Adolescente no fue atendido en la guardia y murió: “La doctora estaba durmiendo”

Cuando se descompensó, llamaron para pedir una ambulancia pero no atendieron. Su mamá afirmó que falleció luego de que se negaran a atenderlo en la guardia del hospital.
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Sergio Ramón Ríos, un adolescente de 17 años, falleció luego de que se negaran a atenderlo en la guardia del hospital de Itatí, Corrientes. “Me respondieron que la doctora estaba durmiendo, contó Marta Ríos, su mamá.

Varias veces, en los últimos meses, visito el hospital, y en las anteriores ocasiones también la atención fue deficiente o nula. Hoy está muerto. Su familia no tenía ni para el cajón y la Municipalidad le envío uno rajado.

“¿Cómo es posible que una médica duerma en su guardia y cuando se la necesita te manda a tu casa? ¿Quién responde por la muerte de mi hijo, que pudo ser evitada? Ni siquiera me dieron un certificado de defunción con la causa real de la muerte, porque nadie lo revisó”, cuestionó Marta.

El adolescente, que sufría una discapacidad por daño neurológico desde los 6 meses de edad a causa de un cuadro de meningitis, se descompensó en su casa y su madre llamó al hospital para pedir una ambulancia: “Nunca atendieron mis llamados, así que lo envolví en una frazada, lo cargué y fui caminando hasta allá”.

“Llegué al hospital con mi niño con convulsiones. Yo vivo lejos del lugar[…] Cuando llegué nadie me atendía la puerta. Después de insistir, con la ayuda de mi hija de 12 años, nos abrieron y lo pusieron en una camilla”, relató Marta a El Litoral. 

“Volví a mi casa y mi hijito lloraba, pero nunca supe qué era. Él no hablaba, sólo decía ‘mamá’ y golpeaba las manos para comunicarse”, recordó. Finalmente, el joven falleció en sus brazos a las 6 de la mañana. 

Luego de la denuncia de su madre la causa quedó en manos de Sonia Meza, fiscal de Instrucción Nº 4. Fue caratulada como “supuesto homicidio culposo” e iniciaron la investigación correspondiente para determinar si hubo mala praxis. 

“Yo personalmente hablé con esa madre. Instruí que le reciban declaración de imputada a la médica”, confirmó Meza. Además, sostuvo que están en plena investigación y que la profesional de salud declarará de forma oficial esta semana en la Comisaría de Itatí.

Según la versión de Raúl Marín, director del hospital, Sergio era “paciente del hospital regularmente entonces se sabía lo que se tenía que hacer. Estaba saturando bajo oxígeno pero la temperatura y la presión estaban normal. Eso es lo que informa la enfermera a la doctora y por eso la médica da la orden de colocar el oxígeno”. 

Según contó, al regresar la ambulancia junto a una nueva enfermera, la médica ordena la aplicación de Dexametasona/Dipirona. “Se logró normalizar su saturación y es la madre quien decide llevarlo a su casa”, sostuvo Marín. “Voluntariamente la enfermera sugirió llevarla a su casa. El niño se había recuperado y llegó bien a su casa. Lamentablemente horas después falleció”, relató.

Respecto a la llamada a la ambulancia que habría realizado Marta, el médico aclaró que el número telefónico no funciona desde hace varias semanas. “El 107, que es el número de emergencias, no funciona desde hace mucho tiempo. Ya realicé los reclamos correspondientes y todavía no se arregló. Es un grave problema que tenemos”, sostuvo. 

Necesito que me ayuden porque no quiero un Sergio más. Sergio era mi bebé y no quiero que haya uno más. Perdí a mi hijo en mis brazos y es lo más feo que me pasó en la vida”, finalizó Marta.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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