Alberto Fernández se reunió con Gloria Romero luego de pedir por la reelección de Capitanich
La reunión había sido pactada de antemano y solicitada por Gloria Romero, quien aseguró que fue un encuentro esperanzador.
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Tras dos meses de conmoción por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, Alberto Fernández aceptó reunirse con Gloria Romero, la madre de la víctima. El encuentro se realizó luego del Congreso Internacional sobre Discapacidad, que se efectuó en Resistencia (Chaco) y había sido pactado con anterioridad.
La reunión duró más de dos horas y se realizó en el Aeropuerto de la provincia, antes de que el Jefe de Estado regresara a la Ciudad de Buenos Aires. “La escuché con mucha atención. Todos queremos que se haga Justicia y que los responsables de tan brutal crimen sean juzgados y condenados“, afirmó Fernández al medio Infobae.
Si bien Romero se mostró contenta tras el encuentro y calificó la reunión como “esperanzadora”, aseguró que se reunió con el Presidente como “un vecino más”. Además comentó que prefirió que no se trasmitiera en los medios los detalles del encuentro para no politizarla. “No queríamos que se mezcle la política: él se reunió conmigo como vecino más, lo mismo pasó con Larreta y Bullrich; y a todos les aclaré que no los voy a votar”, afirmó.
Sobre los detalles, precisó que le pidió a Fernández que “intervenga en la Justicia”. El mismo pedido que había sido elevado por varias diputadas de Juntos por el Cambio hace una semana a pedido de Romero.
Por último volvió a ratificar: “No busco votos, sino Justicia”. “Por eso voy a hablar con todos los que quieran ayudarme a lograr justicia, no voy a militar para nadie ni voy a hacer política para nadie”.
*Fuente: Periodismo y Punto
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Un juicio por usurpación en Bariloche, provincia de Río Negro, derivó en una de las revelaciones más explosivas sobre la extranjerización de tierras en Argentina en años recientes. El empresario santafesino Hugo Alberto Barabucciadmitió ante la Justicia haber comprado casi 20.000 hectáreas en la Patagonia con una “donación” no restituible de USD$2.050.175 del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El caso no solo expone un presunto esquema para eludir la Ley de Tierras vigente, sino que coincide con el debate en el Congreso sobre un proyecto del gobierno del presidente Javier Milei que busca eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El detonante fue aparentemente sencillo. Barabucci inició una causa judicial contra Soledad Cayunao, integrante de la comunidad mapuche Lof Cayunao, acusándola de haber usurpado un predio en el paraje Alto Río Chubut, en la zona cordillerana de Río Negro.
El juicio oral se realizó el 7 de abril de 2026 en el Auditorium de Bariloche.
Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado cuando el abogado defensor Juan Martín Palumbo interrogó a Barabucci sobre el origen de los fondos con los que había comprado el campo. En ese momento, el magnate confesó con total naturalidad que había adquirido las tierras en 2017 con vínculos de otro país, lo que, según relataron los presentes, “heló la sala”.
El juicio terminó con la absolución de Cayunao. El juez Marcelo Álvarez Melinger dictó su veredicto de no culpabilidad por falta de pruebas, al no poder acreditarse el delito de usurpación. El tribunal determinó que no hubo un despojo efectivo del predio.
Según las escrituras originales, Barabucci pagó por tres fracciones de campo que suman 19.269 hectáreas en Cerro Carreras, al sureste de Bariloche.El territorio incluye bosques nativos, glaciares, lagunas, ríos, nacientes de agua dulce y fauna silvestre.
El precio pagado equivale a poco más de USD$100 por hectárea, un valor considerado extraordinariamente bajo para tierras con esos recursos naturales estratégicos. Dado que la Patagonia concentra una parte significativa de las reservas de agua dulce del continente y tiene enorme potencial energético y turístico, los analistas señalan que el precio de la transacción dista mucho del valor de mercado real.
– Hugo Alberto Barabucci
El vendedor fue Marcos Marcelo Mindlin, CEO de Grupo Erge y Pampa Energía, dos de las principales industrias del sector energético argentino. Mindlin había adquirido esas mismas tierras años antes en operaciones que también generaron controversias judiciales en Río Negro.
De acuerdo con la declaración del juicio y las investigaciones posteriores, el dinero habría sido transferido desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi hasta una cuenta en JP Morgan Chase de Nueva York, sin pasar por los controles aduaneros, fiscales ni penales exigidos por la legislación argentina. Es decir que los fondos nunca ingresaron al sistema financiero argentino bajo los mecanismos de contralor establecidos por ley.
El pedido de instrucción
Tras la repercusión nacional del asunto en cuestión, la legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda (del bloque opositor peronista Vamos con Todos) presentó un pedido formal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la legalidad de la operación.
“Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía”, declaró Odarda, en su presentación.
El pedido solicita estudiar si hubo participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA),así como de verificar si se utilizaron personas interpuestas, esclarecer la titularidad real del terreno y averiguar posibles falsos testimonios.
Los abogados defensores de Cayunao, Martín Palumbo y Milton Díaz, anunciaron que recurrirán al Ministerio Público Fiscal y a la Comisión Nacional de Fronteras para que investiguen si hubo fraude en la adquisición. También solicitaron durante la audiencia que el juicio remita los antecedentes al fiscal para analizar la posible violación de la Ley 26.737.
El territorio en disputa incluye nacientes de cursos de agua esenciales para toda la región, como el Alto Río Chubut nace allí y abastece a poblaciones de toda la provincia de Chubut.
– Soledad Cayunao junto a sus abogados
Tal como señalan estadísticas oficiales actualizadas en agosto de 2025, Argentina tiene una superficie rural de 266.643.212 hectáreas, de las cuales 13.262.725 están en manos extranjeras, equivalente al 4.97% del total nacional. Ninguna provincia supera el límite legal del 15% establecido por la Ley 26.737. Sin embargo, la preocupación de investigadores del CONICET y la UBA es que “la búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos”.
El acontecimiento estalló públicamente el mismo día en que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se presentaba ante el Senado para defender el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo.
En su exposición ante la Cámara Alta, Sturzenegger argumentó que las restricciones a la compra por extranjeros constituyen “una flagrante violación a la Constitución”.
El proyecto propone, entre otras cosas, eliminar los topes de la Ley 26.737 que restringen la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El único límite que se mantendría es para compras de Estados soberanos extranjeros y personas jurídicas con participación estatal. Dicho de otro modo, inversores privados de cualquier país podrían comprar tierra sin restricciones, aunque —paradójicamente— el caso Barabucci involucra precisamente fondos provenientes de EAU.
Fideicomisos y personas involucradas
Uno de los puntos más llamativos del caso es la contradicción en la titularidad formal del predio. Mientras Barabucci se presentó como legítimo propietario, los informes de compra muestran que el campo no está a su nombre, sino vinculado a un fideicomiso con capitales de EAU. Además, pesquisas anteriores publicadas en 2018 identificaron como propietario final a Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri, de Dubai. Aparece la figura de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU, cuyo entorno económico ha incrementado su presencia en la Patagonia.
Esta estructura —un ciudadano argentino como titular formal de activos financiados por un Estado extranjero— es precisamente la figura del testaferro o “persona interpuesta”, prohibida expresamente por la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) sancionada el 22 de diciembre de 2011 y que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Sus disposiciones centrales, relevantes para este hecho, establecen que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Del mismo modo, un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente según la región.
La norma jurídica prohíbe la compra de tierras ubicadas a menos de 100 kilómetros del límite internacional, ya sea de manera directa o a través de personas interpuestas. A ello se añade la prohibición de recurrir a testaferros, figura mediante la cual un intermediario argentino actuaría por cuenta de un extranjero. Por último, tampoco pueden venderse a extranjeros tierras que contengan cuerpos de agua dulce.
El predio en cuestión —ubicado a 45 kilómetros de la frontera con Chile, con nacientes del río Chubut, dentro de un Área Natural Protegida— potencialmente viola al menos cuatro de estas restricciones simultáneamente.
La legislación argentina establece zonas de seguridad de frontera precisamente para preservar la soberanía nacional sobre territorios estratégicos. La Patagonia limítrofe con Chile es especialmente sensible por su acceso a recursos hídricos, potencial energético y valor geopolítico. La Comisión Nacional de Fronteras tiene atribuciones específicas para controlar estas adquisiciones.
Ningún país en el mundo tiene tantos adolescentes distraídos por el celular en el aula como la Argentina. Desde que comienza la hora escolar, más de la mitad del alumnado de 15 años ya tiene la atención puesta en otra parte: el 54% declaró perder la concentración por el uso de sus propios dispositivos digitales, y el 46% afirmó distraerse por lo que hacen sus compañeros con los suyos. Ambos porcentajes son los más altos entre los 80 países que participaron de las últimas pruebas PISA, realizadas en 2022.
Los datos surgieron del informe Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes, publicado a finales del mes pasado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. El documento fue elaborado por expertos del CONICET y de la Universidad Torcuato Di Tella, junto a investigadores del propio Observatorio. En el caso local, respondieron 12.111 estudiantes de un total de 613.744 a nivel global.
Los números no dejan margen para la duda. Uruguay (52%) y Chile (51%) son los únicos que se aproximan al nivel argentino. Del otro lado del mundo y de la tabla, Japón apenas alcanzó el 5% de alumnos que declararon distraerse.
Del universo de estudiantes que respondieron las preguntas sobre distracción por el uso propio del celular y por el uso de los compañeros, el 41% declaró verse afectado por ambas situaciones al mismo tiempo. El 27% indicó distraerse únicamente por el uso propio, y un 20% señaló que el problema era exclusivamente ajeno: se distraían por lo que hacían otros, sin que su propio dispositivo fuera un factor.
Entre 2018 y 2022, el uso cotidiano del celular dentro de los establecimientos escolares creció en todos los países del mundo sin excepción. Nuestro país no escapó a esa tendencia: el 54% de los alumnos declaró utilizar el dispositivo todos los días en la escuela, un porcentaje que coincide exactamente con el de quienes admitieron distraerse. En cuanto a la tenencia, el 91% de los estudiantes de 15 años contó en 2022 con celular propio con acceso a internet.
Con las notificaciones encendidas, siempre
El informe también midió el comportamiento respecto de las notificaciones durante las clases. Entre los 75 países que respondieron esa pregunta, Argentina resultó el peor de la región y se ubicó entre los cinco con mayor proporción de alumnos que nunca o casi nunca las desactivaron: el 37,6% mantuvo activas las alertas de redes sociales y aplicaciones a lo largo de toda la jornada escolar.
En 65 de los 80 países evaluados, los varones declararon distraerse más que las mujeres en clases de Matemática por el uso de dispositivos. Los datos argentinos también lideran ese indicador a escala global: 56% en varones, el valor más alto de los 80 países, y 52% en mujeres, el tercero más alto, detrás de Chile y Uruguay.
Respecto de las notificaciones, ellos también presentaron mayor tendencia a no silenciarlas: el 40% de los varones nunca las desactivó (quinto valor más alto a nivel mundial) frente al 35% de las mujeres (tercero). Sin embargo, Argentina fue el único entre los diez latinoamericanos evaluados en el que el porcentaje de mujeres que sintió presión para responder mensajes durante la clase resultó mayor al de varones: 10% frente a 8%.
El Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, a cargo del juez Pablo Cristián Germain, declaró inválido el cobro de la tasa por conservación y mantenimiento de la red vial rural en casos de productores del partido bonaerense de Daireaux y ordenó la devolución de sumas abonadas cuando no existió una contraprestación efectiva. En otros expedientes dispuso reducciones proporcionales del tributo según el estado de los caminos y el uso que el municipio dio a los fondos recaudados.
La sentencia surgió de una demanda iniciada por cuatro productores y empresas contra la Municipalidad de Daireaux, luego de que agotaran la vía administrativa y cuestionaran los decretos municipales que rechazaron sus reclamos por los períodos 2022-2024.
El planteo sostuvo desde el inicio que no se negaban a pagar, pero sí a hacerlo sin recibir el servicio correspondiente.
Sobre ese punto, el magistrado remarcó que las tasas son tributos vinculados a una prestación concreta del Estado. “La organización y puesta a disposición del servicio al contribuyente es condición indispensable; de lo contrario el cobro carecería de causa”, sostuvo la sentencia. El fallo recordó que la tasa no es un impuesto, sino que exige una contraprestación concreta, individualizada y efectiva, y advirtió que el cobro sin prestación del servicio afectó el derecho de propiedad.
La decisión se apoyó en dos informes técnicos que resultaron centrales. Por un lado, una pericia contable detectó desvíos en el uso de los fondos recaudados por la tasa vial. Por otro, un informe de ingeniería evaluó el estado de los caminos rurales vinculados a los establecimientos reclamantes. Según explicó al medio especializado Bichos de Campo el abogado de los productores, Jorge Moroni, los peritajes permitieron acreditar tanto el desvío de fondos hacia otros gastos municipales como el deterioro de los caminos relevados, donde el 96% presentó un estado malo o regular.
El expediente registró que, pese a que el municipio contaba con recursos suficientes para conservar en estado “muy bueno” cerca del 70% de la red, en los hechos solo el 4% se encontró en esa condición. Los informes también señalaron que el parque de maquinaria municipal resultó obsoleto e insuficiente para cumplir las tareas exigidas. A la vez, los peritos concluyeron que solo el 41% de la red reunió condiciones aceptables, mientras que el 59% restante no cumplió requisitos mínimos para la circulación.
– Esteban Alejandro Acerbo (PJ)
En los tramos específicamente relevados para la causa, el deterioro fue todavía más marcado. El informe técnico describió acumulación de agua, ahuellamientos y otras deficiencias que impedían la circulación normal. Moroni resumió el alcance del fallo: “El juez dijo dos cosas muy claras: los recursos que tiene la municipalidad por tasa vial hay que aplicarlos a tasa vial. Y sin caminos en condiciones, la tasa deviene carente de sustento y por lo tanto es nula”.
La pericia contable confirmó además que parte de la recaudación se destinó a rentas generales y a otros gastos municipales, en contradicción con el principio de afectación específica. En 2022, el desvío alcanzó el 22,95% de la obligación fiscal devengada. En 2023, ese porcentaje subió al 27,88%. El juez ordenó descontar esos montos de las liquidaciones fiscales y declaró ilegítimo el cobro en esas proporciones.
El fallo también consignó que en 2022 apenas el 10% del presupuesto de la tasa vial se tradujo en servicios concretos y que en 2023 ese nivel llegó solo al 17%. Con esos elementos, declaró la nulidad de los actos administrativos dictados por el entonces intendente Esteban Alejandro Acerbo (PJ), hoy legislador provincial, en relación con las liquidaciones reclamadas.
La sentencia aplicó criterios diferenciados según cada caso. En uno de los expedientes, el magistrado determinó que directamente no existió camino transitable desde 2022, por lo que eximió al productor del pago de la tasa desde ese momento y ordenó la devolución íntegra de lo abonado. En los otros tres casos, donde verificó una prestación parcial, mantuvo el tributo solo en la proporción efectivamente aplicada al servicio y dedujo los fondos desviados a otros fines.
Moroni explicó además que el impacto alcanzó situaciones anteriores al fallo. “En algunos casos, la municipalidad había embargado cuentas y esa plata quedó depositada hasta que se resolviera si la tasa era aplicable o no. Si el fallo queda firme, esa plata se tiene que devolver. Y en otros casos, a los que no pagaron, no se las van a poder cobrar”, señaló.
El abogado insistió en que el reclamo de los productores no apuntó a dejar de pagar, sino a exigir la prestación efectiva del servicio. “El productor no quiere no pagar. Le cuesta mucho no pagar. No le gusta estar en juicio. Lo que quiere es pagar, pero tener caminos. Porque si no tengo caminos, ¿de qué me sirve no pagar la tasa si tampoco puedo sacar la producción?”.
El conflicto en Daireaux arrastró años de reclamos por el mal estado de los caminos rurales. Según la información incorporada a la causa, los trabajadores documentaron la situación con relevamientos y registros en el territorio, en un contexto en el que, en algunas zonas del partido, sacar la producción se volvió inviable.
En sus declaraciones, Moroni también planteó que la discusión excedió el caso puntual de los demandantes y apuntó al modo en que se administraron los recursos de la tasa vial. “Esto es un primer peldaño para hacerle entender a los intendentes que tienen que cambiar el paradigma de cómo se administran los recursos de la tasa vial”, señaló.
También cuestionó que, en distintos partidos, se cargaran sobre el sector rural tasas ajenas a la actividad: “En muchos partidos le terminan cargando al productor tasas de todo tipo, hasta para financiar cuestiones que no tienen nada que ver con la actividad rural. Eso no tiene sustento”.
Como alternativa, mencionó esquemas de administración compartida. “La solución es cambiar el paradigma. En algunos lugares ya existe: consorcios donde los productores participan en la administración de los recursos. Ahí los caminos funcionan y no hay juicios”, explicó. Según su relato, antes del conflicto hubo propuestas concretas en Daireaux para avanzar en ese sentido: “Los productores le dijeron al intendente: si hace falta, traemos maquinaria, traemos piedras, pero hagamos un esquema transparente, con participación. Y la respuesta fue negativa”.
El presidente Javier Milei ordenó homologar un acuerdo con el empresario británico Joe Lewis y la empresa Hidden Lake S.A. para poner fin a una acción de lesividad iniciada por el Estado argentino en 2023, que buscaba anular la compra de más de 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera donde se ubica la estancia de Lago Escondido.
Patagonia, provincia de Río Negro, cerca de El Bolsón, en una zona de seguridad fronteriza… Desde la década del ’90, el magnate británico, conocido por su participación en fondos de inversión globales, se hizo propietario de dichas tierras bloqueando el acceso público al lago pese a existir fallos judiciales desde 2005 que garantizan ese derecho.
La adquisición de las tierras se realizó mediante maniobras con empresas “cáscara” y testaferros para eludir la legislación vigente que prohíbe a extranjeros adquirir tierras en zonas de frontera (decretos 411/80 y 1265/87).
La Procuración del Tesoro (ya en 2016, bajo Carlos Balbín) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas habían dictaminado que la operación fue fraudulenta.
Ricardo Nissen fue el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno del exmandatario Alberto Fernández (2020–2023), el organismo del Estado encargado de controlar y fiscalizar las sociedades comerciales que operan en Argentina. En mayo de 2022 tomó una decisión que lo metería en la mira del poder, al pedir la intervención judicial de Hidden Lake S.A.
El argumento de Nissen era que “Hidden Lake no era una empresa real”.No tenía actividad comercial registrada, no producía bienes ni servicios, no justificaba sus ingresos ni los gastos de construcción de una lujosa mansión en el predio, y se sostenía con aportes de accionistas y sociedades offshore no declaradas en Argentina.
La empresa fue representada ante la Justicia por allegados al expresidente Mauricio Macri, como Jaime Cibils Robirosa, presidente del Correo Argentino.
En octubre de 2023, durante la gestión kirchnerista del Frente de Todos, el Ministerio del Interior —vía la Resolución 1603— declaró las autorizaciones de compra como lesivas al interés nacional e instruyó a iniciar una acción judicial para anular definitivamente la transferencia de dominio. Una “acción de lesividad” es el mecanismo legal mediante el cual el propio Estado demanda la nulidad de un acto administrativo suyo anterior que considera dañino para el interés público. Es decir, el Estado reconocía que él mismo había cometido un error al aprobar esa compra y quería revertirlo.
El acuerdo secreto
El 15 de enero de este año, la administración libertaria presentó un convenio conciliatorio con Lewis, que fue homologado secretamente el 28 de enero en plena feria judicial por el juez federal Walter Lara Correa, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4. Con eso, el expediente 4511/2023 quedó cerrado sin avanzar en la nulidad de la transferencia de dominio. El acuerdo se mantuvo en reserva, hasta diciembre de 2025 el expediente era de acceso público, pero luego pasó a “acceso reservado” en el sistema del Poder Judicial, y hasta ahora no se conoce la letra chica del convenio.
El acuerdo se cerró dos meses antes de que Milei designara a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia (marzo de 2026) y enviara al Senado el pliego de su padre, Carlos Mahiques, para que continúe como juez en la Cámara de Casación Penal. El dato que enciende todas las alarmas sería que ambos Mahiques participaron del famoso viaje a Lago Escondido en octubre de 2022, el escándalo conocido como “Los huemules del lawfare”, donde jueces, fiscales y funcionarios viajaron con todos los gastos pagos —financiados por el Grupo Clarín— a la mansión de Lewis.
Hidden Lake S.A. denunció penalmente a Nissen por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, la causa tuvo un derrotero particularmente elocuente. En cuatro oportunidades, dos veces a través del juez Daniel Rafecas y otras dos mediante el juez Sebastián Casanello, Nissen fue sobreseído en la etapa de instrucción.
En todos los casos, ambos magistrados coincidieron en que el entonces funcionario de la IGJ se había limitado a cumplir con sus atribuciones legales, al fiscalizar sociedades, requerir documentación e impulsar acciones judiciales ante eventuales irregularidades. No obstante, cada uno de esos fallos fue revocado por la Sala II de la Cámara Federal, con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, que ordenó reencauzar la investigación.
Finalmente, en abril de 2026, luego del cuarto sobreseimiento, la Cámara decidió avanzar por su cuenta y dictó el procesamiento de Nissen, a quien le atribuyó haber “enarbolado el falso argumento” de que Hidden Lake incumplía sentencias firmes.
– Ricardo Nissen
El voto de Farah sostuvo que Nissen “abusó de las facultades que le confería su puesto” para labrar de oficio el expediente administrativo. El caso pasará ahora al juez Ariel Lijo —el mismo nominado por Milei para la Corte Suprema— para dictar los embargos y formalizar el procesamiento.
Beneficios adicionales
El acuerdo se inscribe en una serie de decisiones gubernamentales previas que ya evidenciaban un alineamiento favorable. En julio de 2025, la Secretaría de Energía autorizó el traspaso de la Central Hidroeléctrica Río Escondido a la firma Hidden Lake S.A., lo que consolidó aún más el control de Lewis sobre la zona. La construcción de esa represa, sin embargo, había sido previamente cuestionada por organismos de control, que la consideraban ilegal.
Las zonas de seguridad de frontera tienen una protección especial en la legislación argentina porque se consideran estratégicas para la defensa nacional. Que un ciudadano extranjero controle miles de hectáreas en esa zona —incluyendo el acceso a un lago y una central hidroeléctrica— representa una cesión de facto de territorio soberano. Al abandonar la demanda sin que se conozcan los términos del acuerdo, el Estado renunció a recuperar esas tierras sin ninguna explicación pública.
El expediente sobre el acceso público al lago por el camino Tacuifí, impulsado por la exsenadora Magdalena Odarda, todavía tramita ante la Corte Suprema, por lo que el conflicto judicial no está del todo cerrado.
El gobierno de Santa Fe pasó de la advertencia a la acción y entregó la primera intimación de pago a la familia de una persona menor de edad identificada como autora de una amenaza contra su propia escuela. Los padres, en calidad de responsables solidarios, deberán abonar $6.024.944: costo exacto del operativo policial desplegado ante la intimidación.
Al recibir la carta, el padre reaccionó con una frase contundente: “Cara la jodita”.
La intimación forma parte del reclamo global que la provincia ya calcula en más de $250 millones, a partir de los hechos identificados hasta el momento. Según explicó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el cobro fue definido como una deuda civil destinada a recuperar el dinero del Estado.
El procedimiento judicial “se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, precisó el funcionario.
El monto se calcula en función de los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas en explosivos y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, subrayó Cococcioni.
Los responsables tienen un plazo de cinco días para abonar voluntariamente. Vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.
– El ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni
Hasta el momento, el gobierno santafesino identificó a los responsables de 58 hechos, lo que involucra a “más de 70 personas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable.
El gobierno también trascendió que cuenta con “más de 15 expedientes iniciados para avanzar con notificaciones en otras localidades” de la Santa Fé.“A medida que la Fiscalía valida las identidades —sean mayores o menores, punibles o no— se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.
La vocera provincial, Virginia Coudannes, atribuyó a estas medidas la fuerte caída en el número de amenazas registradas: de entre 70 y 80 casos diarios, ayer lunes se contabilizaron apenas 15.
“La amenaza no es broma, es un delito y el delito se paga”, afirmó.
Los efectivos del Escuadrón 25 “Jáchal” de la Gendarmería Nacional Argentina detuvieron a cuatro ciudadanos chilenos que extraían oro de manera ilegal en la Mina El Zancarrón, ubicada a 3.550 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de los Andes, dentro del territorio de la provincia de San Juan, en las inmediaciones del límite internacional con Chile.
Los detenidos habían ingresado al país a través de un paso clandestino, sin ningún tipo de habilitación migratoria ni permiso minero. Al ser descubiertos, intentaron amenazar a los gendarmes con una carabina calibre .22, pero fueron reducidos rápidamente. La causa fue tomada por la Fiscalía Federal de San Juan, que los imputó por tres delitos distintos.
La investigación se inició cuando el personal policial recibió información de inteligencia sobre la presencia de un grupo de mineros extranjeros operando en una zona inhóspita y sin autorización en la Cordillera del Zancarrón. Al verificar el dato sobre el terreno, los gendarmes constataron que los cuatro hombres de nacionalidad extranjera habían cruzado la frontera por fuera de los pasos habilitados.
En el lugar y en la camioneta que utilizaban para transportar el material, se hallaron herramientas de minería como picos, palas y barretas, además de 14 bolsas con roca extraída del interior de la mina, oro en bruto y un arma de fuego.
La Fiscalía Federal de San Juan imputó a los cuatro ciudadanos chilenos por tentativa de contrabando de exportación de oro, delito previsto en la Ley 22.415 del Código Aduanero (arts. 863 y 864), que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión en su forma simple y de cuatro a diez años en caso de agravantes.
Además, fueron acusados por ingreso ilegal al país, en el marco de la Ley 25.871 de Migraciones, que prevé sanciones tanto administrativas como penales, y por tenencia ilegal de arma de fuego, tipificada en el artículo 189 bis del Código Penal, con penas de seis meses a dos años de prisión, que pueden incrementarse si se configura la portación.
El contrabando aduanero se configura cuando se exporta o importa mercadería por lugares no habilitados o sin pasar por el control de la Aduana. En este caso, la extracción de oro en territorio argentino para su posterior traslado a Chile sin declaración ni permiso constituye una tentativa de contrabando de exportación. El Código Aduanero Argentino prevé que el contrabando simple se penaliza con prisión de dos a ocho años, mientras que las figuras agravadas —como la participación de tres o más personas— pueden llegar a diez años.
¿Quiénes son los “pirquineros”?
Los cuatro detenidos responden al perfil de los llamados “pirquineros”, término de origen quechua (del verbo pirca, “minar”) que designa a los mineros artesanales informales que trabajan de forma individual o en pequeños grupos, generalmente en zonas andinas. Esta práctica tiene siglos de historia en los Andes y fue clave en la economía colonial de Chile y Argentina.
En el contexto de la frontera entre San Juan y Chile, los pirquineros chilenos se aventuran en territorio argentino buscando aprovechar vetas de oro de alta concentración que se encuentran en la zona del cerro Zancarrón, y que históricamente han sido explotadas. La lógica económica es clara, ya que extraen las rocas mineralizadas en Argentina y las llevan a procesar artesanalmente a Chile, evitando tanto los controles migratorios como los aduaneros de ambos países.
Según fuentes especializadas, un grupo de pirquineros puede llevarse hasta 200 kilos de roca por viaje, de los cuales se pueden extraer alrededor de 500 gramos de oro (unas 17 onzas troy). Con el precio del oro superando los 3.000 dólares la onza en 2026, una sola operación exitosa podría valer más de 50.000 dólares.
La mina El Zancarrón no es un sitio desconocido para las autoridades. Se trata de un yacimiento con historia que ayuda a explicar por qué vuelve a ser escenario de este tipo de hechos. Hasta la década de 1980, una empresa minera operó en el lugar y construyó túneles para la extracción industrial del mineral. Tras el cierre, esas estructuras y los vestigios de la explotación quedaron abandonados, aunque accesibles.
La presencia de una veta de alta concentración de oro convierte al lugar en un punto especialmente atractivo para pirquineros con conocimiento del terreno cordillerano. Además, la zona se encuentra a unos 50 kilómetros de la mina Veladero, uno de los proyectos auríferos más importantes del país, en un área de extrema inaccesibilidad.
La inaccesibilidad del terreno —combinada con los recursos limitados de Gendarmería para patrullar toda la extensión de la Cordillera— hace que este tipo de actividad ilegal se desarrolle de forma relativamente habitual sin ser detectada.
Un problema recurrente en la misma zona
Este no es el primer caso, ni probablemente será el último. La zona del cerro Zancarrón registra antecedentes documentados de intentos de contrabando protagonizados por pirquineros chilenos. Uno de los episodios más relevantes ocurrió en 2021, cuando fuerzas fronterizas detectaron en el lugar a Alfredo Hernán Cáceres Caballero, de 57 años, y a Gustavo Javier Manterola Álvarez, de 44, junto a una tercera persona que logró darse a la fuga. En el sitio habían dejado herramientas de gran porte, entre ellas una pala cargadora, un martillo percutor, una amoladora, un generador eléctrico, barreteras y equipos de oxígeno.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó el procesamiento con prisión preventiva por tentativa de contrabando agravado y, posteriormente, el juez del Tribunal Oral Federal Hugo Echegaray los condenó a tres años de prisión efectiva, además de ordenar su expulsión del país con prohibición de reingreso por 15 años. De acuerdo con expertos consultados por medios locales, la presencia de pirquineros chilenos en territorio sanjuanino “es más frecuente de lo que se cree”, aunque rara vez son sorprendidos en plena actividad extractiva.
La provincia de San Juan no es tampoco cualquier provincia en términos mineros. Es la segunda mayor exportadora de minería de Argentina, con más del 22% de todas las exportaciones mineras nacionales (datos de los primeros 10 meses de 2023). Su producción se concentra en la minería metalífera, y el oro es el principal mineral exportado.
Grandes proyectos como Veladero (oro y plata) y el proyectado Josemaría (cobre, oro y plata, con una inversión estimada de 4.100 millones de dólares) convierten a la Cordillera sanjuanina en una de las zonas de mayor valor minero del continente. Este contexto explica por qué incluso pequeñas vetas como la del Zancarrón son suficientemente rentables para justificar el riesgo que corren los pirquineros.
Una reunión convocada para escuchar reclamos de la base terminó bajo sospecha por la presunta recolección de nombres, apellidos y DNI de jóvenes críticos del armado bonaerense de Sebastián Pareja.
La Justicia ya identificó 58 hechos y a más de 70 involucrados, el monto total a cobrar supera los $250 millones. Tras las primeras intimaciones, las amenazas bajaron de 80 casos diarios a 15: “La amenaza no es broma, es un delito y el delito se paga”, advirtieron las autoridades.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que la quita gradual de derechos de exportación elevaría la producción, las ventas externas y la recaudación consolidada desde 2028, tras un costo fiscal inicial de US$153 millones en el primer año.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
