Alberto Fernández se reunió con Gloria Romero luego de pedir por la reelección de Capitanich
La reunión había sido pactada de antemano y solicitada por Gloria Romero, quien aseguró que fue un encuentro esperanzador.
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Tras dos meses de conmoción por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, Alberto Fernández aceptó reunirse con Gloria Romero, la madre de la víctima. El encuentro se realizó luego del Congreso Internacional sobre Discapacidad, que se efectuó en Resistencia (Chaco) y había sido pactado con anterioridad.
La reunión duró más de dos horas y se realizó en el Aeropuerto de la provincia, antes de que el Jefe de Estado regresara a la Ciudad de Buenos Aires. “La escuché con mucha atención. Todos queremos que se haga Justicia y que los responsables de tan brutal crimen sean juzgados y condenados“, afirmó Fernández al medio Infobae.
Si bien Romero se mostró contenta tras el encuentro y calificó la reunión como “esperanzadora”, aseguró que se reunió con el Presidente como “un vecino más”. Además comentó que prefirió que no se trasmitiera en los medios los detalles del encuentro para no politizarla. “No queríamos que se mezcle la política: él se reunió conmigo como vecino más, lo mismo pasó con Larreta y Bullrich; y a todos les aclaré que no los voy a votar”, afirmó.
Sobre los detalles, precisó que le pidió a Fernández que “intervenga en la Justicia”. El mismo pedido que había sido elevado por varias diputadas de Juntos por el Cambio hace una semana a pedido de Romero.
Por último volvió a ratificar: “No busco votos, sino Justicia”. “Por eso voy a hablar con todos los que quieran ayudarme a lograr justicia, no voy a militar para nadie ni voy a hacer política para nadie”.
*Fuente: Periodismo y Punto
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Un registro filmado dentro del Hospital Interzonal “Dr. Alejandro Korn”, en la localidad de Melchor Romero (partido de La Plata), exhibió filtraciones de agua, humedad, moho en paredes y techos, y mobiliario roto en distintos sectores del establecimiento en claros signos de deterioro estructural.
“El hospital “Dr. Alejandro Korn” agoniza. Los trabajadores ya no damos más”, destacaron los integrantes asalariados, cuestionando que en lugar de dar respuestas a los problemas denunciados, la dirección haya optado por amenazar con sanciones a quienes documenten la situación, preguntándose “¿Qué es lo que quieren ocultar?”. El reclamo apunta en tres niveles de responsabilidad, empezando por la conducción local de la directora ejecutiva Belén Maruelli, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, y el gobierno provincial del gobernador Axel Kicillof.
— El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak junto a Belén Maruelli
“Los pacientes no pueden esperar y los trabajadores no pueden seguir sosteniendo solos un hospital que se cae a pedazos”, expresaron desde el personal, quienes en numerosas ocasiones aportan recursos propios para garantizar la atención de los pacientes.
El material fue difundido por trabajadores del nosocomio que denunciaron que la institución “atraviesa una de las situaciones más críticas de los últimos años” debido a problemas de infraestructura, falta de servicios esenciales y carencia de insumos.
Las fotografías e imágenes recientes revelan una serie de riesgos concretos y actuales dentro del predio sanitario. En distintos sectores se observan tubos de gas envasado conectados mediante mangueras y reguladores a cocinas industriales encendidas, en un momento en el que el hospital no contaría con suministro regular de gas natural. También circuló la versión de una presunta pérdida de gas en las cercanías de la central de abastecimiento de oxígeno, un dato que no pudo ser verificado de manera independiente, pero cuya sola posibilidad ameritaría una inspección urgente.
A ello se suman fallas de climatización en áreas críticas como Terapia Intensiva, Guardia, Quirófanos y Enfermería, mientras que una caldera funcionaría apenas al mínimo en Clínica Médica, Cirugía y Partos. En Salud Mental, pacientes habrían debido cubrirse con hasta cinco frazadas para soportar el frío extremo en las salas. El cuadro se completa con alimentos en estado de descomposición, como tomates aplastados y repollo podrido, además de reiteradas denuncias por la presencia de cucarachas en Guardia. También persisten filtraciones crónicas en el techo de la sala Charcot, que obligaron a trasladar pacientes pese a reparaciones que habrían demandado varios millones de pesos.
En otro sector del predio se acumulan cartones vinculados a la cooperativa de Cartoneros Platense en la exsala Cabred, así como ramas, escombros y basura detrás de la exsala F, material altamente combustible dentro de una institución médica. A esto se añade el caso de un paciente externado que vivió durante cuatro años en una sala abandonada del complejo y que, tras ser desalojado, hoy duerme en la garita de una parada de colectivo, asistido por los propios trabajadores.
Estos hallazgos se suman a fallas recientes de infraestructura, como un generador que dejó al hospital sin luz y una rotura de llave maestra que cortó agua y gas, forzando traslados de pacientes de noche y bajo lluvia con bajas temperaturas.
Hacinamiento y falta de psiquiatras
El sector de salud mental, con capacidad para 22 personas, alojaba 29 pacientes al momento de la denuncia, un hacinamiento que se agrava por la falta de médicos psiquiatras. Este déficit no es momentáneo. En 2019 el gremio de la Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincia (CICOP) advertía sobre la falta de psiquiatras para cubrir las guardias de salud mental en ese mismo hospital. En la denuncia actual, parte de la atención la sostienen médicos jubilados que regresan a cubrir vacantes sin reemplazo, lo que refleja una escasez estructural de personal que se arrastra desde hace años.
El lugar no es un centro hospitalario cualquiera, ya que viene siendo objeto de denuncias por violaciones a los derechos humanos desde hace más de una década. Ya en 2014 y 2015 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria documentaron 53 muertes en nueve meses sobre una población de 750 personas internadas, además de prácticas como sujeción física, aislamiento y sobremedicación que calificaron de trato cruel, inhumano o degradante. Ese informe derivó en una intimación judicial que obligó a la provincia a mejorar las condiciones edilicias y sanitarias de la institución.
En 2017, un nuevo informe conjunto sobre la situación de las mujeres internadas —217 de las 526 personas alojadas entonces, con un promedio de 25 años de encierro— volvió a señalar la falta de privacidad, el hacinamiento y la ausencia de políticas de externación sustentable. En 2017 también el gremio médico de la CICOP denunció la falta de pediatras y “un desinterés tremendo de las autoridades”. Es decir, la crisis actual no es un hecho puntual, sino la continuación de un patrón de abandono institucional perpetuo que atraviesa distintas gestiones provinciales.
El 19 de julio de 2026 el hospital quedó sin suministro eléctrico luego de que fallara un generador y a esa situación se sumó la interrupción de agua y gas por la rotura de una llave maestra, problemas que —según el personal— seguían sin resolverse días después. Pacientes internados debieron soportar frío extremo y, durante una noche de lluvia, algunos fueron trasladados entre distintos pabellones para resguardarlos por las malas condiciones edilicias.
Días antes, el 16 de julio, un paciente pediátrico no pudo ser derivado porque la ambulancia disponible no tenía combustible, y otra persona sufrió una intoxicación por gases que ingresaron desde el caño de escape de un móvil sanitario durante un traslado. En cuanto a la guardia, los trabajadores señalaron faltantes de sueros, monitores, camillas y sillas de ruedas, y remarcaron que el hospital no cuenta actualmente con tomógrafo en funcionamiento.
¿Protección de pacientes o mordaza a los trabajadores?
El 14 de julio de 2026, Maruelli firmó un memorándum dirigido a todo el personal que invoca la necesidad de garantizar ambientes laborales “cuidados, saludables y libres de violencias”. El documento advierte sobre “deslinde de responsabilidad y sanciones” ante ciertas conductas en redes sociales.
Esto sería clave, junto con obligaciones legítimas —confidencialidad de pacientes, secreto profesional, prohibición de difundir imágenes de usuarios sin consentimiento— incluye también la difusión de fotos, vídeos o audios tomados en el ámbito laboral sin autorización institucional, e incluso el uso de imágenes de las propias instalaciones del hospital. A su vez, prohíbe filmar dentro del establecimiento, dentro o fuera del horario laboral, sin autorización.
Esta última parte es la que generó el escándalo, siendo que mientras existe un marco legal legítimo para proteger la intimidad clínica de los pacientes (el cuidado de datos personales), extender esa protección a las imágenes de las instalaciones del hospital —cocinas, techos, depósitos de residuos— no protege a nadie en particular, sino que impide que se documenten problemas de infraestructura, higiene y seguridad que no involucran identidad de pacientes. Casos similares de esta institución ya habían llegado a medios locales, con empleados denunciando amenazas para “ocultar la crisis sanitaria”.
Vale contextualizar que Kreplak y Kicillof ya enfrentaron otras denuncias sobre gestión sanitaria provincial este año, incluyendo un caso de ambulancias sin entregar en otro hospital bonaerense, y que Kreplak es hermano del juez federal que investiga el caso del fentanilo contaminado, lo que en 2025 generó tensión política adicional con la Casa Rosada.
Esto muestra que la cartera de Salud bonaerense atraviesa un momento de controversia pública alta, en el que hechos como el de Melchor Romero se vuelven parte de un patrón más amplio de cuestionamientos a la administración bonaerense.
La disputa entre Nación y Provincia por el financiamiento de la salud
Para entender por qué esta crisis se atribuye a la “gestión de Kicillof” hay que ubicarla dentro de la disputa política y presupuestaria entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional del presidente Javier Milei en torno al financiamiento del sistema sanitario. Nicolás Kreplak, expuso en 2026 que el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud nacional se redujo un 40% respecto de 2023, y que un ajuste adicional de $63.000 millones afectó partidas de vacunas, medicamentos e insumos. De acuerdo a esos datos, la ocupación de camas de terapia intensiva en hospitales del conurbano bonaerense se ubica entre el 80% y el 90%, y las internaciones totales en hospitales públicos aumentaron un 35% entre 2023 y 2025.
Durante mayo de 2026, la Provincia denunció un nuevo recorte de fondos nacionales para salud, incluyendo partidas para fortalecimiento de sistemas provinciales, medicamentos e insumos médicos, en un contexto de crecimiento del 12% en la demanda hospitalaria desde que asumió Milei. Kicillof, por su parte, ha responsabilizado reiteradamente al gobierno nacional por lo que calificó de “catástrofe sanitaria”, señalando la caída de la coparticipación y el recorte de transferencias como causas centrales de la falta de recursos en los hospitales provinciales.
Al mismo tiempo, la Provincia le reclama a la Nación deudas millonarias vinculadas a hospitales de gestión compartida, mientras Nación responde que es la Provincia la que mantiene deudas con esos mismos hospitales por más de $507.000 millones.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cruzó al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, por la demora en definir quiénes accederán a las viviendas que el gobierno provincial construye para las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte, ocurrido en enero pasado. “Deje de jugar con la angustia de las familias y defina la lista de beneficiarios”, instó el mandatario al jefe comunal, a quien además acusó de encabezar una estafa contra los damnificados.
El planteo llegó a través de un mensaje que Torres difundió en sus redes sociales este sábado. Allí aclaró que ya le había transmitido personalmente el reclamo a Macharashvili, pero que decidió hacerlo público para insistir con un pedido de reunión. “Quiero compartir públicamente lo que hablé con las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermite, que además fueron estafadas por el municipio. Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias”, expresó el gobernador.
El eje del reclamo apunta a un cuello de botella administrativo. La provincia se hizo cargo de la construcción y del financiamiento de las casas, pero la nómina de personas beneficiarias depende del municipio. Y esa lista todavía no está. “En menos de un mes estarán terminadas las primeras viviendas, gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de Chubut. Ahora el municipio tiene la responsabilidad de definir, de una vez por todas, quiénes serán los primeros beneficiarios. Las familias no pueden seguir esperando”, manifestó Torres.
Fuentes del gobierno provincial ratificaron ese plazo y remarcaron que, una vez concluidas las obras, la entrega quedará supeditada a que Comodoro Rivadavia complete el relevamiento definitivo. En la misma línea, subrayaron que los damnificados atraviesan una situación crítica y no pueden quedar a la espera de una definición que no llega.
La acusación más fuerte del gobernador remite al origen mismo de la tragedia. Torres sostuvo que las familias “además fueron estafadas por el municipio”, en referencia a las autorizaciones que las gestiones comunales otorgaron años atrás para construir en un sector que después fue catalogado como de riesgo geológico. En un encuentro previo con los vecinos, el mandatario había sido todavía más categórico: “Lo que ocurrió con el cerro Hermitte fue, literalmente, una estafa”, afirmó, al recordar que existían informes técnicos que advertían sobre la inestabilidad del terreno. “A las familias les dijeron que podían construir y vivir en un lugar que no era apto. Eso no puede ni va a volver a ocurrir”, agregó.
El plan habitacional provincial contempla 52 viviendas destinadas a los damnificados, con las primeras unidades previstas para este mes, y una segunda etapa anunciada de otras 50 casas. Torres presentó esos números durante una reunión con las familias, acompañado por el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón, y otras autoridades del Gabinete provincial. En esa oportunidad, el gobernador aseguró que las situaciones de mayor urgencia tendrán prioridad en las adjudicaciones y fijó una advertencia sobre el modo de encarar la respuesta: “Bajo ningún punto de vista vamos a hacer lo que durante muchos años ocurrió en Chubut, que fue entregar lotes sin servicios a los vecinos, porque eso es entregarles un problema y no una solución”, afirmó. También se comprometió a sostener un diálogo permanente con los afectados hasta que todos cuenten con una solución definitiva.
El derrumbe que originó todo se produjo a principios de enero, cuando un fuerte movimiento de suelo desplazó parte del cerro Hermitte y colapsó viviendas en la zona. El episodio obligó a la evacuación de urgencia de 90 familias —unas 300 personas— que debieron abandonar sus hogares de manera inmediata. Las fracturas estructurales no solo derrumbaron paredes: rompieron cañerías y provocaron fugas masivas de gas, dejaron a la zona sin servicios y volvieron intransitables las calles. Los barrios Sismográfica y Marquesado fueron los más golpeados. Estudios geológicos posteriores determinaron que el sector presentaba un alto riesgo para la permanencia de las familias, que debieron dejar sus casas de forma definitiva.
El cruce se inscribe en una etapa de fuerte tensión política entre la Provincia y el Municipio de Comodoro Rivadavia. En los últimos días, ambas administraciones protagonizaron un enfrentamiento por el acuerdo firmado entre Chubut e YPF para el traspaso de bienes y activos vinculados a la salida de la petrolera de las áreas maduras de la provincia. Mientras el Ejecutivo provincial defiende el convenio y sostiene que permitirá recuperar activos estratégicos, desde el Municipio y sectores de la oposición cuestionan el tratamiento del pasivo ambiental y afirman que el acuerdo libera a YPF de responsabilidades futuras.
Una encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba, realizada sobre 1.400 casos (margen con 95% de confianza), preguntó a los argentinos si había que limitar la compra de tierras por parte de extranjeros.
El resultado fue contundente, con un 77% respondiendo que sí hay que limitarla, un 16.7% dijo estar en desacuerdo con esas restricciones, y un 6.3% no tenía una posición definida sobre el tema. Es decir, prácticamente ocho de cada diez argentinos rechazan la idea de “extranjerizar” la tierra, más allá de las diferencias ideológicas que suelen dividir a la opinión pública en otros temas.
Este dato es relevante porque se conoció justo antes de la votación clave en el Senado, y funciona como una señal política que la oposición y las organizaciones sociales usan para presionar a los legisladores indecisos.
La encuesta se enmarca en el debate por la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, un proyecto que el Gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso en marzo de 2026, como parte del paquete de reformas anunciado en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.
No se trata de una ley exclusivamente sobre tierras, sino de una iniciativa que reúne varios capítulos. En materia de expropiaciones, establece criterios más estrictos para definir la “utilidad pública” y garantiza una indemnización plena al expropiado, calculada sobre la base de la valuación previa al anuncio de la medida.
En cuanto a los desalojos, incorpora un mecanismo sumarísimo para expulsar usurpadores, aunque, tras la negociación con la oposición dialoguista, se resolvió ampliar a diez días los plazos para los inquilinos en mora, dejando la entrega inmediata solo para los casos de usurpación. Además, modifica la Ley de Manejo del Fuego y deroga artículos de la norma sancionada en 2020, durante el impulso de Máximo Kirchner, que prohibía por 60 años la venta de bosques nativos, humedales y áreas protegidas afectadas por incendios. El capítulo más polémico, sin embargo, es el referido a la Ley de Tierras Rurales, que introduce cambios sobre la ley 26.737, vigente desde 2011.
La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fijó una serie de restricciones a la propiedad extranjera sobre tierras rurales que hoy están en el centro del debate. La norma estableció un límite del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal, dispuso que una misma nacionalidad no pudiera concentrar más del 30% de ese porcentaje, impidió que un mismo titular extranjero adquiriera más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o su equivalente en otras regiones— y prohibió la compra de inmuebles que contengan o sean lindantes con cuerpos de agua permanentes, una disposición que cobró notoriedad por el caso de Lago Escondido, propiedad del empresario británico Joseph Lewis.
El proyecto de Milei, redactado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, buscaba eliminar directamente esos topes porcentuales para las adquisiciones privadas y reemplazarlos por un sistema de autorizaciones administrativas y avales provinciales. Según cálculos oficiales, esto podría triplicar la superficie en manos extranjeras, que hoy asciende a 13.2 millones de hectáreas, concentradas principalmente en ciudadanos de Estados Unidos, Italia y España.
Entre los puntos más sensibles que señalan especialistas y organizaciones ambientales está la posible derogación del artículo que prohíbe comprar tierras ribereñas de lagos y ríos permanentes, lo que habilitaría, por ejemplo, la venta de lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, zonas de cordillera con minerales críticos y acuíferos que abastecen a millones de personas. También se modificaría el régimen de tierras en zonas de frontera, algo que genera preocupación por posibles efectos sobre el contrabando y el narcotráfico si se habilita la extranjerización de áreas limítrofes.
Quién gana y quién se opone
Entre los interesados en la eliminación del límite del 15%, se encuentran el Grupo Benetton —ya uno de los mayores productores de lana de oveja del país— y fondos soberanos de países árabes. Del otro lado, el rechazo social es amplio: se movilizan la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) bajo la consigna "por la tierra y el agua", la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT, con el lema "nuestro suelo es soberanía, no mercancía"), organizaciones campesinas e indígenas, sectores eclesiásticos y ambientalistas, y referentes de la oposición como la diputada peronista Cecilia Moreau, quien llamó a "salir a las calles" el 6 de agosto.
Curiosamente, incluso la Sociedad Rural —tradicionalmente alineada con el Gobierno— apoya mantener ciertas restricciones, lo que muestra que el rechazo no es solo de sectores kirchneristas o progresistas, sino que atraviesa a actores del propio universo agropecuario.
— Cecilia Moreau
El proyecto tuvo un trámite accidentado desde el comienzo. En mayo de 2026 obtuvo dictamen en comisiones tras varias modificaciones, donde se eliminó por completo el capítulo que afectaba el programa de regularización de tierras en villas (RENABAP), a pedido de la Iglesia Católica, y se moderó el mecanismo de desalojo sumarísimo.
Pese a esos cambios, el oficialismo intentó llevarlo al recinto en julio y fracasó cuatro veces consecutivas por falta de quórum o de votos suficientes, lo que llevó a Milei a calificar a los opositores como "enemigos del progreso”.
Tras ese cuarto fracaso, la senadora nacional y jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich, junto a Sturzenegger negociaron una nueva versión (el dictamen número 15) que introduce cambios para intentar destrabar la votación. La medida deja a cada provincia la jurisdicción plena sobre su territorio, prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera —salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo— y elimina el artículo de "silencio administrativo" que daba por autorizada una venta si el Estado no se pronunciaba en seis meses.
— Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger
El Senado tiene previsto retomar el debate y votar el proyecto el jueves 6 de agosto de 2026. Bullrich aseguró que el bloque oficialista ya cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo de gobernadores dialoguistas, pero la incertidumbre persiste, especialmente por la postura de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para votar en contra del capítulo de tierras.
Para ese mismo día, organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas, sindicales y de la oposición —agrupadas bajo consignas como "por la tierra y el agua" y "Argentina no se vende"— convocaron a una movilización frente al Congreso, con el hashtag #lasoberanianosenegocia. La semana previa ya se realizaron talleres, radios abiertas y banderazos preparatorios. La apuesta de estos sectores es que la presión, sumada al fuerte rechazo social que muestra la encuesta de Zuban Córdoba, termine de inclinar a los senadores todavía indecisos.
La Municipalidad de Allen (Río Negro) publicó en el Boletín Oficial la ordenanza que dispuso la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román, dirigente de La Libertad Avanza. Con esa difusión, la medida adquirió plena vigencia administrativa y comenzó a correr el plazo que fijó la propia norma: al quinto día entrará en vigor, por lo que este viernes el jefe comunal deberá dejar el cargo.
La Ordenanza N.º 044/2026, aprobada por el Concejo Deliberante y promulgada de manera tácita, apartó a Román de sus funciones “hasta tanto recaiga sentencia definitiva” en la causa penal en la que fue imputado por presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Durante ese período, el intendente no percibirá dieta, remuneración, salario ni ningún otro concepto económico derivado del ejercicio del cargo.
La norma determinó que el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, ejercerá de manera provisoria el Poder Ejecutivo municipal, con todas las atribuciones previstas por la Carta Orgánica, hasta que cese la suspensión o exista una resolución definitiva. En paralelo, el edil Guillermo Pennesi, de Juntos Somos Río Negro, asumió la presidencia del cuerpo legislativo.
La medida se sustentó en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que habilita al Concejo a suspender de manera preventiva a los funcionarios imputados en causas penales. El texto la definió como una decisión de carácter transitorio y precautorio, orientada a preservar el normal desarrollo de la investigación judicial. Según el dictamen legal, la permanencia de Román en el cargo podía afectar testimonios pendientes, pericias contables y otros elementos claves del proceso.
La ordenanza aclaró, además, que si el intendente resulta absuelto tendrá derecho a ser restituido de manera automática, con todas sus funciones y derechos políticos.
El texto dispuso que la suspensión es de ejecución y aplicación inmediata una vez notificado el Poder Ejecutivo municipal, y ordenó comunicarla al Tribunal de Cuentas, a la Junta Electoral Municipal, a la Fiscalía de Estado de Río Negro y a los organismos administrativos correspondientes. También declaró la nulidad de todos los actos, resoluciones o disposiciones que se dicten en contradicción con lo establecido mientras dure el apartamiento, y advirtió sobre eventuales responsabilidades penales para los funcionarios o agentes que ejecuten o refrenden decisiones contrarias a la norma.
Román rechazó la medida y denunció un “golpe institucional”. Aseguró que el Concejo excedió sus atribuciones al disponer su apartamiento antes de que existiera una sentencia firme. “Voy a defenderme en la Justicia porque esta suspensión es ilegal”, sostuvo tras conocerse la votación. También negó haber cometido delitos y afirmó que la investigación respondía a intereses políticos orientados a desplazarlo del poder.
El jefe comunal de Allen construyó su perfil público lejos del espacio con el que alcanzó notoriedad. Desarrolló toda su carrera profesional en la Policía de Río Negro, sobre todo en el área de seguridad vial, donde llegó al rango de comisario. Tras retirarse de la fuerza alrededor de los 40 años, fundó una academia de conducir, actividad que sostuvo durante varios años antes de dedicarse de lleno a la política. Su debut electoral se produjo en 2019 bajo el sello de la Unión Cívica Radical, cuando resultó elegido concejal de Allen, el mismo cargo desde el que hoy impulsaron su suspensión. Con el tiempo se distanció del radicalismo y se sumó al universo libertario, hasta convertirse en el primer intendente de La Libertad Avanza en Río Negro y vicepresidente del partido a nivel provincial. Era un alfil de otra controversial figura libertaria: la diputada nacional por Río Negro, Lorena Villaverde.
La causa que motivó el apartamiento gira alrededor del manejo de fondos públicos durante su gestión. Los investigadores analizan contrataciones, movimientos presupuestarios y decisiones administrativas, en una pesquisa que continúa en etapa de instrucción, bajo la Fiscalía N.º 4 de General Roca, a cargo de la fiscal María Celeste Benatti, y sin una resolución definitiva sobre su responsabilidad penal.
Uno de los focos de los cuestionamientos fue el gasto destinado a la Fiesta Nacional de la Pera, para la que el municipio desembolsó alrededor de 576 millones de pesos, según el Tribunal de Cuentas local, en medio de las restricciones presupuestarias de la comuna.
Ese señalamiento se apoyó en un informe del Tribunal de Cuentas de Allen que expuso las cuentas de la gestión entre 2024 y 2025. De acuerdo con ese documento, el municipio destinó cerca de 877 millones de pesos a cuatro festivales locales mientras acumulaba una deuda con proveedores cercana a los 3.000 millones. El gasto de la Fiesta Nacional de la Pera 2025 representó un salto superior al 4.000% frente a los poco más de 14 millones erogados un año antes para el mismo evento.
Varias de esas críticas apuntaron, precisamente, al manejo del gasto público, uno de los ejes centrales del discurso con el que Román llegó al gobierno municipal.
José Néstor Prado, exinspector de nivel secundario con jurisdicción en Ramallo, Provincia de Buenos Aires, continúa figurando como personal activo en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense pese tener una pena firme por abuso sexual agravado desde 2019.
Prado estuvo cumpliendo su condena en prisión, junto a la docente implicada Mariela Alejandra Elisa Gálvez, hasta que él recuperó la libertad en octubre de 2025, posiblemente por haber cumplido los dos tercios de la pena, que es el requisito habitual para acceder a la libertad condicional en Argentina. Desde ese momento, comenzó a reaparecer como personal activo en el sistema informático de la DGCyE.
– José Prado y María Gálvez
Prado se desempeñaba en su labor de inspector de educación secundaria en el norte bonaerense. Fue detenido e imputado por abuso sexual y, tras el proceso judicial, recibió una condena a diez años de prisión por abuso sexual agravado. La sentencia quedó firme en 2019, lo que significa que agotó todas las instancias de apelación posibles y adquirió carácter definitivo e inapelable. Ese fundamento de “firme” es crucial, porque implica que no existe ninguna duda jurídica sobre su culpabilidad.
Aquí aparece uno de los elementos más llamativos del caso. El procedimiento para exonerar a un agente público bonaerense requiere que, antes del acto final, intervenga la Asesoría General de Gobierno para emitir un dictamen jurídico. Según el artículo 80 de la Ley 10.430, cuando la falta puede dar lugar a una sanción expulsiva, “deberá darse intervención a la Asesoría General de Gobierno para que, dentro del plazo de diez días, emita dictamen al respecto”.
En el caso Prado, la Asesoría General de Gobierno dictaminó en abril de 2026 que correspondía exonerarlo. El dictamen, que es una opinión jurídica vinculante que le indica a la autoridad competente cuál es la medida que corresponde, fue claro en argumentar que la exoneración debía efectivizarse. Sin embargo, esa exoneración nunca se concretó.
El dictamen de la Asesoría General de Gobierno requiere primero que la autoridad competente (la DGCyE) dicte un acto administrativo formal —una resolución— que haga efectiva la exoneración. Eso implica que alguien en la cadena jerárquica dentro de la DGCyE debía firmar ese acto y no lo hizo, o lo hizo con una demora inexplicable.
Los plazos son reveladores, siendo que la condena quedó firme en 2019, la Asesoría tardó hasta abril de 2026 en dictaminar (casi 7 años después de la condena firme), y aun así, a julio de 2026, la exoneración no se había materializado. Prado recuperó la libertad en octubre de 2025 y desde entonces volvió a aparecer como activo en el sistema, lo que sugiere que nunca fue dado de baja formal.
Con una condena firme desde 2019, la DGCyE estaba obligada a avanzar con el procedimiento administrativo correspondiente. Eso implicaba iniciar o continuar el sumario disciplinario, incluso si todavía no se hubiera puesto en marcha, tomando la sentencia penal como un hecho ya acreditado. También debía disponer la suspensión preventiva del inspector mientras se desarrollaba el proceso, tal como prevé el propio régimen disciplinario. Una vez reunida toda la documentación, el expediente tenía que ser remitido a la Asesoría General de Gobierno para la emisión del dictamen y, luego de esa instancia, dictarse la resolución de exoneración.
Nada de esto ocurrió en tiempo y forma. El retraso abarca las gestiones de al menos dos directores anteriores del DGCyE, pero también —y esto es lo que genera la interpelación actual— la gestión de la propia directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi quien asumió el cargo en diciembre de 2025 luego del acuerdo del Senado bonaerense, y bajo cuya conducción Prado siguió figurando como activo.
La responsabilidad institucional
Flavia Terigi es pedagoga, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, y fue designada directora general de la DGCyE por el gobernador Axel Kicillof mediante el Decreto 2891/2025. Asumió en reemplazo de Alberto Sileoni.
Hasta el momento no brindó ninguna explicación al respecto. La DGCyE deberá dar explicaciones, al menos, por tres demoras clave en el caso Prado. La primera es por qué tardó años, desde la condena firme de 2019, en remitir el expediente a la Asesoría General de Gobierno. La segunda, por qué después del dictamen emitido en abril de 2026 la exoneración todavía no se concretó en los meses posteriores. Y la tercera, por qué el sistema informático sigue registrándolo.
El hecho no es excepcional en su mecánica, aunque sí en su gravedad. El sistema disciplinario docente bonaerense es históricamente lento y burocrático. Los sumarios pueden tardar hasta décadas en resolverse, los expedientes quedan estancados en distintos escritorios, y las autoridades jerárquicas muchas veces no impulsan de oficio los procedimientos cuando deberían hacerlo.
A diferencia de otras provincias, como Mendoza (que sancionó en 2025 una ley de “ficha limpia docente” con exoneración e inhabilitación permanente para condenados por delitos sexuales, y creó un registro único de sanciones), la provincia de Buenos Aires no tiene un sistema automático o expedito que vincule una condena penal firme con la baja inmediata del sistema. Todo depende de que los distintos actores de la cadena administrativa cumplan con sus pasos en tiempo y forma.
La DGCyE debe de ejecutar de inmediato el acto administrativo de exoneración, explicar la cadena de responsabilidades que llevó a esta situación y revisar cuántas situaciones similares pueden estar ocurriendo en el vasto sistema educativo bonaerense, que cuenta con más de 300.000 docentes y personal a cargo.
¿Cómo puede un condenado seguir en el sistema?
Para entender primero hay que conocer cómo funciona el sistema disciplinario docente y su lentitud. En Argentina, la responsabilidad penal (ser condenado por un delito) y la responsabilidad administrativa (ser sancionado laboralmente por el Estado empleador) son dos procesos independientes que se tramitan en paralelo. El Código Penal castiga al ciudadano, mientras que el régimen disciplinario del Estado sanciona al empleado público como tal.
Esto significa que una condena penal no produce automáticamente la baja laboral del agente. Para echar a un docente del sistema educativo bonaerense de manera definitiva, la administración debe llevar adelante un sumario administrativo propio con sus propias garantías procesales, y luego dictar un acto administrativo de exoneración firmado por la autoridad competente.
El personal docente bonaerense se rige por la Ley 10.579 (Estatuto del Docente). Este estatuto establece distintas sanciones disciplinarias, siendo la más grave la exoneración, que implica la separación definitiva del servicio y la inhabilitación para ingresar nuevamente al sistema educativo.
El artículo 140 del Estatuto del Docente establece que el sumario administrativo puede correr en paralelo con la causa penal, pero que la resolución final administrativa debe adecuarse a lo que se tenga por probado en la causa penal. Es decir que, si hay condena penal firme, la administración debe tener eso como un hecho probado y actuar en consecuencia.
Para el personal no docente, la Ley 10.430 (Estatuto del Empleado Público bonaerense) es aún más explícita. El artículo 73 establece taxativamente que es causal de exoneración “la sentencia condenatoria dictada en perjuicio del agente como autor, cómplice o encubridor de delito común de carácter doloso”. Un abuso sexual es, sin lugar a duda, un delito doloso. Bajo ese marco, la exoneración no es discrecional.
Julián Pajarola es guía de trekking y ski. Nació y se crió en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y se gana la vida llevando gente a la montaña.
El 29 de junio, según denunció, no pudo llegar al cerro Ezpeleta. Un guardia de acento austríaco le cerró el paso a él y a su grupo con una explicación que condensa todo el conflicto en una sola frase: “la dueña del campo no quiere gente adentro”. El cerro es uno de los mejores lugares de la zona para el esquí de travesía, la caminata con raquetas y los cursos de avalanchas donde se forma a la próxima generación de montañistas.
Pajarola fue al Catastro a ponerle nombre a esa “dueña”. La parcela donde lo frenaron (1.672 hectáreas, matrícula 322040) figura a nombre de Gernot Langes-Swarovski, bisnieto del fundador de la marca de cristales austríaca y parte del listado de multimillonarios de la revista Forbes. La familia acumula más de 3.800 hectáreas en el departamento Lácar, repartidas en tres compras grandes y decenas de adquisiciones menores. La presencia de la firma Gernot Langes-Swarovski & Co en la zona ya había sido documentada por La Mañana de Neuquén hace casi diez años, y desde entonces el proceso se profundizó.
El caso retrata al departamento entero. Lácar, donde se asienta San Martín de los Andes, tiene 475.095 hectáreas rurales, y 257.346 (el 54,17%) están en manos extranjeras, según el Registro Nacional de Tierras Rurales. Es más de la mitad de una jurisdicción de lagos, bosques nativos y algunas de las postales más codiciadas del país, y triplica largamente el tope del 15% que fija la Ley de Tierras desde 2011. El fenómeno atraviesa toda la Patagonia: del otro lado de la cordillera, en Río Negro, el caso más resonante es el de Lago Escondido, la estancia del británico Joe Lewis que mantiene en disputa judicial el acceso público a un lago de montaña. En muchos de esos campos, caminos y senderos que fueron de uso común durante generaciones hoy terminan en una tranquera.
A la cuestión de fondo se le suma una más terrena que golpea directamente a quienes viven de la montaña. En 2021 el Congreso sancionó la Ley 27.665, que declaró al montañismo actividad de interés deportivo, cultural y sociorrecreativo, e incluyó al trekking y al ascensionismo entre esas prácticas. Su artículo 4° dice que las autoridades de cada espacio “arbitrarán los medios necesarios” para garantizar el acceso a la montaña. La garantía quedó a mitad de camino: la ley depende de que las autoridades locales designen los senderos de uso histórico, algo que queda librado a cada jurisdicción, y nunca se dictó una reglamentación que obligue a los propietarios privados a respetar ese paso. Sobre el papel el derecho existe pero en el terreno se choca con un alambrado.
Para los guías, la cuenta es directa. “A los que vivimos de enseñar a subir un cerro con seguridad, esto nos toca directo”, planteó Pajarola: cada campo que se cierra es un acceso menos, una ruta menos, un lugar menos donde formar a los que empiezan. “Nos estamos quedando afuera de nuestro propio territorio”, resumió, “y encima nos lo explican en otro idioma”. Su reclamo lo cerró con una frase que ya circula por las redes: “La montaña no se vende. Se cuida, se comparte, se transmite”.
El guía de montaña Julián Pajarola denunció que le cerraron el paso al cerro Ezpeleta, en una parcela de 1.672 hectáreas a nombre de Gernot Langes-Swarovski.
La naviera Easter Island Line, la misma que abastece a Isla de Pascua, quiere abrir una ruta desde Punta Arenas hacia Sea Lion, la explotación petrolera que el Reino Unido lleva adelante en aguas argentinas usurpadas, sin autorización y en violación de la ley nacional.
Capitanich Agropecuaria, la firma que la familia levantó en 1983 y hoy manejan los hijos de Héctor Capitanich, incumplió una refinanciación con la multinacional Syngenta y tiene sus cobros futuros bloqueados por la Justicia. En el sector ya se habla de un posible concurso preventivo.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
