentes de ARCA detectaron un patrón que se repitió en distintos expedientes: cuentas pertenecientes a personas de bajos ingresos que recibieron montos siderales en efectivo y que, de inmediato, derivaron esas sumas hacia billeteras virtuales. Ese movimiento, habitual para eludir controles, terminó por señalar a Sur Finanzas como uno de los nodos principales del circuito.
– Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas
Según la denuncia, la DGI detectó la maniobra de presunto lavado de activos a través de la billetera virtual de Sur Finanzas, mediante pagos con QR, terminales SurPos y links de pago, con operaciones que movieron (hasta abril pasado) unos $818.000 millones. Las sospechas se consolidaron cuando se comprobó que el 31% de quienes realizaron movimientos de dinero eran “sujetos no categorizados”, sin inscripción en ARCA.
La financiera surgió hace pocos años en la localidad bonaerense de Adrogué, partido de Lomas de Zamora. En 2022 se creó con la denominación Neblockchain S.A. y empezó a funcionar como operadora de criptomonedas y billetera virtual. A fines de 2023 tomó impulso en torno a la gestión de criptoactivos y servicios digitales y, en agosto de 2024, modificó su nombre para pasar a llamarse Sur Finanzas PSP SA. En apenas cuatro años, el emprendimiento pasó de operar con tres empleados a manejar más de veinte sucursales dedicadas a préstamos, cambio de divisas y servicios digitales.
En lo formal, la firma quedó ligada a la familia Vallejo. La financiera, cuya presidenta era Graciela Vallejo y cuyo vicepresidente era Maximiliano Ariel Vallejo, tuvo como figura central a Ariel Vallejo, señalado como el hombre a cargo de la empresa y cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. En las redes sociales, Vallejo se mostró con dirigentes y figuras del fútbol, acompañado por la frase “Somos la billetera del futbol”. La denuncia indicó que Sur Finanzas era “en lo formal” propiedad de Ariel Vallejo, quien figura como investigado por presunto lavado de dinero.
El vínculo con el mundo del fútbol se extendió más allá de las fotos. Durante la gestión de Tapia en la AFA, Sur Finanzas actuó primero como anunciante y luego como prestamista de distintos clubes del fútbol argentino, especialmente de primera división. La firma logró que el Torneo de la Liga Profesional se llamara “Copa Sur Finanzas” y también se convirtió en sponsor de la camiseta de Racing de Avellaneda. Además, colocó importante publicidad en el club de Tapia, Barracas Central, y en otros equipos.
Detrás de la estructura formal, los investigadores describieron un circuito basado en prestanombres y contribuyentes de bajo perfil fiscal. Para ARCA, las inconsistencias mostraron una estructura sostenida apoyada en terceros que ocultó al verdadero dueño del dinero. Los casos individuales ilustraron el alcance de la maniobra.
– El 24 de octubre, dos días antes de las elecciones, Vallejo creó cuatro empresas en Miami (La Nación)
En uno de los expedientes apareció la constructora TAR, que recibió más de $6.000 millones sin relación con su actividad declarada y derivó parte de esos fondos hacia una casa de cambio comprada por el propio Ariel Vallejo. En paralelo, en la causa Andis se detectó que dinero manejado por otros imputados habría terminado invertido en criptomonedas a través de “Neblockchain”, el nombre anterior de Sur Finanzas PSP.
La investigación también se concentró en monotributistas con niveles de facturación incompatibles con los montos operados. Un contribuyente inscripto en la categoría “D”, que facturó menos de $5 millones en 2024, movió más de $230 millones y registró operaciones digitales por $87.000 millones, además de comprar un BMW valuado en casi $99 millones. Otro monotributista, de categoría “A”, manejó $7.000 millones en apenas cuatro meses y realizó retiros por $176 millones en el exterior, pese a declarar como único bien un vehículo modelo 2008.
En el plano tributario, la DGI sostuvo que Sur Finanzas no pagó el Impuesto a los Débitos y Créditos, conocido como Impuesto al Cheque, que debía cobrar a las empresas que operaron con sus sistemas y a las personas no alcanzadas por las excepciones previstas en ese régimen. De acuerdo con los cálculos del organismo, la evasión acumulada desde el inicio de las operaciones en 2022 hasta abril de este año ascendió a $3.327 millones.
La avanzada oficial contra la financiera se produjo en medio de las críticas al presidente de la AFA por recientes irregularidades en el ámbito deportivo, como la entrega de un sorpresivo título a Rosario Central por una sumatoria de puntos y no por haber ganado un certamen concreto, y las sospechas sobre Pablo Toviggino, ladero de Tapia, por su presunta influencia sobre los arbitrajes. En ese contexto, la denuncia penal contra Sur Finanzas apuntó a desarmar la estructura que, según la DGI y ARCA, utilizó billeteras virtuales, criptoactivos y prestanombres para mover enormes volúmenes de dinero por fuera de los controles fiscales.
La Justicia de Tucumán dictó como medida cautelar prohibir al canal de televisión Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y a los trabajadores de dicha empresa realizar críticas a jueces y fiscales. La decisión judicial generó reacciones negativas y la Asociación de Prensa (APT) de esa provincia calificó que el fallo constituye “un atentado directo a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada”.
La resolución, firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, prohíbe durante seis meses a una de las principales empresas de comunicación de Tucumán y a su personal emitir contenidos que desacrediten o cuestionen la labor de fiscales y jueces provinciales. El fallo advierte que cualquier incumplimiento será sancionado por “desobediencia judicial”.
La sentencia, fechada el 4 de noviembre, responde a una denuncia presentada por el ministro fiscal de la Corte Suprema Provincial, Edmundo Jesús Jiménez, contra Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, director y presidente de CCC. Se lo acusa de “entorpecer y ofender el ejercicio de funciones públicas, ejercer coacción institucional e incitar a la violencia o al descrédito institucional” a través de su labor periodística.
El conflicto de fondo surge por el malestar del jefe de los fiscales tucumanos, luego de que en distintas entrevistas y programas emitidos por CCC se cuestionara el desempeño de los fiscales alineados con Jiménez en “causas de alto perfil público”. Según la sentencia, el propietario del medio de comunicación habría “llevado a cabo una campaña pública de hostigamiento y ataque mediático contra distintos fiscales”.
El texto agrega que en CCC se compartirían “expresiones tendenciosas, descontextualizadas y maliciosas” con la intención de distorsionar hechos investigados y el objetivo de “socavar la confianza pública en la administración de justicia”.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, al ser consultado sobre la controversial resolución, respondió ante la prensa: “Son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones”.
Además, consideró que “hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa. Tienen la vía judicial. Y esto es lo bueno que tiene la democracia y que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno”, remarcó.
En paralelo, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) cuestionó la medida y planteó que “afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía”, y su aplicación “pondría en riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos de raigambre constitucional, además de representar un claro acto de censura previa”.
Por su parte la APT señaló en un comunicado: “La Constitución Argentina en su art. 14 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 13 son contundentes al prohibir toda clase de censura previa directa o indirecta como garantía de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esta garantía se refuerza cuando se trata de asuntos de interés público y funcionarios públicos”.
Y concluye: “Por dicho motivo, no es viable ninguna clase de censura previa legislativa, administrativa o judicial. Solo proceden las responsabilidades ulteriores que puede generar lo expresado siempre que estén fijadas por ley y sean proporcionales”.
El desempeño electoral del peronismo en todo el país y, especialmente, en la provincia de Buenos Aires, reavivó la interna peronista y la hizo estallar por los aires. La misma noche del domingo comenzaron los reclamos cruzados y los pases de factura. En tierras bonaerenses, La Cámpora apuntó contra Axel Kicillof por el desdoblamiento de la elección y contra los intendentes, a quienes acusó de no movilizar lo suficiente la campaña. Inmediatamente, el kicillofismo defendió la decisión de separar las elecciones y los jefes comunales salieron al cruce del cristinismo. En ese contexto, aparecieron unos afiches en la sede del Partido Justicialista bonaerense en La Plata con frases que cuestionaron directamente la conducción de Máximo Kirchner.
“El Partido Justicialista no es tu monarquía”, “Basta de herederos y bendecidos”, “Devuelvan el PJ de PBA a los peronistas”, son algunas de las frases que se leían en los carteles.
Esos mismos afiches aparecieron pegados también en la sede del PJ nacional, en la calle Matheu, en la ciudad de Buenos Aires.
Los cuestionamientos entonces no se limitaron a la conducción de Máximo Kirchner en la provincia, sino que apuntaron también contra la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional. “Apertura ya del PJ nacional a los peronistas”, rezaba uno de los afiches.
Los carteles aparecieron el lunes por la noche. Este martes por la mañana ya no estaban, pero el mensaje llegó.
Los afiches eran negros y blancos y no contaban con ninguna firma. Su autoría es aún una incógnita, pero no así el destinatario.
Sin la presión de las elecciones, el peronismo no tiene ninguna obligación de mantener las apariencias, y las internas que hasta hace dos días estaban contenidas ahora salieron nuevamente a flote y recargadas.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su “enérgico rechazo” a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, de modificar la carga del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) mediante la activación de la denominada “quinta cuota”. La entidad que preside Ignacio Kovarsky, integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que el Poder Ejecutivo provincial aplicó, a través del artículo 139 de la Ley Fiscal, un incremento adicional del 25% en el tributo, concretado por la vía de duplicar el valor de la cuarta cuota que los productores rurales ya habían abonado.
CARBAP sostuvo que “esta medida es ilegal e improcedente, al adoptarse sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva”. Para la dirigencia ruralista, el hecho de que el aumento se hubiera instrumentado sobre la base de una Ley Impositiva prorrogada, en paralelo a la discusión del nuevo paquete fiscal bonaerense, evidenció la ausencia de la “legalidad, equidad y racionalidad tributaria” que la entidad demandó explícitamente en su comunicado.
La entidad recordó que la quinta cuota del Inmobiliario Rural bonaerense ya había sido objeto de tensiones a comienzos de año entre la organización y la gestión de Axel Kicillof, dado que la facultad de aplicar o no esa cuota quedaba sujeta a la decisión del Gobierno provincial. La Ley Fiscal sancionada en 2024 habilitó a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) a hacer uso de ese mecanismo, vinculado a la “quinta cuota del Inmobiliario Rural 2025”, y el organismo lo ejecutó. A los ojos de los dirigentes rurales, “se trata de un aumento encubierto del 25% sobre los pagos ya realizados a lo largo de este año” por los propietarios de campos bonaerenses.
Junto con el cuestionamiento jurídico y tributario, el documento de CARBAP enfatizó el contexto productivo en el que se adoptó la medida. El título del comunicado sintetizó esa lectura: “Cuando el agua ahoga, el Estado tira un salvavidas de plomo”, expresó la entidad, al vincular el incremento impositivo con la situación de inundaciones, pérdidas productivas y deterioro de la infraestructura vial rural.
En el comunicado la Confederación describió del siguiente modo el escenario que enfrentaron los productores bonaerenses: “Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires ya lo hizo en 2024, aun cuando los productores veníamos de tres años de sequía. Y vuelve a hacerlo ahora, sin que el campo haya podido recuperarse, en medio de una de las peores crisis productivas de los últimos años, con millones de hectáreas que permanecen bajo el agua, caminos rurales y rutas intransitables, con miles de familias que luchan día a día contra las pérdidas, el desaliento y la incertidumbre”.
La organización agraria remarcó que la decisión oficial se tomó “en plena emergencia” y añadió que “en lugar de solidarizarse y acompañar a quienes siguen trabajando pese a todo, el Estado decide poner más peso sobre sus espaldas, agravando la asfixia fiscal en plena emergencia”. Para la conducción de CARBAP, el incremento adicional en la quinta cuota se integró a una estructura de tributos crecientes que afectó a un sector que todavía no se había repuesto de la combinación de tres años de sequía y un posterior cuadro de inundaciones extendidas.
De acuerdo con un informe técnico de la Confederación, hasta septiembre se registraban más de 2 millones de hectáreas productivas afectadas por inundaciones entre el centro bonaerense y la totalidad de la Cuenca del Río Salado. Las lluvias de principios de noviembre profundizaron el problema, en especial en municipios de la Cuarta sección electoral como Bragado y Nueve de Julio, donde la presencia de campos anegados, caminos rurales intransitables y dificultades logísticas complejizó aún más la operatoria cotidiana de los establecimientos agropecuarios.
La entidad recordó que el aumento del Inmobiliario Rural en 2024 había superado el 200% establecido en la última Ley Impositiva, debido a la quita de los beneficios de buen contribuyente. Desde la óptica de CARBAP, la combinación de incrementos previos, eliminación de bonificaciones y aplicación de la nueva “quinta cuota” configuró un esquema que reforzó la presión fiscal sobre el campo bonaerense en el mismo momento en que los rindes, las pasturas y las posibilidades de producción se vieron severamente comprometidos por el factor climático.
“Por ello, CARBAP solicita la inmediata marcha atrás de esta medida y convoca a los legisladores bonaerenses a defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria”. La entidad reclamó que la discusión del paquete de leyes que el Ejecutivo envió a la Legislatura provincial incorporara la situación de emergencia que afectó a los productores y puso el acento en el rol de diputados y senadores al momento de evaluar el alcance del incremento.
La reacción se produjo luego de que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, cuyo plazo original se había fijado para el 12 de noviembre. “La decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático”, indicaron desde el gobierno provincial.
El organismo recaudador explicó que el cambio de fecha respondió a “razones operativas” y que buscó asegurar el correcto proceso de liquidación y la disponibilidad de los medios de pago, de modo tal que todas las personas contribuyentes pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. ARBA recordó que quienes no registraran deudas, estuvieran adheridos al débito automático y optaran por abonar la última cuota del año conservarían la bonificación de hasta el 10%, un beneficio que el Poder Ejecutivo provincial presentó como incentivo al cumplimiento tributario.
En paralelo a la controversia en torno al Inmobiliario Rural 2025, las autoridades bonaerenses remitieron a la Legislatura el paquete de leyes que incorporó la propuesta de Ley Impositiva 2026. Según el proyecto del Ejecutivo provincial, el Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, no tendría aumentos de alícuotas ni de valores fiscales y congelaría los parámetros de cálculo para 2026, con el objetivo de brindar previsibilidad a los propietarios y productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires.
La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la denominada causa de los seguros, en la que se lo acusó de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública por haber favorecido a su amigo y broker Héctor Horacio Martínez Sosa en la contratación de pólizas de seguros de organismos estatales a través de Nación Seguros S.A.
La resolución lo dejó cerca de ser enviado a juicio oral y ratificó también el embargo sobre sus bienes hasta la suma de $ 14.634.220.283, además de la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
El tribunal de apelaciones, integrado por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó los procesamientos dictados anteriormente por el juez federal Sebastián Casanello, en una causa en la que intervino el fiscal Carlos Rívolo, y advirtió que “nada obsta a que del devenir de la investigación, conforme a la evolución de esta causa, surja una participación más grave.”
El procesamiento de Fernández se vinculó con la “intermediación” de Héctor Martínez Sosa, marido de María Marta Cantero, quien fue durante décadas la secretaria privada del expresidente.
Para el tribunal, se dio por probada la existencia de un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que operó mediante el “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en NACIÓN SEGUROS S.A.”, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
Sobre el exmandatario, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que “el ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero, (…) tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado”. Para la Cámara hubo en lo ocurrido “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba.” El tribunal estimó que estaba corroborada la hipótesis fiscal acerca de que existió un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Fernández en favor de Martínez Sosa, casado con la exsecretaria Cantero.
En la resolución se recordó que “existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc.”. Ese nexo, sumado al rol de poder que detentaba el entonces Presidente de la Nación, se consideró clave para explicar el crecimiento de los negocios del broker con el Estado y permitió “deducir razonablemente” la injerencia del ex Presidente “en el favorecimiento de los negocios del empresario con el Estado”.
El fallo detalló que, desde la asunción de Fernández, la firma Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A.percibió el equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros S.A. a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales. Los camaristas señalaron que fue el rol de Fernández como presidente de la Nación lo que favoreció el exponencial aumento de los negocios del broker con organismos públicos y se preguntaron: “Porque si no fueron las acciones de Alberto Fernández las que facilitaron el exponencial aumento de los negocios de Héctor Martínez Sosa con el Estado, ¿quién, entonces, tenía el conflicto de interés?”.
Un indicio considerado clave por el tribunal fueron los mensajes intercambiados en mayo de 2023, cuando María Cantero alertó a su entonces jefe sobre la designación de otro broker en la Cancillería. El 24 de mayo de 2023, la secretaria advirtió esa situación y Fernández respondió: “Ya me ocupo”. Cinco días después, la designación había sido revertida.
Además, el fallo indicó que se encontraron pruebas de la influencia de Martínez Sosa en la conformación del Directorio de Nación Seguros, incluyendo la elección de Alberto Carlos Pagliano y Carlos Gustavo García Argibay. Para los jueces, el entramado descrito se integró por el “ejercicio de influencia” del expresidente en su rol institucional “a través de su secretaria María Cantero”, lo que lo convirtió en un eslabón central de la trama que, según el tribunal, articuló el direccionamiento de negocios hacia el broker.
En el plano jurídico, la Cámara Federal porteña confirmó que Alberto Ángel Fernández fue procesado en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Con esto, se corroboró que el delito exigía que el funcionario se interesara en el asunto y el Tribunal entendió que ese interés quedó acreditado a partir de los elementos reunidos, entre ellos el esquema de comisiones, la relación personal y económica con Martínez Sosa y los mensajes en los que intervino para sostener contratos a su favor. Así, el expresidente quedó más cerca del juicio oral y público.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oficializó este martes la cesión en uso de un inmueble a Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMA). El edificio tiene una superficie aproximada de 761,34 metros cuadrados y pertenece al patrimonio del Estado Nacional.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 67/2025 y establece que la casa de altos estudios podrá utilizar el primer piso del edificio ubicado en la calle Tinogasta 5268/70, en la Comuna 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según la resolución firmada por el presidente de la AABE, Nicolás Alberto Pakgojz, la medida se enmarca en la política de “racionalización y mejor aprovechamiento del espacio físico estatal”, con el objetivo de destinar bienes públicos a la ejecución de políticas educativas y de gestión universitaria.
Nicolás Pakgojz, titular del AABE, acaba de otorgarle un predio estatal a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Pese a que responde al vice del Banco Nación, Darío Waisman, esposo de Pilar Ramirez, siempre interesado en el Real Estate, pero esta vez debe haber privado su… pic.twitter.com/DwCMSRgX6B
El inmueble se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que fue notificada del traspaso y “no formuló observaciones” al respecto, de acuerdo con la documentación oficial. En los relevamientos técnicos se verificó que el primer piso del edificio está “desocupado y limpio”, mientras que el resto de las plantas se encuentran en proceso de desocupación y presentan un “estado de mantenimiento regular”.
La UNMA había solicitado la cesión para destinar el lugar al almacenamiento y resguardo de mobiliario institucional. En ese espacio también funcionarán el Departamento de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales y el Departamento de Patrimonio. Estas áreas se encargarán de centralizar tareas de conservación y logística interna que actualmente se realizan en distintas sedes.
A ver, amigos libertarios, por favor pasen a leer esta maravillosa Resolución 67/25 de la AABE, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL MADRES DE PLAZA DE MAYO, sin observaciones por parte de Capital Humano. “Que la presente se enmarca en la decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL de… pic.twitter.com/wFwdxhhICj
El documento también precisa que la medida fue evaluada por las distintas áreas competentes de la AABE y que contó con la intervención del Servicio Jurídico Permanente del organismo. La reasignación fue registrada en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, y la Dirección de Despliegue Territorial será la encargada de realizar la entrega formal del inmueble y suscribir las actas correspondientes.
El documento publicado en el Boletín Oficial también indica que la universidad presentó una solicitud complementaria para acceder, en una segunda etapa, a la totalidad del inmueble. En caso de que esa ampliación sea aprobada, la institución se comprometió a entregar a la AABE otro edificio que le fue asignado anteriormente, ubicado en la Avenida Rivadavia 4615, en el barrio de Caballito.
Las filiales argentinas de los bancos españoles aplicaron recortes drásticos ante tasas del 60%, presión cambiaria y morosidad creciente. Qué esperan del país.
Las guías municipales de Cañuelas multiplicaron su valor por cinco en lo que va del año, tras un aumento del 200% aprobado en diciembre de 2024. “En un país que está tratando de parar la inflación, esta suba va directo al bolsillo de la gente”, alertaron desde CAMyA.
La DGI denunció a Sur Finanzas, manejada por Ariel Vallejo y vinculada al presidente de la AFA, por montar un circuito de billeteras virtuales, criptoactivos y prestanombres con cuentas de personas de bajos ingresos.
Un recuerdo a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de CFK, arrepentido en la causa Cuadernos, cuyo cuerpo apareció tiempo después semienterrado en Santa Cruz al parecer masacrado por no confesar a un grupo de muchachos donde guardaba la plata de la corrupción que le permitía llevar… pic.twitter.com/UbZKaqCkAB
