Absolvieron a la jueza que entregó a Lucio Dupuy a sus asesinas

Ana Clara Pérez Ballester seguirá en sus funciones como jueza tras el jury en su contra donde declararon los familiares de la víctima. La defensa de la magistrada giró en torno a la imposibilidad de predecir lo que ocurriría.
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Tras dos semanas de un intenso jury en su contra, la jueza Ana Clara Pérez Ballester -quien devolvió a Lucio Dupuy a su madre y la novia de esta a pesar de las denuncias de violencia por parte de la familia paterna del menor- fue absuelta por la justicia de La Pampa. La magistrada había sido señalada por mal desempeño, debido a que, al otorgarle la custodia del niño a su mamá sin verificar el buen estado del hogar y el entorno familiar, propició su asesinato.

A pesar de los fundamentos de la familia paterna de la víctima, la jueza fue reinstalada en su cargo, en medio de los aplausos de los cercanos a Pérez Ballester se oyó el grito de “¡mataron a un chico!” de otra. La misma decisión se tomó con otra señala, la asesora de menores Elisa Alejandra Catán, también acusada por mal desempeño.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio y testigo del proceso judicial, fue uno de los primeros en llegar al recinto. Al oír el veredicto final, le gritó a los jueces “¡Asesinos!”.

El fiscal general y procurador el el jury, Guillermo Sancho, alegó que no había “opciones” y que se le entregó la custodia a Magdalena Espósito Valenti, progenitora de Lucio, y a Abigail Páez, pareja de Valenti, porque su padre, Cristian Dupuy, “estaba ausente”.

Absolvieron a la jueza que entregó a Lucio Dupuy a sus asesinas

Ana Clara Pérez Ballester mantuvo su cargo tras el jury en su contra donde declararon los familiares de la víctima. La misma decisión fue tomada para la ases…

La familia paterna de la víctima negó tal ausencia y argumentó que aún si fuera así la asesora debía haber solicitado una reunión con las mujeres que querían la tutela del niño para verificar que todo estuviera bien. Sancho coincidió.

En tanto, el abogado defensor de Pérez Ballester, Pablo Rodríguez Salto, alegó que “la destitución de un funcionario debe basarse en un error de derecho evidente, no en opiniones subjetivas”. A su vez, agregó que “no se vulneró el derecho de cuidado personal del padre, ya que no lo estaba ejerciendo, y la decisión recaía en la madre y la tía”.

“Se menciona que el Código Civil -continuó Rodríguez Salto– establece que el cuidado unipersonal, la disconformidad debe ser expresa, y se presume que el otro progenitor avala la decisión”. Seguidamente, argumentó que “escuchar a un niño solo tiene sentido si puede comprender el tema en cuestión, y en este caso, Lucio era demasiado pequeño”.

En un tono más agresivo, Rodríguez Salto apuntó contra el abuelo de Lucio y aseguró que “solo se empoderó ante las cámaras y su abogada sin presentar pruebas”, pero que a la hora de realizar las denuncias -previo al asesinato del menor- “no las presentó”. “Me llama la atención que toda la familia no entendía, no reclamaba, pasaron por varios profesionales y nunca entendieron, pero ahora quieren ponerse la camiseta de Lucio“, lanzó.

“No los responsabilizo de la muerte de Lucio, sino de acusar a Dios y a María Santísima, o de llevar a cabo una caza de brujas que especula. No podemos permitir el lucro con el Estado”, añadió y concluyó: “Se actuó según la información y posibilidades del momento”.

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Cayó preso el jefe antidrogas de la Policía Federal en Córdoba por robar en los procedimientos

La Justicia Federal de Córdoba detuvo al comisario Alejandro Falcón, hasta hace pocos días titular de la División Drogas Peligrosas (antidrogas) de la Policía Federal Argentina (PFA) en esa provincia bajo la gestión del gobernador Martín Llaryora.

Falcón, de 46 años, quedó alojado en el pabellón para efectivos de seguridad del penal de Bouwer, tras una orden dictada por el juez federal subrogante Carlos Ochoa a pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedian. Junto a él, otros tres policías federales fueron imputados por hechos conexos, aunque permanecen en libertad, algunos con prisión domiciliaria.

A Falcón se le imputan hurto calificado, falsedad ideológica, peculado continuado y dádivas (equivalente a recibir sobornos o prebendas). Estas figuras describen respectivamente, apropiarse de bienes ajenos abusando de su cargo público, adulterar actas o documentos oficiales, malversar bienes del Estado, y aceptar beneficios indebidos por su función.

La causa mezcla episodios de gravedad dispar. Por un lado, se investiga el robo de 1.800 dólares durante el allanamiento a un automovilista y de unos 2 millones de pesos en un procedimiento de secuestro de un vehículo. Según el denunciante, un policía labró un acta con el dinero incautado, pero luego llegó un superior —cuya descripción coincide con Falcón—, rompió esa acta, hizo otra y se quedó con el efectivo.

El episodio más llamativo, sin embargo, surgió de un allanamiento realizado en marzo pasado contra un cultivador de marihuana de 35 años, en el que la División Antidrogas secuestró 37 plantas, 410 semillas y —de forma insólita— diez cráneos humanos (que resultaron ser material de estudio de un estudiante de Medicina).

Días después, el joven se presentó ante la fiscalía de Hairabedian para reclamar la devolución de dos cachorros de pitbull que había entregado durante el operativo, alegando que la entrega no había sido del todo voluntaria. Falcón sostiene que pensaba incorporarlos al adiestramiento canino de la fuerza.

Una subordinada de Falcón denunció un patrón más amplio de conductas irregulares, involucrado en llevar a un amigo como testigo falso en los procedimientos (hecho que ya se habría comprobado), junto con la presunta liberación de zonas para el accionar narco, y el uso de un patrullero y combustible oficiales para viajar todos los fines de semana a Rosario y Santa Fe a visitar a su pareja, maquillando los comprobantes de esos traslados.

Falcón admitió los viajes pero los justificó como una mudanza progresiva, y para el resto de las acusaciones sostuvo que existe un policía con parecido físico a él. En su declaración indagatoria negó todas las imputaciones y argumentó que vive “ajustado”, con diez créditos tomados en el Banco Nación, lo que —según su defensa— vuelve poco creíble que necesitara robar. La Justicia espera el resultado de la apertura de cuatro celulares secuestrados para determinar la verdad de los distintos relatos.

El costado político que complica a Monteoliva

El caso trasciende lo policial porque golpea a la administración de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, de quien depende la PFA. Monteoliva es cordobesa, politóloga por la Universidad Católica de Córdoba, con una larga trayectoria en gestión de seguridad junto a Patricia Bullrich (a quien sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025) y antecedentes como ministra de Seguridad provincial en 2013.

El escándalo estalló justo cuando circulaban versiones sobre una eventual candidatura a diputada nacional de Monteoliva por Córdoba de cara a las elecciones de 2027, y opacó una visita que tenía planeada a la capital cordobesa. Además, medios señalan que se trata del segundo episodio de fuerte repercusión que compromete a la Policía Federal bajo su gestión en pocos meses, lo que refuerza la idea de un patrón de descontrol dentro de la fuerza que ella conduce.

Raúl Padró defendió al juez federal Alfredo López: “Es un hombre impoluto”

Raúl Padró, legislador mandato cumplido, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM sobre el proceso de enjuiciamiento al juez federal Alfredo López. Durante la entrevista, cuestionó a quienes impulsan la acusación, rechazó las denuncias por presuntas expresiones antisemitas y sostuvo que detrás del caso existe un intento de disciplinamiento político. A lo largo de la conversación, remarcó que su presencia en la audiencia fue en calidad de ciudadano y defendió la trayectoria del magistrado.

“Alfredo López es un hombre que tiene una trayectoria de 40 años en la justicia, todos lo sabemos, inmaculado, un hombre impoluto”, afirmó Padró al explicar por qué decidió acompañar al juez durante el proceso.

En ese sentido, cuestionó a los denunciantes y aseguró que carecen de autoridad moral para impulsar el juicio político. “Lo único que hizo fue coincidir con el Tribunal de la Corte Penal Internacional, lo mismo que hizo en su momento el Papa Jorge Bergoglio Francisco”, sostuvo al defender las declaraciones de López sobre el conflicto en Medio Oriente.

El exlegislador insistió en que su respaldo no responde a un vínculo personal con el magistrado, sino a una convicción sobre el caso. “Yo no soy amigo de López. Como decía Aristóteles, soy amigo de Platón, pero en mayor medida soy amigo de la verdad y he visto que la verdad está del lado de López y no de esta banda de delincuentes acusadores que carecen de todo sustento moral y jurídico para hacer imputaciones al doctor Alfredo López”, manifestó.

Asimismo, aseguró que las acusaciones difundidas en distintos medios distorsionaron lo ocurrido durante la audiencia. “Nosotros en ningún momento hicimos ningún tipo de manifestación racista ni nada porque estamos bien de la cabeza. Nuestra cruzada, nuestra lucha es por la verdad y la justicia contra el racismo y la discriminación”, expresó.

En esa línea, rechazó las acusaciones de antisemitismo y sostuvo que se trata de una estrategia para desacreditar a quienes cuestionan al estado de Israel. “Nosotros en ningún momento hablamos de ningún judío”, enfatizó, y agregó: “Si ellos se sienten parte de eso, bueno, es un problema de ellos, evidentemente”.

Críticas al gobierno y a la libertad de expresión

Consultado sobre si considera que el caso afecta la libertad de expresión, Padró respondió que ese es uno de los aspectos centrales del conflicto. “Es uno de los argumentos que está ahí. Suerte que alguien lo grabó, porque está documentado”, señaló.

Luego amplió sus críticas hacia el gobierno nacional y vinculó el proceso contra López con la política exterior de la administración de Javier Milei. “Este episodio de López es el paradigma de lo que significan toda esta casta de miserables sinvergüenzas y ladrones”, sostuvo.

Además, cuestionó el alineamiento internacional del Ejecutivo y afirmó: “Es hora de poner las cosas en su lugar, que el pueblo argentino tome conciencia y ubique estos individuos donde corresponde”.

Sobre el futuro del proceso disciplinario, Padró recordó que la decisión quedó en manos del tribunal y anticipó que, cualquiera sea el resultado, el conflicto continuará. “Terminó la sentencia. Ahora tiene que expedirse el tribunal. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver, porque esto no termina acá. La historia sigue”, concluyó.

*Fuente: REALPOLITIK

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