Alberto Fernández se reunió con Gloria Romero luego de pedir por la reelección de Capitanich
La reunión había sido pactada de antemano y solicitada por Gloria Romero, quien aseguró que fue un encuentro esperanzador.
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Tras dos meses de conmoción por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, Alberto Fernández aceptó reunirse con Gloria Romero, la madre de la víctima. El encuentro se realizó luego del Congreso Internacional sobre Discapacidad, que se efectuó en Resistencia (Chaco) y había sido pactado con anterioridad.
La reunión duró más de dos horas y se realizó en el Aeropuerto de la provincia, antes de que el Jefe de Estado regresara a la Ciudad de Buenos Aires. “La escuché con mucha atención. Todos queremos que se haga Justicia y que los responsables de tan brutal crimen sean juzgados y condenados“, afirmó Fernández al medio Infobae.
Si bien Romero se mostró contenta tras el encuentro y calificó la reunión como “esperanzadora”, aseguró que se reunió con el Presidente como “un vecino más”. Además comentó que prefirió que no se trasmitiera en los medios los detalles del encuentro para no politizarla. “No queríamos que se mezcle la política: él se reunió conmigo como vecino más, lo mismo pasó con Larreta y Bullrich; y a todos les aclaré que no los voy a votar”, afirmó.
Sobre los detalles, precisó que le pidió a Fernández que “intervenga en la Justicia”. El mismo pedido que había sido elevado por varias diputadas de Juntos por el Cambio hace una semana a pedido de Romero.
Por último volvió a ratificar: “No busco votos, sino Justicia”. “Por eso voy a hablar con todos los que quieran ayudarme a lograr justicia, no voy a militar para nadie ni voy a hacer política para nadie”.
*Fuente: Periodismo y Punto
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Raúl Padró, legislador mandato cumplido, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM sobre el proceso de enjuiciamiento al juez federal Alfredo López. Durante la entrevista, cuestionó a quienes impulsan la acusación, rechazó las denuncias por presuntas expresiones antisemitas y sostuvo que detrás del caso existe un intento de disciplinamiento político. A lo largo de la conversación, remarcó que su presencia en la audiencia fue en calidad de ciudadano y defendió la trayectoria del magistrado.
“Alfredo López es un hombre que tiene una trayectoria de 40 años en la justicia, todos lo sabemos, inmaculado, un hombre impoluto”, afirmó Padró al explicar por qué decidió acompañar al juez durante el proceso.
En ese sentido, cuestionó a los denunciantes y aseguró que carecen de autoridad moral para impulsar el juicio político. “Lo único que hizo fue coincidir con el Tribunal de la Corte Penal Internacional, lo mismo que hizo en su momento el Papa Jorge Bergoglio Francisco”, sostuvo al defender las declaraciones de López sobre el conflicto en Medio Oriente.
El exlegislador insistió en que su respaldo no responde a un vínculo personal con el magistrado, sino a una convicción sobre el caso. “Yo no soy amigo de López. Como decía Aristóteles, soy amigo de Platón, pero en mayor medida soy amigo de la verdad y he visto que la verdad está del lado de López y no de esta banda de delincuentes acusadores que carecen de todo sustento moral y jurídico para hacer imputaciones al doctor Alfredo López”, manifestó.
Asimismo, aseguró que las acusaciones difundidas en distintos medios distorsionaron lo ocurrido durante la audiencia. “Nosotros en ningún momento hicimos ningún tipo de manifestación racista ni nada porque estamos bien de la cabeza. Nuestra cruzada, nuestra lucha es por la verdad y la justicia contra el racismo y la discriminación”, expresó.
En esa línea, rechazó las acusaciones de antisemitismo y sostuvo que se trata de una estrategia para desacreditar a quienes cuestionan al estado de Israel. “Nosotros en ningún momento hablamos de ningún judío”, enfatizó, y agregó: “Si ellos se sienten parte de eso, bueno, es un problema de ellos, evidentemente”.
Críticas al gobierno y a la libertad de expresión
Consultado sobre si considera que el caso afecta la libertad de expresión, Padró respondió que ese es uno de los aspectos centrales del conflicto. “Es uno de los argumentos que está ahí. Suerte que alguien lo grabó, porque está documentado”, señaló.
Luego amplió sus críticas hacia el gobierno nacional y vinculó el proceso contra López con la política exterior de la administración de Javier Milei. “Este episodio de López es el paradigma de lo que significan toda esta casta de miserables sinvergüenzas y ladrones”, sostuvo.
Además, cuestionó el alineamiento internacional del Ejecutivo y afirmó: “Es hora de poner las cosas en su lugar, que el pueblo argentino tome conciencia y ubique estos individuos donde corresponde”.
Sobre el futuro del proceso disciplinario, Padró recordó que la decisión quedó en manos del tribunal y anticipó que, cualquiera sea el resultado, el conflicto continuará. “Terminó la sentencia. Ahora tiene que expedirse el tribunal. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver, porque esto no termina acá. La historia sigue”, concluyó.
El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires auditó el ejercicio 2024 de la firma de Autopistas de Buenos Aires Sociedad Anónima (AUBASA) y detectó que la empresa liquidó 116.837 horas policiales por encima de lo pactado en el convenio provincial.
Según la resolución, el acuerdo permitía redistribuir horas o efectivos entre los distintos corredores viales, pero no habilitaba a ampliar unilateralmente el total de horas autorizadas. El mayor exceso se concentró en la Autopista Buenos Aires–La Plata, con diferencias adicionales detectadas en el Sistema Vial Integrado del Atlántico.
AUBASA es la empresa estatal de la provincia de Buenos Aires que administra justamente la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Sistema Vial Integrado del Atlántico y otras rutas provinciales. Uno de sus servicios más sensibles es la contratación de “policía adicional” (POLAD), o sea, efectivos policiales que trabajan horas extra para brindar seguridad en las rutas, cuyo pago está regulado por un convenio firmado con el Ministerio de Seguridad provincial.
Como consecuencia de dicha irregularidad, el Tribunal aplicó un llamado de atención formal contra quienes tuvieron responsabilidades de conducción durante el período auditado, entre ellos el entonces presidente José Ramón Arteaga y otros integrantes de la conducción de la empresa. Es importante aclarar que este llamado de atención es una sanción administrativa de menor gravedad.
El propio Tribunal precisó que la observación se limitó a la forma en que se administraron y liquidaron las horas, sin formular cargos patrimoniales ni ordenar reintegros de dinero.
— José Ramón Arteaga
Días después de conocerse el fallo, una asamblea informal de trabajadores de AUBASA señaló directamente a tres funcionarios de la actual conducción como responsables del manejo del sistema POLAD. En ese grupo mencionaron a Juan Guillermo Sauro, quien asumió la presidencia en marzo de 2024, y Mauro Daniel Moretti, subgerente de Seguridad Patrimonial de la empresa y uno de los alcanzados por el llamado de atención del Tribunal por su intervención en la confección de las boletas de servicio general de policía adicional.
De acuerdo a los trabajadores, Moretti coordina el sistema POLAD en las rutas administradas por AUBASA. También fue apuntado Pablo Martínez Carignano, jefe de Gabinete de Pablo Ceriani, a quien la asamblea atribuyó el manejo de los fondos correspondientes a las horas adicionales a través de Moretti. En tercer lugar, señalaron al mismo Ceriani, actual gerente general de AUBASA y superior jerárquico de Martínez Carignano.
— Pablo Ceriani
Durante la asamblea, distintos empleados llegaron a acusar a estos tres funcionarios de “repartirse el dinero de las horas POLAD entre ellos”, una imputación de extrema gravedad. No obstante, es clave distinguir entre el hallazgo administrativo confirmado y la denuncia gremial, ya que hasta el momento de lo trascendido, esta acusación corresponde exclusivamente a manifestaciones de los propios operarios en una asamblea, sin que exista una resolución judicial que la respalde ni una imputación penal conocida contra ninguno de los nombrados.
El contexto financiero que agrava la crisis
La controversia estalla en un momento particularmente incómodo para la empresa. AUBASA cerró el ejercicio 2024 con un resultado negativo superior a los 6.100 millones de pesos. Esto contrasta con el discurso público de la gestión, que en octubre de 2024 se presentaba como una empresa estatal “superavitaria” capaz de autofinanciar un ambicioso plan de obras de 332 millones de dólares.
La combinación de pérdidas económicas, observaciones del organismo de control y denuncias internas sobre el manejo de las horas POLAD pone bajo fuerte presión a la cúpula actual de la empresa, en un contexto donde además Arteaga ya insinuó públicamente aspiraciones políticas como candidato a intendente.
José Néstor Prado, exinspector de nivel secundario con jurisdicción en Ramallo, Provincia de Buenos Aires, continúa figurando como personal activo en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense pese tener una pena firme por abuso sexual agravado desde 2019.
Prado estuvo cumpliendo su condena en prisión, junto a la docente implicada Mariela Alejandra Elisa Gálvez, hasta que él recuperó la libertad en octubre de 2025, posiblemente por haber cumplido los dos tercios de la pena, que es el requisito habitual para acceder a la libertad condicional en Argentina. Desde ese momento, comenzó a reaparecer como personal activo en el sistema informático de la DGCyE.
– José Prado y María Gálvez
Prado se desempeñaba en su labor de inspector de educación secundaria en el norte bonaerense. Fue detenido e imputado por abuso sexual y, tras el proceso judicial, recibió una condena a diez años de prisión por abuso sexual agravado. La sentencia quedó firme en 2019, lo que significa que agotó todas las instancias de apelación posibles y adquirió carácter definitivo e inapelable. Ese fundamento de “firme” es crucial, porque implica que no existe ninguna duda jurídica sobre su culpabilidad.
Aquí aparece uno de los elementos más llamativos del caso. El procedimiento para exonerar a un agente público bonaerense requiere que, antes del acto final, intervenga la Asesoría General de Gobierno para emitir un dictamen jurídico. Según el artículo 80 de la Ley 10.430, cuando la falta puede dar lugar a una sanción expulsiva, “deberá darse intervención a la Asesoría General de Gobierno para que, dentro del plazo de diez días, emita dictamen al respecto”.
En el caso Prado, la Asesoría General de Gobierno dictaminó en abril de 2026 que correspondía exonerarlo. El dictamen, que es una opinión jurídica vinculante que le indica a la autoridad competente cuál es la medida que corresponde, fue claro en argumentar que la exoneración debía efectivizarse. Sin embargo, esa exoneración nunca se concretó.
El dictamen de la Asesoría General de Gobierno requiere primero que la autoridad competente (la DGCyE) dicte un acto administrativo formal —una resolución— que haga efectiva la exoneración. Eso implica que alguien en la cadena jerárquica dentro de la DGCyE debía firmar ese acto y no lo hizo, o lo hizo con una demora inexplicable.
Los plazos son reveladores, siendo que la condena quedó firme en 2019, la Asesoría tardó hasta abril de 2026 en dictaminar (casi 7 años después de la condena firme), y aun así, a julio de 2026, la exoneración no se había materializado. Prado recuperó la libertad en octubre de 2025 y desde entonces volvió a aparecer como activo en el sistema, lo que sugiere que nunca fue dado de baja formal.
Con una condena firme desde 2019, la DGCyE estaba obligada a avanzar con el procedimiento administrativo correspondiente. Eso implicaba iniciar o continuar el sumario disciplinario, incluso si todavía no se hubiera puesto en marcha, tomando la sentencia penal como un hecho ya acreditado. También debía disponer la suspensión preventiva del inspector mientras se desarrollaba el proceso, tal como prevé el propio régimen disciplinario. Una vez reunida toda la documentación, el expediente tenía que ser remitido a la Asesoría General de Gobierno para la emisión del dictamen y, luego de esa instancia, dictarse la resolución de exoneración.
Nada de esto ocurrió en tiempo y forma. El retraso abarca las gestiones de al menos dos directores anteriores del DGCyE, pero también —y esto es lo que genera la interpelación actual— la gestión de la propia directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi quien asumió el cargo en diciembre de 2025 luego del acuerdo del Senado bonaerense, y bajo cuya conducción Prado siguió figurando como activo.
La responsabilidad institucional
Flavia Terigi es pedagoga, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, y fue designada directora general de la DGCyE por el gobernador Axel Kicillof mediante el Decreto 2891/2025. Asumió en reemplazo de Alberto Sileoni.
Hasta el momento no brindó ninguna explicación al respecto. La DGCyE deberá dar explicaciones, al menos, por tres demoras clave en el caso Prado. La primera es por qué tardó años, desde la condena firme de 2019, en remitir el expediente a la Asesoría General de Gobierno. La segunda, por qué después del dictamen emitido en abril de 2026 la exoneración todavía no se concretó en los meses posteriores. Y la tercera, por qué el sistema informático sigue registrándolo.
El hecho no es excepcional en su mecánica, aunque sí en su gravedad. El sistema disciplinario docente bonaerense es históricamente lento y burocrático. Los sumarios pueden tardar hasta décadas en resolverse, los expedientes quedan estancados en distintos escritorios, y las autoridades jerárquicas muchas veces no impulsan de oficio los procedimientos cuando deberían hacerlo.
A diferencia de otras provincias, como Mendoza (que sancionó en 2025 una ley de “ficha limpia docente” con exoneración e inhabilitación permanente para condenados por delitos sexuales, y creó un registro único de sanciones), la provincia de Buenos Aires no tiene un sistema automático o expedito que vincule una condena penal firme con la baja inmediata del sistema. Todo depende de que los distintos actores de la cadena administrativa cumplan con sus pasos en tiempo y forma.
La DGCyE debe de ejecutar de inmediato el acto administrativo de exoneración, explicar la cadena de responsabilidades que llevó a esta situación y revisar cuántas situaciones similares pueden estar ocurriendo en el vasto sistema educativo bonaerense, que cuenta con más de 300.000 docentes y personal a cargo.
¿Cómo puede un condenado seguir en el sistema?
Para entender primero hay que conocer cómo funciona el sistema disciplinario docente y su lentitud. En Argentina, la responsabilidad penal (ser condenado por un delito) y la responsabilidad administrativa (ser sancionado laboralmente por el Estado empleador) son dos procesos independientes que se tramitan en paralelo. El Código Penal castiga al ciudadano, mientras que el régimen disciplinario del Estado sanciona al empleado público como tal.
Esto significa que una condena penal no produce automáticamente la baja laboral del agente. Para echar a un docente del sistema educativo bonaerense de manera definitiva, la administración debe llevar adelante un sumario administrativo propio con sus propias garantías procesales, y luego dictar un acto administrativo de exoneración firmado por la autoridad competente.
El personal docente bonaerense se rige por la Ley 10.579 (Estatuto del Docente). Este estatuto establece distintas sanciones disciplinarias, siendo la más grave la exoneración, que implica la separación definitiva del servicio y la inhabilitación para ingresar nuevamente al sistema educativo.
El artículo 140 del Estatuto del Docente establece que el sumario administrativo puede correr en paralelo con la causa penal, pero que la resolución final administrativa debe adecuarse a lo que se tenga por probado en la causa penal. Es decir que, si hay condena penal firme, la administración debe tener eso como un hecho probado y actuar en consecuencia.
Para el personal no docente, la Ley 10.430 (Estatuto del Empleado Público bonaerense) es aún más explícita. El artículo 73 establece taxativamente que es causal de exoneración “la sentencia condenatoria dictada en perjuicio del agente como autor, cómplice o encubridor de delito común de carácter doloso”. Un abuso sexual es, sin lugar a duda, un delito doloso. Bajo ese marco, la exoneración no es discrecional.
Capitanich Agropecuaria SAS, la firma fundada en 1983 por Héctor Wilmar Capitanich —hermano mayor del exgobernador chaqueño y actual senador nacional Jorge Capitanich— atraviesa una crisis financiera severa.
La empresa familiar acumula 188 cheques rechazados por más de $3.697 millones, sostiene una deuda bancaria superior a $7.292 millones y enfrenta demandas judiciales, embargos y un conflicto por una cosecha de algodón en Santiago del Estero.
— A la izquierda, Héctor Capitanich junto a sus dos hijos, Leonardo Capitanich e Iván Alejandro Capitanich
La información trascendida une dos planos. Por un lado, el escrutinio sobre negocios familiares vinculados a dirigentes políticos con poder político territorial. Por otro, el deterioro estructural del sector agropecuario chaqueño-santiagueño, donde varias empresas del rubro (como Italar SRL, con $16.200 millones de deuda) muestran el mismo patrón de insolvencia.
Aunque se constituyó formalmente como sociedad por acciones simplificada (SAS) en noviembre de 2019, la actividad agropecuaria de la familia Capitanich se remonta a 1983, cuando arrancó cultivando algodón y girasol sobre apenas 100 hectáreas en Chaco. Con los años, la firma escaló hasta explotar alrededor de 6.000 hectáreas entre Chaco y Santiago del Estero, diversificando en soja, maíz, trigo, sorgo, girasol y ganadería bovina, combinando campos propios con tierras arrendadas.
En 2021 llegó a tener notoriedad nacional al quedarse con el primer lote de trigo de la campaña, mostrando un perfil de crecimiento con incorporación de tecnología. Hoy la administran Leonardo, Iván y Gisella Capitanich, hijos de Héctor, mientras el propio Héctor —hermano mayor de Jorge— sigue identificado como cabeza visible de la firma.
Para dimensionar la gravedad del problema, conviene distinguir dos indicadores que utiliza el Banco Central para evaluar la salud crediticia. Los cheques rechazados, documentos de pago que la entidad girada devuelve, por lo general por falta de fondos, y que quedan asentados en la Central de Cheques Rechazados del BCRA. En el caso de Capitanich Agropecuaria, ya suman 188 por más de $3.697 millones, y lo más preocupante es que los últimos rechazos corresponden a la misma semana del informe, una señal de que la tensión de liquidez sigue agravándose en tiempo real y no responde a un episodio aislado del pasado.
A su vez, la deuda bancaria clasificada en la Central de Deudores del BCRA ordena a cada deudor en una escala que va de la situación 1, considerada normal, a la 5, catalogada como irrecuperable, según su capacidad de pago. En ese registro, buena parte de las obligaciones de la empresa ya figura en situación 3 y 4, categorías que reflejan un deterioro crediticio importante y la proximidad del incumplimiento total antes de una declaración de pérdida irrecuperable.
Los principales acreedores bancarios son Banco Galicia ($1.828,9 millones) y John Deere Credit ($1.749,8 millones, la financiera vinculada a la venta de maquinaria agrícola), seguidos por Santander, Banco del Sol, Nuevo Banco del Chaco, Banco Nación, BBVA, Banco Ciudad y varias sociedades de garantía recíproca (SGR). Este último dato es relevante porque las SGR son entidades que avalan créditos a pymes agropecuarias con garantía estatal indirecta, así que su exposición añade un componente de riesgo sistémico regional, no solo privado.
De las demandas a los embargos
La crisis financiera ya se trasladó a los tribunales comerciales, donde se acumulan juicios ejecutivos de Banco Ciudad, Syngenta Agro, Depsa Valores, Polo Valores, Innova SGR y Crecer SGR. El hecho más ilustrativo es el de Syngenta Agro, la multinacional agroquímica que reclama U$S466.606,20 después de que Capitanich Agropecuaria incumpliera un convenio de refinanciación firmado en 2025, en el que había reconocido una deuda original de U$S582.447 y solo pagó la primera cuota completa y parte de la segunda, lo que aceleró el vencimiento de todo el pasivo.
Como consecuencia, la Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de la empresa en Galicia, Santander, Nuevo Banco del Chaco y otras entidades por ese monto más U$S100.000 de intereses y costas. En otra causa, Depsa Valores obtuvo el embargo de créditos y derechos de cobro por U$S111.979, que incluso alcanza pagos pendientes que le debe Aceitera General Deheza a la firma por operaciones comerciales. Esto significa que la empresa ya no solo debe dinero, sino que sus propios ingresos futuros están comprometidos legalmente antes de llegar a su caja.
“Estamos buscando que cesen estos actos de atropello e impunidad con lo que se maneja Capitanich”, afirmó uno de los representantes legales de la corporación santiagueña Halgon S.A.S., Lucas Cabañas.
Paralelamente, Capitanich Agropecuaria disputa con la firma Halgon S.A.S. el derecho a explotar un establecimiento rural llamado “La Montenegrina”, en Vilelas, departamento Juan Felipe Ibarra (Santiago del Estero). El litigio no es sobre la propiedad del campo sino sobre quién tenía derecho contractual a levantar una cosecha de unas 520 hectáreas de algodón en tierras arrendadas. Halgon denuncia que Capitanich ingresó al predio y cosechó la producción pese a contratos vigentes a su favor, e inició acciones penales por presunto hurto de cosecha y daños.
“Nos apuntaron con armas, impidiendo cualquier tipo de diálogo”, relató Cabañas al medio Info del Estero.
El conflicto escaló en julio, cuando la defensa de Halgon recusó a los fiscales que investigan la causa, denunciando un supuesto favorecimiento hacia Capitanich, y alertó que los rollos de algodón podrían venderse antes de que la Justicia resolviera el fondo del asunto. Efectivamente, de acuerdo a reportes posteriores, hombres vinculados a Capitanich habrían violado una medida cautelar que prohibía la circulación y comercialización del algodón, sacando los rollos hacia una planta desmontadora en Quimilí, sin que la Fiscalía de Tierras del Ministerio Público Fiscal santiagueño haya respondido a los pedidos de intervención de los abogados de Halgon. Esto agrega una dimensión de posible incumplimiento de resoluciones judiciales, no solo de deudas comerciales.
Distintas fuentes del sector agropecuario mencionan con fuerza la posibilidad de que la empresa solicite un concurso preventivo de acreedores, aunque hasta el momento no hay ninguna presentación judicial formal en ese sentido. Un concurso preventivo es el mecanismo legal argentino (Ley 24.522) que permite a una empresa insolvente pero no liquidada renegociar sus deudas bajo supervisión judicial para evitar la quiebra directa, que sería el mismo camino que ya tomó otra empresa agropecuaria chaqueña, Italar SRL, con sede en Charata, que también acumula más de 40 cheques rechazados y una deuda bancaria aún mayor, de $16.200 millones.
Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.
El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.
La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.
El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.
Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.
El beneficiario y la jurisdicción
La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.
La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.
Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.
En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.
Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.
El conflicto de intereses
La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.
Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.
El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.
Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.
La letra chica y la soberanía
El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.
Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.
Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.
Contexto de tensiones
La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.
Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.
Cinco corredores estratégicos que conectan el Área Metropolitana, zonas productivas bonaerenses y destinos del interior pasaron a gestión privada. La concesionaria Corresur asumió la operación de una red de 1.325 kilómetros que incluye las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226.
El cambio responde a la Red Federal de Concesiones Viales impulsada por el Gobierno nacional para modificar el esquema de operación y mantenimiento. El modelo elimina los subsidios estatales para la gestión cotidiana y obliga a las empresas a asumir el riesgo operativo bajo estándares de seguridad y servicio.
Uno de los cambios con mayor impacto para los usuarios será la modernización del sistema de cobro de peajes. Desde el inicio de la concesión, las estaciones de peaje dejarán de aceptar pagos en efectivo de forma definitiva y funcionarán sólo mediante medios electrónicos y automáticos.
La primera etapa del plan abarcará las estaciones de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo. Los conductores deberán abonar obligatoriamente a través de TelePASE, tarjetas de crédito o débito, con tecnología contactless (sin contacto) o mediante códigos QR vinculados a billeteras virtuales habilitadas.
Cabina de Telepase + pago electrónico (tarjetas, celulares con NFC, etc.).
Inversión y tarifas bajo la lupa
La empresa privada avanzará con un plan de recuperación vial que incluye tareas de bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, fresado, reparación de banquinas, renovación de señalización y reemplazo de elementos de seguridad. Las obras prioritarias comenzarán en sectores de las rutas 205, 226 y 3, con intervenciones previstas inicialmente sobre 431 kilómetros de la traza, sumado a trabajos de mantenimiento en iluminación, semaforización, alcantarillas y puentes.
El Estado nacional continuará fijando las tarifas de los peajes mediante una actualización trimestral basada en los datos de la inflación. En las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, el último ajuste elevó la tarifa para automóviles de hasta dos ejes y 2,10 metros de altura a $1.300 en horario normal y $1.500 en hora pico, un costo que impactará sobre una red estratégica que conecta el Área Metropolitana con zonas industriales, centros logísticos y destinos turísticos provinciales.
Detrás de los 800 mil dólares frenados en Aeroparque hubo más de diez viajes previos con maletas que sí llegaron a destino, un noveno pasajero ligado a la inteligencia chavista que los grandes medios pasaron por alto y una ruta del dinero que terminaba en cuentas suizas.
La carencia alimentaria fue el rubro que más empeoró y ya son uno de cada cuatro los hogares porteños que redujeron porciones, cambiaron lo que comen o saltean comidas. En los hogares con chicos la privación estructural trepa al 20,6%.
El guía de montaña Julián Pajarola denunció que le cerraron el paso al cerro Ezpeleta, en una parcela de 1.672 hectáreas a nombre de Gernot Langes-Swarovski.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
