Alberto Fernández se reunió con Gloria Romero luego de pedir por la reelección de Capitanich
La reunión había sido pactada de antemano y solicitada por Gloria Romero, quien aseguró que fue un encuentro esperanzador.
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Tras dos meses de conmoción por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, Alberto Fernández aceptó reunirse con Gloria Romero, la madre de la víctima. El encuentro se realizó luego del Congreso Internacional sobre Discapacidad, que se efectuó en Resistencia (Chaco) y había sido pactado con anterioridad.
La reunión duró más de dos horas y se realizó en el Aeropuerto de la provincia, antes de que el Jefe de Estado regresara a la Ciudad de Buenos Aires. “La escuché con mucha atención. Todos queremos que se haga Justicia y que los responsables de tan brutal crimen sean juzgados y condenados“, afirmó Fernández al medio Infobae.
Si bien Romero se mostró contenta tras el encuentro y calificó la reunión como “esperanzadora”, aseguró que se reunió con el Presidente como “un vecino más”. Además comentó que prefirió que no se trasmitiera en los medios los detalles del encuentro para no politizarla. “No queríamos que se mezcle la política: él se reunió conmigo como vecino más, lo mismo pasó con Larreta y Bullrich; y a todos les aclaré que no los voy a votar”, afirmó.
Sobre los detalles, precisó que le pidió a Fernández que “intervenga en la Justicia”. El mismo pedido que había sido elevado por varias diputadas de Juntos por el Cambio hace una semana a pedido de Romero.
Por último volvió a ratificar: “No busco votos, sino Justicia”. “Por eso voy a hablar con todos los que quieran ayudarme a lograr justicia, no voy a militar para nadie ni voy a hacer política para nadie”.
*Fuente: Periodismo y Punto
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El conflicto vendría gestándose cuando unas 500 personas ingresaron a un conjunto de viviendas inconclusas del barrio Doctor Montaña y Pirayuí, en la zona sur de la capital de Corrientes. Las primeras informaciones hablaban de aproximadamente 150 unidades ocupadas ilegalmente. En el lugar intervinieron la Policía de Corrientes, representantes del INVICO y la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N.º 5, encabezada por el fiscal Ángel Machado.
“Terminó el operativo de forma exitosa y sin lamentar víctimas, fue todo de forma pacífica”, afirmó Machado a la radio Sudamericana. “La respuesta de las personas fue que nunca les dan una vivienda o un terreno y que venían a ocupar porque decían que no tenían dueño. Les hice saber que esa no es la forma ni la vía, el Estado no puede avalar este tipo de comportamientos”, añadió.
Algunas de esas viviendas ya tenían beneficiarios o preadjudicatarios que llevaban años esperando su terminación. Por eso también se acercaron al predio personas que reclamaban que las casas que les habían asignado no fueran ocupadas por terceros. La Fiscalía buscó evitar que ambos grupos se enfrentaran y, después de una negociación, quienes habían ingresado a las viviendas se retiraron.
Pero ahí no terminó el conflicto. Un segundo grupo se desplazó hacia los terrenos vacíos ubicados detrás del complejo. El fiscal Machado sostuvo que se trataba de unas 15 hectáreas vinculadas a la Municipalidad y al Fideicomiso Santa Catalina. La cobertura del medio LT7, a cargo del cronista de exteriores Roberto Ojeda, dijo que los ocupantes limpiaron la vegetación del terreno, encendieron quemas y describió entre 150 y 200 personas delimitando sectores mediante alambres, trapos y otros elementos, con la aparente intención de establecer parcelas.
La Policía de Corrientes desplegó entonces un importante operativo con efectivos de la comisaría jurisdiccional, grupos especiales y autoridades de la Dirección de Seguridad Metropolitana al mando del Comisario General José Mario Galarza. Entre los argumentos expuestos ante el móvil de LT7, las familias manifestaron que recurren a esta medida empujadas por la crisis económica, la falta de empleo y la imposibilidad de afrontar costos de alquiler que superan los 400.000 pesos.
“La grave necesidad habitacional que hay no quita que haya personas malintencionadas que se puedan aprovechar de esa necesidad para fomentar este tipo de cuestiones”, subrayó Machado.
Durante la noche se produjeron incidentes. Hubo efectivos policiales lesionados y móviles dañados por piedras. El operativo se interrumpió temporalmente, entre otras razones por la presencia de menores, y durante la mañana siguiente unos cien policías realizaron un nuevo procedimiento que terminó con el despeje de los terrenos sin nuevos enfrentamientos.
“La gente dice que la Policía les reprimió, pero el informe que yo tengo es que no hubo represión. Cuando la gente empezó a tirar piedras, la Policía se replegó y trató de salvaguardar su integridad y obviamente también los móviles”, explicó Machado.
El punto central es que las viviendas no aparecieron abandonadas de un día para otro, siendo que el complejo tiene una historia que se remonta a 2017. Durante la intendencia de Fabián Ríos se comenzó la construcción de 200 viviendas mediante el programa nacional Techo Digno, en el sector de Santa Catalina lindante con Doctor Montaña. En aquel momento se había anunciado que 150 serían destinadas a trabajadores municipales y otras 50 a familias con integrantes con discapacidad. La obra tenía originalmente un plazo previsto de diez meses.
En 2017, documentación y reportes de la época situaban el avance aproximadamente en el 16% de su construcción. El presupuesto había sido readecuado de unos $61.4 millones a $122.7 millones de entonces y se habían girado anticipos nacionales por alrededor de $30.4 millones. Esas cifras son nominales de 2017 y, debido a la inflación acumulada, no sirven para compararlas directamente con valores actuales.
El origen de la parálisis fue una denuncia por el uso de los propios fondos nacionales enviados para la construcción, difundida mediáticamente bajo el título “el cartel más caro del mundo” en plena campaña electoral de 2017. Aunque las denuncias de corrupción fueron finalmente desestimadas por la Justicia, la combinación de ese proceso judicial y los sucesivos cambios de gestión dejó la obra sin avances durante casi una década.
El cambio de administración municipal tampoco resolvió definitivamente el problema. En octubre de 2018, ya bajo la intendencia de Eduardo Tassano, el Municipio anunció que había destrabado inconvenientes administrativos y firmó acuerdos con tres constructoras para reanudar las 200 viviendas.
Un año después, sin embargo, el problema continuaba. En agosto de 2019, en el Concejo Deliberante, la entonces concejal Magdalena Duartes reclamó información sobre el avance de las 200 casas y sostuvo que pedidos anteriores no habían recibido respuesta y que las obras permanecían prácticamente en el mismo estado.
En agosto de 2020 se produjo otro acontecimiento importante. Se realizó mediante Lotería Correntina el sorteo de 100 viviendas entre trabajadores municipales, al que se habían inscripto alrededor de 700 agentes. En aquel momento, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Corrientes (AOEM) informaba que ese grupo de unidades tenía aproximadamente un 75% de avance.
En 2021 el propio Municipio ratificó esas adjudicaciones y sostuvo que los cien trabajadores ya tenían reconocida administrativamente la asignación de las unidades. Además, existía el compromiso de avanzar posteriormente con otras 50 viviendas para municipales.
Sin embargo, para 2023 las casas seguían sin entregarse. Funcionarios municipales reconocían entonces que algunas unidades tenían alrededor del 60% de ejecución y explicaban que se había esperado financiamiento nacional del programa Reconstruir que finalmente no llegó, por lo que nuevamente se había detenido la obra.
— El grupo de vecinos y adjudicatarios manifestándose con documentos en alto en las inmediaciones de las viviendas inconclusas
Finalmente, el 26 de marzo de 2026, el Concejo Deliberante aprobó transferir al INVICO las obras correspondientes a las 200 viviendas para intentar destrabar su finalización. Es decir, apenas seis meses antes de la ocupación de septiembre todavía se estaba modificando institucionalmente quién debía encargarse de terminar un proyecto iniciado nueve años atrás, y ahora tras la toma el organismo anticipó a los preadjudicatarios que una parte de las casas podría entregarse en noviembre.
¿Fue un hecho planificado?
El propio Machado dijo que todavía no podía determinar si la concentración había surgido espontáneamente. Confirmó, aún así, que la Fiscalía investigaría publicaciones y convocatorias difundidas en redes sociales.
El negociador policial Alejandro Bottini reconoció que se trataba de un caso donde “hay grupos de personas que van juntas, que alguien los lidera”, y que se logró dialogar con dos personas que representaban al grupo. La causa quedó abierta precisamente para identificar a los instigadores a partir del relevamiento de imágenes y grabaciones.
“En Facebook vimos que estaban avisando que había lugar y vinimos”, relataron ante los efectivos desplegados en la zona varias de las personas que ocuparon las obras sin terminar.
En los días siguientes a que la investigación avanzara. Para el 18 de septiembre ya había dos personas investigadas por presunta instigación. En el segundo allanamiento se secuestraron teléfonos celulares, una computadora portátil, un router y otros dispositivos para realizar peritajes. Las fuentes judiciales y policiales sostienen que uno de los investigados habría difundido videos convocando a familias a ocupar viviendas y terrenos. Esa es por ahora una hipótesis de la causa.
La diferencia jurídica tampoco es menor. El artículo 181 del Código Penal castiga determinadas formas de usurpación de inmuebles, mientras que el artículo 209 contempla como delito separado la instigación pública a cometer un delito determinado. La legislación vigente prevé para la usurpación, según el supuesto, entre seis meses y tres años de prisión, mientras que la instigación prevista por el artículo 209 tiene una escala de dos a seis años.
El propio INVICO ha señalado recientemente una demanda de alrededor de 30.000 inscriptos en la provincia. Paralelamente el Censo 2022, por su parte, registró que el 11.5 % de la población correntina que vivía en viviendas particulares residía en alquileres y que solo el 62.1 % de la población que habitaba vivienda propia contaba con documentación de esa propiedad.
Los datos de un informe sobre déficit habitacional en Argentina ubican al aglomerado de la provincia de Corrientes con cerca de 35.800 hogares en situación deficitaria, la mayoría por debajo o cerca de la línea de pobreza, y con coberturas locales revelando que aproximadamente unas 90 mil familias no cuentan con un techo propio. Sectores políticos marcaron el episodio como parte de un patrón recurrente y lo calificaron como una “guerra de pobres contra pobres”, ya que enfrentó a familias sin vivienda con los adjudicatarios legítimos que también reclamaban sus casas.
La propia Fiscalía reconoció esta doble dimensión. Machado sostuvo que la necesidad habitacional y el derecho a una vivienda digna no estaban en discusión, pero señaló que esa necesidad no habilitaba jurídicamente la ocupación de bienes pertenecientes a terceros. También dejó abierta la posibilidad de que personas hubieran aprovechado esa necesidad para organizar las ocupaciones, cuestión que continúa bajo indagación.
— Uno de los hombres supuestamente vinculado con la causa por la usurpación masiva de terrenos en el barrio Dr. Montaña
Además de las 200 viviendas municipales de Techo Digno iniciadas en 2017, el INVICO desarrolló posteriormente proyectos de integración socio-urbana. Por ejemplo, en 2022 licitó otras 50 viviendas del sector norte mediante un proyecto financiado con un préstamo del BID, con un presupuesto oficial de $283.5 millones a valores de septiembre de 2021. Es una obra diferente de las 200 viviendas municipales originales.
Después del conflicto de septiembre de 2026, el INVICO informó también que trabaja en la recuperación de 26 viviendas y que proyecta intervenir otras 26, dentro de una urbanización que incluye 76 viviendas ya entregadas, 13 en ejecución y otras 13 proyectadas. Esos números corresponden a una intervención integral más amplia en Doctor Montaña y no deberían equipararse automáticamente con las 200 casas municipales de Techo Digno sin documentación que establezca esa correspondencia.
En San Francisco, pago chico del gobernador Martín Llaryora, la Justicia federal está en ebullición. Y no sólo por la única poltrona del Juzgado Federal existente allí, vacante desde agosto de 2024, tras el fallecimiento del juez Pablo Montesi. En la cual el hijo del gobernador, Francisco “Pancho” Llaryora Crivello pugna sentar a Agustina Felizia, pareja del juez federal de Rio Cuarto Carlos Ochoa. Y el llaryorismo quiere dejar fuera de carrera a la candidata independiente Carolina Ludueña, con la ayuda del rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación desde marzo pasado.
En realidad, la crisis en los Tribunales federales de San Francisco comenzó en diciembre de 2020, cuando el fiscal federal Luis María Viaut tomó licencia extraordinaria por una larga enfermedad, luego de haber sido imputado por la fiscal subrogante María Marta Schianni.
— Luis María Viaut
Viaut había sido denunciado por los delitos de exacciones ilegales y tráfico de influencias, por lo que el fiscal general federal Carlos Casas Noblega designó a Schianni, fiscal federal en Villa María, para que subrogue en San Francisco. Dos meses después de la imputación contra Viaut, en febrero de 2021, la Procuración General de la Nación confirmó a Schianni en el cargo interino de San Francisco por el tiempo que durara la licencia de Viaut.
Velozmente, catorce meses después, el 26 de abril de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba sentenció a Luis María Viaut a 5 años de prisión, por los delitos de exacciones ilegales agravadas -o concusión agravada- y tráfico de influencias, además de inhabilitación especial perpetua para cargos públicos y una multa de $ 6 millones. Y un año después, el 5 de abril de 2023, el fiscal Viaut fue destituido definitivamente de su cargo por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal -por unanimidad-, tras dicha condena.
Casi tres años después de la condena en primera instancia y la destitución; cerca de las cinco de la tarde del viernes 13 de marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso de la defensa, con el famoso “artículo 280” sancionado en los tiempos de Menem y Cavallo, traducible en lenguaje común “no tenemos gana de analizarlo”.
Y así con la condena firme, Luis María Viaut ese mismo día se entregó en la sede de la Policía Federal de San Francisco. Llegó solo al lugar, y después lo hicieron familiares suyos, a darle apoyo. Quedó detenido y horas después fue trasladado al complejo carcelario de Bouwer, al sur de esta Capital y a 208 kilómetros de San Francisco.
El presente informe especial es una profundización y una ramificación directa de las investigaciones publicadas por el portal StripteasedelPoder.com sobre los (des)manejos de la Justicia federal de Córdoba, conocida por los cordobeses como La Torre.
El principio del fin
Para entender el destino final del exfiscal federal Luis María Viaut, es necesario desarmar el rompecabezas desde su primera pieza, allí donde las crónicas oficiales suelen trazar una línea recta pero donde el ojo periodístico entrenado empieza a notar las costuras de un armado conveniente.
El fiscal Viaut aterrizó en el 2009 como un paracaidista polaco en la ciudad fronteriza cordobesa de San Francisco, lindante calle de por medio con la ciudad Frontera de Santa Fe -y sus intríngulis de cambio de jurisdicción- con motivo de la creación de los tribunales federales en esa ciudad. Desempeñando así el cargo de primer fiscal federal en ella.
Desde comienzos de los años 90, había ocupado la titularidad de la Fiscalía Federal de Zapala, donde tuvo alguna trascendencia nacional en 1994 al intervenir inicialmente en la causa penal «Carrasco II», el expediente que investigaba la red de encubrimiento militar en torno al asesinato del soldado Omar Carrasco dentro del cuartel del Ejército de esa localidad neuquina.
Pero a los fines de facilitar el estudio universitario de sus hijos, logró su traslado a la flamante fiscalía sanfrancisqueña. En donde evidentemente, tras una denuncia de la AFIP que involucraba a destacados personajes de esa localidad fronteriza, se encontró con la inusitada frontera de pasar de ser un acusador público, a ser acusado, condenado, y purgar pena de prisión.
La génesis de su caída cómo fiscal federal de San Francisco, sucedió formalmente a mediados de 2020, en plena parálisis por la pandemia de Covid-19. El engranaje judicial se activó a partir de una denuncia que ponía bajo la lupa supuestos pedidos de coimas millonarias. La hipótesis acusatoria, que el Ministerio Público Fiscal validó con llamativa celeridad, apuntaba a dos frentes principales:
El supuesto cobro de $ 2,5 millones a directivos de la cooperativa tambera Las Cañitas, de la localidad de El Tío; para ‘cajonear’ una presunta investigación por evasión. Y un segundo episodio que involucraba un pedido de miles de dólares para torcer el rumbo de una causa por delitos sexuales en la justicia ordinaria.
El relato acusatorio, multiplicado en los medios, se estructuró rápidamente sobre la base de un nombre clave: Darío ‘Paco’ Rivarola, un empleado de maestranza de la propia Fiscalía que operaba como el presunto nexo o ‘recaudador’ callejero del ex fiscal.
Es precisamente en este punto, donde el expediente empieza a exhibir sus primeras e inquietantes particularidades. Mientras la narrativa oficial presentaba el caso como una cruzada ejemplarizante contra la corrupción institucional -siendo la primera vez en la historia de Córdoba que un fiscal federal era llevado al banquillo-, los cimientos de la instrucción penal se edificaban sobre un terreno de llamativas debilidades técnicas.
El génesis de la denuncia y el efecto búmeran corporativo
La piedra fundacional que dio origen a la causa penal contra Viaut guarda un secreto incómodo que la instrucción oficial intentó camuflar, pero quedó inalterable en las actas. Según la denuncia original del Ministerio Público Fiscal del 23 de julio de 2020, Pablo Luis González, gerente de la cooperativa de El Tío, declaró bajo juramento que el empleado de maestranza Darío “Paco” Rivarola, supuesto enviado de Viaut para negociar acuerdos extrajudiciales, le habría manifestado de forma expresa que, «si bien trabajaba en la Fiscalía Federal de San Francisco, respondía a Carlos Gonella y Enrique Senestrari».
— Declaración de Pablo Luis González, donde testifica que Rivarola le dijo que “responde” a los fiscales federales de Córdoba Gonella y Senestrari
Así la paradoja procesal ingresa al terreno del absurdo institucional: el fiscal asignado para llevar adelante la acusación contra Viaut fue, precisamente, Carlos Gonella; de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), quien archivó la causa sobre “La ruta del dinero K”.
Traducido: el fiscal cuyo nombre apareció originalmente en la boca del “recaudador” “Paco” Rivarola, terminó a cargo de la investigación contra el fiscal sospechado. Esta anomalía alimentó la hipótesis de la defensa respecto de un ensañamiento corporativo y una “vendetta” interna. Según trascendidos, existiría la sospecha de que el entorno de la Fiscalía de Instrucción de San Francisco a cargo de Bernardo Alberione; habría tenido intereses concurrentes en desplazar a Viaut debido al avance de causas complejas de narcoestructuras que tocaban terminales locales como el club Sportivo Belgrano y el boliche Nina.
En pleno juicio oral, el empleado Rivarola y los demás coimputados optaron por declararse culpables tras recibir ofertas de juicios abreviados, que les garantizaban la libertad condicional. Una alternativa idéntica le habría sido ofrecida al entonces fiscal federal Luis Viaut, quien la rechazó de cuajo al negarse a convalidar un libreto ajeno, sobre delitos que sostiene firmemente no haber cometido. Esta decisión procesal lo dejó en una encerrona técnica frente a un tribunal dispuesto a fallar por acumulación de indicios.
El factor Benso y el «vuelto» político
Antes de que el nombre de Luis María Viaut apareciera en letra de molde en los titulares, ligado al presunto cobro de coimas; el fiscal federal de San Francisco llevaba adelante una silenciosa tarea para desentrañar la trama política que se escondía detrás de la megacausa de la “usina de facturas truchas” denunciada por la AFIP, conocida también como causa «Pizzi», cuyo expediente es el FCB 8191/2020.
En ese marco, en agosto de 2020, el fiscal Viaut ordenó la detención de un peso pesado: Domingo Benso, el influyente mandamás del Grupo Cooperativo Devoto. La caída de Benso sacudió los cimientos económicos y políticos del este cordobés. A partir de la detención de Benso, la lógica de la competencia territorial sufrió una metamorfosis quirúrgica:
-El desplazamiento forzado: Mientras Viaut defendía que la competencia correspondía estrictamente a San Francisco, la vocal de la Cámara Federal de Córdoba, Graciela Montesi, hermana del entonces juez federal subrogante de San Francisco, Pablo Montesi, intervino activamente para que el expediente fuera mudado de urgencia a la Capital provincial.
-La sincronía familiar:“Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera”, escribió José Hernández en La vuelta de Martín Fierro; máxima que aprendieron a rajatabla los hermanos Montesi.
-La libertad exprés: Sólo pasaron 37 días entre el lunes 31 de agosto de 2020, y el miércoles 7 de octubre del mismo año; fechas en que Domingo Benso fue detenido y el juez federal Pablo Montesi, dictara su falta de mérito. En un trámite confuso, dado que previamente se había declarado incompetente y había dispuesto girar la causa al Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Córdoba, para su acumulación por una supuesta conexidad.
Ante lo cual el fiscal Viaut se opuso, insistiendo que debía permanecer en San Francisco. Sin embargo, el fiscal subrogante ante la Cámara de Apelaciones Carlos Casas Noblega, disintió extrañamente de la postura de Viaut. Y de esa manera unipersonalmente el camarista Abel Sánchez Torres, cuñado en los hechos del juez Montesi, en lugar de apartarse le dio la razón a este, quedando la picante causa radicada en Córdoba, lejos de las manos de Viaut.
Posteriormente el mismo camarista Sánchez Torres, catorce meses después, en diciembre 2021, a la par de confirmar la Cámara de Apelaciones el procesamiento de otros imputados, pretendió confirmar la falta de mérito del influyente Benso. Lo que fue impedido por los camaristas Liliana Navarro y Eduardo Avalos, quienes hicieron valer la mayoría advirtiendo que la medida era prematura, y que correspondía profundizar la valoración de las pruebas aportadas por la AFIP.
El círculo de esta línea temporal cerró con precisión matemática: el pasado 3 de septiembre pasado, el juez federal Carlos Arturo Ochoa, que es titular en Río Cuarto y subrogante en el juzgado Federal N°1 de Córdoba -y quiere imponer a su pareja Agustina Felizia como jueza en San Francisco- y el secretario Facundo Troncoso firmaron el sobreseimiento definitivo de Domingo Benso y Miguel Angel Montali en la causa de facturas truchas derivada de la gestión original de Viaut.
El mismo mes en que la megaestafa impositiva que amenazaba al cooperativismo regional fue archivada para sus figuras de peso, el fiscal que la impulsó cumple su condena en Bouwer. Actualmente, Benso se desempeña como secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales de la Provincia del gobierno de Martín Llaryora.
El truco de la «carátula fantasma»
Cuando se examina la letra chica del veredicto que envió a Viaut a prisión, el andamiaje probatorio del llamado “Primer Hecho” -el caso de la Cooperativa Las Cañitas de El Tío- exhibe fisuras insalvables. El denunciante Pablo González afirmó que el empleado Rivarola lo había extorsionado exhibiéndole un expediente secreto titulado “Benso Domingo, Agustín Benso y otros”.
Sin embargo, los registros informáticos del sistema oficial Coirón expusieron una realidad incómoda: los sumarios iniciales no se indexaban bajo el nombre civil de los imputados en esa etapa y la causa real jamás llevó el apellido Benso en su portada, sino que estaba bautizada bajo la carátula “Pizzi”.
La incorporación del apellido Benso en el relato del denunciante habría funcionado, según la hipótesis de la defensa, como un forzamiento posterior para inyectar gravedad institucional a una maniobra que, en rigor, respondía a un conflicto ajeno al fiscal. El propio Benso, convocado como «testigo nuevo» en el juicio oral, manifestó ante los magistrados haber recibido un pedido de USD 250.000 por parte de otros detenidos, mientras estaba alojado en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA); no identificando a Viaut.
Ante la absoluta ausencia de comunicaciones directas como llamadas, mensajes o reuniones entre el entonces fiscal federal de San Francisco y el cooperativista de El Tío, el Tribunal Oral Federal N.º 2 aplicó la teoría del modus operandi como sustituto de la prueba directa. Los jueces extrapolaron una matriz de sospecha extraída del segundo hecho para dar por probado el primero.
Para fundar la condena, se aferraron al cruce de antenas de una comunicación telefónica entre el empleado Rivarola y el fiscal el día de la reunión clave. Los investigadores jamás interceptaron ni conocieron el contenido real de esa conversación y de ninguna otra. El tribunal procedió a «redactar» de forma presuntiva el diálogo, descartando motivos laborales ordinarios, y rechazó la compulsa de las sábanas telefónicas históricas de los tres meses anteriores solicitadas por la defensa, para demostrar la habitualidad del contacto diario en medio del teletrabajo por la pandemia.
Las contradicciones del fiscal Gonella en el dictamen acusatorio
Para desmontar el andamiaje jurídico que llevó al exfiscal a una celda en la cárcel de Bouwer por cinco años; es indispensable someter la pieza jurídica acusatoria a una rigurosa autopsia procesal. Al confrontar los fundamentos del dictamen de elevación a juicio y alegatos del fiscal federal Carlos Gonella con las actas y la denuncia original de 2020, emerge un forzamiento dogmático plagado de contradicciones estructurales.
— Fiscal Carlos Gonella, acusador de Viaut en el juicio
-El ocultamiento de la imputación de origen (La paradoja Gonella – Senestrari): En su acusación, el fiscal Gonella presentó el caso como una estructura piramidal donde Luis María Viaut digitaba de forma exclusiva el pago de sobornos a través de Rivarola. El fiscal acusador omitió de forma deliberada el dato medular de la denuncia original del 23 de julio de 2020: bajo juramento, el denunciante Pablo Luis González dejó asentado que Rivarola le exigía el pago irregular, manifestándole expresamente que él respondía a los fiscales de los Tribunales federales de Córdoba Carlos Gonella y Enrique Senestrari.
Que el propio Gonella haya actuado como el fiscal acusador habiendo sido mencionado de forma directa por el «recaudador» callejero constituye una anomalía procesal insalvable. En términos de neutralidad, Gonella debió haberse apartado de inmediato. El dictamen, por ende, operó como un mecanismo de purificación y desvío de la sospecha original hacia Viaut, jefe natural de Rivarola en la fiscalía de San Francisco.
-La traspolación arbitraria de la evidencia (El vacío del primer hecho): Para justificar la coautoría de Viaut en el pedido de sobornos por $ 2,5 millones a la Cooperativa de El Tío, Gonella estructuró su alegato afirmando que existía un «patrón de comportamiento criminal unívoco e indivisible» entre el primer y el segundo hecho. El propio dictamen debió admitir que no existían escuchas, mensajes, correos, ni un solo testimonio directo que ubicara a Viaut interactuando o exigiendo dinero a los directivos de El Tío.Es más, quedó probado que Viaut jamás conoció a González, ni tuvo una causa relacionada a la Cooperativa “Las Cañitas”.
“No queremos patearles la puerta”, le advirtió “Paco” Rivarola a Pablo González, dirigente de la Cooperativa Tambera Las Cañitas de El Tío. González, como muchos otros productores, tenía “problemas de papeles” y necesitaba ponerse al día con la AFIP. Ahí apareció Rivarola, empleado raso de la Fiscalía Federal de San Francisco, que según palabras propias, reportaba a los fiscales cordobeses Gonella y Senestrari.
Tras varias reuniones con González, la solución propuesta fue el pago de una coima: “Si podemos hacer algo, que no sea con las cosas a medias; si se puede hacer algo que lo hagamos bien, cosa que no quede nada, que quedes limpio, limpio, limpio, pero después a cuidarse”, le advirtió Rivarola al gerente de la cooperativa. El pedido de coima fue de $ 2,5 millones y González respondió que iba a discutir la propuesta con los otros directivos y darle una respuesta. Así se inició la causa contra el exfiscal Luis Viaut.
El Tío es un pueblo del este cordobés, de poco más de 2.000 habitantes ubicado sobre la Ruta 19, a 76 kilómetros de San Francisco y a 132 de esta Capital, el corazón de la cuenca lechera que comparten las provincias de Córdoba y Santa Fe.
En el caso de la Cooperativa Tambera Las Cañitas, el fiscal Gonella forzó la figura de la coautoría funcional utilizando las desgrabaciones y los indicios del “Segundo Hecho” (caso Brugnoni) como «resina jurídica» para rellenar el absoluto vacío probatorio del Primer Hecho. Utilizar la prueba de un suceso independiente para dar por probado otro hecho penalmente autónomo, viola de forma flagrante las reglas de la sana crítica racional y el principio de lesividad de la ley penal.
-El forzamiento de la «capacidad de influencia» y la omisión de destino: Respecto al Segundo Hecho, el caso Brugnoni, Gonella encuadró la conducta de Viaut en el delito de tráfico de influencias, argumentando que el fiscal federal utilizó su peso institucional para torcer el rumbo de una investigación penal ordinaria a través de la fiscal provincial Isabel Reyna, quien, cabe mencionar, fue denunciada y formalmente sancionada en agosto de este año por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, tras acreditarse un patrón sistemático de maltrato laboral, violencia y hostigamiento hacia empleados y colegas.
La propia instrucción determinó que Viaut y Reyna pertenecían a órbitas jurisdiccionales sin nexo vinculante, ya que el primero era fiscal federal; mientras que la segunda era fiscal de Instrucción de la Provincia de Córdoba; no tenían una relación previa; además de que la causa ya se encontraba en la Cámara de San Francisco, y no en la fiscalía de Reyna.
La causa Brugnoni está relacionada al presunto cobro por parte de Luis Viaut de USD 17.100, que el empresario Víctor Brugnoni le habría entregado para que éste lograra la liberación de su hijo José Agustín Brugnoni (23), detenido e imputado por abuso sexual por la Justicia provincial de Córdoba. Ese monto sería el primer pago de un total de USD 250 mil, la suma total sería completada cuando el joven acusado de violación recuperara su libertad.
En este llamado Segundo Hecho, además del fiscal federal de San Francisco fueron investigados e imputados como intermediarios Gerardo Agustín “Coco” Panero y Walter Gustavo Fattore; mientras que Brugnoni fue acusado de pagador de la coima, delito tipificado como cohecho activo.
La madrugada del 25 diciembre 2019, luego de concurrir a un boliche de la localidad de Laborde, José Agustín Brugnoni, habría violado a una chica; aprovechado que la víctima había bebido de más. Luego de que la joven denunció a Brugnoni, la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville libró una orden de detención en su contra, pero el muchacho se había fugado.
Fue detenido cinco días después en Formosa, y los investigadores sospechan que quería fugarse a Paraguay, y luego a Brasil, país con un largo historial de negativas a los tratados de extradición. Ya en 2020, el sospechoso quedó alojado en la cárcel de Villa María, a 129 kilómetros de Laborde.
El dictamen fiscal fundamentó la existencia del delito, basándose únicamente en el registro de una llamada sacada de contexto, pero omitió el requisito típico esencial del tráfico de influencias: la capacidad real y efectiva de influir. La situación procesal de Brugnoni jamás sufrió alteración alguna. El dictamen transformó un acto acreditado de sugerencia de asistencia familiar ordinaria, como la simple recomendación de consultar a un abogado particular, familiar del fiscal, en un engranaje extorsivo mediante inferencias conjeturales.
–La incoherencia cuantitativa y la “ceguera” patrimonial: En su alegato final, Gonella solicitó una pena de 7 años de prisión efectiva argumentando la existencia de un beneficio económico espurio de gran escala derivado de la función pública. Los peritajes contables y las declaraciones juradas oficiales incorporadas al expediente arrojaron un resultado unívoco: cero incremento patrimonial. Los bienes de Viaut reflejaban una vida completamente austera y concordante con sus ingresos ordinarios de magistrado de carrera.
Existe una contradicción matemática insalvable en el dictamen acusatorio al mensurar el presunto delito. La fiscalía acumuló y mezcló de forma caótica en su plataforma fáctica cifras que iban desde los $ 2.500.000, los USD 250.000 exigidos supuestamente en la UCA según el testigo de oídas Benso, hasta terminar fijando un supuesto pago acreditado de apenas USD 17.100. La dispersión cuantitativa y la total ausencia de trazabilidad del destino de ese dinero exponen que el dictamen no persiguió la comprobación de un flujo financiero delictivo, sino la construcción de un relato de sospecha para justificar un veredicto condenatorio predeterminado.
Las escuchas censuradas
Mientras el dictamen del fiscal federal acusador Carlos Gonella y la instrucción penal se concentraban en asfixiar la defensa de Viaut mediante conjeturas, las pruebas de desgrabaciones oficiales de intervenciones telefónicas incorporadas en el expediente -específicamente bajo los folios 929, 932 y 934- exponían una colosal filtración de información en el fuero provincial que la fiscalía acusadora decidió no ver.
De las transcripciones técnicas de los audios que el propio Viaut logró capturar y denunciar públicamente, surgen diálogos en código entre informantes del periódico El Tiempo y funcionarios judiciales provinciales de San Francisco:
Hugo:Che, escuchame, llamó recién el loco de Delitos… el amigo de la financiera.
Julián:¿Qué pasó? ¿Se movió el agua?
Hugo:Me dice que el Federal [en referencia a la fiscalía de Viaut] les tiró el camión encima, que están armando los papeles para entrar a la tarde o mañana a primera hora. Que avisen a la cueva grande que limpien los discos y los papeles de las carpetas blancas.
Julián:Uh, qué cagada… ¿Y el jefe de ellos [Alberione] sabe algo?
Hugo:Y, si el secretario [Gaido] está al teléfono cruzando las patentes, imaginate. El pibe de Alberione ya se metió como abogado para mirar el revés desde adentro. El interés es voltearlo a este tipo [Viaut] porque se les metió en la ruta de Sportivo y el boliche Nina.
Estas desgrabaciones demuestran que, mientras la Justicia provincial de San Francisco simulaba cooperar en la lucha contra la criminalidad económica, los funcionarios de segunda línea cruzaban llamadas con los investigados del entorno del ex directivo de Sportivo Belgrano, Pablo Esser, para vaciar las oficinas antes de los allanamientos.
El dictamen de Gonella omitió deliberadamente contextualizar estos audios en su acusación. Para un observador agudo, el desembarco de la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni -designada para reemplazar a Viaut en San Francisco- actuó en perfecta sintonía con la incorporación de Juan Alberione, como patrocinante del cooperativista Pablo González en la causa contra Viaut.
El abogado Alberione es hijo del entonces fiscal de Delitos Complejos de San Francisco, Bernardo Alberione. La ingeniería de la maniobra queda expuesta en la trama familiar de los Montesi y los Alberione; quienes desde los fueros federal y provincial habrían operado en bloque para demoler la labor del fiscal federal Luis María Viaut, que ponía en peligro el millonario negocio de las mesas de dinero, cooperativas emisoras de facturas truchas, y la ruta del narcotráfico regional, a través de pantallas como Sportivo Belgrano y el boliche ‘Nina’.
Una llamada fantasma
Respecto al “Segundo Hecho” como se conoce el caso Brugnoni, la acusación estructuró el delito de tráfico de influencias sobre la base de una supuesta llamada telefónica dirigida a la fiscal de instrucción Isabel Reyna, que en la realidad nunca fue realizada. En el expediente no figura, no está consignada dicha comunicación, y en los fundamentos de la sentencia condenatoria al ex fiscal Luis María Viaut, se reconoce explícitamente que no se pudo determinar la existencia de dicha llamada, ya sea realizada por el propio fiscal Viaut o por el ordenanza Rivarola.
A partir de esta indeterminación material, el tribunal dedujo que la influencia se ejerció en nombre del fiscal federal. La defensa técnica a cargo del penalista Tristán Gavier, expuso la debilidad de esta inferencia al demostrar que Viaut y Reyna no se conocían, pertenecían a órbitas y fueros distintos, y que la causa se tramitaba ante la Cámara de San Francisco, y no ante la fiscalía de origen. Asimismo, los informes técnicos confirmaron que la situación procesal del imputado Brugnoni no sufrió ninguna modificación favorable como consecuencia del llamado.
Frente a la narrativa extorsiva, la hipótesis defensiva sostiene que la intervención de Viaut se limitó a sugerirle a un allegado particular, en una situación económica crítica por el aislamiento de la Covid-19, que consultara a un familiar abogado, configurando un acto de asistencia ordinaria que la acusación descontextualizó.
Esta inconsistencia probatoria se complementa con las contradicciones numéricas del fallo, donde los montos del presunto cohecho oscilan caóticamente entre los $ 2,5 millones y los USD 250.000 exigidos supuestamente en la UCA según testificó Benso, un empresario que había sido investigado, precisamente por Viaut en la megacausa de la usina de facturas truchas.
Esa versión indicó, además, que Viaut habría cobrado un retorno de unos USD 17.000; sin embargo, los peritajes contables ratificaron una vida familiar austera y concordante con los ingresos del magistrado, habiendo quedado su familia en una situación de vulnerabilidad patrimonial extrema. Y en constante miedo por represalias de parte de las mafias a la que Viaut se enfrentó a lo largo de su carrera judicial.
— Jueces y acusadores. El tribunal estuvo compuesto por Fabián Asís, Noel Costa y Fabián Falcucci. Los acusadores fueron los fiscales Carlos Gonella y María Marta Schianni
La conyugalidad de casación: el dudoso revisor
El derrotero del expediente sumó su capítulo más opaco al llegar a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal el 14 de agosto de 2025. Al revisar la condena de primera instancia, el máximo tribunal penal de la Nación se fracturó. El juez Carlos Mahíques votó en minoría, haciendo lugar parcialmente al recurso de la defensa, tras dictaminar que la tipificación de exacciones ilegales aplicada en Córdoba era técnicamente insostenible y debía ser encuadrada bajo la figura de concusión, obligando a revisar integralmente el fallo.
Con la unanimidad rota y el juez Mahíques votando en disidencia por hacer lugar parcialmente al planteo defensivo, el voto definitorio (2 a 1) para sepultar la inocencia de Viaut quedó en manos del polémico juez Diego Barroetaveña. Camarista federal arrastra en su foja de servicios otras intervenciones marcadamente controvertidas.
Diversas investigaciones periodísticas, como las publicadas por la dirigente Elisa Carrió o entidades de transparencia judicial, pusieron el foco sobre su llamativo desempeño al frente del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cargo al que debió renunciar a fines de diciembre de 2025 ante las intimaciones por incompatibilidad de funciones.
Durante su ejercicio en la entidad deportiva, Barroetaveña intervino de manera directa en expedientes internos que terminaron blindando y favoreciendo al presidente de la asociación, Claudio “Chiqui” Tapia -como el polémico dictamen que determinó que el dirigente no era una Persona Políticamente Expuesta (PEP)– para luego verse llamado a dictaminar en Comodoro Py sobre causas por presunto lavado de activos y fraude que acorralan a la misma cúpula dirigencial del fútbol.
En el caso del ex fiscal federal de San Francisco, la defensa había planteado la recusación urgente de Barroetaveña tras ventilarse que el magistrado mantenía una relación de pareja estable y pública con la jueza María Noel Costa, integrante del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba y redactora del voto condenatorio original contra Viaut, que fue convalidado por los jueces Fabián Asís, y Fabián Falcucci.
La recusación fue desestimada por sus propios pares de sala, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, a quien seguidamente se la jubiló de prepo, al no permitirle renovar su designación cumplidos los 75 años, siendo sustituida por Mahiques. Y así el camarista Barroetaveña operó como el gran elector del expediente, convalidando formalmente en la máxima instancia penal el fallo dictado de puño y letra por su propia pareja, la jueza María Noel Costa.
— El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña admitió que tiene una relación de pareja con la jueza federal cordobesa María Noel Costa
La disparidad de la vara penal de la Justicia federal adquiere tintes escandalosos al contrastar esta condena a cinco años de prisión efectiva basada en inferencias y llamadas sin contenido, con otros fallos dictados en la Justicia provincial.
Por caso, en el plano de la opinión pública, analistas independientes coinciden que en el juicio que enfrenta el ex presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, quien habiendo protagonizado un trágico siniestro vial en las Altas Cumbres con saldo de una víctima fatal y graves secuelas para dos sobrevivientes, recibió un pedido de condena de tres años y diez meses de prisión efectiva más 10 años de inhabilitación para conducir.
Sin pruebas concluyentes y en base a indicios, a Viaut se lo condenó a cinco años de prisión; mientras que a González, con una víctima fatal; otra con graves secuelas en su salud y otra ya recuperada, sólo le pidieron menos de cuatro años de cárcel. Esa firmeza implacable aplicada sobre el ex fiscal de San Francisco contrasta de forma evidente con la elasticidad procesal otorgada al poder político tradicional.
La yunta de camaristas y las terminales del entramado
La red de conexiones e influencias políticas que rodea el caso sumó un hito documental el 23 de julio de 2026, cuando el juez federal Alejandro Sánchez Freytes imputó a los camaristas federales Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, por el presunto delito de admisión de dádivas. Montesi es presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; mientras que Sánchez Torres es su vicepresidente.
La acusación de los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian puso bajo la lupa un viaje de lujo realizado a Punta del Este, valuado en USD 34.000, en un avión privado perteneciente a los directivos del Grupo Astori y Porta Hermanos, compañías que tramitaban en la Cámara Federal de Apelaciones causas ambientales e inmobiliarias. Para sumar opacidad a la trama, en las últimas semanas, la camarista Montesi contrató como defensor a Tristán Gavier, el mismo penalista que ejerció la defensa de Viaut en el proceso en su contra por el caso de la cooperativa Las Cañitas y el prófugo Brugnoni.
— Durante una audiencia del juicio, Tristán Gavier, defensor de Luis María Viaut
La caída de Viaut devela el inicio del entramado político-judicial; donde el gobernador Martín Llaryora mueve sus hilos para dominar la Justicia federal de San Francisco, su pago chico. El portal StripteasedelPoder.com reveló cómo los hilos del cordobesismo operan subterráneamente en el Concurso 517 del Consejo de la Magistratura para designar a Agustina Felizia como titular del Juzgado Federal de San Francisco -vacante por el fallecimiento del juez Pablo Montesi en agosto de 2024.
El hijo del gobernador Llaryora, Francisco «Pancho» Llaryora Crivello, prosecretario penal, opera para que su amiga Felizia ascienda a jueza y él a secretario penal. Pero como todo tiene que ver con todo, la joven aspirante a jueza, además, está en pareja con Carlos Ochoa, el juez federal de Río Cuarto.
El mismo magistrado que también está a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba ,y que el pasado 3 de septiembre firmó el sobreseimiento express de Domingo Benso; primero imputado y luego testigo que declaró en el juicio oral contra Viaut, quien mientras estuvo detenido en la UCA dijo haber escuchado un pedido de USD 250.000 por parte de otros detenidos, para mejorar su situación y lograr su libertad. Actualmente, Benso es secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales de la Provincia del gobierno de Martín Llaryora.
A seis años del proceso iniciado contra Luis María Viaut, y viendo cómo se mueve el ajedrez judicial federal en San Francisco, la pregunta que flota en el departamento San Justo es si la imputación, juicio y condena a cinco años de cárcel del exfiscal fue una jugada de Llaryora con sus alfiles, para controlar la justicia federal en su pago chico infierno grande.
Apostillas 1: Los hermanos Montesi y la genealogía del poder que llega hasta los Sánchez Torres
Para comprender cómo funciona la Justicia Federal de Córdoba, es indispensable estudiar sus linajes, como bien los describió Sergio Carreras en su libro La sagrada Familia. Por caso, Graciela Montesi, la polémica presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y su hermano Pablo, el fallecido juez federal de San Francisco, representan la continuidad de una genealogía judicial que hunde sus raíces en la figura de su padre, Luis Rodolfo Montesi, histórico y poderoso magistrado que manejó el estratégico Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, con exclusiva competencia electoral provincial durante las décadas de 1980 y 1990.
En la causa de la usina de las facturas truchas, en la que el juez federal Ochoa sobreseyó por pedido del fiscal Maximiliano Hairabedian a los imputados Domingo José Benso y Miguel Angel Montali, acusados por asociación ilícita fiscal, y María Florencia Alisio, Nancy María Magdalena Dupraz de Alisio y Juan Pablo Alisio, por alteración dolosa de registros fiscales; en octubre de 2020 el juez Pablo Montesi en tiempo récord le dictó falta de mérito y le otorgó la libertad a Domingo Benso, sólo 37 días después del megaoperativo con el que había sido detenido.
Mientras que la camarista federal Graciela Montesi y presidente de la Justicia Federal de Córdoba acaba de ser sobreseída por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes en la causa “Padilla” por abuso de autoridad; y sigue investigada en la causa de las dádivas por el viaje a Punta del Este en el avión de Porta Hermanos y Grupo Astori.
La dinastía Montesi se completa así: Josefina Bobone, hija de Graciela Montesi, es prosecretaria en el Tribunal Oral Federal 3. Tomás Bobone, hijo de Graciela Montesi es oficial en el Juzgado federal 3, con el juez Hugo Vaca Narvaja. Damián Bobone hijo de Graciela Montesi, trabaja en la Municipalidad de Córdoba; está casado con Yamila Batalla, nombrada por Montesi en la Cámara Federal de Apelaciones. Por su parte Gerónimo Bobone, sobrino de Graciela Montesi, trabaja en la Secretaría Electoral.
Por su parte el camarista Abel Guillermo Sánchez Torres pareja de Montesi y vicepresidente de la Justicia Federal de Córdoba, coló en La Torre como se conoce donde funciona a: su ex esposa, Alejandra Cecilia Cabido , jefa de Despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1. Ingresó al Poder Judicial de la Nación el 11 de febrero de 2004 y previamente se desempeñó en el Banco Social de Córdoba, la Lotería de Córdoba y la Fiscalía de Estado.
Y a sus hijos: Joaquín Nicolás Sánchez Torres; relator del Tribunal Oral Federal N° 3. Lucía Sánchez Torres; escribiente en el Juzgado federal N° 1, bajo las órdenes del secretario Facundo Troncoso, juzgado vacante, subrogado por Carlos Ochoa, juez federal de Río Cuarto. Y Agustina Sánchez Torres, prosecretaria en el Juzgado federal N° 3 a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.
Apostillas 2: Vulneración de garantías convencionales en el caso Viaut según los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Objeto: El presente memorial tiene por objeto sintetizar las violaciones flagrantes y sistemáticas a las garantías judiciales consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) durante el proceso penal seguido contra el ex fiscal Luis María Viaut, inconsistente y condicionado por factores del contexto político local.
Violación al Derecho a un Tribunal Independiente e Imparcial (Art. 8.1 CADH): Se vulneró la garantía de neutralidad objetiva en la etapa de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado Diego Barroetaveña emitió el voto de desempate (2 a 1) para confirmar la condena a cinco años de prisión efectiva, a pesar de mantener una relación de pareja estable y pública con la jueza cordobesa María Noel Costa, redactora del fallo condenatorio en primera instancia. Asimismo, el circuito de desplazamiento de la competencia territorial operado por los hermanos Montesi y validado por el juez Sánchez Torres evidencia un direccionamiento institucional incompatible con el principio del Juez Natural.
Violación a la Presunción de Inocencia (Art. 8.2 CADH): La condena dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 carece de evidencia objetiva independiente en el tramo denominado «Primer Hecho»; en la cual los magistrados sustituyeron la certeza probatoria y el estándar de in dubio pro reo, por la traspolación automática de un supuesto modus operandi extraído de un hecho ajeno e independiente. Se sentenció a Viaut utilizando el mero registro de antenas de una llamada telefónica ordinaria sin contenido interceptado ni conocido, forzando una interpretación incriminatoria unilateral y presuntiva.
Violación al Derecho de Defensa y Exclusión de Prueba (Art. 8.2.f CADH): El tribunal que juzgó al ex fiscal Viaut bloqueó la producción de prueba informática crítica solicitada en tiempo y forma por la defensa, como son las sábanas telefónicas históricas de las prestatarias. Esta denegación impidió demostrar técnicamente que la frecuencia de las comunicaciones respondía a la dinámica laboral diaria de la fiscalía federal y no a una coordinación delictiva incidental, quebrando la igualdad de armas procesales.
Violación al Principio de Legalidad y Desviación de Poder (Arts. 9 y 25 CADH): La disidencia técnica planteada en Casación por el juez Carlos Mahíques demuestra que la tipificación penal de exacciones ilegales fue forzada por el tribunal cordobés. El 3 de septiembre de 2026, la Justicia federal de Córdoba firmó el sobreseimiento definitivo de Domingo Benso, quien pasó de principal investigado por evasión a testigo de cargo de la acusación. En enero de 2024, antes de su desvinculación definitiva por los delitos de evasión tributaria y lavado de activos, Benso había sido designado por el gobernador Llaryora como secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales, en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Mientras que el fiscal que lo investigó, está preso en el complejo carcelario de la localidad de Bouwer, al sur de esta Capital.
Apostillas 3: Contradicciones de fondo e inconsistencias técnicas en la resolución del juez Ochoa y algunos interrogantes incómodos:
La doctrina de la carátula fantasma: ¿Con qué fundamentos técnicos el Tribunal Oral Federal N° 2 validó y dio por ciertos testimonios basados en la exhibición de un expediente caratulado con el apellido «Benso», cuando los registros informáticos demuestran de forma objetiva que la causa jamás llevó esa nomenclatura en el sistema Coirón y estaba titulada formalmente como “Pizzi”?
La paradoja de la prueba IP: ¿Por qué la trazabilidad técnica de direcciones IP pertenecientes a una cooperativa fue considerada insuficiente por los camaristas federales para procesar a empresarios por una evasión multimillonaria, mientras que la existencia de una simple llamada telefónica ordinaria sin contenido grabado fue suficiente para condenar a cinco años de prisión a un fiscal federal?
El estándar del testigo ciego: ¿Cómo se convalida internacionalmente ante la CADH (Convención Americana sobre Derechos Humanos) una condena de prisión efectiva basada en el testimonio de un imputado cooperativista que, bajo juramento en el juicio oral, manifestó explícitamente ser incapaz de identificar la cara, la presencia o la voz del imputado Luis María Viaut en las presuntas exigencias de dinero?
El cerrojo tecnológico: ¿Cuál es la justificación procesal y técnica para negarle a la defensa del acusado la compulsa y producción de las sábanas telefónicas históricas, las cuales hubieran aportado datos matemáticos e independientes sobre la habitualidad y rutina de los llamados en la fiscalía federal?
La ética de la mesa de luz: ¿Qué estándar de juez imparcial e independiente le queda a la República Argentina ante los organismos internacionales cuando el revisor definitivo en Casación, el juez Diego Berroetaveña, tiene una relación de pareja pública con la jueza cordobesa María Noel Costa, redactora de la condena de primera instancia?
La sincronía de los sobreseimientos: ¿Responde a criterios de estricta hermenéutica jurídica que el sobreseimiento definitivo de Domingo Benso y del contador Miguel Montali haya sido firmado por el juez subrogante Carlos Ochoa en septiembre de 2026, clausurando la usina de facturas truchas inmediatamente, seis meses después de que el fiscal investigador del caso, Luis Viaut se entregara a la Policía Federal tras la sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
Carta pública del ex fiscal federal Luis María Viaut
El 13 de marzo, previo a entregarse ante la ‘Justicia’ el fiscal Viaut hizo la siguiente DECLARACIÓN PÚBLICA:
“A la opinión pública, a los medios de comunicación y a las autoridades de la República Argentina Luego de casi cuarenta años de trayectoria en el sistema judicial federal, considero necesario expresar públicamente mi posición frente a los hechos y versiones que se han difundido en distintos ámbitos. Inicié mi carrera en los juzgados federales de Santa Fe como empleado judicial, posteriormente me desempeñé como secretario en Zapala, provincia de Neuquén, y desde el año 1993 ejerzo el cargo de Fiscal Federal.
A lo largo de estas décadas he intervenido en investigaciones complejas vinculadas al narcotráfico, a delitos económicos, a la evasión fiscal y al lavado de dinero, siempre con el compromiso de actuar con independencia y respeto por la ley. En los últimos años se ha intentado instalar en mi contra una acusación de supuesto tráfico de influencias, una imputación que rechazo de manera categórica. Dicho delito presupone la utilización indebida de una posición o influencia para obtener beneficios o favorecer intereses particulares. En mi caso, no existe ninguna prueba que demuestre una conducta de esa naturaleza.
Se ha afirmado, por ejemplo, que habría intentado influir sobre una fiscal mediante una llamada telefónica. Sin embargo, no existen registros, audios ni documentación que respalde tal afirmación. Cuando solicité que se incorporaran las correspondientes sábanas de llamadas -prueba objetiva que permitiría verificar cualquier contacto- dicho pedido fue rechazado, lo cual genera una situación difícil de comprender desde la perspectiva del derecho de defensa.
Asimismo, se han difundido versiones que pretenden vincularme con expedientes o personas con las que jamás he tenido relación. En la fiscalía a mi cargo nunca existió un expediente relacionado con la cooperativa que se menciona públicamente, ni he ordenado o sugerido a persona alguna solicitar dinero para manipular o cerrar causas judiciales. Considero que la forma en que se han presentado estos hechos configura una operación mediática que busca instalar sospechas sobre mi nombre y mi trayectoria, construida durante décadas de servicio público.
Esta situación se desarrolla, además, en un contexto particularmente delicado para mi familia, que desde hace aproximadamente tres años viene atravesando un proceso judicial que consideramos profundamente injusto. Durante ese tiempo hemos soportado presiones e intimidaciones que exceden lo razonable dentro de un debate judicial.
Se ha llegado incluso a una situación que resulta, cuanto menos, preocupante desde el punto de vista institucional. En la instancia de revisión en casación ha intervenido como superior un magistrado que es pareja reconocida de quien dictó la sentencia cuestionada. Esta circunstancia plantea un serio interrogante respecto de la imparcialidad que debe regir en todo proceso judicial y profundiza la percepción de parcialidad que ha rodeado este caso.
He decidido, no obstante, continuar afrontando el proceso dentro de los canales institucionales que establece la ley, con la esperanza de que las instancias correspondientes revisen los hechos con objetividad y pleno respeto por las garantías constitucionales. No puedo dejar de señalar que situaciones similares han sido atravesadas por otros fiscales federales que, en distintos momentos, investigaron hechos sensibles vinculados a estructuras de poder económico o criminal. Este contexto exige una reflexión profunda sobre la necesidad de preservar la independencia del sistema judicial.
Por todo lo expuesto, considero imprescindible realizar un llamado a los medios de comunicación, a los periodistas, a los representantes políticos y a las autoridades nacionales para que se garantice el respeto por los principios básicos de una república: el debido proceso, la presunción de inocencia y una justicia verdaderamente independiente. Después de casi cuatro décadas dedicadas al servicio de la justicia federal, mi única expectativa es que los hechos sean analizados con seriedad, sin presiones ni operaciones, y que finalmente prevalezcan la verdad y el derecho.”
El apellido Román quedó asociado en pocos meses a dos de las operaciones de infraestructura más relevantes impulsadas durante la presidencia de Javier Milei. En junio, Servimagnus, la empresa vinculada a Ricardo y Leonardo Román, quedó como socia argentina de Jan de Nul en la concesión de la Vía Navegable Troncal, la Hidrovía.
Ahora, otra rama de la familia, encabezada por Walter Román, integra uno de los únicos dos consorcios que siguen en carrera para adquirir el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
“La novedad de la jornada fue que se bajó José Luis Manzano, que es socio de Filiberti en Edenor y en el sector se descontaba que iría por la empresa de agua. En su lugar apareció la familia Román, que viene trabajando con los Neuss en las privatizaciones”, afirmaron fuentes a La Política Online sobre los hermanos Juan y Patricio (Paddy) Neuss, amigos de la infancia del actual asesor presidencial Santiago Caputo, a quien conocen desde su paso por el colegio Saint Catherine’s Moorland.
Aunque el proceso de AySA todavía no fue adjudicado. Lo trascendido es que el consorcio encabezado por Rowing, una compañía fundada por Walter Román, quedó entre los dos oferentes técnicos admitidos a la etapa de evaluación.
El Ministerio de Economía abrió el 15 de septiembre las ofertas técnicas y anunció dos postulantes. Por un lado, “ROWING S.A. – Consorcio Rowing, Arcos, Transclor, PHX”, y por el otro, “ROGGIO ROAS S.A. – Consorcio Roggio Roas S.A.U. y otros”. El Gobierno informó que la Comisión de Evaluación debe analizar ahora si las propuestas cumplen las condiciones del pliego antes de la etapa económica y de una eventual adjudicación.
El Gobierno declaró a AySA sujeta a privatización en la Ley Bases y luego organizó la transferencia mediante el Decreto 494/2025 y las resoluciones posteriores. La Resolución 704/2026 convocó una licitación nacional e internacional, de etapa múltiple y sin base, para vender a un operador estratégico la totalidad de las acciones estatales, equivalentes al 90% del capital, con el 10% restante perteneciente a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
AySA presta el servicio de agua y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano y, según estimaciones publicadas, su área involucra a cerca de 14 millones de habitantes. Walter Román todavía no controlaría AySA, pero está a una evaluación y a una competencia económica de distancia de poder hacerlo.
El negocio, además, no consiste simplemente en comprar acciones y cobrar tarifas. El pliego impone al futuro operador un programa de expansión e inversiones que el Gobierno valuó en $2.89 billones a precios de diciembre de 2025, sin IVA, durante el ciclo 2027-2031, cifra que Economía presenta como superior a US$2.000 millones. También fija objetivos de cobertura y controles anuales a cargo del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, ERAS. Esos compromisos hacen que la capacidad técnica y financiera de los socios sea tan relevante como el precio que finalmente ofrezcan por las acciones.
Este esquema ayuda a entender una alianza que, vista de lejos, puede parecer heterogénea, con un empresario argentino de infraestructura y logística, un histórico proveedor químico de AySA, un operador brasileño de saneamiento y un vehículo financiero extranjero.
— El emblemático Palacio de Aguas Corrientes, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Rowing realiza ingeniería y obras vinculadas con redes y saneamiento, pero no acredita por sí sola experiencia equivalente a operar una gran compañía de agua. Arcos, vinculada al Grupo Equipav y a la plataforma brasileña Aegea, cumple el componente de experiencia operativa internacional requerido por el pliego.
En el otro bloque, Roggio no se presenta solo. Aguas de Corrientes aporta experiencia local, mientras que Mekorot y Marubeni brindan respaldo técnico internacional. Sin embargo, el eventual vínculo contractual con el Estado quedaría encabezado por el consorcio liderado por Roggio.
De Rowing a un grupo diversificado
Walter Román mantiene un perfil público considerablemente menor que el tamaño de sus negocios. En su presentación profesional se identifica como fundador de Equo Capital, mientras que el propio grupo se define como una organización creada para administrar, consolidar y desarrollar un patrimonio empresarial familiar. Su portafolio abarca infraestructura, logística, distribución, servicios ambientales, salud e inversiones.
La compañía decisiva para la privatización de AySA es Rowing. De acuerdo con la información corporativa de Equo, Rowing trabaja en construcción y mantenimiento de redes de infraestructura de “última milla”, ya sea electricidad, gas, agua, cloacas y desagües, telecomunicaciones, alumbrado y sistemas de tránsito. El grupo le atribuye miles de trabajadores, centenares de profesionales, técnicos y una cartera importante de proyectos.
Equo también presenta entre sus compañías a Lógico, ConnecTec, Control Ecológico, Direct Group, Santa Catalina y Urbano Express, entre otras unidades. Esa diversidad explica por qué describir a Román solamente como “constructor” resulta incompleto, siendo que su ecosistema empresario combina obras y servicios urbanos con logística, marketing, distribución y otras inversiones. Siendo mayormente conocido por Urbano Express, la compañía de logística que en mayo de 2025 ganó una polémica licitación del PAMI para distribuir pañales en todo el país. Según la acusación, la firma tuvo facilidades para conseguir el contrato y ofreció productos de mala calidad.
La historia familiar es algo antigua, pudiendo ubicar el origen del grupo Román en el negocio de transporte y logística iniciado por Alfredo Simón Román en 1946. Décadas después, los negocios quedaron divididos entre sus hijos y las ramas siguieron caminos empresariales distintos. Walter desarrolló su propio conglomerado, Alfredo continuó otra rama de Grupo Román, Ricardo quedó ligado a los negocios en los que hoy aparece Servimagnus y Oscar se orientó al sector inmobiliario.
Ese detalle es fundamental porque evita una simplificación frecuente. Los Román no operan necesariamente como un solo holding familiar. De hecho, al explicar la participación de Servimagnus en la Hidrovía, la empresa sostuvo que su rama no mantenía supuesta relación societaria ni comercial con las otras ramas Román y que llevaba aproximadamente dos décadas desarrollando actividad propia. Pero en AySA, Walter Román no llegó solo.
El integrante que vuelve especialmente sensible la propuesta de Rowing es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor. Durante años lo han apodado como “el Rey del Cloro” o “Señor Cloro” por el peso de su compañía en el mercado de productos químicos utilizados, entre otros destinos, para el tratamiento de agua. Filiberti también tuvo participación en Edenor junto a José Luis Manzano y Daniel Vila, lo que amplió su presencia en servicios públicos regulados.
Transclor se presenta como una empresa con décadas de trayectoria en derivados de la industria cloro-soda y destaca entre sus aplicaciones el abastecimiento de productos destinados al tratamiento y potabilización del agua.
— Mauricio Filiberti, más conocido popularmente como el “Rey del cloro”
En AySA el vínculo no comienza con la privatización. Fuentes sitúan a Transclor como proveedor de la empresa desde 2009, particularmente mediante policloruro de aluminio, conocido como PAC, un coagulante empleado durante el tratamiento de agua. En otras palabras, si el consorcio de Rowing finalmente gana, un proveedor histórico de insumos de AySA pasaría a formar parte del grupo que controlaría a la propia compañía compradora de esos insumos.
El negocio detrás del “Rey del Cloro”
El defensor adjunto bonaerense Walter Martello solicitó información sobre la valuación de los activos y el pasivo ambiental involucrado en la operación. De acuerdo con la documentación disponible, la valuación permanece dentro de un data room de acceso restringido a los potenciales oferentes, mientras que tampoco existe un inventario público y completo de las obligaciones ambientales pendientes. Esta falta de información impide que la ciudadanía pueda analizar en igualdad de condiciones si el precio que eventualmente se acuerde resguarda de manera adecuada el patrimonio estatal.
La falta de transparencia adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de que únicamente dos ofertas lleguen a la instancia competitiva. Una licitación sin precio base puede permitir que el propio proceso determine el valor de mercado cuando existe una competencia amplia entre interesados. Sin embargo, cuando el número de oferentes es reducido, disminuye la presión competitiva y aumenta el riesgo de que el Estado termine aceptando una propuesta inferior al valor real de los activos, aun cuando el procedimiento cumpla formalmente con los requisitos legales.
La futura política de compras, los contratos entre partes relacionadas y las reglas de gobierno corporativo en asuntos especialmente relevantes para el regulador y para el control público. Esa mezcla de factores es una inferencia razonable a partir de la doble condición de Transclor —proveedor preexistente y potencial accionista—.
Ahí aparece uno de los puntos en los que la investigación exige particular cautela. Recién en 2023 una licitación de aproximadamente US$115 millones relacionada con la planta de PAC, su operación y el abastecimiento del producto fue anulada después de cuestionamientos por supuesto direccionamiento y abuso de posición dominante, y que Transclor volvió a participar cuando el proceso fue relanzado en 2025. Es decir, que hubieron cuestionamientos o denuncias sobre procedimientos de contratación.
El consorcio no termina allí. El comunicado oficial identifica además a Arcos y PHX. Arcos Saneamento e Participações, vinculada al Grupo Equipav de Brasil, y a la segunda como PHX Aqua AR B.V., un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos. De acuerdo con las reconstrucciones del consorcio, Arcos aporta la experiencia técnica internacional y PHX el componente financiero.
La experiencia brasileña es relevante porque el universo Equipav está ligado históricamente al desarrollo de Aegea, uno de los grandes actores privados del saneamiento brasileño, y Águas do Rio opera desde 2021 concesiones de agua y saneamiento en amplias zonas del estado de Río de Janeiro. No obstante, la coincidencia que dio volumen político a la historia de Walter Román ocurrió unos meses antes, cuando Servimagnus quedó asociada con Jan de Nul en la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal.
La Resolución 36/2026 adjudicó la operación al consorcio formado por Jan de Nul N.V. y Servimagnus S.A., con una participación informada de 60% para Jan de Nul y 40% para la empresa argentina, por un plazo de 25 años según la reseña de la norma publicada tras la adjudicación. La Hidrovía conecta la navegación del Paraná con el Río de la Plata y constituye la principal salida fluvial de buena parte del comercio exterior argentino.
Servimagnus se presenta como una empresa argentina con más de veinte años de actividad en infraestructura portuaria, dragado, balizamiento, salvamento y servicios para la industria naviera. En esa compañía aparecen Ricardo y Leonardo Román. Se identificó a Ricardo como presidente y a Leonardo como vicepresidente de Servimagnus, y reconstruyó a Leonardo como hijo de Ricardo y, por lo tanto, sobrino de Walter.
Esa secuencia es la que alimentó la idea de un “avance de los Román”, donde una rama obtiene el 40% del socio concesionario local de la Hidrovía y, apenas un tiempo después, Walter Román coloca a Rowing en la final por el 90% de AySA. Las dos operaciones ocurren bajo la misma administración nacional e involucran activos o servicios de importancia sistémica.
Los registros electorales indican que Direct Group aportó $20 millones al bloque de La Libertad Avanza bonaerense el 28 de julio de 2025 y Lógico aportó otros $20 millones a la fuerza en la Ciudad al día siguiente. La primera tenía a Daniel Walter Román como presidente y la segunda estaba vinculada a su entramado empresario. Ese dato es relevante porque quien aparece relacionado con financiamiento electoral estaría compitiendo luego por un activo estatal estratégico.
Lourdes Parache, la periodista tucumana que en marzo de 2024 denunció por violación a cuatro jugadores de Vélez, publicó en los últimas días un video de casi cinco minutos en TikTok en el que lloró porque ya no puede trabajar de lo que estudió. La Justicia sobreseyó en dos instancias a los futbolistas y estableció que aquella noche hubo sexo consentido. Ahora, ella eligió mostrarse ante la cámara como la damnificada de la historia.
“Este video no va a ser alegre, pero siento que es necesario ponerlo en palabras”, arrancó Parache. Hincha de Atlético Tucumán desde chica, contó que había cumplido el sueño de cubrir al club de sus amores y que hoy va a la cancha como una espectadora más: “me queda el sabor amargo a la salida (del partido) de decir ‘yo tendría que estar trabajando como periodista’. Estudié cuatro años Ciencias de la Comunicación, estoy capacitada”, reclamó, y atribuyó su presente a “una situación externa de la que no soy responsable”.
El lamento siguió por el mismo carril. Le pareció “muy injusto” que su sueño, su carrera y su vida hayan dado “un giro tan drástico”, admitió que no puede ser periodista “por razones obvias” y relató que cada vez que vuelve del estadio llega angustiada y necesita llorar. También mencionó, al pasar, que hace terapia y que salió de una depresión. Para el año próximo pidió dos cosas: “una gran oportunidad como periodista” y “que la gente frene el odio y el acoso para que eso sea posible”. Tras la catarata de críticas puso su cuenta en privado.
La situación externa tiene fecha y lugar. En la madrugada del 3 de marzo de 2024, después de un partido entre Vélez Sarsfield y Atlético Tucumán, Parache fue a la habitación 407 del hotel Hilton de San Miguel de Tucumán, donde estaban Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín. El 6 de marzo los denunció por una violación grupal. Vélez les rescindió los contratos y tres de ellos pasaron casi tres meses con prisión domiciliaria.
— Sosa, Florentín, Osorio y Cufré
El 30 de diciembre de 2025, el juez Augusto Paz Almonacid sobreseyó a los cuatro. El 9 de junio de 2026, la vocal Patricia Carugatti, del Tribunal de Impugnación, confirmó esa decisión y rechazó todos los planteos de los abogados de la denunciante.
Los propios mensajes de Parache derrumbaron la acusación. A la 1:35, ya dentro de la habitación, le escribió a una amiga: “Adivina donde estoy. Con los de Vélez, sola”. A las 6:18, recién salida del hotel, le mandó a Sosa un emoji de un ratoncito que entrega un corazón. Horas después les contó a sus amigas que había dormido con la chomba que le regaló un jugador porque “tenía su perfume”, y en audios describió la noche como “la adrenalina que necesitaba”.
La pericia psicológica oficial concluyó que el hecho fue “inicialmente consentido” y que ella lo resignificó más tarde como traumático, permeable a presiones externas.
— Captura del fallo: la pericia psicológica oficial concluyó que la denunciante resignificó como traumático un encuentro “inicialmente consentido” y que es susceptible a presiones externas
El fallo habló de una reinterpretación “fabricada ex post facto, inducida por terceros”, y citó otro chat de la joven: “En un momento dije que no me habían tocado… La abogada me hizo dar cuenta que había sido abusada”. Sobre Sosa, de quien repitió varias veces que dormía, escribió que le daba lástima pero que no lo iba a dejar afuera “porque es el que más plata tiene”.
— Captura del fallo: los chats de la denunciante con sus amigas, en los que admitió que una abogada la “hizo dar cuenta” de que había sido abusada, y la conclusión de la jueza sobre un relato “inducido por terceros”
Ante la jueza, el arquero contó que no hay cancha donde no le griten “violador” y definió lo vivido como “un daño irreversible y una pérdida de dos años y medio de vida”.
Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA y del Conicet, sostuvo que los plaguicidas que su equipo encontró en la sangre de vecinos del sudeste bonaerense constituyen un problema de salud pública. Lo afirmó en una entrevista con El Presto en Perdón por la Vehemencia, el programa que Canal Ey! emite los miércoles de 16 a 18. “Como se silencia y como se saca al mensajero de la ecuación, parece que los datos no existieran. Y sí existen y son graves”, advirtió.
Los datos surgieron de SPRINT, un proyecto aprobado por la Comisión Europea que midió más de 200 plaguicidas en suelo, agua, sedimentos, cultivos, animales y personas de once países, con un mismo protocolo. Argentina fue el único participante no europeo. A los 73 voluntarios argentinos les extrajeron sangre, les tomaron muestras de orina y materia fecal, les hicieron un hisopado nasal y les dieron una pulsera que, durante una semana, retuvo todo aquello con lo que estuvieron en contacto.
Los químicos aparecieron en productores rurales, en habitantes de pueblos fumigados y también en periodistas, enfermeras, contadores o plomeros de Mar del Plata, Tandil, Necochea, Lobería, Balcarce y Tres Arroyos. Según Aparicio, el plaguicida “termina en tu mesa, termina en el polvo de tu casa, termina en tu pulsera, termina en tu sangre”.
La ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias Virginia Aparicio, investigadora del INTA y CONICET, explica los resultados del proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea, que estudió la exposición a más de 200 plaguicidas.
En la región pampeana predominó el glifosato, un herbicida que el país usa de manera intensiva desde la aprobación de la soja transgénica, hace 30 años. La variedad de productos resultó menor que en Europa, pero las concentraciones “son muchas veces más elevadas que las europeas”. La Argentina usa alrededor de cinco kilos de ingrediente activo por hectárea por año, contra uno en Europa, donde además existe una política pública para reducir esa cifra a la mitad hacia 2030. “Nosotros todavía no tenemos una política pública usando cinco veces más”, lamentó.
En el agua, el hallazgo más frecuente fue la atrazina, un herbicida del maíz que funciona como disruptor endócrino, provoca desbalances hormonales y está prohibido en Europa y en Uruguay. Apareció en casi todas las muestras de agua subterránea, principal fuente de consumo en la región pampeana, junto con glifosato, metsulfurón y metolaclor. Aparicio también estudia cómo los residuos de una campaña anterior pasan del suelo a la planta por las raíces, de modo que una lechuga puede contener un producto que no le aplicaron en esa campaña. Lavar los alimentos quita lo que queda en la superficie, pero lo que está adentro “no se puede sacar”.
La científica rechazó que su trabajo implique estar en contra del campo, donde el agroquímico funciona como una herramienta. Sí cuestionó la idea de que resulta imposible producir sin plaguicidas, a la que calificó de “argumento de venta”, y comparó al Estado con un árbitro que debe advertir si unos almohadones bonitos rompen la espalda. A su entender, la ecuación económica del agro omite el costo de descontaminar suelos y agua y de atender a las personas enfermas.
El proyecto nació en 2018 desde la oficina de enlace que el propio INTA tenía en Montpellier, Francia. Cuando llegaron los resultados, en 2023, Aparicio preparó los informes individuales y organizó una reunión para explicárselos a los voluntarios. “El INTA no me la deja hacer”, contó. Después vinieron la suspensión de actividades, la salida del proyecto en diciembre de 2023 y un sumario con ocho imputaciones, entre ellas un supuesto perjuicio económico al Estado, aunque el financiamiento llegó de Europa. Según relató, el organismo rechazó a todos sus testigos y en agosto de 2026 el Consejo Directivo ratificó su exoneración y la suspensión de dos colegas. “Exonerarte significa sacarte la identidad laboral”, definió.
Sobre lo personal, habló de impotencia. Mencionó el respaldo de su marido, su hija, su madre y su hermana, y el de científicos y legisladores que pidieron explicaciones. “Un sumario significa una duda”, planteó, y reclamó que el Estado aproveche mientras tanto la información para resolver lo que considera un problema de salud global. “Si no nos lo compran, los comemos nosotros”, graficó sobre los alimentos con residuos que el mercado externo rechaza.
“Me siento profundamente servidora pública. No me arrepiento de haber trabajado en este proyecto, todo lo contrario”, aseguró.
Para la administración colonial de las Islas Malvinas, el nombre del archipiélago constituye una ofensa suficiente para profanar la memoria de los caídos. Así lo confirmó al aire el periodista chileno Samuel Rojas durante una cobertura del ciclo Reportajes Teletrece en el Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de soldados argentinos muertos en la guerra de 1982. Las cámaras captaron cómo las placas, ofrendas y recuerdos que dejan familiares y visitantes fueron retirados del cenotafio y lanzados fuera del perímetro como material de descarte.
Apostado junto al vallado blanco que rodea las tumbas, el cronista expuso sin rodeos la razón de semejante ultraje: “Algunas de las placas que probablemente traen algunos de los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá, porque eso es considerado una ofensa y una provocación”.
A espaldas de la cruz mayor, lejos de la solemnidad que exige un camposanto militar, las imágenes revelaron un basural improvisado entre los pastizales. Allí yacían placas de pueblos patagónicos, mensajes familiares, rosarios, cintas votivas y figuras religiosas. La saña quedó a la vista en un primer plano: una placa acrílica colocada poco antes por una emisora radial de Comodoro Rivadavia, con la leyenda “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ – Abril 2026”, apareció arrancada de su sitio y tirada en el barro, junto a listones rotos, pulseras elásticas y cerámicas partidas.
El informe dejó al descubierto además una intervención física sobre el predio. Una retroexcavadora amarilla operó con su brazo mecánico desplegado sobre el límite exacto del cementerio, en la parte posterior del cenotafio, y removió suelo a escasos metros de la cruz mayor, mientras un grupo de operarios trabajaba con palas en el terreno lindero. Esa franja de tierra limita de forma directa con el vertedero de los homenajes censurados.
La recorrida por Darwin formó parte de un reportaje sobre la comunidad chilena que reside en el archipiélago, en el marco de la controversia por una futura ruta marítima entre Punta Arenas y las islas. Ante los mismos micrófonos, los isleños reclamaron que el Gobierno argentino abandone su reclamo de soberanía y defendieron la ocupación británica. Uno de los veteranos del Reino Unido apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien exigió dejar en paz el proyecto del buque chileno que abarataría el costo de las frutas y víveres llegados del continente: “Que Milei y su gente dejen tranquilo al barco chileno y nos dejen tranquilos a nosotros”.
La misma tranquilidad que pidieron para sí les fue negada a los muertos argentinos. El Cementerio de Darwin recibe con frecuencia a familiares, excombatientes y delegaciones que viajan miles de kilómetros para dejar flores, cartas, banderas y placas junto a las tumbas. Lo que las cámaras mostraron fue una decisión deliberada de la colonia que impide el luto y la memoria, en abierta violación del derecho internacional humanitario y de los mandatos de la Cruz Roja Internacional, que garantizan la integridad de los cementerios militares y de los recuerdos que acompañan a los caídos.
La imagen de “comunidad civilizada y respetuosa del derecho internacional” que Londres proyecta ante los foros multilaterales se derrumbó frente a una cámara extranjera.
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