Alberto Fernández se reunió con Gloria Romero luego de pedir por la reelección de Capitanich

La reunión había sido pactada de antemano y solicitada por Gloria Romero, quien aseguró que fue un encuentro esperanzador.
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Tras dos meses de conmoción por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, Alberto Fernández aceptó reunirse con Gloria Romero, la madre de la víctima. El encuentro se realizó luego del Congreso Internacional sobre Discapacidad, que se efectuó en Resistencia (Chaco) y había sido pactado con anterioridad.

La reunión duró más de dos horas y se realizó en el Aeropuerto de la provincia, antes de que el Jefe de Estado regresara a la Ciudad de Buenos Aires. “La escuché con mucha atención. Todos queremos que se haga Justicia y que los responsables de tan brutal crimen sean juzgados y condenados“, afirmó Fernández al medio Infobae. 

Si bien Romero se mostró contenta tras el encuentro y calificó la reunión como “esperanzadora”, aseguró que se reunió con el Presidente como “un vecino más”. Además comentó que prefirió que no se trasmitiera en los medios los detalles del encuentro para no politizarla. “No queríamos que se mezcle la política: él se reunió conmigo como vecino más, lo mismo pasó con Larreta y Bullrich; y a todos les aclaré que no los voy a votar”, afirmó.

Sobre los detalles, precisó que le pidió a Fernández que “intervenga en la Justicia”. El mismo pedido que había sido elevado por varias diputadas de Juntos por el Cambio hace una semana a pedido de Romero.

 

Por último volvió a ratificar: “No busco votos, sino Justicia”. “Por eso voy a hablar con todos los que quieran ayudarme a lograr justicia, no voy a militar para nadie ni voy a hacer política para nadie”.

*Fuente: Periodismo y Punto

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Policías bonaerenses denuncian que durmieron en el piso, sin baños ni comida durante la visita del papa León XIV: “Es inhumano, insalubre”

La visita del papa León XIV a la Argentina generó un reclamo en la provincia de Buenos Aires, después de que familiares y efectivos de la Policía Bonaerense denunciaran hacinamiento, falta de higiene, condiciones deficientes de descanso, jornadas laborales extensas y presuntas presiones de sus superiores durante el operativo de seguridad.

Las denuncias también incluyen el supuesto traslado de policías sin sus armas reglamentarias, la obligación de firmar actas de desarme y el pago de aproximadamente 60.000 pesos por jornada.

Según la información difundida por el gobernador Axel Kicillof junto con el ministro de Seguridad Javier Alonso y el intendente Leonardo Boto, el dispositivo movilizó aproximadamente 12.000 efectivos de fuerzas de seguridad, además de unos 1.200 trabajadores sanitarios, 10.000 voluntarios, 45 ambulancias y cuatro hospitales de campaña, incluyendo controles de acceso, recorridos de seguridad, puestos sanitarios y espacios para atender a los peregrinos.

La visita apostólica de León XIV se desarrolló entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Ese miércoles 11 de noviembre estuvo prevista una misa a las 10 de la mañana frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Para cubrir estas tareas, se convocó a personal policial de distintas localidades bonaerenses. Algunos efectivos debieron desplazarse fuera de sus destinos habituales y permanecer durante varios días en alojamientos temporales.

Entre las unidades mencionadas aparece el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), una unidad policial especializada en tareas operativas y de apoyo a otras dependencias. La controversia comenzó cuando familiares de los agentes difundieron fotografías de los lugares donde se alojaría parte del personal movilizado.

De acuerdo a los testimonios recabados, los agentes estaban siendo alojados en instalaciones improvisadas que presentaban importantes deficiencias. Los familiares señalaron que los efectivos tenían que dormir en carpas instaladas entre árboles, utilizar catres agrupados y compartir baños químicos, sin contar con suficientes frazadas ni espacios adecuados para bañarse.

Uno de los allegados cuestionó que se anunciaran importantes gastos para ofrecer comodidades al personal cuando, conforme a su relato, esas condiciones no se estaban cumpliendo, a la vez de existir incertidumbre sobre la cantidad de días que los policías estarían allí y las condiciones en que desarrollarían sus jornadas. Destaca la declaración de una agente, de que los baños químicos carecían de elementos de limpieza y mantenimiento adecuados.

“Para que se enteren todos cómo llevan a los policías a acampar a Luján por la llegada del Papa. El lugar donde van a dormir es abierto, no les dan frazadas ni nada, no tienen dónde bañarse ni las comodidades que están diciendo”, confirmó un familiar de uno de los agentes que prestaron servicio en La Plata, añadiendo que “no parece justo que estén diciendo que gastaron un montón para que ellos tengan todas las comodidades para estar bien allá, cuando no es así”.

Los integrantes del Grupo de Apoyo Departamental que descansaban en el barrio Don Orione, partido de Almirante Brown, ya no disponían de catres y se vieron en la necesidad de dormir directamente en el suelo, así como la utilización de duchas improvisadas, el hacinamiento y la acumulación de horas de servicio.

“Son de Caballería y les dan solo 60 mil pesos, y están sin baño”, sostuvieron familias autoconvocadas de los agentes de seguridad.

Las condiciones de los jefes

Otro aspecto de la controversia surgió cuando se revelaron imágenes de un salón cerrado que habría sido destinado a superiores policiales. Los denunciantes sostuvieron que mientras numerosos agentes descansaban en carpas sobre terrenos embarrados, algunos jefes disponían de instalaciones con piso de madera, ventanales y aire acondicionado.

Trascendió a la par una comunicación atribuida a la organización del operativo, en la cual los policías debían costearse y presentarse en servicio con capas de lluvia, botas de goma, sábanas de una plaza, almohada, pijama y artículos de higiene personal.

La acusación más delicada tiene que ver con el personal policial de especialidades, que fue enviado a cubrir servicios sin su armamento reglamentario y sin elementos visibles de identificación institucional. Estos se trasladaron desde Quilmes hasta Luján utilizando vehículos particulares, provistos únicamente de su credencial policial y documento de identidad. Asimismo, los policías afirmaron que sus superiores les exigían firmar un acta de “desarme voluntario”, bajo advertencia de posibles sanciones disciplinarias si se negaban.

Una mujer, identificada como esposa de un efectivo de Infantería procedente de Azul, afirmó que su marido llevaba cuatro días movilizado y que, al no contar con un lugar asignado para descansar, algunos integrantes de la unidad habían tenido que dormir al costado de una ruta en Luján. Hasta en Córdoba, los efectivos habían dormido en el suelo y con otros reclamos por falta de comida, agua e instalaciones sanitarias.

“Después del Papa no saben en dónde van a dormir”, afirmó la mujer, agregando que “lo tienen así durmiendo afuera hasta que llegue el Papa, sin agua, sin comida. Es inhumano, insalubre”.

La bochornosa “carpa VIP”

A diferencia de cómo pasaron las autoridades involucradas en la conocida como la “carpa VIP”, convirtiéndose en uno de los principales cuestionamientos durante la visita del papa León XIV a la Argentina. El escándalo comenzó cuando se difundieron fotografías y videos de políticos, empresarios y celebridades que disfrutaban de un espacio exclusivo de 1.200 m² con aire acondicionado, catering y ubicaciones preferenciales durante la misa multitudinaria celebrada el lunes 9 de noviembre en Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

Una investigación periodística por Mariana Escalada y Agustín Ronconi en el portal El Disenso reveló que el Estado nacional adjudicó contrataciones millonarias a ocho empresas para la organización y el desarrollo de las actividades oficiales durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Según el relevamiento, las adjudicaciones alcanzaron un monto conjunto superior a los 20.477 millones de pesos, distribuidos entre servicios de producción, infraestructura, transmisión televisiva, iluminación, sonido y abastecimiento eléctrico.

Entre las otras contrataciones, se mencionaron empresas vinculadas a familiares del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La diputada Marcela Pagano señaló a Tech Security SRL, vinculada a servicios de seguridad, y a Purgato S.A., dedicada a tareas de limpieza; no está confirmado documentalmente el servicio de limpieza atribuido a Purgato, y tampoco se ha podido establecer el monto de Tech Security. De acuerdo con los registros societarios, Fernando Nicolás Menem, Eduardo Adrián Menem y Pablo Ariel Vázquez aparecen vinculados a esas firmas.

Mientras una gran cantidad de asistentes permanecía al aire libre y esperaba durante horas para acercarse al pontífice, con una capacidad para albergar a 250 personas que tenían acceso a instalaciones especialmente acondicionadas frente al Monumento de los Españoles. La contratación más elevada correspondió a DF Entertainment S.A., que recibió una adjudicación de 8.690 millones de pesos para la producción general del evento. Le siguió Nuevos Aires Producciones SRL, con 4.547.7 millones de pesos destinados a la instalación de estructuras y vallados, mientras que Recordvision S.A. obtuvo 3.090 millones de pesos para los servicios de transmisión televisiva.

Los espacios reservados contaban con 3.500 sillas preferenciales próximas al altar, protección contra las condiciones climáticas, servicios gastronómicos y comodidades adicionales. Entre las personas que asistieron al sector preferencial estuvieron figuras del espectáculo y la moda, como Valeria Mazza, Carolina “Pampita” Ardohain y Yanina Latorre, además de autoridades y otros invitados. Por su parte, PRG Argentina SRL fue adjudicataria de 1.979.3 millones de pesos para el montaje de sonido e iluminación, mientras que Fidias Energía SRL recibió 1.736 millones de pesos para garantizar el abastecimiento eléctrico. A estas contrataciones se sumaron los 225 millones de pesos asignados a VMG Video Tech S.A. para la instalación de pantallas LED.

Finalmente, los servicios de alfombras y cortinas quedaron distribuidos entre Alfombra Mágica SRL y Tetramon, que recibieron adjudicaciones por 128.08 millones y 81.21 millones de pesos, respectivamente. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri reconoció que algunos aspectos del servicio gastronómico fueron excesivos. En declaraciones al medio de Radio La Red, expresó que las medialunas y los budines estuvieron de más, aunque rechazó la idea de que se hubiera tratado de un lujo descomunal.

La diferencia fue notaría en el trato entre invitados seleccionados y fieles comunes en una ceremonia que buscaba transmitir un mensaje de humildad, fraternidad e igualdad. El contrato incluía pisos nivelados, alfombra beige, revestimientos interiores, climatización de frío y calor, mobiliario, mesas, arreglos florales y sanitarios especiales.

Contemplaba un servicio de catering diferenciado. Para la misa se habían previsto 250 prestaciones de café y alimentos destinadas a particulares especiales, además de servicios separados para Presidencia, las sacristías, el coro y el encuentro juvenil.

Casación está cerca de definir el futuro de la causa contra Firmenich por un atentado de Montoneros en 1976

La Cámara Federal de Casación Penal se acerca a la definición del futuro de la causa contra Mario Firmenich por el atentado de Montoneros al comedor de la Policía Federal del 2 de julio de 1976, que dejó un saldo de 24 muertos. La Sala I debe decidir si confirma la reapertura de la investigación y la indagatoria al exlíder de la organización guerrillera y principal acusado.

Fuentes del tribunal de alzada aseguraron a La Nación que el expediente “está para votar” y auguraron una pronta resolución, aunque aclararon que el caso “tiene sus bemoles”, por lo que el desenlace estaría atravesado por dificultades.

Los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar, que tienen la causa en sus manos hace casi un año, deben determinar si ratifican el fallo de la Cámara Federal porteña, que ordenó retomar las pesquisas y citar a Firmenich.

El centro de la discusión es si el atentado, consistente en la colocación de una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, se puede juzgar pese a que transcurrió hace más de 50 años.

El camino judicial

El expediente tramita en el Juzgado Federal N° 1, a cargo de María Servini, quien en noviembre de 2021 rechazó la reapertura de la investigación con el argumento de que los hechos habían prescripto. La reactivación había sido solicitada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto a otras agrupaciones, sobrevivientes del atentado y más de una decena de letrados.

En junio de 2022, la Cámara Federal porteña dejó sin efecto esa decisión y le ordenó a la magistrada que dictara un nuevo pronunciamiento. Le reprochó no haber considerado los planteos de los denunciantes, quienes pedían evaluar si el atentado podía encuadrarse como delito de lesa humanidad, crimen de guerra o grave violación a los derechos humanos, figuras que permitirían juzgar a los responsables pese al paso del tiempo.

En agosto de 2023, Servini volvió a rechazar el pedido, concluyendo que los hechos no constituían ninguno de esos delitos. Los denunciantes y las víctimas apelaron y, en diciembre de 2024, la Sala I de la Cámara, entonces integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, les dio la razón.

Además de solicitar la citación de Firmenich, que en julio pasado se ausentó a su indagatoria en otra causa y su hermano fijó un nuevo domicilio en España, los camaristas requirieron llamar a declarar a otros imputados, entre ellos, Horacio Verbitsky.

*Fuente: boga.ar

Los empresarios que se reunirán con León XIV, pero cuyos negocios estarían flojos de santidad

La visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana a Sudamérica ha copado la agenda política y mediática de esta semana. Pero poco se mencionan las aparentes contradicciones entre quienes figuran como aportantes para su visita y los mensajes papales.

Entre las empresas que figuran como donantes en el sitio oficial de la visita de León XIV figuran: Corporación América; Santander; Edenor; Edemsa; Mercedes-Benz; Grupo Techint; Vista Energy, y varias más.

Ahora bien, la pregunta es si los empresarios detrás de estas marcas representan lo que el líder del Vaticano promulga en sus encíclicas.

Contra la concentración económica

En el documento papal llamado Dilexi te (Te he amado), que recientemente cumplió un año de su publicación, León XIV afirma textualmente: “Al compromiso concreto por los pobres también es necesario asociar un cambio de mentalidad que pueda incidir en la transformación cultural. En efecto, la ilusión de una felicidad que deriva de una vida acomodada mueve a muchas personas a tener una visión de la existencia basada en la acumulación de la riqueza y del éxito social a toda costa, que se ha de conseguir también en detrimento de los demás y beneficiándose de ideales sociales y sistemas políticos y económicos injustos, que favorecen a los más fuertes. De ese modo, en un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos, paradójicamente, también vemos crecer algunas élites de ricos, que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común. Eso significa que todavía persiste —a veces bien enmascarada— una cultura que descarta a los demás sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano”.

Es decir, cuestiona la concentración económica en detrimento de masas poblacionales.

Daniel Vila y José Luis Manzano son propietarios de dos empresas distribuidoras de energía eléctrica: EDEMSA (Mendoza) y EDENOR (Buenos Aires).

Juntas concentran el 22,13% de este negocio en la Argentina. Es decir, cerca de 1 de cada 4 usuarios dependen de estos empresarios.

Hay un dato anecdótico sobre la ética empresarial en este caso. El 30 de junio de 2021 se llevó a cabo una audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza vía Zoom.

Esto era para autorizar un incremento en el costo del valor de distribución eléctrica (que es la parte de la factura que le corresponde netamente a EDEMSA en este caso).

El argumento principal llevado adelante por Andrés Carnevale en representación de la empresa de Vila-Manzano era que había un atraso en el reconocimiento de los costos y mayor morosidad por el contexto de la pandemia.

Esto implicaba mayores “esfuerzos” de EDEMSA para sostener y hasta mejorar los servicios, por lo que se pedía autorizar el incremento.

El tema es que mientras se hablaba de la difícil situación que supuestamente atravesaba la distribuidora eléctrica, en Ciudad de Buenos Aires se estaba autorizando la compra de EDENOR por unos U$ 100 millones.

Luego de esa audiencia pública se autorizó el incremento en la factura.  

Ternium Argentina es una de las empresas pertenecientes al grupo Techint de Paolo Rocca. Tiene una capacidad productiva de más de 3.159 millones de toneladas de acero según datos de la misma firma.

Según datos del INDEC, en 2025 se produjeron 4.024 millones de toneladas de acero crudo en el país.

Es decir, concentra el 78,5% del mercado nacional de este rubro. 

Con respecto a Eduardo Eurnekian, es propietario de Corporación América, accionista mayoritario de Aeropuertos Argentina 2000.

Según documentación presentada en 2025 por la misma empresa, se asegura que esta maneja el 93,4% del tráfico aéreo comercial argentino.

En otras palabras, 9 de cada 10 pasajeros dependen de esta empresa para volar.

En 2020, Aeropuertos Argentina 2000 consiguió una prórroga de diez años de su concesión, hasta febrero de 2038.

Cabe mencionar que en 2025 la Auditoría General de la Nación publicó un documento en el que advertía que la prórroga de 2020 tenía algunas cláusulas de inversión que no contenían criterios objetivos para verificar su cumplimiento total o parcial.

Recomendó también mejorar los mecanismos de control sobre las obligaciones del concesionario.

Pero en septiembre de 2026 se firmó un nuevo acuerdo de readecuación contractual que contempla extender la concesión hasta febrero de 2056, sujeto a condiciones, entre ellas una inversión adicional de US$600 millones en Ezeiza.

La educación como herramienta dignificadora

En su carta “Dibujando nuevos mapas de esperanza”, el líder católico afirma: “…el Concilio Vaticano II articuló el derecho a la educación y sus principios fundacionales como universalmente válidos. Destacó las responsabilidades impuestas tanto a los padres como al Estado. Consideraba que la provisión de una educación que permita a los estudiantes “evaluar valores morales con la conciencia correcta” era un “derecho sagrado” y hacía un llamamiento a las autoridades civiles para que respetaran este derecho. También advertía contra subordinar la educación al mercado laboral y a la lógica a menudo dura e inhumana de las finanzas”.

Sin embargo, la familia Vila tiene un conflicto de 40 años con la Universidad Nacional de Cuyo.

En la década del 60’ Alfredo Vila (padre de Daniel) ocupó unas 32 hectáreas de terrenos ubicados en el piedemonte mendocino que formaban parte del polígono de tiro del Ejército Nacional. 

Allí instaló una ripiera con la que comenzó a usufructuar con bienes estatales.

En 1980 el Estado nacional le cedió a la Casa de Altos Estudios 32 hectáreas de esos terrenos.

En 1986 se inició un conflicto legal contra Dalvian S.A., el barrio privado más antiguo y extenso de la Provincia, fundado por Vila (padre).

Tras fallos judiciales favorables para la familia empresarial, la UNCUYO llevó el caso ante la Corte Suprema, que en 2012 falló a favor de la universidad.

No obstante, lo dictado siguió sin ejecutarse.

En septiembre de 2017 el juez federal Leopoldo Rago Gallo dispuso que debían devolverse cinco hectáreas a la UNCUYO y también ordenó la ejecución de sentencia indicando que corresponde “el desalojo del actor del terreno” (Dalvian).

Sin embargo, a casi diez años de eso la universidad sigue sin poder hacer uso de los terrenos que le fueron usurpados. 

La cuestión ambiental

En la encíclica antes mencionada de León XIV cita frases de Laudato. Si, la que escribió su antecesor argentino.

Allí dice: «no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas». De hecho, «el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta».

En 2020 la ONG mendocina Xumek (Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas acudieron a la justicia para frenar una explotación petrolera concedida a Grecoil y Cia, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano.

Esta fue beneficiada por la resolución 355/19 de la Dirección de Protección Ambiental (en ese momento a cargo de Humberto Mingorance) que permitía usar el método fracking en el área denominada “La brea” en el departamento de Malargüe, ubicado al sur de Mendoza.

El argumento de los denunciantes fue que los funcionarios públicos intervinientes en ese momento “arbitrariamente rechazaran todas las pruebas ofrecidas para demostrar los riesgos e impactos socio-ambientales del Fracking… niegan sistemáticamente el aporte de pruebas, considerándolas inconducentes e irrelevantes, afectando de manera contundente el debido proceso e incumpliendo acuerdos del Estado Argentino asumidos frente a la Comunidad Internacional, como el derecho a la información y participación pública”, comunicó en ese entonces Xumec.

Entre los incumplimientos del Estado mendocino estaban la consulta pública, libre e informada a los pueblos originarios intervinientes, además de ignorar múltiples riesgos ambientales asociados a la actividad.

Ese mismo año salió a la luz que el gobierno de Alfredo Cornejo le había concedido el uso de agua de un arroyo para fracking a otra empresa de Vila-Manzano a través del Departamento General de Irrigación (cuando el titular de ese organismo había negado el uso de agua dulce para esa metodología extractiva). 

Fue por medio de la resolución n° 004/18 que se le permitía a la Petrolera El Trébol (de la cual los citados empresarios son accionistas) a tomar 18 millones de litros del arroyo “El Alamito” pagando tan sólo dos centavos el litro de agua pura cordillerana.

Años antes, entre 2007 y 2008 otra empresa petrolera vinculada a Vila-Manzano estuvo bajo sospecha. Esto porque durante la gestión de Celso Jaque (PJ), el Gobierno de Mendoza adjudicó a Ketsal-Kilwer siete de once áreas petroleras.

La controversia radicó en que explícitamente el pliego decía que se podía otorgar un máximo de cinco áreas por empresa.  

Independientemente de cómo los creyentes católicos interpreten la foto de León XIV con estos y otros empresarios, hay algo que los datos revelan: las operaciones comerciales de estos magnates estarían flojas de santidad.




*Por: Franco D’Amelio | Especial para Data24.com.ar

Mendoza | El Gobierno abre el exzoológico a negocios gastronómicos con 952 animales todavía encerrados

El influencer Jonathan Coniglione, conocido en las redes sociales como “El Joni”, denunció públicamente que el Gobierno provincial de Mendoza está avanzando con proyectos gastronómicos y comerciales en el antiguo Zoológico de Mendoza mientras numerosos animales continúan encerrados, además de acusar de que toda la reconversión fue una maniobra para favorecer negocios clientelistas.

“Al final, por lo único que se preocuparon es por abrir restaurantes y hacer negocios. Y los animales siguen encerrados acá”, destacó Coniglione.

El antiguo zoológico habría cerrado en 2016 para iniciar su transformación en un ecoparque. Sin embargo, según se pudo ver en el video que se viralizó rrapidamente, todavía permanecen 952 animales en el establecimiento, aunque las autoridades afirman haber trasladado a otros 2.011 durante el proceso de reconversión. En el video que dura aproximadamente un minuto y trece segundos, el creador de contenido aparece recorriendo distintos sectores exteriores del antiguo zoológico y mostrando animales detrás de alambrados, instalaciones del acuario y áreas del Ecoparque.

Primero, cuestiona el verdadero motivo del cierre del zoológico y sostiene que la transformación del establecimiento no habría tenido como finalidad principal proteger a los animales, sino habilitar espacios comerciales y gastronómicos. Las imágenes muestran ejemplares, aparentemente ciervos u otros ungulados, detrás de alambrados. El protagonista considera que, después de tantos años, deberían haberse construido ambientes más amplios y adecuados.

“Los animales no pueden hablar, pero nosotros sí. Dejá de quedarte callado y mirar para otro lado. Comentá y compartí este video. Ayudemos y que esto llegue a donde tenga que llegar”, expresó Coniglione, añadiendo que “acabo de ver una fiesta con comida, bebidas, luces, música. El espacio ya está listo para eventos, pero los animales siguen encerrados atrás.”

Afirma que algunos animales trasladados a otros establecimientos murieron y que peces y tortugas del antiguo acuario estarían muriendo. Cuestiona el silencio de los mendocinos, pide que la denuncia se comparta y llama a recuperar los animales del zoológico y del acuario.

“Van a demoler todo eso para construir un polo gastronómico y un teatro. Ese era el objetivo para cerrar el zoológico, no cuidar a los animales”, afirmó Coniglione, y hacia el final aparecen imágenes de personas reunidas en instalaciones del establecimiento y de sectores donde siguen alojados animales. Mediante ese montaje, contrapone el avance de las actividades humanas con la permanencia de ejemplares en cautiverio.

El Zoológico Provincial de Mendoza funcionó durante décadas dentro del Parque General San Martín, en las inmediaciones del Cerro de la Gloria. Como ocurría con muchos zoológicos tradicionales, su principal atractivo consistía en exhibir animales de diferentes especies para que fueran observados por los visitantes. No obstante, con el paso del tiempo surgieron cuestionamientos por las condiciones de cautiverio, la infraestructura, la sobrepoblación y las necesidades de las especies exóticas.

En 2016, durante la primera gobernación de Alfredo Cornejo, se impulsó una transformación institucional y ambiental. La Legislatura provincial sancionó el 27 de diciembre de ese año la Ley 8.945, que creó la Dirección Ecoparque Mendoza. La norma estableció como objetivos la conservación de la biodiversidad, el bienestar animal, la rehabilitación y derivación de fauna, la investigación científica y la educación ambiental. También prohibió la compraventa y el intercambio de animales entre instituciones.

El cambio era importante porque significaba abandonar progresivamente el modelo del zoológico tradicional. Antes, los animales eran una atracción turística. Con el nuevo sistema, se pretendía que su exhibición dejara de ser el propósito principal. Uno de los antecedentes más relevantes fue el caso de la chimpancé Cecilia, declarada sujeto de derechos no humano por una jueza mendocina en noviembre de 2016. La Justicia dispuso su traslado a un santuario de Brasil y reclamó medidas para mejorar las condiciones de otros animales del zoológico.

¿Cuántos animales siguen encerrados?

De los 952 animales que todavía permanecen dentro del establecimiento, aproximadamente 600 son animales de corral, más de 200 son exóticos y más de 100 pertenecen a especies autóctonas. Entre los animales exóticos se encuentran cebras, camellos, antílopes y diferentes especies de monos.

Por otra parte, según la información proporcionada por las autoridades, los 2.011 traslados efectuados durante la última década se distribuyen entre 1.454 ejemplares derivados mediante adopción responsable, 488 trasladados a santuarios y 69 reinsertados en distintos hábitats naturales. El Gobierno mendocino responde que no todos pueden volver a la naturaleza y que existen limitaciones para encontrar santuarios apropiados, siendo algo que se contrapone con los deseos de un proyecto gastronómico.

El 6 de noviembre de 2026 se publicó una licitación pública para refuncionalizar y explotar comercialmente la denominada Unidad de Servicios Puerta Norte Ecoparque, localizada sobre la avenida del Libertador al 4400. La convocatoria contempla recuperar la antigua boletería, el kiosco, los sanitarios y espacios exteriores vinculados al acceso histórico. También incluye la intervención del exfocario, proyectado como un anfiteatro cultural y educativo.

El proyecto incluye la restauración de construcciones históricas, la recuperación de baños públicos y la posibilidad de ampliar determinadas superficies de servicio. El oferente adjudicado deberá afrontar las intervenciones comprometidas.

El artículo 6, inciso 6, de la Ley 8.945 faculta a la Dirección del Ecoparque a otorgar concesiones para servicios compatibles con los fines del establecimiento. Por lo tanto, la presencia de un restaurante no constituye, por sí misma, una irregularidad. La cuestión jurídica y política consiste en examinar si los servicios comerciales respetan los objetivos ambientales, el patrimonio público y los procedimientos de contratación.

¿Qué sucedió con los animales trasladados que posteriormente murieron?

Uno de los antecedentes más relevantes de las denuncias sobre el traslado de animales del antiguo Zoológico de Mendoza es el caso de la elefanta Pocha, que en mayo de 2022 fue trasladada junto a su hija Guillermina a un santuario especializado en Mato Grosso, Brasil, como parte del proceso de reconversión del establecimiento.

Sin embargo, el 6 de octubre de ese mismo año, aproximadamente cinco meses después de su llegada, Pocha murió. Los resultados de la necropsia revelaron que padecía una enfermedad renal crónica grave, asociada a una infección por Mycobacterium tuberculosis, la bacteria causante de la tuberculosis. El fallecimiento reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones sanitarias de los ejemplares y los procedimientos de traslado.

Otro punto que conviene tratar es sobre que el acuario y el zoológico no son el mismo establecimiento ni dependen exactamente de la misma administración. El antiguo Acuario Municipal, ubicado en la Ciudad de Mendoza, inició su reconversión en 2021 por decisión del gobierno municipal. Su objetivo declarado fue transformarse en un Centro para la Conservación de la Biodiversidad. La Municipalidad anunció entonces la suspensión de las visitas, el cese de nuevas incorporaciones de animales y la evaluación de posibles derivaciones.

Uno de los casos más conocidos fue el de la tortuga Jorge, trasladado a Mar del Plata. A su vez, el Gobierno provincial informó sobre una derivación conjunta de más de cien animales a un centro especializado de Santa Fe, entre ellos más de sesenta tortugas, un yacaré, monos y loros. Los reptiles procedían del antiguo acuario municipal.

— Pocha y Guillermina

El hecho alcanzó directamente a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y al director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, puesto que ambos protagonizaron intercambios polémicos en las redes sociales.

“Los animales están en condiciones dignas, no las que nos gustaría, que sería en libertad, pero también tenemos que ser conscientes de que muchos no pueden volver a estar en libertad por causas que nosotros mismos, la acción antrópica, les hemos causado”, destacó Latorre,

Latorre cuestionó los contenidos de Coniglione y los calificó de “berretadas”. Por su parte, Haudet respondió con una expresión despectiva frente a críticas realizadas por otros usuarios. El creador de contenido también manifestó haber recibido amenazas luego de difundir esas imagenes.

La posición institucional del Gobierno es que la reconversión produjo una mejora importante frente al zoológico tradicional. Las autoridades sostienen que ahora los animales no son utilizados como principal atractivo de exhibición, que existen mejores mecanismos de rehabilitación y que los ejemplares alojados reciben atención veterinaria. Estas explicaciones no eliminan la necesidad de fiscalización. El cumplimiento de los objetivos ambientales debe poder demostrarse mediante información verificable, no solamente a través de declaraciones oficiales.

San Juan | Imputaron a Sergio Uñac por una obra de agua potable de US$100 millones que nunca funcionó y que la provincia sigue pagando

El senador nacional Sergio Uñac, que gobernó San Juan durante ocho años y hoy recorre el país como precandidato a presidente del peronismo, pasó el martes y el miércoles sentado entre los investigados en los Tribunales de su provincia. Junto al diputado nacional Cristian Andino y otras nueve personas, escuchó a la Fiscalía exponer los cargos por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, la obra que iba a duplicar el agua potable del Gran San Juan, que abarca la capital de la provincia y los municipios que la rodean. 

Para pagarla San Juan pidió un préstamo de 100 millones de dólares al Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, un organismo del gobierno de Kuwait, un pequeño país petrolero de Medio Oriente, que financia obras de infraestructura en países en desarrollo. 

Diez años después de la compra de sus caños, sigue sin terminarse.

A Uñac y a Andino se les atribuyen administración fraudulenta en perjuicio del Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. La sospecha es que el gobierno sanjuanino le compró las tuberías a una empresa vinculada a la familia del gobernador, pagó más de lo que debía y recibió un material que no servía para lo que se necesitaba.

Esa empresa es Krah América Latina, filial de una firma alemana, que en la licitación lanzada en 2016, con Uñac recién asumido, se quedó con la provisión de casi 60 kilómetros de caños. Ante OSSE, la empresa estatal de agua de San Juan, la representaba Gustavo Monti, primo hermano del gobernador y dueño de una compañía local de tuberías. Un expediente de ese año lleva su firma como apoderado de Krah, y una factura de su propia empresa le cobra a la firma alemana una “comisión” por tramos de la obra. Monti falleció en febrero, con la causa ya en marcha.

Antes de la adjudicación, en 2017, la otra empresa que competía por el contrato les escribió al fondo kuwaití y al Ministerio de Infraestructura provincial. Les advirtió que los caños de Krah eran experimentales y no estaban diseñados para conducir agua a presión, y calculó que su propia oferta era unos 14 millones de dólares más barata. El contrato quedó igual en manos de Krah.

Con la obra en marcha llegaron las fallas en las pruebas hidráulicas y los cambios improvisados en el sistema de unión de las tuberías. Después apareció un informe técnico encargado por la propia OSSE a una consultora privada y certificado por la auditora internacional Bureau Veritas. Según sus conclusiones, los caños instalados corresponden a desagües pluviales y cloacales, están fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y podrían liberar partículas tóxicas en el agua. La Fiscalía espera que una pericia oficial confirme esos resultados y no descarta desenterrar tramos enteros para analizarlos.

El crédito kuwaití se consiguió en 2013, durante el gobierno de José Luis Gioja, con Uñac como vicegobernador. La primera compra a Krah, más chica, también se hizo en esa gestión, cuando Andino presidía OSSE. Él sostiene que su participación terminó en la etapa inicial. Hoy es uno de los nombres que el peronismo sanjuanino baraja como candidato a gobernador para 2027.

En la lista de investigados también figuran otros tres expresidentes de OSSE, el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, el titular de Krah y varios técnicos de la empresa estatal. Uno de esos expresidentes, Sergio Ruiz, trabaja actualmente como asesor del senador Uñac. Otro de los acusados, que manejaba el área jurídica de OSSE, hoy es juez laboral. La propia provincia, a través de la Fiscalía de Estado, se presentó como querellante.

Sentarlos en la sala costó. La audiencia original, fijada para el 14 de octubre, se cayó porque Uñac y Andino no fueron. Alegaron problemas de agenda. Esta semana se presentaron. El clima fue tenso. Ayer miércoles, mientras se exponían las pruebas, la jueza de Garantías Mónica Lucero interrumpió para exigirle silencio al exgobernador, que hablaba en voz baja con Andino. “No porque sea senador no le voy a llamar la atención”, le dijo. Uñac, por su parte, asegura que la causa tiene un condimento político.

El expediente vuelve a quedar en pausa. Las defensas pidieron anular parte del proceso por la forma en que la jueza resolvió una recusación en su contra, una jugada que el fiscal Sebastián Gómez calificó de dilatoria. Lucero dará su respuesta el martes 17 de noviembre a las dos y media de la tarde. Si rechaza el planteo la formalización seguirá y se tratará el pedido fiscal de dos años más de investigación. Si lo acepta, habrá que definir cuánto de lo hecho hasta ahora se cae.

Mientras tanto Uñac sigue en campaña. En octubre publicó un spot titulado “Por qué quiero ser presidente” y lanzó una serie de 30 capítulos sobre su historia personal. Desde 2025, cada mes, San Juan paga una cuota más del préstamo.

Imputaron a una mujer por usar a su hija para amenazar a un cirujano con una falsa denuncia si no le pagaba $30 millones

La Justicia de San Juan investiga un presunto caso de extorsión que involucra a un médico cirujano y a la madre de una paciente de 18 años. La mujer, identificada como Mónica Elizabeth Morán, de 47 años, está acusada de haberle exigido dinero al profesional bajo la amenaza de denunciarlo por un supuesto abuso sexual contra su hija y perjudicar públicamente su reputación.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el cirujano identificado como F. D. Mercado llegó a transferirle 2 millones de pesos el 21 de marzo de 2026, pero las exigencias económicas habrían continuado hasta alcanzar los 30 millones de pesos.

El 20 de octubre, la jueza de Garantías Flavia Allende formalizó la investigación por el presunto delito de extorsión y estableció un plazo de seis meses para reunir pruebas y determinar las responsabilidades penales. La mujer, que es oriunda de Chimbas, permanecerá en libertad, aunque con restricciones de acercamiento y comunicación.

— Mónica Elizabeth Morán (47 años), imputada en San Juan por el presunto delito de extorsión

La historia se remonta al 27 de febrero de 2026, cuando Morán llevó a su hija de 18 años a la Clínica Santa Clara, en San Juan, para recibir atención médica por dolores abdominales y molestias en la zona inguinal.

Según la Fiscalía, la joven fue examinada por un cirujano que le indicó un tratamiento y proporcionó su número telefónico particular a la madre para responder consultas vinculadas con la evolución de la paciente. Ese intercambio permitió que ambas partes mantuvieran contacto después de la primera consulta.

La joven fue atendida nuevamente por el mismo profesional el 10 de marzo, en la clínica Red Vital, y el 21 de marzo, en el servicio de urgencias del Hospital Guillermo Rawson, donde el médico se encontraba de guardia.

En esa última oportunidad ocurrió un episodio que adquirió especial importancia para la reconstrucción fiscal. De acuerdo con la versión presentada por los investigadores, la paciente le entregó dos botellas de vino al cirujano como agradecimiento por la atención recibida y lo saludó con un abrazo y un beso en la mejilla.

— Durante la audiencia de formalización, la jueza de Garantías dispuso que la acusada permanezca en libertad con medidas de restricción de acercamiento y contacto

Sin embargo, horas después, el profesional recibió mensajes de la madre acusándolo de haber intentado abusar sexualmente de su hija, y ese mismo día transfiere los $2 millones por temor a la exposición pública. Posteriormente el 31 de marzo, la mujer presuntamente se habría presentado junto a un hombre en el lugar de trabajo del médico para reclamarle más dinero.

¿Por qué el médico le habría entregado $2 millones?

Este es uno de los puntos centrales de la causa. De acuerdo el relato del denunciante, la mujer le habría advertido que presentaría una denuncia penal por abuso sexual y que difundiría la acusación entre sus compañeros, en las redes sociales y ante los medios de comunicación si no recibía dinero.

Para comprender el mecanismo investigado, hay que diferenciar dos situaciones. Una persona tiene derecho a denunciar ante la Justicia un presunto abuso sexual. Pero condicionar el silencio o la no difusión de una acusación a la entrega de dinero puede constituir extorsión, si se acreditan los elementos exigidos por la ley penal.

— El Ministerio Público Fiscal atribuyó a que el vínculo comenzó en febrero y marzo de 2026, cuando el médico atendió a la hija de 18 años de la mujer por dolores abdominales

La hipótesis fiscal sostiene que Morán habría aprovechado el temor del cirujano a perder su prestigio profesional, sufrir consecuencias laborales y enfrentar un escándalo público. El médico habría realizado una transferencia de $2 millones desde Mercado Pago a una cuenta a nombre de la imputada.

Según los investigadores, la transferencia inicial no puso fin al conflicto. El 31 de marzo, alrededor de las 16, Morán se presentó acompañada por otro hombre en la clínica donde trabajaba el cirujano. Allí le exigieron una nueva entrega de dinero, acompañada de advertencias sobre posibles denuncias públicas y publicaciones en redes sociales, con los reclamos continuado mediante WhatsApp.

La Fiscalía también incorporó el relato del profesional sobre la presencia reiterada de Morán y otras personas cerca de sus lugares de trabajo. El médico afirmó que esas situaciones le generaron temor por su seguridad y lo llevaron a modificar sus horarios y actividades habituales.

— La jueza de Garantías, Flavia Allende

Para la acusación, estos episodios podrían demostrar que no se trató de un reclamo aislado, sino de una conducta de intimidación sostenida en el tiempo. Esa interpretación todavía debe ser contrastada con las pruebas y los argumentos de la defensa.

Las pruebas de la fiscalía contra Morán

Durante la audiencia de formalización, el ayudante fiscal Mauro Carrizo, de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Francisco Nicolía, expuso diferentes elementos para justificar la apertura de la investigación.

Entre las evidencias mencionadas aparecen las conversaciones de WhatsApp extraídas del teléfono del médico, una copia del contenido del dispositivo, registros de video, cuatro fotografías y comprobantes bancarios.

La mujer cuenta con la representación de los abogados Renzo Quero y Luis Galmarini, quienes rechazaron la acusación fiscal y sostuvieron que su defendida es inocente. La defensa presentó una interpretación distinta acerca del origen del conflicto. Conforme lo expuesto durante la audiencia, los abogados plantearon que el médico habría besado a la joven paciente, un episodio que relacionaron con un presunto abuso sexual.

A la izquierda Mauro Carrizo, ayudante fiscal de la UFI Delitos Especiales junto a los abogados de la imputada

Por su parte, el abogado querellante Roberto Lucero, representante del cirujano, insistió en que las exigencias económicas habrían continuado y solicitó medidas para proteger a su cliente. La defensa también pidió reducir a cuatro meses el plazo de investigación, argumentando que parte de la evidencia ya estaba incorporada al expediente. La Fiscalía reclamó seis meses y la jueza aceptó este último plazo.

La extorsión es un delito contra la propiedad que, en términos generales, consiste en utilizar intimidación para obligar a otra persona a entregar dinero, bienes u otros efectos patrimoniales. En este caso, la amenaza de exponer públicamente una acusación de abuso sexual podría resultar jurídicamente relevante para analizar la modalidad contemplada en el artículo 169, ya que obtener una entrega patrimonial mediante amenazas de imputaciones contra el honor o revelación de secretos tiene una pena prevista de 3 a 8 años de prisión.

Anteriormente, se han dado cuatro casos en la misma provincia que dejaron en evidencia un elemento común y es la presunta utilización de información personal o de una situación vulnerable para doblegar la voluntad de otra persona. El mecanismo cambia, aunque la finalidad atribuida a los acusados es similar: obtener dinero a partir del temor a que se revele un secreto, se difundan imágenes íntimas, se destruya una reputación o se produzcan consecuencias familiares y laborales.

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