Alberto Fernández se reunió con Gloria Romero luego de pedir por la reelección de Capitanich
La reunión había sido pactada de antemano y solicitada por Gloria Romero, quien aseguró que fue un encuentro esperanzador.
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Tras dos meses de conmoción por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, Alberto Fernández aceptó reunirse con Gloria Romero, la madre de la víctima. El encuentro se realizó luego del Congreso Internacional sobre Discapacidad, que se efectuó en Resistencia (Chaco) y había sido pactado con anterioridad.
La reunión duró más de dos horas y se realizó en el Aeropuerto de la provincia, antes de que el Jefe de Estado regresara a la Ciudad de Buenos Aires. “La escuché con mucha atención. Todos queremos que se haga Justicia y que los responsables de tan brutal crimen sean juzgados y condenados“, afirmó Fernández al medio Infobae.
Si bien Romero se mostró contenta tras el encuentro y calificó la reunión como “esperanzadora”, aseguró que se reunió con el Presidente como “un vecino más”. Además comentó que prefirió que no se trasmitiera en los medios los detalles del encuentro para no politizarla. “No queríamos que se mezcle la política: él se reunió conmigo como vecino más, lo mismo pasó con Larreta y Bullrich; y a todos les aclaré que no los voy a votar”, afirmó.
Sobre los detalles, precisó que le pidió a Fernández que “intervenga en la Justicia”. El mismo pedido que había sido elevado por varias diputadas de Juntos por el Cambio hace una semana a pedido de Romero.
Por último volvió a ratificar: “No busco votos, sino Justicia”. “Por eso voy a hablar con todos los que quieran ayudarme a lograr justicia, no voy a militar para nadie ni voy a hacer política para nadie”.
*Fuente: Periodismo y Punto
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La Argentina atraviesa una crisis sanitaria que el poder político prefiere no mirar. Durante 2024, los diagnósticos de sífilis marcaron un récord histórico con más de 36.000 casos reportados, y las proyecciones para 2025 consolidaron un aumento de la tasa de incidencia de hasta el 26% respecto al año anterior. El epicentro de esta explosión es el segmento joven de entre 15 y 29 años, que hoy representa la gran mayoría de los nuevos diagnósticos.
Este fenómeno no es aislado. El 98% de las nuevas infecciones de VIH registradas tienen como causa exclusiva el sexo sin protección, una tendencia que se replica en el incremento de los casos de gonorrea.
El mapa de la urgencia muestra indicadores críticos en provincias como Córdoba, San Luis, Chaco, Jujuy, Mendoza y Neuquén, donde los servicios de infectología ya se ven superados por la demanda de tratamientos. La falta de una barrera física se volvió la norma, y el sistema sanitario hoy se limita a contabilizar infectados en lugar de prevenir nuevos contagios.
El factor aborto y la banalización del riesgo
Desde la legalización del aborto en diciembre de 2020, se ha consolidado un fenómeno de relajación en los cuidados preventivos. Para vastos sectores de la juventud, especialmente en contextos de baja instrucción, la legalidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha pasado a funcionar como una red de contenciónque desplazó el histórico temor al embarazo no deseado, eliminando el que solía ser el principal incentivo para el uso del preservativo. El riesgo de una paternidad no planificada se percibe hoy como un problema con “solución gratuita” garantizada por el Estado, lo que deja a las ETS fuera del radar de preocupaciones inmediatas.
Esta banalización se apoya en el mito del aborto como un trámite exprés y meramente químico. Se ha instalado la idea de que la intervención se reduce a la ingesta de una pastilla, ignorando deliberadamente que el proceso conlleva dolores físicos intensos, riesgos médicos de diversa consideración y la necesidad crítica de controles ecográficos post-intervención. A esto se suma el impacto psicológico que el procedimiento suele acarrear, una dimensión frecuentemente omitida en la comunicación pública. Al final de esta cadena, la joven se encuentra desprotegida frente a infecciones crónicas bajo la falsa premisa de que, si algo falla, el sistema lo resolverá con un procedimiento que creen exento de consecuencias.
El ajuste estúpido: gasto ciego y transferencia de deuda
La parálisis en la distribución de insumos preventivos configura un escenario de ineficiencia fiscal difícil de justificar. Mientras en 2018 el Estado nacional distribuía 55,4 millones de preservativos, la cifra se desplomó a menos de 5 millones en 2024, alcanzando una parálisis total en 2025 con registros de apenas 832 unidades para todo el país y presupuesto cero para nuevas compras.
Este ahorro de corto plazo es, en realidad, un gasto futuro exponencial: el sistema público, que hoy “ahorra” en látex, deberá financiar de por vida los tratamientos para el VIH y las complicaciones derivadas de la sífilis, además de absorber los costos de los procedimientos de aborto legal que la falta de prevención dispara.
Esta política golpea directamente a los sectores más vulnerables, que enfrentan una doble barrera: la económica, al no contar con dinero para adquirir protección de forma privada, y la cultural, ante el retiro de las campañas de concientización. Al caer la distribución gratuita, estas poblaciones se ven empujadas a tener relaciones sin protección, recargando automáticamente la demanda sobre los hospitales públicos que ya operan sin insumos básicos. El resultado es un círculo vicioso donde el Estado renuncia a la prevención, subsidia indirectamente la enfermedad y termina pagando una factura mucho más alta por la atención de patologías que eran evitables con una inversión mínima.
Mario Lugones, ministro de Saludos de la Nación desde 2024.
Cultura del riesgo y desidia oficial
El escenario se agrava por una transformación en las conductas sociales que el Estado ha decidido ignorar. La masificación de las aplicaciones de citas y la aparición de tendencias como el “barebacking“ (sexo sin protección, por elección) han reconfigurado el mapa del riesgo en un contexto de nula comunicación gubernamental. Sin campañas oficiales que contrarresten la desinformación en redes sociales, el uso del preservativo ha pasado de ser un hábito de salud básica a una opción secundaria, percibida por muchos como una barrera innecesaria frente a infecciones que, gracias a los avances médicos, hoy se consideran erróneamente como simples contratiempos menores.
Esta combinación de factores culturales y negligencia administrativa representa un fracaso sistémico en la gestión de la salud pública. Al retirar los insumos básicos y abandonar la educación sanitaria, el Gobierno no sólo desprotege a una generación, sino que hipoteca el futuro del sistema hospitalario nacional. El ahorro ficticio en prevención hoy se traduce en una condena de gastos crónicos y colapso asistencial mañana, demostrando que la ausencia de política sanitaria es, en última instancia, la forma más costosa de administrar la enfermedad.
La Legislatura de Chubut sancionó la semana pasada la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos con acceso a internet por parte de personas presas en cárceles, alcaidías y comisarías de la provincia. El Proyecto de Ley General N° 017/2026, que recibió dictamen previo de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, y de Legislación General, Cultura y Educación, obtuvo un respaldo amplio y sin diferencias partidarias.
SE TERMINARON LOS “CALL CENTERS” DEL DELITOAprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías de toda la provincia.Se terminó la época de las estafas, las extorsiones y las “oficinas remotas” del delito manejadas desde una cárcel.Hoy Chubut… https://t.co/ugWokRHCEo
El gobernador Ignacio Torres celebró la sanción con una publicación en su cuenta oficial de X: “Se terminaron los call centers del delito. Aprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías de toda la provincia. Se terminó la época de las estafas, las extorsiones y las ‘oficinas remotas’ del delito manejadas desde una cárcel”. Torres también destacó que “este es un proyecto que se trató sin banderas partidarias, con una premisa común: garantizar la seguridad de los chubutenses”.
Extorsiones por más de $80 millones y víctimas que se suicidaron
La diputada Andrea Aguilera, una de las principales defensoras de la norma, explicó que la ley alcanza a celulares, tablets, laptops, notebooks, consolas de juego y a cualquier equipo que permita acceder a redes sociales, mensajería o internet. La legisladora fundamentó el amplio respaldo con datos concretos: en Chubut se registraron extorsiones que superaron los 80 millones de pesos y hubo casos de personas hostigadas que terminaron suicidándose por la presión sufrida.
La nueva directiva no implica una interrupción absoluta del contacto de los detenidos con el exterior. Aguilera fue enfática al respecto: “No es una ley de prohibición. Es una ley que ordena y es una ley que establece cómo y de qué manera debe regularse la comunicación”. El texto garantiza el derecho a comunicarse con familiares, defensores, y para tratamientos de salud o trayectorias educativas, pero bajo un esquema controlado y sin acceso a dispositivos que permitan navegar por internet.
Las terminales institucionales habilitadas deberán configurarse exclusivamente para llamadas de voz. Quedaron expresamente prohibidos el acceso a internet, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, el correo electrónico, las videollamadas y el intercambio de archivos. Además, las comunicaciones se realizarán únicamente hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados, y se llevará un registro de cada comunicación con datos de fecha, hora, duración, interno solicitante, terminal utilizada y número de destino.
Qué establece la ley
El texto prohíbe el “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”. La norma tendrá vigencia en establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de la provincia. También alcanzará a quienes estén alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal cuando su detención haya sido dispuesta por sentencia o resolución judicial de jueces o tribunales provinciales.
La ley también faculta a la autoridad de aplicación a instalar sistemas de inhibición o gestión controlada de señal para impedir el cursado clandestino de comunicaciones móviles dentro de los establecimientos, y establece como obligación permanente de las autoridades el control para evitar el ingreso de dispositivos.
UN PASO FIRME CONTRA EL DELITO ORGANIZADOEn Chubut dejamos atrás una práctica que durante años permitió que el delito se siga gestionando desde adentro de los lugares de detención.Con la aprobación de la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías,… pic.twitter.com/KgJOEQbY6v
El Ministerio de Seguridad de la provincia contará con 180 días para reglamentar la ley y adaptar cada unidad de detención, tarea que incluye la definición de protocolos, el equipamiento permitido y las modalidades de comunicación legal.
Aguilera reconoció, sin embargo, que la norma tiene un límite: alcanza a cárceles y lugares de detención bajo órbita provincial, pero no modifica la situación en unidades federales, donde también operan casos resonantes de criminalidad organizada. Por eso, el oficialismo apuesta a que la sanción provincial funcione como antecedente político y normativo para otras jurisdicciones. Torres, en ese sentido, instó a extender la iniciativa al resto del país.
Un grupo de gremios, usuarios y familiares de víctimas de accidentes en carreteras formaron un espacio multisectorial para denunciar que “las rutas nacionales argentinas atraviesan la peor situación de su historia reciente”. La conferencia de prensa se realizó al público en Chacabuco 243, en Ciudad de Buenos Aires.
“No hay mejor manera de mostrar la ineficiencia de un organismo que desfinanciarlo”, lo resumió con una frase el dirigente sindical de Vialidad en Entre Ríos, Raúl Meza.
El espacio que se presentó dió a conocer sus objetivos concretos, como lo sería instalar el tema en la agenda pública y empujar al Estado y al Congreso a tratar la situación como una verdadera emergencia. También busca frenar el vaciamiento de distintos organismos del Estado, entre ellos Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que en los últimos meses también sufrieron recortes.
Además, la convocatoria cuestiona el modelo de concesiones por peaje como única respuesta frente a la crisis y propone medidas “en defensa de la vida”, que van desde la declaración formal de emergencia vial hasta la restitución del presupuesto y del personal.
Según los reclamos, es una decisión política deliberada de desfinanciar y desmantelar el organismo que cuida los caminos del país durante la gestión del presidente Javier Milei, provocando un escenario donde “aumentan los accidentes y las muertes en las rutas”, en un contexto en el que la Red Vial Nacional de por sí “atraviesa una emergencia sin precedentes”.
La convocatoria es impulsada por distintas organizaciones, entre ellas la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que representa a los trabajadores encargados de construir y mantener las rutas; el Comité Nacional de Usuarios Viales (CONADUV), que defiende los derechos de quienes transitan por ellas; el Sindicato de Empleados Viales Nacionales (SEVINA); la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Jerárquico de la DNV, integrada por ingenieros y técnicos de Vialidad; autoconvocados de la Ruta Nacional 3, vecinos y usuarios que advierten el deterioro de esa traza; familiares de víctimas de accidentes viales y organizaciones como Estrellas Amarillas; además de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, y el diputado nacional por la provincia de Mendoza, igualmente representante a la coalición peronista de Unión por la Patria (UxP), Martín Aveiro.
El dato más impactante que presentan los gremios es que casi el 75% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo.
Para comprender el alcance de este dato, hay que tener en cuenta que Vialidad Nacional utiliza un Índice de Estado que va de 0 a 10.Los valores del 0 al 5 indican un mal estado de la calzada, entre 5 y 7 se considera un estado regular, y de 7 a 10, un buen estado.
“Antes había crédito externo, pero este gobierno decidió cerrarlos para convertirlos en créditos de libre disponibilidad”, destacó el referente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, ejemplificando con casos como la paralización de obras significativas a nivel nacional como la construcción del segundo puente que conecte la provincia de Chaco con Corrientes.
Un estudio independiente del Instituto Argentina Grande confirma la tendencia, ya que la proporción de rutas en buen estado cayó del 54.9% en 2022 al 47.5% en 2024, mientras que las rutas en mal estado subieron del 23% al 29%. Y eso fue antes de que el deterioro se acelerase aún más en 2025 y 2026.
Hay provincias especialmente golpeadas. En la provincia de Buenos Aires, solo el 36.8% de las rutas nacionales está en buen estado, el 51.7% está directamente en mal estado. En Chaco, Tucumán y Buenos Aires, más de la mitad de las rutas supera el umbral del mal estado.
Para el caso del NEA —la región de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa— el informe de FEPEVINA destaca situaciones críticas, como la Ruta Nacional 121 (que conecta Santo Tomé con Brasil), que presenta “falla estructural completa”, con baches profundos, ahuellamiento severo y pérdida de capacidad portante.
La explicación de fondo es el ajuste fiscal aplicado desde diciembre de 2023. De acuerdo con los datos difundidos por el sector, el presupuesto real de Vialidad Nacional en 2026 es más de 80% inferior al de 2022, mientras que el Presupuesto 2026 consolida una caída real cercana al 75% en comparación con 2023. A eso se suma una fuerte reducción de la planta de personal. En diciembre de 2023 el organismo contaba con 5.540 trabajadores, pero entre despidos y retiros voluntarios impulsados desde 2024 la dotación de empleados se redujo de manera drástica, con anuncios de recortes que llegaron a alcanzar a 1.600 agentes.
El deterioro también se refleja en la paralización de las obras en ejecución, sin importar su grado de avance, y en el abandono de tareas básicas de mantenimiento como el bacheo, la señalización, el desmalezado de banquinas y la campaña invernal de conservación. En lugar de resolver los problemas de fondo, sostienen desde el área, solo se realizan bacheos precarios que administran el riesgo de manera temporal. A esto se suma la subejecución de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles, que por ley deben destinarse a las rutas.
Conforme a los reclamos gremiales, Vialidad ejecutó apenas la mitad de esos recursos durante 2024 y 2025, motivo por el cual FEPEVINA llegó incluso a presentar una denuncia penal. El proceso, además, provocó la pérdida de personal técnico clave, entre ellos ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas especializados, con el consecuente vaciamiento de capacidades técnicas del organismo.
El deterioro físico de las rutas tiene un impacto directo en vidas humanas. En base a FEPEVINA, el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad un 14% interanual, alcanzando 4.369 muertes. La asociación civil Luchemos por la Vida registró 6.248 muertes en calles y rutas durante 2025.
El Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) reportó que en 2025 la mortalidad vial subió un 22% respecto a 2024, y que cada muerte por siniestro representó un costo social promedio de USD$38.650. Significativamente, el 25% de las muertes viales del país ocurrieron en la región del NEA (Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos).
El gobierno de Santa Fe anunció que los padres o adultos responsables de los menores que realicen falsas amenazas en escuelas deberán afrontar multas de entre 5 y 6 millones de pesos por cada operativo de seguridad activado. La desesperada medida busca generar un efecto disuasivo ante la creciente ola de alertas que, en apenas cinco días (entre el 16 y el 21 de abril), acumuló 158 intervenciones en establecimientos educativos de la provincia.
La secretaria de Coordinación Técnica del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Georgina Orciani, fue una de las principales voceras del anuncio y advirtió que el fenómeno tiene alcance nacional. En una sola jornada se registraron 78 llamados al 911, “un número altísimo”. Orciani justificó el mecanismo de cobro con énfasis en el origen de los fondos y en el costo que implica cada intervención.
El monto “sin duda es una suma altísima” pero “refleja el aporte que hacemos todos los santafesinos cada vez que pagamos un tributo. No es el dinero del gobernador Maximiliano Pullaro, no es el dinero del Ministerio de Justicia y Seguridad, es el dinero de todos nosotros que vivimos, que elegimos trabajar en esta provincia y aportar. La gravedad, más allá de la intimidación pública que dejan estos mensajes, también es la dispensa de recursos que hace la provincia para atender el capricho de un par de irresponsables que no entienden que estamos en presencia de un delito y que el delito se paga”.
La funcionaria también remarcó que cada amenaza falsa consume recursos millonarios y aparta patrulleros y personal de tareas de prevención en la calle. Advirtió además que lo que algunos menores toman como una broma puede dejar sin cobertura situaciones delictivas reales. Y cerró con una definición tajante: “Como todos los argentinos ya sabemos, cuando nos duele el bolsillo reaccionamos”.
A pesar de la situación, Orciani remarcó que las clases continúan con normalidad. “La educación no puede estar en juego por un par de irresponsables”.
Uno de los casos más resonantes se produjo en la Escuela Ovidio Lagos N° 309, ubicada en Barrio Rucci (Rosario) donde se detectaron dos amenazas consecutivas: una el martes en el baño de mujeres y otra el miércoles en el baño de hombres. Los directivos del establecimiento mantuvieron reuniones de urgencia con padres y alumnos sospechosos de redactar los mensajes o viralizar las imágenes. En ese contexto, algunos adultos manifestaron preocupación por antecedentes de violencia en la escuela, incluidas versiones sobre un alumno que habría ingresado previamente con una réplica de arma.
Un episodio similar se vivió en el Colegio Paulo VI, donde la denuncia de una madre por un vehículo sospechoso en las inmediaciones demoró la salida de los alumnos aproximadamente diez minutos. El establecimiento activó de inmediato el protocolo de seguridad hasta que el personal del 911 confirmó que el área estaba resguardada.
El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad precisó que estas acciones no constituyen “bromas”, sino delitos tipificados en el Código Penal.
La magnitud del conflicto llevó a distintas escuelas de la provincia a tomar decisiones preventivas: en algunas localidades, los alumnos comenzaron a asistir a clases sin mochilas y a trasladar sus útiles en bolsas de nylon transparentes para facilitar el control de ingreso y evitar el porte de elementos peligrosos. Por su parte, centros de estudiantes de la región comenzaron a difundir videos de concientización en los que remarcaron que estas situaciones generan miedo real e instaron a detener la viralización de contenidos violentos.
Las autoridades provinciales vincularon la escalada de amenazas a un “reto” viral de TikTok. El especialista en convivencia escolar Alejandro Castro Santander describió el contexto como parte de una escalada regional y advirtió que “estamos reaccionando tarde ante una ‘sopa de violencia’ que ya es estructural”. También señaló la influencia del entorno digital en el comportamiento de los menores: “Hay chicos que consumen contenidos donde se glorifican masacres. Los padres creen que están en redes comunes, pero muchas veces están expuestos a entornos de extrema violencia”.
Para el especialista, las respuestas basadas en controles físicos o medidas aisladas no abordan el problema de fondo: “No podemos seguir reaccionando con parches. Se necesita una política integral de convivencia escolar”. También advirtió sobre el contexto continental: “América Latina tiene la tasa más alta de homicidios de menores del mundo. Es ingenuo pensar que esto no va a impactar en las escuelas”.
La provincia de Santa Fe quedó atravesada por dos decisiones judiciales vinculadas al sistema penitenciario. Un fallo hizo lugar parcialmente a un habeas corpus y determinó que no se podrá obligar a los abogados a utilizar teléfonos en las entrevistas con presos alojados en cárceles de alto perfil. En Rosario, la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto defendió las salidas transitorias otorgadas a Ricardo Albertengo, condenado a 37 años de prisión en 2010, y afirmó que “nada se hizo por fuera de la ley”, pese a que el hombre quedó prófugo desde 2015.
En el primero de los casos, el planteo lo impulsó el abogado José Nanni, quien cuestionó las nuevas condiciones para entrevistar a sus defendidos. Según explicó, el problema surgió cuando acudió a una entrevista y se encontró con un sistema que obligaba a comunicarse mediante un teléfono detrás de un blindex. “Lo que nosotros planteamos es que la comunicación entre el abogado y su defendido debe ser privada y no debe tener injerencias del Estado”, sostuvo.
Nanni rechazó la obligatoriedad del dispositivo y afirmó: “No nos pueden obligar a utilizar un teléfono que se haya puesto en los locutorios porque no teníamos la garantía de que esos teléfonos estén escuchados”. También precisó que la pretensión original buscó que “se destine un habitáculo para uso exclusivo de los abogados”, aunque ese punto no prosperó. De todos modos, destacó el aspecto central de la resolución: “Lo que resolvió la jueza es que no sea obligatorio el uso de los teléfonos”.
A partir del fallo, explicó, la decisión quedó en manos del profesional. “Si el abogado quiere utilizar el teléfono, lo puede utilizar, si no lo quiere utilizar, no lo utiliza”, señaló. Nanni también aclaró que no se opuso al endurecimiento de medidas dentro de las cárceles. “Uno entiende las cuestiones de inteligencia criminal y penitenciaria que se vienen realizando”, dijo. Sin embargo, marcó un límite: “Cuando las medidas empiezan a pasar otros límites, ahí es donde uno interpone este tipo de acciones constitucionales”. Sobre el alcance de la resolución, agregó: “Creo que va a tener una extensión para el resto de los presos que están en ese pabellón”.
El testimonio de Nanni
La segunda situación se conoció después de que Albertengo se presentó en la cárcel de Rosario y trascendió que era el hombre que la policía buscaba por el crimen del policía Mauro Martín Mansilla. A partir de ese dato, surgió en la ciudad la pregunta sobre cómo un condenado a 37 años de prisión podía estar en la calle. La respuesta llegó cuando Prunotto, a cargo de controlar el cumplimiento de las condenas, explicó su actuación y sostuvo que “nada se hizo por fuera de la ley”.
La jueza detalló que al principio se le concedió a Albertengo una salida transitoria “con una modalidad más acotada”, con un régimen de tres horas por cada salida y acompañado por personal de custodia. También indicó que a los cinco meses se revisaron esos egresos y que se pidieron numerosos informes para controlar cómo había cumplido el beneficio y la veracidad de esos reportes. Según dijo, “se tomaron más recaudos de los que la ley prevé”.
Prunotto explicó que en julio de 2015 se flexibilizó ese régimen, se le agregaron horas y se habilitó a Albertengo a salir con un tercero responsable. “Fue en aquel momento cuando no regresó a prisión. Desde entonces había un pedido de captura vigente”, afirmó. Luego agregó un dato central sobre el tiempo en que el condenado estuvo fuera de la cárcel: “ninguna fuerza me requirió una orden de allanamiento para detener a Albertengo”.
Sobre las críticas al sistema, la magistrada sostuvo: “Si la ley tiene fallas o no, yo no soy quién para decirlo. Esas son cuestiones que tendrían que analizar los legisladores. Lo que nosotros hicimos fue, dentro del marco de la ley, tomar muchos más recaudos de los que marcaba la norma. Nosotros fuimos muy rigurosos en la forma de dejarlo salir y después hay un margen que tiene que ver con el albedrío de cada persona, que por supuesto llevó a una detención en una situación muy nefasta, eso uno lo entiende, pero se hizo bajo los regímenes que la ley habilita”.
La jueza también precisó que Albertengo “se encontraba prófugo desde julio de 2015”, cuando ella había ordenado su detención por no regresar de una salida transitoria. Sobre la condición de reincidente del condenado, explicó: “La ley no establece ninguna diferencia para las salidas transitorias para un reincidente. No hay una diferenciación entre primario o reincidente. No es una traba ser reincidente como para otras medidas que se pueden solicitar y están regladas por la misma ley”. También recordó que Albertengo cumplió los requisitos legales en agosto de 2012, aunque rechazó en ese momento el pedido por entender que debía esperar más tiempo para volver a evaluar esas salidas.
Prunotto añadió que “la función del juez de Ejecución Penal es evaluar conforme la ley nacional y los requisitos que ésta pide” y remarcó que la ley habilitó ese egreso “mucho antes de lo que fue acordado”. Según reconstruyó, Albertengo obtuvo el beneficio el 1º de octubre de 2013.
El 28 de mayo de 2014 lo incumplió y recibió una sanción. En noviembre de ese año obtuvo un visto favorable para nuevas salidas, acompañado primero por efectivos del Servicio Penitenciario. El 11 de mayo de 2015 volvió a acceder al beneficio y el 29 de junio de ese año el régimen se amplió para que saliera 12 horas cada 15 días acompañado por un tercero responsable, en ese caso su pareja. “Era en la faz de afianzar los lazos familiares”, explicó la jueza. Desde entonces, Albertengo no volvió a prisión hasta el día en que se entregó al verse cercado por el crimen del oficial Mauro Martín Mansilla.
El gobierno de Santa Fe pasó de la advertencia a la acción y entregó la primera intimación de pago a la familia de una persona menor de edad identificada como autora de una amenaza contra su propia escuela. Los padres, en calidad de responsables solidarios, deberán abonar $6.024.944: costo exacto del operativo policial desplegado ante la intimidación.
Al recibir la carta, el padre reaccionó con una frase contundente: “Cara la jodita”.
La intimación forma parte del reclamo global que la provincia ya calcula en más de $250 millones, a partir de los hechos identificados hasta el momento. Según explicó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el cobro fue definido como una deuda civil destinada a recuperar el dinero del Estado.
El procedimiento judicial “se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, precisó el funcionario.
El monto se calcula en función de los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas en explosivos y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, subrayó Cococcioni.
Los responsables tienen un plazo de cinco días para abonar voluntariamente. Vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.
– El ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni
Hasta el momento, el gobierno santafesino identificó a los responsables de 58 hechos, lo que involucra a “más de 70 personas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable.
El gobierno también trascendió que cuenta con “más de 15 expedientes iniciados para avanzar con notificaciones en otras localidades” de la Santa Fé.“A medida que la Fiscalía valida las identidades —sean mayores o menores, punibles o no— se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.
La vocera provincial, Virginia Coudannes, atribuyó a estas medidas la fuerte caída en el número de amenazas registradas: de entre 70 y 80 casos diarios, ayer lunes se contabilizaron apenas 15.
“La amenaza no es broma, es un delito y el delito se paga”, afirmó.
La primera impugnación formal contra el cobro de multas para recuperar los costos de los operativos por amenazas escolares fue presentada por Rodolfo Mingarini, un exjuez destituido por unanimidad tras liberar a un hombre luego condenado por violación, al poner en duda el ataque porque el agresor “se había tomado el tiempo de ponerse el preservativo”.
Desde la oposición, exigen que se publiquen los haberes de los funcionarios y responsabilizan al intendente por el deterioro financiero del municipio. Se señaló que él y otros funcionarios cobrarían “sumas extra por función”.
Gremios, usuarios y familiares de víctimas pidieron declarar la emergencia vial y apuntaron contra el recorte presupuestario, la pérdida de personal técnico, la paralización de obras y el avance de concesiones por peaje como salida oficial frente a la crisis.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
