Alberto Fernández se reunió con Gloria Romero luego de pedir por la reelección de Capitanich
La reunión había sido pactada de antemano y solicitada por Gloria Romero, quien aseguró que fue un encuentro esperanzador.
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Tras dos meses de conmoción por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, Alberto Fernández aceptó reunirse con Gloria Romero, la madre de la víctima. El encuentro se realizó luego del Congreso Internacional sobre Discapacidad, que se efectuó en Resistencia (Chaco) y había sido pactado con anterioridad.
La reunión duró más de dos horas y se realizó en el Aeropuerto de la provincia, antes de que el Jefe de Estado regresara a la Ciudad de Buenos Aires. “La escuché con mucha atención. Todos queremos que se haga Justicia y que los responsables de tan brutal crimen sean juzgados y condenados“, afirmó Fernández al medio Infobae.
Si bien Romero se mostró contenta tras el encuentro y calificó la reunión como “esperanzadora”, aseguró que se reunió con el Presidente como “un vecino más”. Además comentó que prefirió que no se trasmitiera en los medios los detalles del encuentro para no politizarla. “No queríamos que se mezcle la política: él se reunió conmigo como vecino más, lo mismo pasó con Larreta y Bullrich; y a todos les aclaré que no los voy a votar”, afirmó.
Sobre los detalles, precisó que le pidió a Fernández que “intervenga en la Justicia”. El mismo pedido que había sido elevado por varias diputadas de Juntos por el Cambio hace una semana a pedido de Romero.
Por último volvió a ratificar: “No busco votos, sino Justicia”. “Por eso voy a hablar con todos los que quieran ayudarme a lograr justicia, no voy a militar para nadie ni voy a hacer política para nadie”.
*Fuente: Periodismo y Punto
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La Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa que investigó la recopilación de correos electrónicos privados de políticos, periodistas, dirigentes y miembros de las fuerzas de seguridad.
Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ratificaron el fallo de primera instancia del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y cerraron el expediente para todos los imputados.
Además de Macri y de quienes condujeron el área de inteligencia durante su gobierno, el sobreseimiento alcanzó a dos agentes cuya identidad se mantuvo reservada.
El eje de la decisión fue la prueba. Para la Cámara, el material que dio origen a la investigación quedó afectado por fallas en su “preservación, trazabilidad e integridad”, en la misma línea que había resuelto Martínez De Giorgi. Los jueces recordaron que el magistrado de primera instancia descartó por falta de resguardo los dos discos rígidos sobre los que se apoyó todo el expediente, y remarcaron que la querella no logró probar que el contenido de esos soportes “hubiera sido resguardado de modo tal que permitiera garantizar su autenticidad e integridad”.
“No ha logrado sortear el principal escollo que afectó a la prueba que dio origen a la presente causa: la forma en que fue obtenida”, sostuvo el tribunal en la resolución. Los camaristas apuntaron que no accedieron “a documentación alguna que permita inferir la utilización de protocolo o metodología alguna que asegure la integridad de la prueba”.
Cómo llegaron los discos al expediente
La causa se abrió el 26 de mayo de 2020, a partir de una denuncia de Cristina Caamaño, entonces interventora de la AFI durante la gestión de Alberto Fernández. Según relató, un análisis de rutina sobre los soportes tecnológicos del organismo permitió hallar un disco rígido marca Western Digital en las dependencias de la agencia, con rastros de la conexión de varios pendrives utilizados para almacenar información de inteligencia sobre numerosas personas del ámbito político, periodístico y policial.
Los técnicos recuperaron información que había sido borrada de manera no segura y reconstruyeron con ese material una recolección de correos electrónicos privados obtenida, de acuerdo con la denuncia, sin orden ni autorización judicial. En su presentación la intervención de la AFI habló de una “recolección sistemática de correos electrónicos privados”.
El informe adjunto a la denuncia permitió identificar, mediante el sistema de credenciales, a los dos agentes que habrían accedido al contenido del disco. No fue posible, en cambio, establecer con precisión en qué área de la agencia se produjo ese acceso, porque el personal involucrado rotaba entre distintas dependencias.
Semanas más tarde se sumó una segunda presentación, vinculada a la agrupación política Kolina. Su denunciante afirmó que tomó conocimiento del caso primero por una nota periodística que la incluía entre las víctimas del espionaje ilegal y luego por un informe emitido en el programa “GPS” el 7 de junio de 2020, según el cual la AFI habría infiltrado a “una agente encubierta” dentro de esa agrupación. Ese tramo del expediente no fue apelado por la querella.
Los agujeros que detectaron los peritos: “la imputación queda desprovista de sustento”
Los magistrados detallaron las irregularidades que restaron valor probatorio a los soportes. Uno de los discos llegó cerrado y precintado, pero sin documentación de adquisición ni registro de su trazabilidad; el otro no contaba con una planilla que diera cuenta de su preservación. A eso se sumó un dato que el tribunal consideró determinante: “No se registró ni documentó el lugar en el que fueron hallados los discos rígidos”, una omisión que impidió reconstruir con certeza el origen del material y las condiciones en que fue incautado.
El peritaje oficial concluyó que “resultaba factible adulterar el contenido de un disco rígido, así como las fechas de creación, acceso o modificación” de sus archivos, sin dejar rastro. Los expertos explicaron que alcanza con cambiar el horario del equipo utilizado para alterar la marca temporal de los archivos.
Los peritos determinaron también que los correos electrónicos hallados no ingresaron por la vía natural que prevé el programa Outlook. Los archivos en formato.PSThabrían sido modificados en 2017 mediante la incorporación manual de correos desde medios externos, es decir, cargados a mano en la casilla en lugar de recibidos por el sistema.
Otro obstáculo apareció al momento de ponerle nombre y apellido a quienes manipularon los equipos: el acceso al sistema se realizó mediante un usuario genérico llamado “User”, lo que impidió identificar qué personas físicas los operaron. Las conclusiones periciales tampoco lograron establecer si los discos formaban parte de la red informática oficial de la AFI.
Con ese cuadro, el fallo desestimó el argumento de la querella según el cual la extracción del material había cumplido con los protocolos. La Cámara consideró decisivo que “no existe un curso de investigación independiente que permita acreditar los hechos denunciados con prescindencia de los elementos digitales impugnados” y cerró el razonamiento con una fórmula tajante: “Excluida la aptitud probatoria de los discos rígidos, la imputación queda desprovista de sustento”.
Una seguidilla de fallos
La resolución llegó pocos días después de otras dos decisiones de la misma Sala I, que la semana pasada sobreseyó a Macri por la toma del crédito con el Fondo Monetario Internacional y a Javier Milei y a Luis “Toto” Caputo por su declaración jurada de bienes.
El tribunal se integró con Llorens y con Bertuzzi, quien recibió un nuevo acuerdo del Senado y fue reconfirmado en el cargo. Junto a él llegó el camarista Pablo Yadarola, que integra otra sala y no votó en estos casos.
Con la confirmación total de la decisión de primera instancia la causa por la recolección de correos electrónicos a partir de los discos hallados en la AFI quedó cerrada para Macri, Arribas, Majdalani y el resto de los beneficiados por el sobreseimiento.
El informe pertenece al Índice de Resultados Escolares (IRE), elaborado por la ONG Argentinos por la Educación de los especialistas Irene Kit, María Sol Alzú y Martín Nistal, en busca de responder no solo cuántos chicos terminan la primaria “a tiempo”, sino cuántos la terminan habiendo aprendido lo esperado.
“Nos encontramos como país muy lejos del techo de lo que nuestros estudiantes deben alcanzar al terminar su educación primaria. No es para conformarnos, sino para no desalentarnos”, afirmó Irene Kit, coautora del relevamiento.
Para eso combina dos fuentes de datos oficiales. El Relevamiento Anual (que mide trayectoria escolar: repitencia, abandono, sobreedad) y las pruebas Aprender (que miden desempeño en Lengua y Matemática). La edición 2025 sigue a la cohorte que ingresó a primer grado en 2020 —en plena pandemia— y llegó a sexto grado en 2025.
Durante años, el indicador que más se usaba para medir la calidad del sistema educativo era la tasa de promoción, siendo cuántos chicos pasan de grado sin repetir ni abandonar. Ese número, en Argentina, es alto y viene mejorando, pasando del 88% en la cohorte 2011-2016 al 94% en la cohorte 2020-2025.
El problema es que ese dato, por sí solo, puede ser engañoso, ya que un chico puede pasar de grado todos los años sin haber adquirido las competencias mínimas de lectura o cálculo. El IRE corrige esta distorsión exigiendo ambas condiciones simultáneamente, como una trayectoria sin retraso y desempeño satisfactorio o avanzado en las dos materias evaluadas.
Al aplicar ese doble filtro, el resultado nacional cae a la mitad. Solo 50 de cada 100 alumnos que empezaron primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en 2025 en tiempo y forma, es decir, sin repetir, sin abandonar y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática. Dicho de otro modo, aunque el 94% completa la trayectoria escolar sin atrasos, entre ese grupo solo el 54% alcanza el nivel de aprendizaje esperado en ambas materias a la vez.
Al desagregar por materia, la deuda es más marcada en Matemática que en Lengua. Mientras el 79% de los que llegaron a sexto sin sobreedad alcanzó un nivel satisfactorio en Lengua, en Matemática esa proporción cae al 58%. Esto confirma un patrón que se repite en casi todas las provincias, en donde el sistema educativo argentino tiene la brecha de aprendizaje más profunda es con las matemáticas.
La serie histórica muestra que el IRE nacional atraviesa una mejora reciente, aunque el indicador registra antecedentes de retroceso y fluctuaciones a lo largo del período analizado. Los valores permiten observar una evolución que pasó del 46% en la cohorte 2011-2016 al 49% en 2013-2018 y alcanzó el 50% en 2016-2021. Luego, descendió al 45% en 2018-2023, antes de volver a ubicarse en el 50% en 2020-2025. En este contexto, el resultado más reciente recupera el nivel máximo registrado en la serie y evidencia una mejora respecto de la caída observada en la cohorte anterior.
“Estos datos respaldan mi trabajo sobre el colapso educativo argentino. No hay tendencia a la mejora sino estancamiento en niveles muy bajos: desde 2011 la mitad de los chicos quedan afuera de los aprendizajes básicos”, sostuvo al respecto el director del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowski.
— Cohorte 2020-2025 ordenado por nivel socioeconómico (NSE) promedio de los alumnos de las provincias
La caída a 45% en la cohorte 2018-2023 se explicó por un retroceso en el componente de aprendizajes (posiblemente afectado por la pandemia), y la recuperación a 50% en la medición más reciente indica una mejora de 5 puntos respecto a esa medición previa, aunque todavía sin superar el techo histórico.
Una Argentina desigual
El dato nacional esconde una brecha territorial muy amplia. Considerando solo el componente de aprendizajes (entre quienes llegan a sexto sin sobreedad), CABA lidera con 73% de desempeño satisfactorio simultáneo en Lengua y Matemática, seguida por Córdoba (61%) y Buenos Aires (52%); en el otro extremo aparecen Chaco (33%), Tucumán (42%) y Santiago del Estero (38%).
En cuanto a la trayectoria escolar (llegar a sexto sin repetir ni abandonar), también hay disparidades, aunque menores. En Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Jujuy prácticamente todos los alumnos llegan a tiempo, mientras que en Corrientes, Misiones y Entre Ríos la proporción no alcanza el 90%.
“Consolidar y profundizar la mejora que muestra este informe requiere un esfuerzo sostenido de toda la sociedad. Que la enorme mayoría de los niños ingrese y complete la escuela primaria en el tiempo esperado demuestra el enorme valor que las familias argentinas le asignan a la educación”, destacó Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina.
Por un lado, Corrientes está entre las jurisdicciones con mayor rezago escolar, con la proporción de chicos que llega a sexto grado a tiempo, sin repetir ni abandonar, quedando por debajo del 90% nacional. Por otro lado, en el componente de aprendizajes hay una mejora reciente. De acuerdo las Pruebas Aprender 2025 difundidas por la ministra de Educación provincial, Ana Miño, en Lengua el porcentaje de alumnos en los niveles más altos de desempeño pasó del 61.2% al 74.2% (un salto de 23 puntos), mientras que los que quedaron por debajo del nivel básico bajaron del 13.4% al 5.6%.
En Matemática la mejora fue más moderada. Los niveles satisfactorios subieron del 47.2% al 51.4%, y los estudiantes por debajo del nivel básico bajaron del 26.2% al 22.4%. Es decir, Corrientes mejora en aprendizajes pero sigue arrastrando un problema de trayectoria escolar (retraso, repitencia o abandono) que la aleja del promedio nacional.
El propio informe de Argentinos por la Educación advierte que Argentina es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un sistema de información educativa nominalizado a nivel nacional, lo que dificulta el seguimiento longitudinal de cohortes reales de estudiantes y obliga a construir estos índices con datos agregados de distintas fuentes.
El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego presentó ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2027, una iniciativa que fija gastos por $2.743.395 millones y un déficit financiero de $137.955 millones. Dentro de ese esquema, el Estado provincial reservó $298.631 millones —casi $300.000 millones— a los llamados “gastos figurativos”, movimientos de fondos que la administración pública realiza dentro de sí misma.
Los gastos figurativos son las transferencias que una repartición del Estado envía a otra dentro del mismo sector público: figuran como gasto en el organismo que gira los recursos y como “contribución figurativa” en el que los recibe. El proyecto lo deja a la vista, porque frente a los $298.631 millones de gastos figurativos previó un monto idéntico de contribuciones figurativas, su contrapartida de financiamiento. Las dos puntas se compensan al consolidar las cuentas y no incrementan el gasto total de la provincia. La mayor parte, unos $293.232 millones, corresponde a la Administración Central, y se reparte entre $287.475 millones para transacciones corrientes y $11.155 millones para transacciones de capital.
El resultado financiero negativo de $137.955 millones prácticamente triplica el desequilibrio calculado para 2026, estimado en $49.192 millones, un salto del 180,4%. El cálculo oficial previó recursos por $2.605.439 millones frente a erogaciones por $2.743.395 millones, una brecha equivalente al 5% del gasto total. A eso se suma un resultado económico negativo de $54.651 millones, porque los ingresos corrientes no alcanzan a cubrir las obligaciones ordinarias del Estado. La administración justificó el rojo en la rigidez del gasto público —salarios, servicios esenciales y transferencias concentran el grueso de las erogaciones— y en la quita de partidas y programas que la Nación financiaba con anterioridad.
En qué crece y en qué se recorta el gasto
El gasto global trepó a $2,74 billones, contra los $2,28 billones contemplados para 2026, una expansión nominal del 20,2%. Las partidas de personal crecieron 20% interanual y los bienes de consumo e insumos, 18,75%. Los servicios no personales y operativos, en cambio, se redujeron 8,89%. En conjunto, el gasto operativo registró un incremento del 12,84%. En la distribución por finalidad, los Servicios Sociales quedaron como el principal destino de los fondos: concentran el 63,11% del presupuesto total, la porción ligada a la atención directa de las necesidades de la población.
El programa macroeconómico del Ejecutivo tomó como referencia una inflación interanual del 21,5% a diciembre de 2027, un crecimiento del Producto Bruto del 3,2% y un dólar oficial de $2.017. La pauta salarial fijó como techo la masa de haberes de diciembre de 2026 con un incremento vegetativo del 4%, sin ajustes automáticos por la suba de precios.
En materia de empleo público, el texto autoriza 18.400 cargos entre la administración general y el sistema educativo: 11.450 puestos de planta permanente y no permanente, 700 autoridades superiores y 6.950 cargos docentes, además de un cupo de 1.008.000 horas cátedra. El proyecto suspendió para 2027 la cobertura de las vacantes existentes al 31 de diciembre de 2026 y de las que se generen durante el ejercicio, con la salvedad de que el Ministerio de Economía podrá autorizar excepciones para servicios prioritarios.
En paralelo, creó un régimen de retiro voluntario para el personal permanente con al menos diez años de antigüedad, con un cupo del 5% de los cargos y la eliminación definitiva de las vacantes liberadas. Quedaron afuera del régimen los médicos, los policías y los agentes penitenciarios. El documento asignó $38.351,8 millones al Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), con un tope de 2.050 beneficiarios, y fijó 266 beneficiarios para la Pensión de Guerra de los veteranos de Malvinas.
El proyecto reordena la carga tributaria sobre los sectores productivo y financiero. Desde el 1 de enero de 2027, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) suspenderá las bonificaciones de hasta el 15% que beneficiaban a los contribuyentes cumplidores en Ingresos Brutos, de modo que el sector comercial deberá tributar el 100% de la alícuota general; la Agencia reintegrará además un 4,20% de la recaudación incremental a la Tesorería provincial. En los yacimientos de hidrocarburos, en cambio, el gravamen de Ingresos Brutos bajará del 3% al 1,5%. Las actividades de apoyo a la pesca pasarán del 0,75% al 5% conjunto y los servicios agropecuarios pagarán una alícuota consolidada del 5%.
El esquema destina un 7% de la recaudación total de Ingresos Brutos al Fondo para la Atención de Personas sin Cobertura Social antes del reparto hacia los municipios, lo que reduce los recursos coparticipables locales. En Sellos, la modificación eliminó la alícuota para los contratos de vivienda única y familiar y aplicó una tasa del 15 por mil a los alquileres comerciales.
El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.
La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.
Las razones corporativas del cierre
Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.
En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.
El espejo nacional
El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.
Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.
Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólaresen concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.
A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.
El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.
Documentos del Foreign Agents Registration Act (FARA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que la campaña de influencia digital que el consultor político del presidente Donald Trump, Brad Parscaleorganizó para el Estado de Israel el pago de al menos 702.002.50 dólares a firmas vinculadas a su socio comercial en América Latina, el argentino Fernando Cerimedo.
El dinero estaría vinculado dentro de un contrato de 9 millones de dólares canalizado a través de Havas Media Germany, lo que reabre la pregunta de si esa misma infraestructura tecnológica se usó para operaciones de desinformación en campañas políticas argentinas. La información salió a la luz antes de que el gobierno estadounidense borrara del sitio web el contrato original con las cifras.
Para entender el entramado de negocios encubiertos hasta ahora, cabe explicar el rol de sus protagonistas. Cerimedo es un consultor político argentino, dueño de Madero Media Group —holding que incluye el portal de noticias La Derecha Diario— y de la consultora Numen, que se convirtió en la principal estructura de comunicación digital detrás de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Desde entonces expandió su modelo de negocio a Bolivia (campaña de Rodrigo Paz) y Honduras (Nasry Asfura), replicando en cada país el mismo esquema de “batalla cultural” digital que perfeccionó en Argentina.
Lo distintivo de su historial es que él mismo admitió públicamente, en entrevistas de 2022 y 2023, administrar “granjas” de decenas de miles de cuentas creadas artificialmente —unas 50.000 solo para Argentina, según contó a Infobae— y reconoció haber usado mensajes falsos por WhatsApp en la campaña del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil en 2022.
Cerimedo distinguió en su momento entre “campaña negativa” (exponer información real mal vista por un rival) y “campaña sucia” (difundir noticias falsas), y negó haber incurrido en esta última, aunque distintas investigaciones señalaron que La Derecha Diario difundió contenidos falsos durante la campaña de Milei en 2023, incluido un video editado que hacía parecer que el director Juan José Campanella respaldaba a la campaña de Sergio Massa. Además, la Policía Federal de Brasil lo señaló en una investigación sobre redes de desinformación electoral vinculadas al intento de golpe tras las elecciones de 2022.
En agosto de 2026 Cerimedo fue detenido en Bolivia por una tentativa de asesinato contra su expareja Nadia Beller, y en allanamientos vinculados a esa causa se halló una “mini granja de bots”, dinero en efectivo y armas, lo que reactivó el escrutinio sobre sus negocios digitales en toda la región.
Brad Parscale, por otro lado, es exjefe de campaña digital de Donald Trump en 2016 y 2020, es dueño de Clock Tower X LLC y desde enero de 2025 director de estrategia (Chief Strategy Officer) de Salem Media Group, la mayor red de medios conservadores cristianos de Estados Unidos.
Desde hace un par de años, Parscale y Cerimedo serían socios comerciales a través de Numen, la consultora de Buenos Aires. Parscale aportaría la infraestructura tecnológica —las plataformas Campaign Nucleus (gestión de datos de votantes y donantes) y EyesOver (segmentación de audiencias por receptividad al mensaje)— mientras Cerimedo ejecuta la operación en suelo latinoamericano.
En marzo de 2025 Cerimedo anunció formalmente que era el representante exclusivo para América Latina de ambas plataformas, convirtiendo la tecnología de Parscale en un producto que él mismo comercializa en la región. En palabras del propio Cerimedo: “Brad armó toda la infraestructura con la que trabajo”.
El contrato con Israel y los pagos a firmas ligadas a Cerimedo
El 18 de septiembre de 2025, Clock Tower X LLC registró ante el DOJ la ficha FARA número 7649, declarando como principal extranjero al Estado de Israel, representado por Havas Media Germany GmbH, para ejecutar una campaña de comunicación estratégica en Estados Unidos originalmente valuada en 6 millones de dólares y luego ampliada a 9 millones (1.5 millones de dólares mensuales). El objetivo declarado incluía campañas contra el antisemitismo, generación de contenido con inteligencia artificial, optimización para buscadores (SEO) e integración con las propiedades de Salem Media Network.
Dentro de esa misma operación, EyesOver LLC fue contratada junto con Salem Media Representatives, cobrando en conjunto al menos 702 mil dólares, de los cuales Salem Media Representatives percibió al menos 566.002.50 dólares por publicidad. Otros beneficiarios de la cadena de pagos incluyen a SparkFire (unos 6 millones de dólares) y Portman Road/Mike Shields (unos 5 millones de dólares), de acuerdo con reconstrucciones basadas en los propios registros FARA.
El problema estructural que señalan los informes es que Parscale ocupa simultáneamente dos roles incompatibles, siendo dueño de Clock Tower X, la empresa que cobra por ejecutar la campaña de Israel, y al mismo tiempo director de estrategia de Salem Media Group, la misma red mediática que recibe parte de ese dinero por publicidad.
Organizaciones de transparencia señalan que esto configuraría una propia violación del artículo 22 USC 614(b) de la ley FARA, que exige declarar a todos los agentes o vendedores que participan de una campaña de un principal extranjero. Salem Media no figura como entidad divulgada en el registro original.
El contrato completo entre Israel y Clock Tower X, canalizado por Havas Media Germany, llegó a un valor formal de 9 millones de dólares, aunque reportes posteriores —incluido uno de The Intercept— elevaron la cifra de ingresos efectivamente recibidos a unos 15 millones de dólares en un semestre, con desembolsos por unos 13 millones distribuidos entre distintos subcontratistas.
Una declaración suplementaria firmada por Parscale en mayo de 2026 intentó además corregir retroactivamente el registro, alegando que la conexión con el Estado de Israel había “terminado” en octubre de 2025 por un “error”, aunque el propio texto de esa enmienda sigue describiendo el trabajo como ejecución de una campaña aún activa del gobierno israelí desde 2018.
La puerta abierta para Argentina
El punto que conecta esta trama geopolítica con la política argentina sería que Cerimedo admitió en 2023 administrar granjas de trolls y cuentas automatizadas que puso al servicio de la campaña de Milei, y ahora se confirmaría documentalmente que una de las plataformas que él representa comercialmente en la región —EyesOver— cobró dinero dentro de una operación de influencia internacional de su socio Parscale.
Esto no prueba por sí mismo que fondos de origen israelí hayan financiado directamente operaciones de desinformación en Argentina, pero sí establece que la misma infraestructura tecnológica, comercial y humana —Numen, Cerimedo, Parscale, Campaign Nucleus, EyesOver— opera simultáneamente en campañas electorales en América y en la campaña de influencia de Israel en Estados Unidos, lo que aumenta las sospechas sobre superposición de recursos, personal y tecnología entre ambas esferas para el control del continente.
— Brad Parscale
Esto cobra mayor relevancia en el contexto argentino actual, donde la causa judicial que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en agosto de 2026 testimonios que vinculan a Cerimedo con cobros de hasta 800.000 dólares mensuales por servicios de comunicación e influencia digital, lo que reactivó el interrogante sobre el origen de esos fondos y su relación con el entramado del Grupo Numen y La Derecha Diario.
Lo que sí se sabe es que los documentos de FARA muestran que Clock Tower X construyó una red de al menos once marcas de consumo (entre ellas Allies for Peace, FactSignal y Culturavia) para distribuir contenido sin la marca “Clock Tower X” visible, y que el contrato contemplaba metas de 50 millones de impresiones digitales mensuales, con foco en generación Z en TikTok, Instagram y YouTube.
Varios analistas destacaron un componente diseñado para influir en cómo los modelos de inteligencia artificial (ChatGPT, Gemini, Grok) responden sobre temas vinculados a Israel y Gaza, lo que la propia jerga interna del contrato denomina “GPT framing”. Este es el ecosistema tecnológico y financiero del que, para la evidencia disponible, forma parte la plataforma que Cerimedo representa comercialmente.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe investiga al exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho por el presunto vaciamiento de fondos depositados en cuentas judiciales. Ríos Artacho fue jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario entre 2017 y 2024, cargo del que renunció el 25 de junio de 2024 tras enfrentarse a sanciones internas.
Según la acusación fiscal, durante casi siete años –de 2017 a julio de 2024– habría autorizado extracciones irregulares de dinero destinado a fianzas, cauciones y secuestros judiciales, montos que serían utilizados en sus “apuestas personales”.
El monto desviado asciende en total a entre $245 y $425 millones. Por estos hechos, los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani imputaron a Ríos Artacho como jefe de una asociación ilícita, y le atribuyen delitos de peculado, fraude a la administración pública y falsedad ideológica.
“Tengo problemas de juego que arrastro con altibajos desde hace años. Renuncié a mi cargo de fiscal en 2024 por eso. Ofrezco a la Fiscalía que está formulando estos cargos en mi contra toda mi colaboración. Y también una reparación del daño. Pido disculpas a todas las personas que confiaron en mí en especial a mi familia a la que defraudé. Mis padres no me criaron para esto”, afirmó el propio Ríos Artacho ante la Justicia.
Hijo de un prestigioso exjuez penal de Santa Fe, Ríos Artacho era considerado un funcionario especializado en causas complejas. En 2024 se lo suspendió tras conocerse que permitió irregularmente la entrega de un Mercedes incautado a un comisario (amigo suyo), y poco después dejó su cargo. Su caso emergió cuando los propios colegas del MPA detectaron anomalías en una cuenta judicial y derivaron la causa a la Unidad Especial de Funcionarios Públicos que dirige Spelta.
De acuerdo a la investigación aún en curso, las maniobras ocurrieron de modo sistemático entre 2017 y 2024. En agosto de 2026 la Policía Federal realizó 15 allanamientos en Rosario y Córdoba, deteniendo a Ríos Artacho y a ocho sospechosos más. En esos operativos se secuestraron documentos, teléfonos y dinero en efectivo. La audiencia de formulación de cargos se realizó recién en septiembre de 2026, donde Ríos Artacho fue formalmente imputado. Actualmente el juicio está en trámite (y la Fiscalía pidió prisión preventiva para él y otros acusados).
Para los fiscales, Ríos Artacho usaba su cargo para manejar cuentas judiciales como propias. Con su firma autorizaba oficios a bancos permitiendo transferencias o retiros de dinero que correspondía a fianzas, cauciones o secuestros de causas penales. Esas extracciones no iban a las víctimas o al Estado, sino que terminaban siendo tomadas por Ríos Artacho o sus colaboradores.
El esquema empleaba prestanombres para camuflar el origen de los fondos y con varias personas (Nahuel R., Agostina R., Bruno B., Paola B., Daniel C., Daniel Ballistreri y otros) prestaban sus cuentas bancarias o identidad para que Ríos Artacho pudiera retirar dinero sin figurar él directamente. Incluso, cuando una causa se acercaba a un juicio abreviado o probation, el abogado Emilio Rubén Barcacia (excuñado del fiscal) llevaba dinero en efectivo al banco para “reponer” temporalmente los saldos de las cuentas vaciadas, de modo que el faltante no saltara a la vista al juez.
La ludopatía (trastorno compulsivo por el juego) es un factor clave en la hipótesis de la defensa. Conforme a los acusadores, la adicción de Ríos Artacho fue la “raíz” de su conducta. Los fiscales citan el hecho de que, tras el ingreso en vigor de la ley de autoexclusión en Santa Fe, él y otros indagados frecuentaban casinos de provincias vecinas o de Paraguay para seguir apostando.
En la audiencia judicial Ríos Artacho reconoció parte de las maniobras pero la justificó por su adicción al juego. Ante la jueza afirmó claramente: “Soy ludópata”. Relató que lleva años arrastrando problemas con los casinos (llegó a desplazarse en pandemia hasta Foz de Iguazú en la Triple Frontera para apostar, ya que estaban cerrados en Argentina). Su hábito le generó deudas enormes y dijo que administraba los fondos judiciales “como si fuera mi billetera”.
“Íbamos y volvimos en el día”, subrayó y agregó que era un deudor de nivel cinco ante el BCRA que es identificada como una escala irrecuperable de deuda.
En su descargo pidió disculpas públicas a su familia y al MPA. Asimismo negó que hubiera organizado una banda delictiva, asegurando que fue él quien “arrastró” a otros imputados con sus órdenes. Es decir, admitió el uso ilegal de dinero pero sostuvo que el resto de los acusados actuó por sus instrucciones o por haberle prestado dinero, no como parte de un plan previo establecido.
Ríos Artacho fue de manera controvertida y opaca, quien le habilitó una probation en 2021 al director regional de la exAFIP de Santa Fe, Carlos Vaudagna, quien como arrepentido reconoció todo tipo de ilicitos fiscales en favor de empresas. La probation fue por hacerse cargo que eran suyos USD$200 mil hallados en una caja de seguridad de Gastón Scarel, hijo de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin imputado por estafa.
Acusados y defensa
Además de Mariano Ríos Artacho, otras demás personas fueron imputadas en la causa por el presunto desvío de fondos de cuentas judiciales. Entre ellas se encuentran Fabricio Emanuel Romero y Julio Mercado, señalados por la Fiscalía como organizadores de la supuesta estructura junto con el exfiscal. Los investigadores sostienen que ambos mantenían una relación cercana con Ríos Artacho, reflejada en numerosas comunicaciones y transferencias bancarias, y les atribuyen haber participado en la captación de prestanombres y en la distribución del dinero extraído.
En función de la hipótesis fiscal, habría intervenido en la recomposición temporal de los saldos de cuentas judiciales previamente vaciadas mediante depósitos de dinero. Barcacia negó haber conocido el origen y la finalidad de las operaciones y rechazó haber formado parte de una supuesta maniobra delictiva.
Como trascendió, lo más desconcertante es que durante años un fiscal en funciones dispuso en beneficio propio de esos fondos cautelados y nadie lo detectó. Actualmente Ríos Artacho está detenido desde septiembre de 2026, acusado formalmente de varios delitos. En la audiencia de imputación, que duró casi nueve horas, admitió los hechos con salvedades (poniendo el acento en su adicción) y manifestó su voluntad de colaborar con la investigación.
La acusación también alcanzó a Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola B., Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri, a quienes los investigadores atribuyen haber aportado cuentas bancarias o realizado retiros de dinero que posteriormente habría llegado a Ríos Artacho. Las defensas, sin embargo, sostienen que varios de ellos actuaron sin conocer el origen judicial de los fondos y que fueron involucrados a partir de relaciones personales o económicas con el exfiscal.
Uno de los casos mencionados fue el de Ballistreri, cuya defensa aseguró que había prestado $150.000 a Ríos Artacho y que posteriormente recibió la devolución desde una cuenta judicial sin saber de dónde provenía el dinero. Sobre esa base, los abogados de los imputados rechazan la existencia de una organización criminal estable y sostienen que, en distintos casos, sus clientes fueron engañados o actuaron confiando en el exfiscal.
Murió a los 82 años. Firmó su propia alta para volver al aire, condujo en silla de ruedas y dejó dos valijas hechas para viajar al Mundial. La despedida de Crónica al periodista que le enseñó a preguntar.
La Fiscalía santafesina acusó a Mariano Ríos Artacho de liderar un esquema destinado a retirar fondos de causas penales mediante prestanombres y reposiciones temporales para evitar que los faltantes fueran detectados.
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